¿Qué tipo de país y para qué la UPR?

foto por Juan Collazo/Centro de Comunicación Estudiantil

¿Qué tipo de país construimos y para qué la educación universitaria, específicamente, para qué la Universidad de Puerto Rico? La respuesta a estas dos preguntas engloba el tipo de sociedad al que aspiramos, el proyecto de país que buscamos construir desde la institución encargada de nuestra educación superior. Y dentro de la educación superior en Puerto Rico, la UPR, el sistema universitario público, ha estado bajo continuo ataque en los pasados años, tanto bajo la administración del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático. Ese desmantelamiento progresivo de la universidad es parte de las brutales medidas de austeridad que podemos resumir así: mayores impuestos y reducción drástica del gasto en servicios públicos para pagar la inmensa deuda del estado. Esa es la concepción de los de arriba, la deuda antes que el pueblo, los bonistas antes que la UPR.

En términos generales, una de las respuestas del país ante la crisis ha sido la emigración masiva en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, principalmente hacia los Estados Unidos. Dicha respuesta refleja una realidad nefasta. Hasta el momento no hemos sido capaces de reaccionar colectivamente como pueblo sino que nos hemos derramado en miles de réplicas individuales, miles de tragedias familiares de todos los que se han tenido que ir. En este sombrío panorama surgen luces por instantes, como lo es el estudiantado en lucha de la UPR.1

El movimiento estudiantil es el sector que ha tenido una superior capacidad de organización, movilización y poder de convocatoria ante el neoliberalismo rampante. A pesar de la debacle nacional que vivimos, el actual movimiento rompe con una especie de pesada paz social, hábil talento del PPD, de preservar cierta tranquilidad sin la necesidad de utilizar la fuerza explícita de la policía o de la fuerza de choque. El pasado 15 de marzo la Asamblea General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras decretó un paro de 72 horas. Tal asamblea contó con la participación de alrededor de cuatro mil estudiantes, una de las más concurridas en la pasada década. Este paro le siguió al efectuado en Mayagüez el 17 y el 18 de febrero. A estos se le suman los recintos de Cayey, Ponce, Humacao, Arecibo, Utuado y Bayamón. El viernes, 18 de marzo bloquearon las entradas del Departamento de Hacienda, obligando su cese de operaciones. Sin lugar a dudas, estamos ante el mayor despunte del movimiento desde las huelgas del 2010-2011.

Dicho esto, en una brevísima comparación entre esas huelgas y el momento actual que confronta el estudiantado, resalta la inmensa diferencia y la rápida evolución de la situación política del país en los últimos años. En la primera huelga (abril-junio 2010) teníamos un espacio de poder bien definido al que íbamos a atacar y con quienes teníamos que buscar una negociación, la Junta de Síndicos (actual Junta de Gobierno). En ese sentido, el conflicto pudo mantenerse dentro de los confines de lo “meramente universitario” pues consistió, en gran medida y a pesar del contexto de la ley #7, en una pugna al interior de la universidad. Hicimos una huelga para presionar a unas personas en puestos de poder bien específicos para que llegáramos a unos acuerdos. En la segunda huelga (diciembre 2010 – febrero 2011) ese poder se fue desplazando hacia el gobierno central pues nos percatamos que la derogación de la cuota de $800 trascendía los poderes de los síndicos, de tal manera que surgió un problema que, a mi juicio, no pudimos resolver satisfactoriamente: ¿Cómo podíamos llevar a cabo una huelga en el recinto y al mismo tiempo “salir hacia afuera”, tanto para impactar con nuestro mensaje a otros sectores de la sociedad como para presionar al gobierno?2

Se habló de ampliar el discurso, de no quedarnos tan solo en lo económico y encerrados en el campus y, no obstante, eso fue lo que sucedió, nos quedamos atorados en el discurso de ‘no a la cuota’.3

Desde esta perspectiva, impresiona un hecho que los y las estudiantes siguen demostrando: que existe una continuidad en el movimiento que los de arriba y los errores cometidos no han logrado quebrar. Esa continuidad está expresada en la siguiente afirmación: el movimiento del 2010-2011 tuvo un desarrollo inmenso hasta dejar unos problemas políticos, organizativos y estratégicos sin resolver, y al cerrar aquel proceso dejó una serie de incógnitas inconclusas que sirven de premisas de las cuales parten los estudiantes de ahora. Nuestras conclusiones son las premisas del nuevo movimiento, o del mismo movimiento renovado. Esa salida de los portones de la universidad hacia afuera, hacia el resto del campo social y la política explícita, quedó plasmada en algunas de las exigencias levantadas en la asamblea del 15 de marzo: la derogación de la ley 66 para que le restituyan los fondos que la UPR perdió debido a la implantación de esa ley, el pago de la deuda por el Departamento de Hacienda, la elevación de la fórmula del presupuesto de la ley orgánica de la UPR al nivel constitucional, y la celebración de un referéndum para enmendar la sección ocho del artículo seis de la constitución para que el pago de la deuda del gobierno no sea la prioridad. Las últimas dos exigencias son las más trascendentales ya que elevan la lucha hasta cuestionar la propia constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Piénsenlo, de defender las exenciones de matrícula en el 2010 a proponer enmiendas a la constitución del país en el 2016. El camino de varios años no ha sido en vano. No es que las otras exigencias carezcan de valor, es que esta búsqueda de reformas nos dirige, desde un movimiento de base social amplio, a cuestionar el orden vigente. Por un lado, el interés de elevar a rango constitucional la fórmula que determina el presupuesto de la UPR tiene un objetivo muy preciso, asegurar el financiamiento de la universidad pública más allá de la politiquería de los partidos políticos. Esto nos dirige a una de las interrogantes iniciales, ¿asegurar el financiamiento para qué tipo de educación universitaria?

Si el movimiento estudiantil prosigue profundizando su crítica respecto la universidad, en algún momento tendrá que definir un asunto crucial: ¿a qué universidad es a la que aspira? ¿Qué tipo de universidad pública busca construir? En el fondo se trata de la lucha entre dos concepciones sobre lo universitario: la de los de arriba, la que estipula que la educación es una mercancía, la que establece que a la universidad se va a estudiar y nada más, la que gradúa estudiantes con el propósito de que asuman las tareas administrativas en las empresas del capital en Puerto Rico o los exporta a Estados Unidos y la que ordena la institución en su interior de manera jerárquica, donde solo unos cuantos administradores toman las decisiones que afectan al resto; y la del estudiantado en lucha, la que impulsa la educación como un derecho, la que visualiza la universidad como un espacio de discusión y de propuestas para resolver los problemas sociales que afectan al país y la que persigue autonomía y democracia interna, de tal manera que sea la comunidad universitaria la que administre la institución.

Por otro lado, se impulsa una enmienda a la sección ocho del artículo seis de la constitución, que dice: “Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá, en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.” La idea es invertir el orden a seguir, primero el pueblo, luego la deuda. Si consideramos que el problema de la deuda es el nexo donde coinciden los problemas sociales y políticos fundamentales del país, que la deuda es el eje central con el que inevitablemente deben chocar todas las luchas que se desarrollen lo suficiente, estamos, pues, ante un movimiento que está cuestionando el orden sociopolítico vigente, visibilizando la raíz del armazón jurídico que justifica el saqueo de nuestras riquezas. Los y las estudiantes están tratando de responder de manera colectiva a la primera pregunta que da pie a este escrito: qué tipo de país queremos construir. El movimiento logró sobrepasar sus intereses sectoriales para levantar propuestas de carácter nacional. ¿Qué otro movimiento en Puerto Rico ha logrado esto?

Los detractores del movimiento y los mercenarios a sueldo del PPD en los medios de comunicación han objetado y ridiculizado la pretensión de cambiar la constitución del ELA. Sus argumentos nos parecen igualmente ridículos. Parece ser que ellos y ellas no pueden bregar con un hecho que el estudiantado de la UPR sigue demostrando: que la política no está circunscrita solamente a los partidos políticos y al estado sino que podemos hacer política desde abajo, desde los movimientos sociales. No obstante, me parece que esos comentarios poseen, aunque sea implícitamente, un señalamiento que no debemos menospreciar. ¿Tiene el movimiento estudiantil la fuerza suficiente para obligar a los partidos que dominan el gobierno a hacer los cambios pertinentes a la constitución o forzar el impago de la deuda? Aunque en cuestiones sociales y políticas la dirección de los procesos está como nublado por una espesa niebla que no nos deja ver a largo plazo, parece ser que la respuesta es no, el estudiantado por sí solo no puede. Si el movimiento asume esas propuestas concretamente en todas sus consecuencias prácticas, si insiste en esas reformas, entonces no cabe duda de que necesita articular puentes de comunicación con otros sectores de la sociedad y establecer alianzas que permitan identificar un terreno común con esos otros grupos. A mi juicio, solo una alianza de pueblo puede invertir el orden de la organización social actual.

¿Cómo desde el movimiento estudiantil se busca hilvanar esa alianza? Entiendo que es una de las preguntas importantes en torno a la estrategia a seguir. No tengo una respuesta clara ante semejante complejidad. Pienso que el estudiantado debe verse a sí mismo no solamente como estudiantes sino como un polo de oposición radical contra los de arriba. Y esta asunción implica crear una narrativa opositora, un discurso que busque atraer a los otros sectores que sufren las medidas de austeridad. Quizás la elaboración de unos documentos que contengan las críticas y las propuestas concretas del movimiento contribuya a clarificar la cuestión. ¿Un manifiesto o un programa político? Queda de parte de los y las estudiantes elevar su imaginación y su razón para generar alternativas viables. Ofrezco lo que comprendo puede ser, quizás, una vía interesante hasta el momento inexplorada: ¿Podemos vislumbrar una especie de campaña para impactar a los otros sectores del pueblo, una campaña desde abajo para los de abajo que corra paralelamente a todas las campañas politiqueras que tendremos que tragarnos próximamente? Creo que ya es hora de mirar no tanto hacia arriba sino a los lados, hacia los otros grupos que están luchando y que son nuestros potenciales aliados. ¿Habrá llegado la hora de definir en la práctica la concepción de un nuevo tipo de quehacer político en este país? Que vuele la imaginación y ojalá seamos capaces prontamente de terminar con el gobierno de criminales que azotan este hermoso archipiélago. ¡Que viva, siempre, la lucha de los y las estudiantes!