El pasado 12 de abril se celebró la conferencia “Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”. Los temas y las ideas debatidas fueron muy precisas y reveladoras del tranque principal que enfrentamos como país.
La extraordinaria presentación de la amiga y destacada profesora Érika Fontánez fue muy elocuente en lo que, sin duda, es uno de los asuntos cardinales que acosan a las comunidades y, en general, a todos los ciudadanos: las injustas relaciones de poder. Su alocución estuvo llena de ejemplos concretos, reales y dramáticos de las consecuencias sociales, ambientales y emocionales del desplazamiento y la marginación de familias y comunidades enteras como resultado de la imposición de proyectos y planes diseñados en el marco de unas políticas y visiones excluyentes, discriminatorias e injustas.
Parece no existir un solo ámbito de nuestra vida social en el que no se manifieste sin disimulo la exclusión y, junto a ésta, un sistema de relaciones de poder que lo perpetúa. Algunos ejemplos merecen destacarse.
El disfrute de los recursos naturales está vedado para muchos. Amén de las consideraciones económicas, la ocupación del territorio en los lugares con mayor atracción ha bloqueado el acceso convirtiendo su uso en un privilegio de unos pocos. Tal es el caso de nuestras costas. Hoteles, campos de golf, villas, urbanizaciones de alto costo, marinas, vallas, controles de acceso o sencillamente mansiones privadas, alfombran kilómetros de nuestro litoral. De nada han valido las normativas que establecen el carácter público de las playas y los bienes de domino público que ubican en las costas. El poder que deriva del control económico se impone sobre las leyes y reglamentos.
Un caso que ilustra lo planteado es el municipio de Río Grande cuya costa ha sido bloqueada y apenas quedan porciones accesible para sus residentes y visitantes. Incluso, los pescadores han tenido que defender con gran esfuerzo su salida al mar, amenazada por los intentos de algunos complejos hoteleros de construir muelles para sus huéspedes de altos ingresos.
Ahora, para colmo de males, el 17 de enero pasado aprobaron la Ley número 22 que otorga exenciones contributivas y otros incentivos (¡hasta el año 2035!) para estimular que extranjeros se muden a Puerto Rico y compren las casas de lujo que se proponen construir en nuestras costas.
El mercado de empleo es otro ámbito de clara exclusión. La tasa de empleo apenas alcanza un 35% y la de participación llega a un 40% a duras penas. Es decir, sobre el 60% de las personas que están en condiciones de trabajar no participan de un empleo asalariado. De modo que, la actual estructura económica es en sí misma una “fábrica” de desempleo, sub-empleo, marginación y exclusión. Sin ingresos, qué puede hacer una persona o una familia para satisfacer sus necesidades cuando, para mayor desgracia, se impone una convocatoria permanente al consumo de bienes que falsamente se asocian con el “éxito y la felicidad”. La dependencia y todo el andamiaje institucional que la conforma asumen un espacio dominante en amplios sectores de la población. Lo que a su vez deriva en control y clientelismo político afianzando unas relaciones de poder con mezquinos tentáculos.
Por otro lado, el acceso a las instituciones cuya finalidad es proveer el espacio para buscar el respeto a los derechos y dirimir las controversias, hoy languidece. La combinación de tribunales contaminados por el control partidista y leyes aprobadas mediante procedimientos abusivos y claramente discriminatorias, han bloqueado el acceso a la justicia. Hoy enfrentamos una exclusión innegable. Ninguna ley reciente dramatiza más lo descrito que la Ley 161 de diciembre de 2009, conocida como la Ley de Permisos. Mediante ésta, no sólo se restringió la participación ciudadana en el proceso de otorgar permisos –y en general en todo el proceso de planificación ̶ sino que penalizan la participación mediante la imposición de onerosas fianzas. Se trata de imponer proyectos y actividades, sin que los ciudadanos y las comunidades puedan intervenir y defenderse. ¡Es un acto de despotismo solo comparable con la Ley de la Mordaza de 1948!
Indudablemente, estamos ante un claro problema político. Las relaciones de poder no pueden ser más injustas. El agotamiento de las estructuras económicas es evidente y las instituciones políticas, además de agotadas, han sido succionadas por unos grupos minoritarios que se sirven de ellas con total descaro. No debe sorprender, por tanto, el coraje que se manifiesta y observamos diariamente a todo lo ancho y largo del País. Ese coraje es resultado del egoísmo que ha pretendido ser orden e imposición de los menos a costa del sufrimiento de los más.
Trabajar hacia un País inclusivo y movilizarnos con sentido de dirección va a requerir debatir y educar sobre la necesidad de superar la visión que privilegia el corto plazo y la ganancia inmediata y fácil. Tiene que prevalecer la visión de largo plazo basada en una agenda nacional que coloque la justicia social, la protección de los sistemas ecológicos y la satisfacción responsable de las necesidades sociales en el centro de nuestras aspiraciones.
Hay que insistir, que el cambio es posible si logramos gestar la organización política que confronte y transforme las relaciones de poder. Una ciudadanía organizada como fuerza política es parte indispensable de la ecuación transformadora.
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