“Es hora de que respondan los cómplices y gestores principales de esta crisis fiscal, esos bancos, firmas de inversión, bufetes de abogados y firmas de auditoría que generaron millones de comisiones por los 6 mil millones de dólares en emisiones ilegales. Para los que llevamos reclamando una auditoría integral de la deuda esto es una importante victoria. Hoy seguimos demostrando que teníamos la razón, que nuestra lucha ha dado resultados y celebramos que la JCF finalmente escuche el reclamo del pueblo y de un paso importante para que los verdaderos responsables de esta crisis respondan», expresó Eva Prados Rodríguez portavoz del Frente por la Auditoría de la Deuda.
Las reclamaciones incluyen violaciones a deberes de fiducia, enriquecimiento injusto, incumplimiento de contrato contra bancos suscriptores de bonos y un bufete de abogados, por su participación en emisiones de bonos de obligación general de 2007 al 2014, de bonos de la Autoridad de Edificios Públicos de 2009 a 2012 y de las emisiones de 2008 del Sistema de Retiro.
«Finalmente, la Junta acepta que ya desde el 2007, el Gobierno de Puerto Rico, por vía de su Banco Gubernamental de Fomento, los bancos suscriptores de emisiones de bonos y sus asesores legales, sabían o debían saber que Puerto Rico no podía continuar emitiendo deuda sin violentar su Constitución. Estas entidades privadas se lucraron de un país en crisis, y ahora deben responder», reconoció Luis José Torres Asencio, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.
La Junta de Control Fiscal está en una disputa actualmente en el caso de quiebra del gobierno dónde tenían hasta el 2 de mayo para radicar las demandas a entidades y personas que cometieron ilegalidades durante el endeudamiento del gobierno. Sin embargo, la Junta se ha había negado hasta el último día a llevar cualquier demanda contra las entidades financieras y había radicado mociones pidiendo que cualquier lista de posibles demandados y las razones se mantenga confidencial al público.
“Celebramos que la Junta finalmente haya decidido demandar a todas estas entidades por su participación en estas transacciones ilegales. Sin embargo, todavía faltan nombres y no se está demandando por todas las emisiones ilegales ni por las cantidades de dinero que sabemos una auditoría completa de la deuda hubiera desenmascarado. A manera de ejemplo, quedan fuera de estas demandas Banco Popular y muchos bufetes de abogados y firmas de auditoría que participaron. A su vez, estas reclamaciones no incluyen las emisiones de bonos patentemente inconstitucionales de COFINA, que representaban casi una cuarta parte de toda la deuda que se nos imputa. Una auditoría completa de la deuda hubiera desenmascarado muchas más ilegalidades y señalado a todos los responsables, incluyendo a los individuos. La junta tiene hasta hoy para radicar todas estas demandas y exigimos que así se haga». Añadió Torres Asencio, también profesor de derecho constitucional.
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