Legado cuestionable de la política educativa de Ricardo Rosselló

Luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló el 24 de julio, el júbilo ensordecedor de los callejones del Viejo San Juan le dió la vuelta al mundo y contagió a boricuas y aliados que con anticipación habían también esperado el anuncio frente a sus televisores y aparatos electrónicos. Sin embargo, muchos reconocieron que la renuncia del gobernador era sólo el principio. Pronto se escucharon reclamos en contra de aquellos que serían mencionados como posibles sucesores de Rosselló-incluyendo la actual gobernadora Wanda Vázquez- dejándole saber a los miembros de la administración que la meta no era sacar a Ricky, sino terminar con el Rossellato.

Ricardo Rosselló dejó la gobernación; sin embargo, su política pública sigue en vigor y no muestra indicios de que abandonará la Fortaleza- o el Departamento de Educación. Aún cuando el reciente movimiento social masivo respondía, en parte, al arresto de la ex Secretaria de Educación Julia Keleher y la develación de esquemas de corrupción dentro del Departamento de Educación, la consternación del pueblo debe ir más allá de las irregularidades en la otorgación y administración de contratos e incluir un repudio a la política educativa que implementó Rosselló.

La reforma educativa que Rosselló y Keleher dejaron como legado- y cuyas piezas claves incluyen la implementación de las escuelas ‘charter’ y los vales educativos- no sirve a los intereses del pueblo, sino que avanza el proceso de privatización de la educación en Puerto Rico. Así lo expresó el Dr. Roamé Torres González, ex Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. De la misma manera, el magisterio del sistema público de educación de Puerto Rico ha exigido a la gobernadora Wanda Vázquez la eliminación de los elementos de la reforma educativa que implican la subvención de entidades privadas con fondos públicos, a la vez que hicieron un llamado al pueblo a unirse a la lucha en defensa de la educación pública. El reclamo en favor de la educación pública equitativa y accesible debe ser tan ensordecedor como las protestas en favor de la renuncia de Ricky y debe abarcar a todo el pueblo independientemente de la participación de cada cuál en el sistema público.

Durante el anuncio de la primera Escuela Alianza- como se le llaman a las escuelas ‘charter’ en Puerto Rico-, Rosselló, acompañado por Keleher, sostuvo que “nuestro sistema educativo ha sido uno ineficiente y que perjudica en mayor proporción a nuestra población de escasos recursos económicos, quienes no pueden dar una educación de excelencia a sus niños y niñas en colegios privados.”  Este tipo de argumento es comúnmente utilizado por instituciones educativas estatales descentralizadas para promover y defender las escuelas ‘charter’. Con frecuencia la línea de argumentación parte de la premisa de que el gobierno estatal percibe la calidad de la educación proveída por los distritos escolares, quienes operan mayormente con alguna autonomía, como deficiente.

En Puerto Rico, este argumento no tiene ni pies ni cabeza ya que el Departamento de Educación a nivel estatal funciona de manera centralizada y controla la política educativa de sus regiones escolares. Por ende, las palabras de Rosselló están lejos de ser una expresión de compromiso con la justicia social; son una clara dimisión de la responsabilidad del gobierno de proveer una educación equitativa y de calidad a todos los puertorriqueños. Rosselló y Keleher admitieron que Educación ha fallado en su misión y propusieron la externalización de los servicios educativos al sector privado como la solución a ese fracaso. Y de paso menospreciaron el trabajo de los educadores de las escuelas públicas de Puerto Rico, quiénes históricamente han mostrado su compromiso con el desarrollo intelectual y social de la juventud puertorriqueña, aún cuando trabajan para un sistema que ha fallado en proveerles los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y el reconocimiento por la importancia de su labor.

Aunque la implementación del programa de Libre Selección de Escuelas ha sido promovida como una expansión al acceso a la educación de calidad a los sectores más marginados de Puerto Rico, esta implica la adopción de una política pública que no ha sido exitosa en varias jurisdicciones. Las investigaciones sobre los programas de vales educativos (o ‘vouchers’ en inglés), en las ciudades de Milwaukee, Cleveland, Washington DC, y Nueva York, y los estados de Indiana, Florida, y Luisiana, sugieren que estas iniciativas no han rendido frutos. Un reporte de la Asociación Nacional de Educación (NEA por sus siglas en inglés) publicado en el 2002, indica que los vales educativos no expanden acceso a la educación, no impactan positivamente el aprovechamiento académico de los estudiantes, carecen de apoyo popular, dificultan la transparencia y rendición de cuentas, y terminan siendo una decisión costosa para los contribuyentes. Un reporte reciente escrito por Martin Carnoy de la Universidad de Stanford y publicado en febrero de 2017 en el Instituto de Política Económica (EPI por sus siglas en inglés) confirma estos resultados.

El programa de vales educativos de Florida, por ejemplo, evidencia la falacia del argumento de que proveer a las familias la oportunidad de optar por una educación privada con fondos públicos aumenta el acceso a la educación. Cuando los vales educativos fueron implementados a nivel estatal, la gran mayoría de las escuelas públicas en Florida se negaron a participar en el programa. De manera similar, en Puerto Rico, aún cuando las familias participantes tendrán la oportunidad de utilizar los recién distribuidosvales educativos para costear los gastos de una educación privada, las escuelas aprobadas mantienen el derecho de restringir el acceso a la escuela a través de sus requisitos de admisión.

La promesa de que la expansión de las opciones educativas promueve el aumento en el aprovechamiento académico de los estudiantes es igualmente dudosa dado que los resultados de las investigaciones son inconsistentes en este tema.

Estudios también indican que los vales educativos son una política que carece de apoyo popular. Una encuesta de Gallup en los Estados Unidos reveló que la mayor parte de la población prefiere que se utilicen los fondos públicos para mejorar las condiciones en las escuelas comunitarias, y no para subvencionar entidades privadas.

Finalmente, la implementación de los programas similares a la Libre Selección de Escuelas no facilita la transparencia y rendicion de cuentas, particularmente en lugares donde las escuelas privadas han estado sujetas a estándares y procesos de evaluación que divergen de los del sistema público,resultando, en ocasiones, en mal manejo de fondos y casos de violación de regulaciones. Por ende, los vales educativos terminan drenando el presupuesto del sistema publico de fondos esenciales y, en ocasiones, añaden costos cuando sistema público tiene que asumir la responsabilidad de implementar, manejar, y monitorear el programa.

Por otro lado, los vales educativos, así como las Escuelas Alianza, implican una subvención de entidades privadas- en ocasiones de índole religiosa- con fondos públicos. Así fue entendido por una juez del tribunal de primera instancia de San Juan quien declaró la reforma educativa inconstitucional por entender que incumple “con la Cláusula de Sostenimiento de la Constitución de Puerto Rico, la cual prohíbe el traspaso de propiedad y/o fondos públicos a instituciones educativas privadas, ya sean primarias o secundarias.” Eventualmente y sin embargo, el Tribunal Supremo dio luz verde a la implementación de laa reforma. De hecho, una revisión breve de la lista de colegios privados que han sido aprobados para recibir vales educativos en el año piloto del programa evidencia que un número sustancial de éstos son instituciones cristianas, lo que implica que el programa de vales utiliza fondos públicos para beneficiar aorganizaciones religiosas.

La Libre Selección de Escuelas tampoco parece haber tenido la acogida esperada. En su primer año, el Departamento de Educación anunció que el programa ofrecería un máximo de 3000 vales educativos, cada uno con un monto de $2,275, para que estudiantes de escuelas públicas pudieran cubrir los costos de una educación privada. Sin embargo, al cierre de la ventana de solicitud- y luego de posponer la fecha límite en dos ocasiones- el Departamento de Educación reportó que recibió solamente 2,549 solicitudes, unas 451 solicitudes por debajo de la meta trazada. Esto indica que no solo esta pieza de la reforma es una apuesta a una política fallida, sino que también carece del apoyo de las familias puertorriqueñas. La medida igualmente cuenta con la oposición de las organizaciones magisteriales, quienes nos recuerdan que esta reforma no es nueva, sino un reciclaje de ideas que fueron rechazadas en los años noventa durante la pasada administración Rosselló.

Aún más, la implementación inicial del programa ha sido criticada por diferentes sectores por el manejo ineficiente de la aprobación de los colegios privados participantes, la revisión de solicitudes de familias interesadas, y la falta de claridad sobre cómo el programa sería implementado. Y mientras el Departamento de Educación envía dinero público a entidades privadas, el pueblo una vez más es testigo de las ya tradicionales noticias sobre las escuelas que comienzan el año escolar con carencia de maestros, materiales, edificios funcionales, y fondos para los servicios de educación especial.

Los puertorriqueños han demostrado una y otra vez su compromiso con la educación, ya sea en la lucha por la reapertura de las escuelas post-María, en la larga batalla por las mejoras a los servicios de educación especial, o en la indignación que han expresado ante la noticia de que una vez más, se ha develado un esquema de corrupción que incluye el uso indebido de fondos en Educación. Quizás, en lugar de abdicar la responsabilidad de ofrecer una educación equitativa y de calidad, los líderes que emerjan de la revolución política que acapara a Puerto Rico deberían renovar su compromiso con la niñez y la juventud trabajando con las comunidades y gremios para asegurar que el sistema de educación pública del país sea la mejor opción para las familias puertorriqueñas.