La “normalización” de las relaciones entre Cuba y EEUU y su significado para Puerto Rico

Muy interesado por la resolución de los presidentes de EEUU y Cuba para normalizar las relaciones entre estas vecinas naciones, recientemente participé en el foro Cuba: Inversión, Comercio y Garantías Financieras, Conversatorio sobre las nuevas oportunidades económicas en el Caribe (organizado por una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de investigación electrónica e información jurídica y comercial). No es la primera vez que participo de actividades educativas relacionadas al hermano país antillano, puesto que en el año 1997 visité Cuba para tomar un seminario sobre su sistema legal y conocer de primera mano ese mítico, místico y encantador país. Ahora bien, dejada a un lado los discursos del poder pronunciados por Barack Obama, Raúl Castro y el Papa Francisco sobre una nueva era política en el hemisferio americano, ¿qué realmente significa para Puerto Rico la reciente “normalización” de las relaciones entre estas dos naciones tan arraigadas a nuestra idiosincrasia?

El objetivo del referido foro fue estudiar los aspectos jurídicos más relevantes sobre cómo invertir o hacer negocios en Cuba de cara a las oportunidades que podrían surgir a la luz de las nuevas posturas políticas de los actuales presidentes estadounidense y cubano. Tres de los conferenciantes (que eran abogados o abogadas cubanos que representan empresas no cubanas que realizan negocios en la isla) explicaron cómo, contrario a la creencia generalizada en Puerto Rico y los EEUU, Cuba tiene un sistema legal socialista que respeta la propiedad privada extranjera (incluso cierta propiedad privada de sus nacionales) y los acuerdos comerciales internacionales. Si bien cuando la revolución cubana se declaró socialista abolió la propiedad privada tal como la conocemos en los sistemas capitalistas y realizó múltiples nacionalizaciones de empresas e industrias completas, y que la inversión extranjera mayormente provino de la extinta URSS y otros países de orientación comunista, por lo menos que yo conozca, desde la década del ’90 existe en Cuba una ley sobre inversión extranjera en su territorio nacional para lidiar con la desinversión y falta de actividad económica provocada por la caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque soviético. En su versión actual –más liberal que sus predecesoras–, la referida ley declara que “tiene por objeto establecer el marco legal de la inversión extranjera en el territorio nacional sobre la base del respeto por la ley, la soberanía e independencia de la nación y el beneficio mutuo, para contribuir a nuestro desarrollo económico en función de una sociedad socialista prospera y sostenible”. Esta ley y otras legislaciones complementarias, además, establecen el “régimen de facilidades, garantías y seguridad jurídica” que el Estado ofrece al inversor extranjero para atraer y aprovechar su capital. Es decir, un individuo o entidad jurídica extranjera conoce a qué atenerse si invierte en Cuba. Desde empresas mixtas de capital extranjero y nacional, hasta empresas de capital totalmente extranjero, pasando por contratos de administración hotelera, asociación económica internacional, producción agrícola y hasta inversiones en propiedad inmueble, los inversores extranjeros que invierten su capital en Cuba operan bajo la premisa jurídica de que su propiedad no será expropiada sin algún fin público y que recibirán una justa compensación.

Asimismo, en Cuba existe todo un régimen para el registro de empresas extranjeras que interesan importar o exportar bienes o servicios, como existe en cualquier otra jurisdicción del mundo. Por otro lado, por ejemplo, también priman el principio de la autonomía de la voluntad en la contratación internacional y reconocen los acuerdos multilaterales relacionados a las compraventas internacionales de mercaderías (Convención de Viena de 1980 y Convención de Nueva York de 1974 y su Protocolo de 1980) y supletoriamente sus códigos Civil y Comercio y otras leyes nacionales. También es país contratante de la Convención para el Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de Nueva York (1958) y su derecho interno reconoce el recurso de exequator para el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales de otras jurisdicciones. En cuanto a la protección de la propiedad industrial e intelectual, Cuba reconoce básicamente los mismos derechos que otorgan los acuerdos internacionales sobre la materia (patentes, marcas de fábrica, derechos de autor y otros).

¿No será por todo esto que la gran mayoría de las naciones del mundo invierte o hace negocios en Cuba con mucho éxito? Pero entonces, si una empresa canadiense, española o brasileña invierte y hace negocios en Cuba porque el Estado de Derecho sobre inversión extranjera y comercio exterior se lo permite a cualquier país del mundo, ¿por qué los puertorriqueños no lo hacemos? Simple y llanamente porque las relaciones culturales, económicas y políticas entre la menor y la mayor de las Antillas han vivido bajo la sombra y el yugo de las relaciones de ambas con los EEUU y la Guerra Fría entre el Comunismo y el Capitalismo. Si bien en términos culturales y sociales el intercambio ha sido muy bueno (aunque no óptimo), las ideologías políticas y económicas y las actitudes imperiales de los pasados cincuenta y tantos años han imposibilitado que dos naciones caribeñas entre las que existen extraordinarios lazos de hermandad y solidaridad social y cultural construyeran también relaciones económicas y políticas fructíferas de mutuo beneficio. Así me parece sucedieron las cosas…

A comienzos de la década de 1960, Cuba tomó el camino del comunismo revolucionario. El nuevo régimen cubano prometió e implementó una serie de reformas sociales dirigidas a proveerles justicia a los pobres y trabajadores que sufrían la desigual miseria en la que los sumía un régimen golpista, capitalista y dictatorial al servicio de intereses extranjeros y sus aliados criollos. El gobierno cubano y su liderato revolucionario se aliaron a la otrora URSS y desarrollaron una relación de dependencia política y económica con el entonces poder imperial comunista, el cual la historia nos ha enseñado fue tan perverso como el poder imperial capitalista estadounidense. Tal determinación política provocó que los EEUU rompieran sus relaciones diplomáticas, económicas y políticas con la nación que retaba su hegemonía no solo en el Caribe, sino en el resto de Latinoamérica, hace ya más de 50 años.

Ese mismo medio siglo después, desaparecida la URSS, agotado el comunismo como ideología dominante y más o menos consolidado el capitalismo financiero en casi todos los rincones del mundo, era de esperarse que el sistema cubano colapsara. Contra todo pronóstico, sin embargo, muy probable gracias a los dos grandes logros de su revolución socialista, sus sistemas públicos y universales de salud y educación, en Cuba hoy subsiste una sociedad socialista. Aunque no ostenta el estilo de vida que tanto agrada a las sociedades capitalistas y experimenta las contradicciones propias de toda identidad y proyecto político, con un liderato político muy degastado (por los errores que han cometido y el pasar de los años), y a pesar de los aciertos y desaciertos de su sistema y los retos sociales y económicos que enfrenta, el cubano es un pueblo mayormente saludable, educado y solidario. Ojalá esto les permita dejar atrás algunos de los lastres de un sistema que también fue castrense, autoritario y hasta represivo, sin necesariamente menoscabar los logros alcanzados por medio de políticas progresistas y mucho sudor, lágrimas, sangre y, sobre todo y más importante, cooperación y solidaridad.

Puerto Rico, por su parte, tomó (o se le impuso, según el color de la ideología de su preferencia con que lo mire) la senda del capitalismo reformista. Diez años antes de la Revolución Cubana, el Congreso federal que en se jacta de tener poderes plenarios sobre 3.5 millones de puertorriqueños, con el “consentimiento” de muchos de los mismos, legisló un nuevo estatuto para regular las relaciones entre los EEUU y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), forma de gobierno que al mismo tiempo nacía para legitimar el dominio estadounidense sobre el archipiélago caribeño. Aunque haya sido la aspiración de quienes la propusieron, defendieron y fundaron superar la relación colonial que impuso el gobierno estadounidense desde su invasión a Puerto Rico hace 108 años, el ELA y su relación con los EEUU se erigió sobre una base política, jurídica y económica tan inestable y frágil como un castillo de naipes.

Desde entonces, en lugar de que Puerto Rico caminase por la ruta del progreso económico y político, el país continuó con su centenaria lucha política fratricida provocada por la injusticia de las relaciones políticas y económicas con los imperios/metrópolis de turno. Aunque en sus primeros 20 años obtuvo índices de crecimiento económico relativos muy favorables y ciertos avances sociales (gracias mayormente a las políticas progresistas del New Deal estadounidense que habían comenzado a principio de los años ’40, que nos ayudaron a construir unos sistemas públicos de salud y educación que fueron motivo de gran orgullo para muchos boricuas en algún momento de nuestra historia), la que una vez fue el modelo que promovió los EEUU para el resto de los pueblos latinoamericanos, se ha convertido en una sociedad capitalista y consumista (materialista), más dependiente que nunca del imperio que desde su llegada la subordina, al borde de la quiebra fiscal y en muchos otros aspectos en franca decadencia social y económica. En lugar de mantener hospitales y escuelas públicas para garantizar la salud y educación de sus nacionales, en Puerto Rico se cierran y campean por su respeto corporaciones con fines de lucro que se apropiaron de su sistema público de salud y pululan otras que pretenden apropiarse del educativo para procurarles también el máximo beneficio o ganancia a sus accionistas. ¿Y el interés público?, bien gracias. Para colmo de males, el país continúa hendido por la mitad respecto al futuro de sus relaciones políticas y económicas con EEUU, el liderato político ha perdido casi toda su credibilidad, y el sistema electoral de partidos que impera es tan incompetente y corrupto que no da mucho espacio a la esperanza.

Mientras todo lo anterior más o menos sucedía (y sucede) en las dos pequeñas naciones caribeñas que forman parte de la ecuación que intento despejar, en EEUU se consolidó el capitalismo más rapaz posible, se entronizó la política pública anticastrista hacia Cuba, y deslegitimó su relación política y económica con Puerto Rico (la que tanto defendieron como fórmula descolonizadora), entre otras sinvergüenzadas. En cuanto a Cuba, en los ’90s el Congreso de EEUU apretó las tuercas al embargo económico, promulgando la Ley Helms-Burton, que no solo le prohíbe a empresas estadounidenses a hacer negocios en Cuba –con muy contadas excepciones en función de los intereses estadounidenses–, si no que pretende sancionar a empresas de otros países que lo hagan (aunque, por lo general, en otros países no le hagan mucho caso, dado que sus empresas y gobiernos continúan invirtiendo o de alguna otra forma haciendo negocios en Cuba). En cuanto a Puerto Rico… no hay mucho que decir, pues el territorio no incorporado ha perdido toda relevancia geopolítica para los EEUU y muy poco le importa a la clase política o al gobierno estadounidense el bienestar de los puertorriqueños, al menos eso parece por la manera que nos han tratado desde que llegaron a bombazo limpio en 1898.

Lamento informar que la “normalización” de las relaciones que se anunció hace poco con muchos bombos y platillos no cambia el escenario que les acabo de describir. La misma no es mucho más que el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la flexibilización de intercambios culturales, educativos y de asistencia humanitaria, y un cambio en el contenido y tono de los discursos oficialistas de ambos países. El criminal embargo estadounidense a Cuba, condenado por toda la comunidad internacional menos por EEUU e Israel, está vivo y coleando. La Ley Helms-Burton no fue enmendada. Por más que Barack Obama intente dejar un legado del que se pueda sentir orgulloso (más allá de ser el primer presidente negro de un imperio capitalista anglosajón, porque no se me ocurre alguno otro), conforme configurado el escenario político estadounidense, no vislumbro que bajo su incumbencia (ni en un futuro predecible) haya posibilidad alguna de enmendar para bien, mucho menos derogar la Ley Helms-Burton.

Me gustaría y quisiera dar otra contestación, pero me temo que, más allá de los puertorriqueños visitar con mayor frecuencia la mayor de las Antillas para afianzar nuestros lazos culturales y sociales, mientras la ley del imperio lo prohíba, no es mucho lo que podemos hacer para desarrollar con Cuba relaciones políticas y económicas de mutuo beneficio.

Por más que interesemos o queramos interrelacionarnos más intensa y efectivamente invirtiendo o haciendo negocios en Cuba (o el resto del mundo), tenemos antes que superar la subordinación política y la dependencia económica con la metrópoli del norte. Esto no se trata del deporte nacional o los concursos de bellezas. Tampoco de que a los puertorriqueños nos guste o no los EEUU, o de que seamos mejor que los gringos, o que nos va a ir mejor o peor sin ellos. De lo que se trata es de contar con los poderes y facultades que provee el ordenamiento internacional a naciones soberanas para procurar el mayor bienestar posible para la mayoría de los puertorriqueños conforme nuestras virtudes, idiosincrasia y voluntad colectiva nos permitan.