A la edad de 60 años ya muchos jueces padecen de enfermedades crónicas que les pudieran causar incapacidad para realizar sus funciones o causarles la muerte. Pero el Congreso es renuente a la investigación de las competencias de sus jueces.
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Derecho
A partir de su amplio trabajo creativo de investigación, Rivera Lugo ha compartido unas palabras que son para ser compartidas.
La impenetrabilidad existente en las cortes puertorriqueñas le ha provisto la protección de la crítica y escrutinio necesario para evitar privilegios y otras irregularidades.
Los argumentos presentados hace cinco años sobre la mezquindad y prepotencia de la “alta judicatura” continúan vigentes y merecen ser traídos como contexto al debate presente.
Los jueces se han arrogado derechos que rayan en la inmunidad. No responden por sus acciones sino por otras consideraciones discrimitarias, políticas y en algunos casos hasta por venganza.
La falta de incidencia del pueblo en sus leyes, que son aprobadas a escondidas y a altas horas de la noche en el Capitolio, permite que el gobierno actúe a favor de los grandes intereses, mientras le otorga migajas al pueblo.
Es preocupante que el andamiaje del Estado establezca una fianza millonaria con el propósito de imposibilitar su pago, y también es contrario a la ley.
Nuestros derechos y nuestras libertades no se deben en el fondo a un título jurídico, sino que lo preceden. No puede haber norma válida que sea exterior a la voluntad soberana societal y comunitaria.
Si el gobernador habla de difamación y libelo, pero en cambio opta por dejarlo ahí y ya, entonces puede terminar por dar la impresión de que quizá no tenga lo necesario para demostrar la supuesta falsedad de lo que se le imputa.
Se espera que antes de verano los bancos empiecen a radicar demandas de ejecución de hipotecas a aquellas personas que aún no han podido recuperarse lo suficiente como para cumplir con sus pagos.
El libro invita al análisis del castigo desde la perspectiva científica y crítica que nos ofrece la Penología, pues los números revelan la tendencia de las autoridades de reducir la oportunidad del acceso al llamado mundo libre.
Los testimonios de los habitantes de Barbudas sugieren que el gobierno los obligó a abandonar sus casas luego del huracán Irma para impulsar el desmantelamiento del sistema de propiedad comunal de la tierra.
Para solicitar servicios legales para el manejo del procedimiento de ejecución de vivienda principal, los interesados deberán comunicarse a partir del 14 de septiembre al 787-771-0689.
Las premisas liberales que prometían mediante el derecho de propiedad, estabilidad, libertad y justicia, están desprestigiadas y han probado ser ficciones jurídico-políticas. Toca pensar y actuar hacia otros horizontes y hacia nuevas relaciones propietarias.
Deberíamos tener un sentido claro de que la institución de la propiedad y en particular el régimen dominante de la propiedad privada no es una institución natural; se trata de una creación humana, que asume múltiples modalidades y cuyos diseños legislativos y de política pública varían.
Con la publicación de un proyecto de nuevo código civil ha surgido la discusión pública de la prohibición de que las personas que se ha dispuesto que fueron «adúlteras» no puedan casarse por un periodo de tiempo de 5 años a partir de la sentencia que concluye que fueron “adúlteras”.
Si fuéramos la colonia de otra potencia, este asunto sería, sin duda, más sencillo. Confrontar los intereses estadounidenses en este escenario es una tarea ardua, que supone un amplio concurso de esfuerzos y una estrategia coherente.
Se trata de una obra literaria sencilla, reflexiva, analítica y provocadora que es la respuesta responsable de los autores a las circunstancias de inestabilidad laboral y social que vive nuestro país.
Recién fallece el licenciado Charles Hey Maestre, uno de los abogados más reconocidos en Puerto Rico por una vida dedicada a la lucha por los derechos civiles y al acceso a la justicia.
El BGF dice que no tiene la información sobre la deuda que emitió, sino que la debe tener Barclays. Barclays a su vez dice que no divulga esa información, que se debe conseguir en la base de datos de EMMA. Esta última no tiene la información, según comprobó el CPI.
El Gobierno de Puerto Rico enfrenta hoy una debacle fiscal que afecta directamente y a diario a sus ciudadanos por la negligencia sostenida de funcionarios clave durante, al menos, los pasados 15 años. Nadie ha sido referido o amonestado, investigado, ni procesado por lo que, según las leyes vigentes, podrían ser delitos.