La Iglesia Católica y el derecho a votar

Con las cartas Pastorales del 18 y del 22 de octubre la Alta Jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico desafía al poder civil, declara su menosprecio por el principio constitucional que establece la separación de la Iglesia y el Estado y por el que protege al ciudadano contra la coacción en el ejercicio de sus derechos electorales. Utiliza el derecho a la libertad de expresión para intentar suprimirla. Pretende que los partidos políticos se conviertan en lo que es el llamado Partido Acción Cristiana: una organización religiosa disfrazada de partido político.

Las Cartas Pastorales son manifiestos políticos en los que se ataca abiertamente al partido de la mayoría y se amenaza con sanciones a los otros dos partidos principales. El comentario de los sofismas, contradicciones y tergiversaciones de estos documentos exigiría numerosas cuartillas. Constituyen un señalado ejemplo de lo que teme la gente de pensamiento liberal cada vez que la Iglesia hace uso del ejercicio de su poder temporal; explica la actitud hostil al clero en países profundamente católicos.

Nadie censura a los señores Obispos porque expresen su criterio, ni porque aconsejen a sus fieles. Lo primero es un derecho que les concede la democracia que tratan de lesionar. Lo segundo, una obligación que les impone su ministerio. Lo que censura la opinión pública es que aprovechen su posición oficial, que usen las sanciones religiosas para hacer propaganda en contra de determinado partido. Lo que censura es que tomen ventaja de sus cargos para intimidar y atemorizar al votante, y que bajen a la arena política y reclamen la doble ventaja de organización polí­tica y organización religiosa. La actitud de la Iglesia es totalitaria —el que no está conmigo está en contra mía—; es un ataque a la libertad de expresión, un pronunciamiento contra la toleran­cia religiosa.

Afirma una de estas Pastorales que “lo que se quiere es una Iglesia del silencio”. Alegación peregrina. Nunca ha hablado tanto la Iglesia en Puerto Rico. Su mensaje nos persigue por todas las vías de comunicación, utiliza todos los recursos de la propa­ganda, algunos de tan mal gusto que han merecido la censura de los propios católicos. Los señores Obispos han convertido los púlpitos en tribunas, las iglesias en lugares de propaganda, y a los sacerdotes en agitadores políticos.

Yo diría que son los señores Obispos los que pretenden silenciar a todos los que sustentan criterios distintos al criterio político expresado en las Pastorales —incluyendo a sus propios feligreses— para que solo se escuchen sus voces. Pero como ha pasado siempre, la voz de la libertad, la que reclama el derecho a disentir, no puede ser silenciada. Suena siempre más alto, llega siempre más lejos que la de los que proclaman la imposición de un solo criterio, el acatamiento obligado a la autoridad por el mero hecho de ser la autoridad.

Lo que ha conseguido la Iglesia Católica con la inusitada actuación de sus Obispos en Puerto Rico es dividir a los católicos: perturbar la conciencia de incontables fieles al colocarles frente a un dilema innecesario; dar apoyo al fanatismo; promover una de las más peligrosas plagas: la intolerancia religiosa; poner los liberales a la defensiva; contribuir a que se dé la razón a los que señalan la Iglesia como enemiga de la libertad de pensamiento.

La Iglesia se ha sostenido tantos siglos gracias a su excepcional habilidad para adaptarse a todas las formas políticas. Para usar las propias y recientes palabras del Obispo MacManus —El Mundo, 31 de octubre—, “La Iglesia Católica puede vivir en, y acomodarse a, democracias, repúblicas, reinos y hasta dictaduras, con tal de que estos continúen siendo sistemas políticos, no sistemas morales y no usen ni el poder ni las instituciones políticas para destruir la vida católica del pueblo”. (No comprendo cómo se pueden conservar los valores cristianos en una dictadura). Por eso la opinión pública se pregunta: ¿qué hay detrás de este desafío de la Iglesia al poder civil? ¿Por qué los señores Obispos se atreven a hacer en Puerto Rico lo que no se atreverían a hacer en Estados Unidos, donde prevalecen normas similares sobre la separación de la Iglesia y el Estado? Parte de la respuesta la encontramos en las declaraciones del Arzobispo Davis a un reportero del New York Times —edición de 29 de octubre—: “Si Puerto Rico hubiera alcanzado el nivel democrático de Estados Unidos no hubiera sido necesario promulgar esa Carta Pastoral. Pero en Puerto Rico había que promulgar la Pastoral debido a la ignorancia del pueblo en materia religiosa y política. Es parte de los deberes del cargo de Obispo pronunciarse en situación semejante”. Ya lo saben, pues, los puertorriqueños: La Carta Pastoral es la cartilla con que los Obispos pretenden enseñar no sólo religión —a lo que tienen derecho— sino también cómo votar —a lo que no tienen derecho.

Sería de gran interés conocer los factores que tomó en cuenta el señor Obispo Davis para calificar nuestra democracia de inferior comparada con la de Estados Unidos. ¿Olvidó el señor Obispo, al conceder superioridad a la norteamericana, el gravísimo y anticristiano prejuicio racial contra el negro, que no existe en esta más humana y cristiana que califica de inferior?

Estas elecciones son tal vez las más importantes en la historia de nuestro país: se juega en ella nada menos que la libertad de pensamiento. Por eso no podemos comprender la irresponsable actitud de los otros dos partidos que, ante la perspectiva de ganar votos o el temor de perder adeptos, han preferido callar.

Confío en que nuestros electores católicos no se dejen intimidar por la coacción y demuestren que tienen la suficiente educación democrática para distinguir los valores religiosos de los valores políticos.

IC, Tomo III, pp. 151 153

3 de noviembre de 1960

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