Hace siete años se publicó esta columna en El Nuevo Día. Desde antes y también desde entonces, la ofensiva patronal no ha cesado. Los nuevos proyectos de ley siguen la misma ruta.
No basta con las penurias causadas a los miles de trabajadores recién despedidos y la incertidumbre que reina en el ambiente laboral de aquellos que aún conservan su empleo. El próximo capítulo es la llamada Reforma Laboral que ya se debate en la legislatura.Hay que reconocer que el liderato empresarial ha manifestado con claridad su visión sobre este asunto. En su voluminoso Informe de finales de 2008 –meses antes de la toma de posesión de Luis G. Fortuño– proponían la derogación de la Ley 128 de 2005, (que tipifica el despido injustificado) por la siguiente razón: “La protección que brinda la legislación actual a los trabajadores que son despedidos de su empleo dificulta los intentos del patrono de generar más empleos y aumenta el costo de hacer negocios, afectando así su capacidad competitiva.”
El Informe de la Coalición del Sector Privado fue más lejos e incluyó los proyectos de ley que implantarían sus recomendaciones. De hecho, todos se han ido aprobando por la legislatura como si ésta fuera una especie de apéndice de la Coalición. Bastan dos ejemplos: la Ley de Permisos y la eliminación de la Ley de Cierre. Ambos proyectos formaban parte del Informe aludido.
Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Jorge Galliano, resumía en la prensa la propuesta del sector privado que él representa: “La ley laboral de Puerto Rico se enfoca, principalmente, en crear derechos y protección adicional para los empleados…”, por lo que adelanta la deseabilidad de cambiar “la presunción de que todos los despidos son injustificados, y que la indemnización requerida en caso de cesantías no exceda el equivalente a seis meses de salario” y propone que “en el caso de los empleados nuevos, se debe extender de tres meses a seis meses el periodo probatorio.”
Ya existen medidas legislativas en las que se plasman los deseos y aspiraciones de Galliano. Tal es el caso del Proyecto de la Cámara 2218 radicado el 22 de octubre de 2009 y que resulta ser casi una copia de uno con igual propósito recogido en el Informe de la Coalición del Sector Privado de 2008. El Proyecto destaca lo siguiente: “la Constitución requiere que el tiempo extra diario sea compensado a razón de no menos una vez y media el tipo de salario diario, según se disponga por ley. Dicho derecho constitucional, sin embargo, puede quedar sujeto a las disposiciones de un acuerdo voluntario -individual o colectivo- con el patrono, mediante el cual se renuncia a la paga extra diaria a cambio de poder disfrutar de más días libres a la semana, siempre y cuando la legislación no prohíba dicho tipo de acuerdo.”
Por razón de espacio, quedan fuera otras propuestas sometidas a la presente administración de gobierno por el liderato del sector empresarial. Lo que resulta claro y constante es que ninguna propone mejores condiciones de empleo, mejor retribución y beneficios a los trabajadores. No. ¡Todas van dirigidas a lacerar derechos adquiridos y la protección laboral!
Más aún, lejos de posibilitar la creación de nuevos empleos, las propuestas citadas lo que persiguen es facilitar el despido de trabajadores de sus puestos. Y si ése va a ser el resultado de la Reforma Laboral anunciada, el trabajo como actividad humana será degradado a niveles de mayor precariedad. Entonces ¿cómo pretenden estimular el trabajo si lo que proponen son perspectivas de una inserción laboral bajo formas precarias de empleo? ¿Pretende este liderato empresarial desmantelar la protección social del trabajo? ¿Es su aspiración que los trabajadores tengan obligaciones pero no derechos?
A ese liderato empresarial se les escapa la oportunidad de formar parte de la solución.
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