[dc]L[/dc]a serie de denuncias en torno a las prácticas y políticas de la Junta Examinadora de Psicólogos desborda el examen de la reválida sin que esto implique que el asunto de la reválida no sea, en sí mismo, un problema mayor.
El aspecto medular de esta serie de denuncias se centra en lo que es la imposición de un reglamento que desborda las prerrogativas y deberes de la Junta establecidas en ley. Ningún reglamento puede ir por encima de la ley. Habrá quienes deseen ahora convertir el mencionado reglamento en ley pero eso ya no es posible porque esta denuncia forma parte del debate público. Esto es un asunto público porque se trata de un issue de política pública.
El segundo aspecto medular tiene que ver con el estado de fragilidad en que la Junta Examinadora pretende poner a las Universidades. En programas de radio transmitidos durante esta semana, la Junta insiste en que son las Universidades las que se tienen que “alinear” a la Junta, cuando de lo que se trata es de reconocer que son las universidades quienes tienen la autoridad en ley de certificar que una persona posee las credenciales académicas necesarias para ejercer una profesión X. La labor de la Junta Examinadora consiste en certificar aquello que ha sido legitimado ya por una institución de educación superior. Esta legitimación se lleva a cabo una sola vez. No se trata de que los psicólogos licenciados tengan que re-certificarse una y otra vez por una imposición de regulaciones y criterios arbitrarios.
Lo anterior no cancela la responsabilidad ineludible de todo profesional de mantenerse al día en los debates de su disciplina, pero también sobre esto hay denuncias contra la Junta. La Junta Examinadora rechaza cursos de educación contínua que no se supediten a la pretendida hegemonía de unas metodologías en particular.
Esto nos lleva nuevamente a la problemática del examen de reválida. La Junta entiende que basta con una traducción “cuidadosa” del examen como validación del mismo, cuando se trata de reconocer que la validez tiene que ver con el contenido de la prueba. Es preciso cualificar aquí, sobretodo para beneficio de una audiencia amplia de lectores, que no se trata de la defensa de un examen de reválida “a lo puertorriqueño” (con la carga devaluativa que la frase adquiere en boca de los defensores del actual examen), ni tampoco de un examen donde se bajen los estándares académicos de la prueba, sino de una prueba que no esté marcada bien sea por una tendencia teórica/metodológica particular, bien por el entendido de que todo conocimiento previo a los últimos cinco años resulta ser obsoleto (dated).
Finalmente, en el curso de estas prácticas y políticas denunciadas aquí, la Junta viola algo que nunca debe ser abandonado: el espíritu colegial. Y esto lo hace al darle la espalda a su propio gremio en beneficio de intereses ajenos al verdadero sentido de la profesión que es la escucha atenta a la queja y al dolor del otro y el operar de sostén al malestar generalizado que las críticas situaciones sociales del país y del mundo provocan en la vida de los sujetos, sobretodo en los más desvalidos. Ese es el horizonte de sentido que nunca debemos perder.
(Para ver el primer artículo sobre este tema, aquí.)
