Puerto Rico ante las Naciones Unidas, ¡llegó la hora!

El consenso sobre la visión del actual estatus jurídico requiere traducirse en acción para el beneficio de nuestro pueblo. Nos encontramos ante una encrucijada histórica: no hacer nada y observar como empeora nuestra situación política, económica y social o reconocer el atolladero de la colonia y consensuar un verdadero proceso de descolonización. Si prefiere la primera alternativa, le sugiero que finalice la lectura de este escrito. De lo contrario, me permito compartir algunas reflexiones que puede contribuir a encaminarnos a la solución de tan escabroso escenario.

A pesar de que el colonialismo está claramente prohibido por el derecho internacional, todavía existe en Puerto Rico por una simplísima razón: es lucrativo para la potencia que nos domina y utiliza. En nuestro caso, hemos sufrido varias modalidades de la explotación colonial desde 1898. La forma más evidente ha sido la militar, que ocupó todo el siglo pasado. Sin embargo, este no ha sido el único beneficio y se combina con la depredación de nuestros recursos naturales, explotación de las personas y, actualmente, el control sobre las finanzas públicas. Apenas existen colonias tradicionales en el mundo. Ello no implica que la descolonización es un proceso automático y mágico, requiere conducir a la acción por parte de la potencia y el pueblo colonizado para alcanzar una solución digna.

Esto nos lleva necesariamente a la revaluación de lo decidido por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras la creación del Estado Libre Asociado, Puerto Rico había alcanzado la plenitud de gobierno propio y dejado de ser una colonia. La expresión de la Asamblea General sobre Puerto Rico en noviembre de 1953 representa las circunstancias de aquel entonces: el afianzamiento de la Guerra Fría y la hegemonía de los Estados Unidos en una Naciones Unidas que no representaba la pluralidad de la comunidad de naciones que surgió luego del intenso proceso de descolonización que se expandió desde los años sesenta. La resolución 748 (VIII) de la Asamblea General fue el producto del mollero estadounidense en esta organización internacional, más allá de los méritos del Estado Libre Asociado. Basta una lectura de las discusiones y los serios cuestionamientos para afirmar que la esencia colonial continuaba con el “nuevo arreglo constitucional”, contrario a los argumentos defendidos por los Estados Unidos, basados en la existencia de un alegado pacto bilateral entre los Estados Unidos y Puerto Rico. La prueba apabullante de la inexistencia actual del pacto es suficiente para que la Asamblea General revise su determinación de 1953, sin necesidad de dirimir las diferencias que por más de medio siglo estuvimos enfrascados los diversos sectores políticos del país.

Independiente de los méritos de la indiscutible condición colonial de Puerto Rico, debemos admitir que lograr la consideración favorable de este asunto por la Asamblea General supone un esfuerzo considerable. Si fuéramos la colonia de otra potencia, este asunto sería, sin duda, más sencillo. Confrontar los intereses estadounidenses en este escenario es una tarea ardua, que supone un amplio concurso de esfuerzos y una estrategia coherente.

Sin embargo, el escenario actual en las Naciones Unidas es favorable para tener éxito en este reclamo. El pasado 4 de mayo, Philip Alson, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU[1], en el informe sobre su misión a los Estados Unidos de América efectuada en diciembre de 2017, incluyó una referencia directa sobre la situación colonial de Puerto Rico:

No corresponde al Relator Especial sugerir ningún tipo de solución a la cuestión, muy disputada, del estatuto constitucional de Puerto Rico. Sin embargo, muchos interlocutores dejaron constancia de la sensación generalizada de que los puertorriqueños consideran su territorio colonizado, así como del hecho de que el Congreso de los Estados Unidos se complace en dejarlos en un limbo en el que carecen tanto de representación real en el propio Congreso como de capacidad de autogobierno. En vista de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la aprobación por el Congreso de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, parece lógico que la Comisión Política Especial y de Descolonización de las Naciones Unidas llegue a la conclusión de que la isla ha dejado de ser un territorio autónomo.[2]

Que recuerde, esta es la primera ocasión que un mecanismo especial u órgano de las Naciones Unidas hace una declaración, aunque diplomática y cuidadosa en la selección de sus palabras, tan directa sobre nuestra situación colonial.

A esto debemos añadir la reciente elección de María Fernanda Espinosa Garcés, Canciller del Ecuador, como Presidenta de Asamblea General de la ONU durante el 73º periodo de sesiones.[3] Entre las responsabilidades de la Presidencia está la dirección de la Mesa de la Asamblea General, encargada de presentar a la Asamblea General la inclusión de un tema en su programa de la actual o futuras sesiones.[4] Espinosa Garcés conoce de primera mano el caso de Puerto Rico y siempre ha demostrado su solidaridad con la descolonización de nuestro pueblo.

Por otro lado, el escenario actual también coindice con posiblemente el momento de mayor desprestigio de los Estados Unidos dentro de las Naciones Unidas. Las políticas heterodoxas en el escenario internacional en la administración de Trump se han reflejado en las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas. Como muestra, la apabullante votación en la Asamblea General en diciembre pasado contra del traslado de su embajada a Jerusalén[5] (128 Estados votaron a favor, 35 se abstuvieron y tan solo nueve votos en contra), puede ser un ejemplo de que un caso bien presentado puede lograr el respaldo mayoritario en este órgano.

A finales de junio tendremos una nueva ronda de audiencias ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU. Este comité ha sido un valioso frente de resistencia en el escenario internacional para quienes siempre hemos condenado la condición colonial del ELA. Sin pretender subestimar la importancia del Comité Especial, las circunstancias actuales requieren la actuación directa de la Asamblea General, órgano encargado de decidir si un territorio tiene gobierno propio o no, de acuerdo con el Capítulo XI de la Carta de la ONU. Esta determinación significa la proclamación del carácter colonial de Puerto Rico por la comunidad internacional, que podrá servirnos como herramienta para desatar el nudo gordiano en la indignante era de la hipercolonia.

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[1] http://www.ohchr.org/SP/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx//

[2] A/HRC/38/33/Add.1, pár. 24, énfasis nuestro, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/125/33/PDF/G1812533.pdf?OpenElement.

[3] https://news.un.org/es/story/2018/06/1435141.

[4] Reglamento de la Asamblea General, art. 40, http://www.un.org/es/ga/about/ropga/ropga_gencttee.shtml.

[5] Resolución ES-10/19 del 21 de diciembre de 2017, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ES-10/19.