La austeridad y las reformas antiobreras no son la respuesta
Roberto Pagán
Publicado: 8 de diciembre de 2017
(Versión editada de la ponencia leída por el autor en la reunión de la Junta de Control Fiscal en Nueva York, el 4 de diciembre)
El tipo de reforma que necesitamos, debe crear buenos empleos y promover sindicatos fuertes para garantizar que los salarios sigan el ritmo de los aumentos en la productividad de los trabajadores. Nuestra gente solo se quedará en Puerto Rico si vislumbran que hay un futuro prometedor para ellos y sus familias. Los buenos trabajos son centrales para ese futuro.
Tenemos que garantizar que nuestro próximo plan fiscal invierta en la educación en todos los niveles, para que nuestros hijos crezcan educados y altamente calificados. Eso significa invertir más en las escuelas públicas en lugar de recortar el presupuesto, cerrar escuelas o incrementar el número de estudiantes en los salones de clases. Se debe prestar especial atención a invertir en la Universidad de Puerto Rico para que mantenga su calidad y la matrícula siga siendo asequible, de manera que los jóvenes talentosos no se vayan a Florida, Texas o Nueva York a educarse.
La investigación pública y la academia deben tener los recursos que les permitan identificar formas de superar nuestros retos sociales, económicos y de desarrollo más apremiantes. Necesitamos también invertir en la preparación médica, para que nuestros futuros médicos y técnicos de salud que se quedan en la Isla no se vean agobiados por los costos de su educación. Nuestros médicos internos y residentes quieren quedarse en Puerto Rico, pero muchos de ellos planean irse porque tienen que pagar los costos de su educación y ganarse la vida, y no pueden hacerlo en Puerto Rico.
También debiéramos considerar vincular la asistencia educativa con algún tipo de requisito para que los graduados contribuyan a Puerto Rico al terminar sus estudios.
Nuestro País necesita inversión, no austeridad. Necesita una inversión masiva en infraestructura, que se realiza de manera más eficiente a través de la propiedad pública – no privada – de la energía, el tratamiento de agua, la eliminación de desechos, el transporte y la planificación urbana. Un ejemplo de esto fueron los programas de inversión en infraestructura pública del “Puerto Rico Emergency Relief Administration (PRERA)” y el “Puerto Rico Reconstruction Administration” (PRRA), programas federales de reconstrucción e inversión que abarcaron desde 1933 hasta el 1955, posteriores a los huracanes San Felipe (1928) y San Ciprián (1932).
Obviamente, necesitamos que el gobierno federal ayude en la reconstrucción de Puerto Rico. Y hay formas de reconstruir sin provocar que la población emigre, pero implica una inversión enfocada en crear tantos empleos locales como sea posible y en proporcionar incentivos para que los trabajadores se queden.
La inversión en infraestructura y servicios públicos de calidad en educación, salud, transporte colectivo, energía y otros, son un incentivo para el establecimiento de nuevos negocios, ya que proporcionan una fuerza de trabajo saludable, calificada y más productiva. Esto es particularmente cierto con las pequeñas y medianas empresas, que generalmente se encuentran en desventaja competitiva frente a las grandes, mas sin embargo son más efectivas en la creación de empleo y en asegurar que la riqueza permanezca en el país donde se genera.
Estos principios de inversión en los recursos humanos nos llevan a rechazar algunas de las propuestas que probablemente escucharán hoy. Les llamo las tres falsedades.
La primera es la «falsedad de la austeridad». En 2009, el Gobierno de Puerto Rico aprobó la Ley 7, que tuvo el efecto de dejar sin trabajo a casi 20,000 trabajadores del sector público, y de forma indirecta a muchos miles más del sector privado.
El Gobernador en ese momento aseguró que esto equilibraría el presupuesto y pondría a Puerto Rico en el camino del crecimiento. Hoy sabemos que no funcionó. La demanda agregada cayó, lo que condujo a la quiebra de empresas, aumentó el desempleo, redujo aún más la demanda y provocó una espiral descendente en la economía puertorriqueña.
Muchos de nuestros miembros –3,000 hermanos y hermanas que perdieron sus empleos debido a la implementación de la Ley 7– abandonaron Puerto Rico y muchos más se fueron porque dicha ley implementó la congelación de salarios, recortó beneficios y les dejó con pocas esperanzas de progresar si permanecían en la Isla. Los datos lo confirman. Antes de la Ley 7, y durante el comienzo de la recesión económica de 2008, Puerto Rico perdió empleos no agrícolas a una tasa de 1.8% por año. En 2009 ese número saltó al 4.9% y posteriormente se mantuvo en 3.4%, según las estadísticas del Census Bureau de Estados Unidos.
La segunda falsedad es la del “costo laboral». Algunos han dicho que la reforma laboral catastrófica es necesaria para hacer que Puerto Rico sea competitivo. Ese tipo de reforma incluye la reducción de salarios y beneficios en el sector público y privado.
Aquí es importante notar que los sueldos y salarios han retrocedido a sus niveles de 2004 y continúan disminuyendo (Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico).
Los trabajadores organizados sindicalmente han sido también víctimas de este fenómeno. La mayoría solo han recibido un aumento salarial en los últimos nueve años porque sus salarios se congelaron para pagar la deuda pública. Además, la «reforma» de enero del presente año no produjo nuevas oportunidades de negocios, expansión comercial o inversiones. En cambio, la situación económica en Puerto Rico ha continuado empeorando. La economía se siguió contrayendo y los empleos continuaron disminuyendo en los meses previos a los huracanes.
La expansión comercial local está estancada debido a la disminución de los salarios en la base de consumidores, la pérdida de población y la falta de disponibilidad de crédito comercial asequible, no a los salarios o a los costos de mano de obra como algunos pretenden arguir . La fuerza de trabajo no agrícola de Puerto Rico cayó de 1,032,000 empleos en agosto de 2007 a 877,500 en agosto de 2017. Esas pérdidas no provienen de los costos laborales, sino de factores macroeconómicos.
La tercera falsedad es la de la privatización. Podemos escuchar que la privatización de los servicios públicos es necesaria para hacer que el gobierno de Puerto Rico sea más ágil y eficiente. En nuestra experiencia directa, la privatización condujo a mayores costos de prestación de servicios. La ya mencionada Ley 7 abrió el camino para la privatización de los servicios de limpieza que nuestros miembros proporcionaban. Después de un par de años de utilizar contratistas para limpiar las escuelas, los datos mostraron que nuestros miembros estaban proporcionando los mismos servicios a un costo menor y con mejores resultados, por lo que pudimos convencer al Gobierno de que pusiera fin a ese experimento costoso e improductivo.
Otro ejemplo lo fue la costosa e ineficiente privatización de nuestro sistema de salud en la década de los 90. Sin embargo, hay quienes continúan hablando de privatización como la alternativa viable y eficiente. No crean en la «falsedad de la privatización», Puerto Rico necesita seguir un camino diferente.
A pesar de que estamos pasando por dificultades fiscales, la atención debe centrarse en hacer crecer la economía mediante el apoyo a los trabajadores y la realización de inversiones específicas en campos de alto rendimiento en los que Puerto Rico puede competir, como los servicios médicos y la educación. La austeridad y las reformas antiobreras no son la respuesta, y simplemente llevarán a una mayor emigración.
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