Piscinas plásticas, rescates y las múltiples justificaciones para criminalizar la pobreza: ¿hasta cuándo?

Abogados y abogadas dan la voz de alerta ante otro acto clasista y discriminatorio por parte del Gobierno.

El pasado martes varios funcionarios del Gobierno celebraron una conferencia de prensa para orientar a la ciudadanía sobre la posibilidad de una sequía y la necesidad de hacer uso prudente del agua. En esta rueda, el Administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta apercibió a los residentes de los residenciales públicos del País que aquellos que tuvieran una piscina serían sancionados con el desalojo de sus viviendas. Aludió a una disposición en los contratos de uso de los apartamentos que alegadamente prohíbe el uso de piscinas en los residenciales y que castiga con la cancelación de dicho contrato a todo aquel que incurra en esta conducta. Adujo, además, que había ordenado una investigación en los residenciales y que su administración comenzaría una campaña de “concientización agresiva y bien orientada” sobre esta situación. Al día siguiente, los principales rotativos del país publicaron varias de las cartas que recibieron los residentes de los residenciales públicos, exigiéndoles la remoción de las piscinas y apercibiendo sobre las sanciones a las que se exponen de utilizarlas.

Si bien es importante reconocer que el Estado tiene un interés en el manejo prudente de los recursos esenciales, es también importante reconocer que las advertencias que se lanzan a las familias de los residenciales públicos no responden únicamente a la necesidad de orientar sobre el uso prudente del agua. Son parte de una campaña mediática, política y económica que utiliza a las comunidades pobres como chivo expiatorio de las dificultades que enfrenta el país.

Días atrás, por ejemplo, se compartía viralmente en las redes sociales un reportaje preparado por una de las principales cadenas de televisión sobre Villa Esperanza. En éste se calificaba a la comunidad de rescatadores de terrenos como una de “mantenidos que se dan la buena vida” y responsables del alto costo de la luz y el agua que, se alega, todos y todas pagamos. Esto sin mencionar, claro está, que esta comunidad está compuesta por un centenar familias a quienes el Estado ha fallado en garantizarles el derecho a la vivienda y a los recursos básicos. Aquí también la aparición de una piscina plástica a las afueras de una de estas residencias se convirtió en la justificación para el odio y el repudio que intentaba exacerbar el reportaje en la ciudadanía.

Tanto la amenaza que lanzara el Administrador de Vivienda como las expresiones contenidas en el reportaje reflejan un desconocimiento por la realidad económica del País y una falta de sensibilidad por las necesidades de los y las pobres, que son casi la mitad de la población en Puerto Rico. Lo que estas expresiones es la intención de achacar la crisis que enfrenta el País a los y las pobres, creando relaciones de culpa y responsabilidad donde no las hay. Es evidente que el uso de una piscina plástica en un residencial no es proporcional con la amenaza de dejar a estas personas sin techo.

Tampoco es real que el uso del agua con la que se llenan las piscinas es responsable de la sequía, del alto costo del servicio de acueductos o de la crisis administrativa, institucional y económica que atraviesan las corporaciones públicas. De igual forma, no existe comparación entre la agresividad que utiliza el Estado para amenazar a las familias de los residenciales públicos y las campañas, si alguna, que se lleva a cabo contra los clientes morosos que viven en urbanizaciones cerradas o que son municipios, empresas privadas, grandes televisoras o disfrutan de exenciones privilegiadas como es el caso de los hoteles y las iglesias.

Durante décadas, las organizaciones que suscribimos este comunicado hemos asumido la defensa de los derechos de numerosas comunidades y familias pobres del País. Nos hemos unido a las denuncias que han levantado distintos grupos y organizaciones cuando el Gobierno ha asumido prácticas que criminalizan y responsabilizan a los y las pobres del País por problemas tales como la violencia, la crisis económica, los problemas institucionales y la corrupción, entre otros.

Más aún, hemos defendido férreamente a estas comunidades cuando sus derechos esenciales a la vivienda, al agua, al disfrute y al desarrollo pleno de sus capacidades se ven amenazados por políticas que buscan invisibilizar y prohibir, en última instancia, el derecho de las y los pobres a existir y disfrutar como seres humanos dignos y dignas. Una vez más, denunciamos que la pobreza es una violación a los derechos humanos y es responsabilidad del Estado atenderla de manera digna y eficaz. Esta vez no será la excepción: no nos quedaremos callados ante aquellos que criminalizan la pobreza y a nuestras comunidades. Nuestras comunidades nos representan y nosotras y nosotros las representamos a ellas.

Lcdo. William Ramírez
Director Ejecutivo de la American Civil Liberties Union

Lcda. Ariadna Godreau-Aubert
Abogada de la American Civil Liberties Union

Lcdo. Guillermo Rebollo-Gil
Abogado Voluntario de la American Civil Liberties Union

Lcda. Maria L. Jiménez
Directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico

Lcda. Ana Irma Rivera-Lassén
Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas

Lcda. Maria Hernández Torrales
Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados y Abogadas

Lcdo. Luis Rodríguez Lebrón
Director Ejecutivo de Pro-Bono Inc.

Lcdo. Osvaldo Burgos
Portavoz del Comite Amplio para la Búsqueda de Equidad

Lcda. Amárylis Pagán
Directora Ejecutiva de Matria