Los sacrificados de nuestra tierra

garvin sierra

Los antecedentes son claros. En 2009, el Gobierno aplicó su medicina amarga para despedir a miles de empleados públicos, amparado en que «al final del día, para salir de esta crisis, todos los sectores de nuestra sociedad tienen que aportar en proporción a sus recursos» y de que «en vista de esta distribución de gastos, es prácticamente imposible lograr la reducción necesaria sin afectar la nómina gubernamental». No hubo ningún tipo de proporción; solo el despido de miles de empleados, el cual provocó el empobrecimiento de familias, la emigración y la pérdida de hogares ante la incapacidad de poder pagar las hipotecas de la banca privilegiada, unido todo a la precarización de múltiples servicios públicos que agravó diversos problemas sociales. El Gobierno repitió su dosis de medicina amarga en 2014 —esta vez en frasco rojo— con la aprobación de la Ley 66. La medida informó a los sacrificados que «la primera acción que se debe tomar en esta situación es congelar aumento de costo de nómina», la prohibición de beneficios económicos extraordinarios y la congelación de aumentos por fórmula en la UPR.

Pero el sacrificio nunca fue distribuido equitativamente. El cuadro económico de los aventajados era el de los años fiscales 2007 al 2016, periodo en el cual las corporaciones e inversionistas de Estados Unidos con operaciones en Puerto Rico sacaron del país $349.9 billones en ganancias que se repatriaron desde Puerto Rico a EE.UU. (rendimientos de capital). En ese mismo tiempo pagaron tres tipos de contribuciones: contribución de corporaciones y sociedades, impuesto de repatriación de ganancias («toll-gate tax») y el tímido arbitrio de 4% de la Ley 154 vigente desde 2010, versión menguada de la propuesta histórica del PIP de un 8 a 10%. La suma de esas tres contribuciones (lo que Hacienda recibió de estas corporaciones foráneas, la mayoría exentas) fue de $26.4 billones. Esto representa una tasa contributiva efectiva promedio de solamente 7.5% a lo largo de esos diez años mientras que los empleados —los asalariados— pagamos en promedio sobre 18% (en muchos casos hay personas que pagan una tasa contributiva de entre 20% y 30%). Es decir, a pesar de que se estableció la Ley 154, estas corporaciones pagan muy poco. Como en esa cifra se incluyen contribuciones de corporaciones y sociedades locales, las corporaciones de EE.UU. que operan en Puerto Rico pagan aún menos.

El sacrificio tampoco será distribuido equitativamente ahora. El Plan Fiscal formulado por el gobierno permanente del neoliberalismo colonial se centra nuevamente en recortes a las pensiones; aumentos a licencias vehiculares y otros permisos; alzas contributivas; reducción de subsidios a la educación pública; reformas al sistema de salud que se alejan del sistema de salud universal propiciado por el PIP y que no enfrentan directamente a las compañías aseguradoras; consolidación y desmantelamiento de agencias y corporaciones públicas; menoscabo de derechos de los trabajadores en la empresa privada y en el sector público; privatización “agresiva” de los servicios públicos, entre muchas otras medidas sacadas del recetario trillado del neoliberalismo fracasado. Nuevamente, los asalariados sufrirán el golpe de manera desproporcionada.

No obstante esta continuidad ideológica entre rojos y azules, el contexto actual posee una particularidad que no puede pasar desapercibida: la imposición de una Junta de Control Fiscal por parte del Gobierno de los Estados Unidos —compuesta por 7 personas por las que ningún puertorriqueño votó— que ostenta poderes plenipotenciarios capaces de revertir de un plumazo cualquier decisión de las tres ramas de gobierno electo del Estado Libre Asociado. Si bien el gobierno federal en Puerto Rico siempre ha adolecido de esta falta de legitimidad, PROMESA y la concentración del poder metropolitano en la Junta han abierto miles de ojos en nuestro país con respecto a la condición colonial de Puerto Rico. Desde 1952, esa realidad colonial nunca antes había mostrado de manera más burda la interrelación crucial entre el estatus y la economía, especialmente respecto a los intereses de los sacrificados.

El más reciente asalto a la Universidad de Puerto Rico recoge esta dinámica. Por designios de la Junta recogidos en una carta, el Gobierno accedió servilmente a reducir $300 millones del presupuesto del principal centro docente de nuestro país. A pesar de que el Gobierno electo admitió inicialmente que cualquier reducción adicional tornaría “inoperante” a la UPR, la Junta emitió una segunda carta en la que elevó la cifra “necesaria” a $450 millones. Pese a las protestas, la voluntad de esta comunidad particular de sacrificados no le importó a la entidad federal.

Este golpe es una aplicación de la misma visión perversa descrita arriba. Representa un ataque frontal a la principal e histórica institución de pensamiento crítico, disidencia y efervescencia nacional, por parte de fuerzas neoliberales apátridas que anteponen los intereses económicos de acreedores abrumadoramente estadounidenses a los del Pueblo de Puerto Rico. Por eso no debe sorprender a nadie que las autoridades coloniales ya hayan adoptado medidas dirigidas a reprimir y criminalizar actos de protesta que se suscitarán inevitablemente en la UPR. Tal es el caso del P. de la C. 743, aprobado recientemente en la Cámara Baja por encima de mi voto en contra, el cual busca enmendar el Código Penal pero cuya discusión giró casi exclusivamente en torno a la UPR, “los separatistas” y “los comunistas”. Los sacrificados, pues, ni siquiera deben protestar.

Cabe recordar aquí las palabras que emitiera hace más de medio siglo Frantz Fanon, quien nos enseñó que “el colonialismo es incapaz de procurar a los pueblos colonizados las condiciones materiales susceptibles de hacerles olvidar su anhelo de dignidad. Una vez que el colonialismo ha comprendido a dónde le llevaría su táctica de reformas sociales vemos cómo recupera sus viejos reflejos, fortalece sus fuerzas policiales, envía tropas e instala un régimen de terror, más adecuado a sus intereses y a su psicología”. Es por eso que todos y todas debemos aprovechar cualquier mecanismo a nuestro alcance para repudiar el régimen colonial que se impone actualmente sobre Puerto Rico, incluyendo el voto a favor de la soberanía nacional que representa el círculo de la Libre Asociación/Independencia en el plebiscito de 11 de junio. Solo reafirmando nuestro derecho a gobernarnos nosotros mismos podremos colocar finalmente los intereses de los sacrificados de nuestra tierra fuera del alcance de las garras de los buitres foráneos.