La autodeterminación catalana
El Estado español ha hecho lo imposible (por la vía activa y por la pasiva) por impedir cualquier proyecto de autodeterminación y darle la espalda a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas en Cataluña que no han dejado de luchar en las calles por el llamado proceso soberanista. Sin embargo, también hay que ser muy suspicaz a la hora de evaluar las acciones políticas que generan determinaciones tan trascendentales como las de una independencia por parte de una región de un Estado soberano que, aunque continúe sin reconocer lo obvio, es fácticamente un Estado plurinacional. La declaración unilateral de independencia realizada ayer en Cataluña puede ser el comienzo de una nueva etapa constituyente muy difícil y que devenga en momentos que posibiliten la mayor representación de sectores dentro del proceso constituyente (de darse las condiciones para ello), o puede derivar en una reacción al unísono de un solo sector ante el comportamiento reaccionario de un Estado español que no tardará en utilizar dicha declaración como base para expandir aún más su habitual represión ciudadana. El peligro de lo último es que las bases para ese nuevo Estado, de gestarse finalmente, estructuren un proceso constituyente menos inclusivo y representativo que el que muchos ciudadanos y ciudadanas de Cataluña querrían. Esta realidad no se puede obviar ante lo que sabemos que será una ofensiva frontal por parte tanto del Estado como del consenso en la comunidad internacional para evitar al máximo un proceso de independencia.
La legitimación, tanto de normas como de acciones políticas (relativas a lo común), es realmente gradual. Para quienes creemos que la legitimación se la otorga la pulcritud de un procedimiento inclusivo y respetuoso entre pares, no es suficiente el control mediático o la acción popular más visible para concluir certeramente si una acción o norma es realmente legítima. Bajo el prisma de esta legitimación, que se desbanca de la concerniente al derecho natural, una declaración unilateral de independencia mediante un proceso criminalizado por el gobierno estatal no necesariamente erige las bases de una sociedad con una democracia robusta y realmente inclusiva (como no puede ser de otra manera). Un proceso constituyente debe ser lo más amplio, heterogéneo y pluralista posible en tanto reflejo demográfico e ideológico de la sociedad que lo protagoniza. Solo de esa manera se creará un sujeto político más representativo de las diferencias y divergencias que caracterizan las democracias (las materiales, no las meramente formales).
La incompetencia del Estado español no ha sabido leer ni en lo más mínimo el complejo fenómeno que enfrenta con Cataluña. Mediante una caduca actitud paternalista ha sacado la correa todo el tiempo para disciplinar las diferencias, no para enfrentarlas y refutarlas válidamente. Ha abandonado la política para sumergir la acción en la institucionalidad, y ha dejado pasar una verdadera oportunidad de ensanchar su frágil e inmadura democracia. Han provocado una pantalla de independencia (que en la realidad política no solo depende de una mera declaración parlamentaria…) cuyas consecuencias son desconocidas por todos y todas las implicadas.
Quienes celebran hoy no creo que deban olvidar dos cosas: 1) la reacción estatal será de autoritarismo como quizá nunca antes se ha visto en la democracia española; 2) el referéndum del pasado 1O no se celebró (por impedimento parcial del Gobierno español) con garantías mínimas de inclusión y debate político amplio como para ser el acto generador de un proceso constituyente de un Estado independiente. La legitimación de un proceso de autodeterminación no debe minarse por las trampas que el Estado impone adrede para no exponerse a hacer política.