El informe, que le costó $16 millones a los contribuyentes puertorriqueños, responsabiliza al sistema político por la “adicción a la deuda”, pero le da una salida fácil a los asesores financieros, como UBS, Lehman y el Banco Popular, cuando son tan responsables de esta crisis como como los primeros.
El mismo informe señala que el Banco Popular manifestó dudas sobre la emisión que proponía el Banco Gubernamental de Fomento en el 2014, pero aún así le suscribieron la deuda, por lo que se deben iniciar acciones judiciales para invalidar cualquier deuda que violara los límites establecidos.
Este informe no es mas que un intento por evitar una verdadera auditoría integral, encubriendo las posibles violaciones a regulaciones financieras, leyes y la Constitución de Puerto Rico. La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, sucesora de la Comisión derogada por el gobierno de Ricardo Rosselló alegando que no había fondos para realizar la auditoría ($2.5 millones), insiste en que estamos a tiempo y es indispensable hacer una auténtica auditoría integral de la deuda.
La investigación que proponemos –que con sus particularidades se ha realizado en por lo menos 18 países– constaría de una auditoría forense y otra contable, ambas dirigidas a completar los trabajos iniciados bajo la derogada Ley 97 de 2015, y conocer de manera detallada el proceso y las decisiones que llevaron al endeudamiento público de sobre $72 mil millones, cuyos efectos económicos y sociales ya comienzan a afectar a la ciudadanía en general.
Con una auditoría integral y a través de la comisión ciudadana, amplia y multisectorial, apoyada por un grupo de expertos externos e independientes, queremos evaluar las emisiones de bonos, la gestión gubernamental y el desempeño de todos los actores involucrados en el manejo de esos fondos públicos. En este organismo contamos con la suficiente independencia para evaluar el papel de los actores financieros así como del gobierno local y federal en toda esta crisis.
En los dos estudios de “pre-auditoría» que realizó la destituida Comisión, se pudieron identificar posibles violaciones a la ley y la Constitución y se detectaron extendidos patrones de prácticas financieras de dudosa legalidad.
Esos estudios señalaron el camino para develar la verdad sobre la deuda que nos obligan a pagar con medidas de austeridad que empujan a miles a de boricuas a la emigración masiva y a la miseria.
Coincidimos con la periodista Mayra Montero, en que no debemos esperar que la Asamblea Legislativa ni el gobierno ordenen la investigación que todos estimamos urgente y necesaria.
No hay más opciones, es a la ciudadanía, a través de mecanismos como la auditoría integral independiente, a quien le corresponde esa misión y para eso es que recabamos apoyo.
Nunca es tarde para conocer la verdad, para evitar la repetición de errores y que los responsables de la crisis respondan por lo que pasó.
(El autor es presidente de la Comisión Ciudadana de Auditoría Integral del Crédito Público).
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