La dependencia de la filantropía privada que menciona Eduardo Arosemena Muñoz (presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura) en su columna en El Nuevo Día del 31 de julio del año en curso titulada: “La cultura como causa común” no proviene necesariamente del noble y transparente desprendimiento de personas influyentes con gran poder adquisitivo o financiero. Existirá, perpetuamente, un interés ulterior, que casi siempre, por no decir siempre, será político.
La cultura como un dominio mercantil es una visión programática demasiado peligrosa que ostentan los grandes intereses económicos junto a las ocultas agendas políticas. No podemos hablar categóricamente de los modelos culturales del siglo XXI como lo hizo Eduardo Arosemena en su columna, pero podemos citar una reflexión asertiva al respecto, de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, Ascensión Hernández Martínez:
No sabemos todavía cuál será el museo del siglo XXI, aunque empiezan a aparecer signos de crisis en este modelo mercantilista de la cultura. Parece evidente que, a juzgar por las voces discordantes y críticas, es necesario reflexionar sobre todas estas cuestiones, profundizando en especial acerca del papel que debe jugar la cultura en el mundo actual. Debemos decidir si queremos quedarnos en la epidermis (es decir, elegimos la cultura espectáculo) o bien optamos por educar el gusto, sensibilizándonos a la vez con los problemas que nos atañen como ciudadanos del mundo, intentando que la cultura sea un medio de solucionarlos, de sentirnos más cercanos y consientes respecto a las evidentes desigualdades sociales y territoriales […]
Debemos tener mucha cautela con estas versiones culturales politizadas y la inversión “filantrópica privada”. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los artículos 13 al 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 asegura a todo ser humano el derecho de ver preservada su cultura, e impide la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales. Por tal razón es delicadamente obscura y problemática esta “llamada” inversión privada disfrazada de filantropía. En el capitalismo no existe, o no puede existir tal concepto, pues siempre se esperará algo a cambio. Por otro lado, Eduardo Arosemena pide el apoyo de los artistas, pero no describe o especifica cómo: ¿Donando obras “filantrópicamente” en el nombre del estado para unas administraciones gubernamentales que evidentemente han sido corruptas? A veces los defensores de la cultura y las instituciones museísticas y culturales son los primeros en vendernos como simples mercancías de entretenimiento. Ojo.
