El informe que comisionó la Junta de Control Fiscal no es mas que un intento por evitar una verdadera auditoría integral, encubriendo las posibles violaciones a regulaciones financieras, leyes y la Constitución de Puerto Rico.
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La inversión en infraestructura y servicios públicos de calidad en educación, salud, transporte colectivo, energía y otros, son un incentivo para el establecimiento de nuevos negocios. Nuestro País necesita inversión, no austeridad.
Se acerca un momento crucial en enero, cuando se cumple el pago de casi $900 millones de deuda y si el Gobernador continúa con su práctica, sucumbirá una vez más a los bonistas y pagará, sin importar el efecto sobre Puerto Rico.
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