Legislación amparada en el principio de máxima divulgación

El acceso a la información es un derecho humano fundamental que incide directamente en la participación política de personas, comunidades y grupos. A pesar de ser un derecho consagrado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de estar ampliamente reconocido en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo[1], la carencia de legislación que aclare el alcance de este derecho le subordinan al arbitrio de funcionarios públicos, agencias y tribunales. Muchas transacciones no se documentan, la información existente está dispersa o es insuficiente y las personas se ven forzadas a recurrir a esfuerzos onerosos e incluso a las cortes para lograr acceso a documentos públicos. La falta de transparencia es un obstáculo para la democracia, el desarrollo económico y disfrute de garantías fundamentales como son la vivienda, la educación y la salud. La opacidad es, además, una impedimento para el acceso a la justicia.

Cuando hablamos de acceso a la justicia nos referimos a que todas las personas tengan acceso a las condiciones que les permitan conocer y defender adecuadamente sus derechos.  La relación entre el acceso a la justicia y el acceso a la información es una muy cercana. La razón es sencilla: sin información no podemos exigir y defender adecuadamente nuestros derechos. El Gobierno tiene la responsabilidad de establecer políticas públicas y mecanismos que permitan que las personas, grupos y comunidades tengan acceso fácil, oportuno y directo a la información pública. Esta es, si se quiere, un prerrequisito para el ejercicio de cualquier derecho.

En esta ponencia, recogemos ejemplos concretos que demuestran cómo la falta de acceso a la información afecta el acceso a la justicia de quienes viven en Puerto Rico. Además, presentan cómo la legislación propuesta promovería mayor participación y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

Durante los pasados dos años la crisis económica ha justificado la imposición de recortes presupuestarios que han afectado los servicios que provee la Rama Judicial a personas indigentes, así como la prestación de servicios por entidades que ofrecen representación legal gratuita y accesible. En la Rama Judicial, esto provocó el cierre de centros judiciales en algunos de los pueblos más pobres del País[2], aumentos en los aranceles y un impacto adverso en programas dirigidos a poblaciones sensibles[3]. En relación al recorte de fondos provenientes del Fondo General y de donativos legislativos, entre la Sociedad para la Asistencia Legal, que representa a personas indigentes acusadas de delito, y Servicios Legales de Puerto Rico, conocido como el bufete de las y los pobres,  se han perdido cientos de miles de dólares. Esto provocó la disminución en servicios, el despido de trabajadores y trabajadoras y el cierre de centros de servicio en el caso de Servicios Legales de Puerto Rico. Quedó aún más descubierta a esa gran mayoría del País que no puede costear representación legal y que pierde su casa, familia, salud, educación y trabajo por no poder defenderse adecuadamente.  La falta de transparencia impide que entidades proveedoras de servicios legales gratuitos, organizaciones sin fines de lucro que atienden a estos sectores, grupos comunitarios y personas tengan acceso a los planes presupuestarios que justifican estas movidas. Así, a puerta cerrada, se deciden cambios que impactan negativamente a poblaciones cada vez más empobrecidas y más vulnerables a violaciones de derechos. La “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación” será una herramienta que permitirá la fiscalización adecuada de medidas que cierran las puertas de la justicia para personas, comunidades y grupos.  Más aún, promoverá la participación de quienes reclaman que el acceso a la justicia sea una prioridad presupuestaria en el País.

La falta de documentación y de estadísticas sobre el acceso a la justicia en el País es uno de los mayores obstáculos para la aprobación de políticas públicas así y la participación en propuestas de asignación de fondos externos federales y privados. Actualmente,  la Rama Judicial no recopila datos que son sumamente importantes para conocer el estado de la defensa de los derechos en el País. No se recoge información sobre el número de personas que acude al tribunal sin representación legal o sobre quiénes solicitan ser declaradas como indigentes en los procesos legales. También se carece de documentación adecuada sobre la atención que reciben grupos históricamente desaventajados tales como personas con diversidad funcional, pacientes de salud mental e inmigrantes. Este panorama se ha ido agravando con la crisis y las medidas de austeridad. Fallar en el deber de documentar estos datos impide que el Gobierno asuma políticas públicas que respondan a las necesidades de las y los constituyentes, mientras que invisibiliza las necesidades de poblaciones empobrecidas e históricamente marginadas. La “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación” mandata la documentación de solicitudes y trámites que se comiencen ante el ente gubernativo. Esta disposición aclara el deber ya existente que tiene la Rama Judicial de mantener un registro actualizado sobre las personas y servicios que ofrece. De igual forma, permitiría hacer un ejercicio presupuestario que refleje las necesidades de la gente. Por ejemplo, si tuviéramos estadísticas sobre el número de gente que pierde su vivienda en procesos de desahucios o ejecuciones de hipoteca sin representación legal, podría adelantarse reglamentación efectiva para la asignación de representación legal gratuita y accesible, entre otras medidas.[4] Recopilar esta información no tendría un impacto presupuestario significativo ya que la Rama Judicial cuenta con mecanismos que pueden ser actualizados para recoger estos datos.

Durante el verano del 2015, el Estado amenazó con cerrar un centenar de planteles escolares. Padres y madres reclamaron al Departamento de Estado acceso a las listas de escuelas en planes de cierre. Tener esta información era importante para participar en el proceso decisional del Departamento, someter querellas ante la agencia, reclamar sus derechos ante los tribunales o ejercer la participación política a través del derecho a la protesta, según protegida por la libertad de expresión. Conocer esta información oportunamente, además, les hubiese permitido hacer los preparativos necesarios para reubicar a sus hijos e hijas, algunos de educación especial, en escuelas adecuadas y accesibles. Como surgió en reuniones comunitarias, las comunidades afectadas desconocían cómo solicitar acceso a documentos públicos ante el Departamento de Educación y los tribunales. Adujeron que se trataba de un proceso complejo y fútil. Los padres, las madres, las y los estudiantes no tuvieron posibilidades reales de participar. Setenta escuelas fueron cerradas y, según el propio Gobierno, existe la posibilidad de que este número de cierres aumente drásticamente para atajar la crisis de la deuda pública.[5] Ante la amenaza que esto representa para el derecho a la educación de niños, niñas – algunas y algunos de educación especial- no es posible que sus familias se vean impedidas de participar efectivamente de estos planes de restructuración. La “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación” viabilizaría que las personas exijan el acceso oportuno a estos planes estratégicos y órdenes. Más aún, estos datos estarían disponibles de forma proactiva. El proceso de solicitud no requeriría trámites onerosos o la presentación de demandas, sino que constaría de una solicitud sencilla y uniforme, que no requerirá mayor explicación que la mera solicitud de información. Esto promoverá mayor transparencia y participación en la defensa de derechos fundamentales, como es el derecho a la educación.

En relación a la violencia de género, organizaciones y grupos han denunciado reiteradamente las carencias y amenazas que representa la falta de acceso a la información para las sobrevivientes. La falta de documentación adecuada de querellas, investigaciones y demás reportes por parte de la Policía promueve la impunidad del agresor y revictimiza a la sobreviviente. Mujeres han afirmado cómo miembros de la Policía se niegan a llenar querellas  y opta por hacer “querellas de investigación u orientación”. Esto le hace creer erróneamente a las víctimas que se ha comenzado un proceso para proteger su seguridad y vida. Esta fa falta de documentación impide que las víctimas y sus representantes puedan rastrear el caso y exigir que el Estado cumpla con su deber de proteger.[6] Así también, existe un serio desfase entre las estadísticas de violencia doméstica que registra la Rama Judicial y la Policía, lo que impide una coordinación adecuada de recursos y protecciones en lo que se refiere a órdenes de protección y otros derechos de las personas sobrevivientes. Estas discrepancias, causadas por la falta de documentación adecuada, también están presentes en los datos sobre violencia contra poblaciones LGBTTIQ, tal como son recogidos por la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Salud.[7]  Sin información no se pueden establecer políticas públicas efectivas que visibilicen y atiendan la violencia de género como una crisis social en el País. De igual forma, esfuerzos recientes para denunciar violaciones de derechos civiles en Puerto Rico evidencian lo difícil que es obtener estadísticas que deberían estar actualizadas y disponibles para el público general.[8] La “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación” mandata la documentación y publicación adecuada como herramientas de participación y fiscalización del deber que tiene el Estado de proteger los derechos de víctimas y sobrevivientes.

En relación al ejemplo anterior, la falta de acceso a la información incide con los procesos de Reforma de la Policía y la protección de derechos civiles.  A esta fecha, transcurridos tres años desde que se aprobó el acuerdo de reforma ante el Tribunal Federal, la participación comunitaria sigue siendo obstaculizadas por exigencias de confidencialidad por parte del Departamento de la Policía, la resistencia a la publicar órdenes y protocolos para que el pueblo pueda comentar y participar, así como  en la falta de transparencia institucional.[9] Estos documentos deberían ser públicos y de fácil acceso. Mientras que la Policía insiste en acuerdos de confidencialidad y puertas cerradas, el proceso de Reforma se anquilosa. Esto redunda en un despilfarro de fondos públicos y en la continua violación de derechos civiles de todos y todas.

En el área ambiental, hemos visto como los reclamos de información han sido clave para exigir participación comunitaria en proyectos que afectan la calidad de vida del País. La amenaza de la explotación minera, el Gasoducto y la lucha contra el incinerador en Arecibo son algunos de los ejemplos de luchas ambientales donde las comunidades han exigido el desglose de información que, eventualmente, les ha permitido denunciar el impacto nefasto de estos proyectos sobre el bienestar humano y ambiental. En momentos como ahora, y a pesar de los obstáculos que han puesto funcionarios públicos e intereses privados, la información ha sido vital para que grupos protesten contra cenizas tóxicas que amenazan la vida en la Isla. La declaraciones de impacto ambiental, planes de desarrollo y otra información relacionada al impacto que de determinados proyectos en las condiciones ambientales y salubres de una comunidad son elementos claves para la defensa de derechos fundamentales y la participación política. Esta información debe estar publicada sin necesidad de ser solicitada. De lo contrario, los grupos comunitarios tienen que invertir sus escasos recursos en demandas de acceso a la información. Esto aumenta la brecha de poder entre desarrolladores y quienes desean proteger sus viviendas, salud y recursos naturales. La legislación propuesta atiende estas preocupaciones. Promueve la publicación proactiva de estos datos. Además, mandata a las agencias e instrumentalidades a ofrecer acceso rápido y expedito de aquella información que sea solicitada. Otra ventaja que incluye este proyecto de ley es el establecimiento del expediente único, un mecanismo que permitiría a las personas, grupos y comunidades consultar la información relacionada a un desarrollo o proyecto en un solo lugar. Este paso afirmativo de transparencia promovería la participación efectiva, la defensa de derechos ambientales y, a la vez, serviría para promover el desarrollo económico sustentable del País.

Finalmente, en relación a la deuda pública, a principios del 2015 la Asociación de Periodistas de Puerto Rico demandó al Gobierno de Puerto Rico para obtener copia de un estudio que preparara KPMG sobre la reforma contributiva. El carácter de documento público de este informe, comisionado con dineros públicos por el ente gubernamental, fue cuestionado – con éxito parcial- ante nuestros Tribunales.[10] El contenido de este informe anunciaba serios impactos en el derecho de acceso a la justicia, trabajo y educación de las personas residentes en Puerto Rico, por lo que su acceso era del más alto interés. Para defender el derecho de acceso a la información, fue necesario obtener representación legal e iniciar procesos de litigación compleja, lo que resulta en gastos de dinero, tiempo y energías. Más aún, supedita el ejercicio de un derecho fundamental a la discreción de los tribunales. Este panorama no debe repetirse jamás. Menos aún en momentos donde existe la posibilidad de que se imponga una Junta de Control Fiscal sobre el País.  Es necesario apoderar al gobierno local y a sus constituyentes para que puedan exigir la información financiera en mano de ésta y otras entidades. La legislación propuesta, amparada en el principio de máxima divulgación, sería un instrumento para exigir la mayor transparencia en el manejo de fondos públicos. Esta nos colocaría en mejor posición para realizar una auditoría amplia de la deuda  y fiscalizar la corrupción.

La urgencia de actuar para frenar el impacto negativo de la crisis económica sobre los derechos fundamentales nos convoca.  El acceso a la información es un paso afirmativo en la defensa de las garantías y dignidad humana de todos y todas, pero particularmente de aquellas poblaciones históricamente marginadas. Como defensores y defensoras del acceso a la justicia, exigimos un Puerto Rico más transparente y, por ende, más participativo y justo.  Aprobar finalmente la “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación” es un paso afirmativo en esta dirección. Es por estas razones que la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia apoya la aprobación de esta medida.

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Versión editada para esta publicación de la ponencia de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia en apoyo al P. de la C. 2944, “Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación”.

Esta ponencia cuenta con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, la Sociedad para la Asistencia Legal, Inter-Mujeres y Espacios Abiertos, que son entidades que participan de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia.

Ariadna M. Godreau-Aubert es Coordinadora de Acceso a la Justicia de Espacios Abiertos y parte de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia, una red convocada desde Espacios Abiertos que apoya las gestiones para promover que todas las personas en Puerto Rico puedan defender adecuadamente sus derechos.

[1] Soto vs. Secretario de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).

[2] Comunicado Rama Judicial: http://www.ramajudicial.pr/Prensa/comunicados/2015/05-29-15.html. Pueblos como Las Marías, Maunabo, Naguabo, Naranjito, Jayuya y Peñuelas fueron impactados por los cierres de centros judiciales. En estos pueblos la pobreza supera el 50% y, en el caso de algunos como Peñuelas, supera el 60%. Esto según los datos provistos por la Encuesta de la Comunidad 2013

[3] Una de las primeras medidas de austeridad que anunció la Rama Judicial fue la suspensión de los planes de expansión de Salas Especializadas en Violencia Doméstica. Al momento existen seis salas especializadas en Puerto Rico que ofrecen servicios limitados a horas laborables, los días de semana. Según estadísticas publicadas en el portal de la Procuraduría de las Mujeres, entre el 2010 y lo que va del 2016, 104 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. Utilizando estas mismas estadísticas, el número de órdenes de protección solicitadas en los pasados 5 años oscila entre 26,000 y 32,000.

[4] En Puerto Rico, se han ejecutado 19,012 hipotecas en los últimos 5 años, según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Hay sobre 40,375 propiedades en riesgo de ejecución (con un atraso mayor a 90 días). En los pasados seis años, se han presentado 63,357 demandas de desahucio en los tribunals. Las causas de acción que pueden provocar la pérdida de vivienda son las de mayor crecimiento ante los tribunales del País.

[5]“Proponen cerrar 42% de las escuelas públicas para atajar la deuda pública” http://www.noticel.com/noticia/168686/proponen-cerrar-42-de-las-escuelas-publicas-para-atajar-la-deuda-publica.html

[6] American Civil Liberties Union de Puerto Rico, Isla de Impunidad: Policía de Puerto Rico al Margen de la Ley (Julio 2012). Entrevistas realizadas a  sobrevivientes.

[7] Rivera Quiñones, Christian. “Minorías frente al alza en la criminalidad: Percepción de seguridad de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en Puerto Rico”. Revista Puertorriqueña de Psicología Asociación de Psicología de Puerto Rico Vol. 24, Núm 2 (2013)

[8] Algunas de las entidades de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia participaron en la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este foro internacional, organizaciones y activistas de derechos humanos emplazaron al gobierno local y federal por violaciones a derechos amparadas en la deuda pública y la imposición de medidas de austeridad. El acceso a la información fue un eje temático transversal en el informe preparado.

[9] López Alicea, Keila. “Exigen transparencia con la reforma de la Policía”. El Nuevo Día. 2 de diciembre de 2015. Disponible en http://www.elnuevodia.com/noticias/seguridad/nota/exigentransparenciaconlareformadelapolicia-2133924/  Véase también Mari Narváez, Mari. La Policía Nos Importa Más de lo que Nos Duele. Espacios Abiertos. 19 de abril de 2016. Disponible en http://espaciosabiertos.org/2016/04/19/la-policia-nos-importa-mas-de-lo-que-nos-duele/

[10] ASPPRO vs. Secretario de Hacienda, Civil Núm. SJ2014CV00237. Sentencia del 3 de febrero del 2015, Tribunal de Primera Instancia de San Juan.