El trato cruel y despiadado a los animales es legal y está institucionalizado en Puerto Rico; las agencias de gobierno lo avalan y lo incitan, lo financian y lo realizan. Las matanzas de cientos de primates rhesus y patas lo evidencia. Estas especies, que integran la nueva fauna puertorriqueña y enriquecen la biodiversidad de la Isla, están en peligro de extinción…
Desde los años setenta y a la sombra de la industria biomédica estadounidense, Puerto Rico se convirtió en el principal suplidor de la demanda de éstos primates, ideales como objeto experimental por sus similitudes fisiológicas y psicosociales con la especie humana. Durante este periodo, por avaricia y mediocridad administrativa de las autoridades responsables, algunos escaparon y migraron a la zona suroeste y boscosa de la Isla.
Una línea muy fina separa las necesidades económicas de los intereses lucrativos involucrados en el negocio de cosechar primates para los mataderos de la Ciencia…
Desde 2007 el Gobierno de Puerto Rico declaró estas especies “invasivas” y “peligrosas”, y ordenó su exterminio. $1.8 millones del erario se destinaron a la macabra empresa, contando con la complicidad, asesoramiento y aval de “expertos”, “profesionales” y “científicos” nacionales y federales.
El consenso, desde la óptica antropocéntrica dominante, fue que el excedente en la producción de primates no-humanos (los que no son rentables al negocio de la industria biomédica), fuera sacrificado. El Gobierno incluso legisló para “conceder permisos especiales de caza no deportiva” a sus matadores.
Depurado de tecnicismos y artimañas retóricas, el proyecto para “controlar” estas especies se reduce a la orden de utilizar “técnicas mortíferas” para sacrificarlas. Según el ex-secretario del DRNA, “las autoridades determinaron que balearlos era un final más humanitario que una inyección letal”. Capturadas las criaturas, una a una son asesinadas a balazos calibre 22.
Estos primates, nacidos aquí, son víctimas de gatilleros del Estado y de aficionados a matar por placer (cacería deportiva), autorizados por Ley. Según informes del DRNA, entre 2008 y 2010 el monto de la masacre fue de 1,432 rhesus y patas. A mediados de 2011 el conteo ascendía a 1,639.
Ambas especies, sin embargo, se destacan por su formidable predisposición para adaptarse y coexistir sociablemente entre los seres humanos…
Los rhesus y patas son descendientes de los primeros fugitivos del cruel cautiverio de las corporaciones biomédicas locales y federales. Los que hoy habitan en la Isla nacieron aquí. Igual que la mayor parte de nuestra fauna nativa, son especies descendientes de inmigrantes, como las vacas y los caballos, los perros y los gatos. No son especies “exóticas invasoras”, ni una “plaga que amenaza la vida humana y silvestre”, ni “afectan la calidad de vida de los ciudadanos”, como insisten los discursos neuróticos que animan las matanzas.
Por el contrario, estas especies hacen de nuestra Isla un espacio de vida más interesante y agradable. Principios de tolerancia, comprensión y disfrute común de nuestra diversidad ecológica (que por su propia naturaleza mutante el cambio le es condición invariable), deben regular cualquier política de “control” de especies.
Aprender a coexistir, inteligente y sensiblemente, con las diferentes especies que habitan esta tierra que llamamos nuestra, ese es el gran desafío ético que enfrenta la ciudadanía, los gobiernos y la ciencia…
