Más fondos para la UPR… ¡sí!

Acabo de recibir por correo electrónico un documento titulado “Pronunciamiento de los Docentes de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico”. Como prefiero tomar todo del modo más positivo posible, me parece que el documento está basado en una ingenuidad impresionante sobre el curso de los procesos políticos y sociales o en una ignorancia sorprendente sobre la naturaleza de la huelga, del derecho a la huelga y de su razón de ser. Evaluemos el documento más detenidamente.

Con las primeras dos de sus tres secciones no creo que pueda haber mucha diferencia.

La primera reconoce que “la presente crisis tiene como origen la reducción considerable que ha sufrido el presupuesto de la Institución. Esto como consecuencia de leyes aprobadas por el gobierno y acentuadas por la crisis fiscal del país”. Por lo mismo, propone que “estudiantes, docentes y administradores” se unan “en una solicitud razonable de recursos fiscales adicionales ante el ejecutivo y el legislativo”, que debe estar acompañada de “un compromiso de análisis fiscal donde se propongan medidas que alleguen diversas fuentes de fondos dentro de un marco de sana administración fiscal”.

La segunda sección reconoce que la UPR debe reexaminar “las estructuras organizativas y la pertinencia de sus programas”, pero advierte que “cualquier cambio, proceso de evaluación y nuevas propuestas deben contar con la participación activa y democrática de los miembros de Facultad”.

De más está decir que estoy de acuerdo con todo esto. Es justo. Es lógico. Es democrático. Es del más evidente sentido común. ¿Habrá alguien que se oponga, que objete, esas propuestas? Claro que sí: precisamente el Gobierno central, que aprobó las leyes mencionadas por el Pronunciamiento. Precisamente el gobierno, la Junta de Síndicos y la alta gerencia universitaria, que sistemáticamente han desoído y desoyen nuestras exigencias de “participación real y directa en los asuntos y decisiones que atañen al Recinto de Río Piedras”. Y aquí está el problema: ¿qué hacer si el gobierno desoye nuestra “solicitud razonable de recursos fiscales adicionales”? ¿Qué hacer si la gerencia universitaria ignora nuestra petición de “participación real y directa”? El Pronunciamiento, luego de formular aquellas loables aspiraciones, no dice nada al respecto. O, más bien, dice lo que no podemos hacer: no podemos hacer huelgas, ni paros, ni nada que conlleve una paralización de labores.

Tanta ingenuidad enternece: ¿piensan los autores que con meros llamados al diálogo vamos a convencer al Gobierno central y a la alta gerencia de alterar una política de recortes y de control autocrático con la cual están evidente y claramente comprometidos? Demás está decir que, si bastara con formular demandas y llamar al diálogo, que si bastara con pedir a las autoridades que negocien de buena fe en búsqueda de un consenso, no harían falta ni la huelga, ni el paro, ni la desobediencia civil, como formas de movilización y de presión. Nadie se opone a formular exigencias, promoverlas y cabildear a favor de ellas, pero en todas partes del mundo, cuando esos medios se agotan, siempre queda el método del paro y la huelga. ¿Será necesario recordar la ola de huelgas recientes en Grecia, en Francia, en el Estado español? No se trata de usar la huelga o el paro como primer recurso: se trata de no renunciar a este recurso indispensable de, en este caso, los asalariados y asalariadas. Sin ese recurso, nuestras exigencias, al chocar contra la intransigencia gubernamental o institucional, nunca serán más que buenas intenciones, y eso no basta. Esa es la razón por la cual, dicho sea de paso, en todo país democrático se reconoce el derecho a la huelga, que no es otra cosa que el derecho a paralizar las labores en una institución o empresa: con el derecho a la huelga, se reconoce que, sin ese derecho a paralizar el curso normal de las labores de una institución, los asalariados estarán siempre en una posición de desigualdad evidente ante el poder institucional y económico de los patronos o de las agencias de gobierno. En todo caso, habría que protestar las limitaciones a las que ha sido sometido ese derecho en nuestro ordenamiento legal actual.

Pero el Pronunciamiento va en la dirección opuesta. No solo se opone a un paro específico, lo cual sería razonable y tendría que discutirse en sus méritos. No. Propone, al contrario, que se alteren los reglamentos de la UPR para prohibir los paros y las huelgas. Cito la última parte del documento: “La práctica de cerrar estos espacios mediante paros, huelgas o decisiones administrativas contradice la esencia de la Universidad y es inaceptable como método para resolver problemas. Los conflictos deben ser discutidos y ponderados por todos los miembros de la comunidad universitaria dentro de un ambiente libre de coacción, violencia, intimidación, agresión física o verbal. Solicitamos que la comunidad universitaria analice el reglamento institucional para erradicar estas prácticas y promover el ambiente de diálogo en momentos de conflicto”.

La primera parte de este párrafo serviría, por supuesto, para eliminar las huelgas en cualquier agencia o institución. Toda huelga evita que una institución realice su labor, contradice su razón de ser y su “esencia” y debiera ser, por tanto, “inaceptable”. La segunda oración parece reducir la huelga a un acto de “coacción, violencia, intimidación”, etcétera. Cabe preguntarse cómo es que la Constitución del ELA y las leyes de Puerto Rico y de Estados Unidos reconocen el derecho a la huelga, es decir, a este tipo de acto de “coacción, violencia, intimidación”, etcétera. La huelga –¿será necesario repetirlo?– es, sin duda, un acto de presión: un acto de presión de los asalariados, de los subordinados, sobre las autoridades públicas o privadas. Es un recurso de presión cuando otros medios de hacer atender sus exigencias han resultado fallidos. Es un recurso de presión al que los primeros no pueden renunciar sin quedar indefensos ante los segundos. Es un recurso de presión al cual debemos muchas de las conquistas democráticas y sociales que en la actualidad gozamos. ¿Acaso no es lógico pensar que los derechos que se conquistaron con la huelga tendrán, en muchos casos, que ser defendidos con la huelga? El llamado a eliminar las huelgas y, en su lugar, resolver los conflictos de manera negociada es, por otro lado, la consigna y el diseño que han promovido muchas dictaduras, de Mussolini para acá: eliminemos el caos y el desorden de los conflictos laborales, y organicemos mecanismos de conciliación entre todos los sectores. Para esos discursos, la huelga y el paro son caos. ¿Será necesario explicar que, tras tal rechazo del caos, se mueve el deseo de instalar aún más firmemente las formas de autoridad existentes? No caigamos en tales posiciones por dar prioridad unilateral a la continuidad de las labores o por ignorancia.

De más está decir que no estoy defendiendo todos lo paros, en todo momento. Pero este pronunciamiento no está descartando un paro en específico. Está convocando a que renunciemos al paro como instrumento de resistencia. Con eso no puedo estar de acuerdo: eso es convertir las exigencias formuladas en las primeras dos secciones en declaraciones vacías. Está promoviendo que se alteren los reglamentos para eliminar las huelgas: eso es ponerse de lado de los que quieren acabar con toda resistencia a las imposiciones del gobierno.

Entiendo, por último, la preocupación con el curso de investigaciones específicas que pueden malograrse con una interrupción de labores. Siempre he sido partidario de que se hagan las excepciones pertinentes en los casos que lo ameriten. La política de no confrontación incluye un protocolo para atender estos casos. La APPU, la HEEND y el movimiento estudiantil siempre ha defendido la adopción de dicho protocolo. Hasta ahora los rectores y rectoras se han negado a respetarlo y adoptarlo.

Si nos tomamos en serio nuestra exigencia de más fondos para la UPR, si nos tomamos en serio nuestra exigencia de mayor participación democrática, si nos tomamos en serio la defensa de las condiciones de enseñanza e investigación, si nos tomamos en serio la defensa del plan médico, si nos tomamos en serio la democracia, no podemos renunciar al derecho a la huelga, no debemos romper la huelga promovida por otros sectores de la comunidad universitaria y ciertamente no debemos promover cambios reglamentarios que limiten la capacidad de protesta y movilización.