El famoso, y nunsca bien ponderado, Río Piedras. Foto cortesía de GUARDARÍO. APRETAR LA FOTO PARA LEER EL DOCUMENTO APROBADO EN LA ASAMBLEA.
[dropcap]E[/dropcap] sábado 6 de diciembre de 2025, en el Parque de Villa Nevárez las comunidades de la cuenca del Río Piedras aprobaron una resolución que es, prácticamente, un parte de guerra civil contra décadas de abandono estatal, colonialismo hidráulico y una política urbana que ha tratado al río como si fuera una tubería rota y no un organismo vivo. Allí, sin corbatas ni comitivas oficiales, la asamblea convocada por Comunidades Protectoras del Río Piedras convirtió en palabras lo que la ciudad ya sabía pero se negaba a articular: que el proyecto de canalización del Cuerpo de Ingenieros y del Departamento de Recursos Naturales no es una solución técnica, sino la continuación de una larga tradición de imponer sobre las comunidades políticas, desde escritorios distantes, algo. En este caso, políticas que ven la cuenca como un problema técnico y no como el núcleo ecológico, histórico y social de la ciudad insurgente que fue Río Piedras, que en un comienzo fue degradada por Muñoz Marín mediante una campaña precisa y calculada que la despojó de su rango de ayuntamiento para convertirla en un barrio subordinado de San Juan, que debe competir como cualquier otro barrio por sus necesidades ante el municipio sin representación política real, como ocurría antes de haberlo extirpado.
Un diagnóstico crudo de la colonialidad ambiental
La resolución inicia con una serie de “por cuantos” que funcionan como un inventario del daño acumulado. No es sólo retórica; es arqueología política. Allí se enumeran décadas de inundaciones, contaminación, infraestructura abandonada y un Estado que, sin decir palabra, convirtió la vulnerabilidad en política pública.
La asamblea describe, con la paciencia de quien ha contado cada golpe, la ineficiencia del ordenamiento territorial, las construcciones ilegales toleradas por municipalidades sucesivas, y el deterioro de la infraestructura pluvial cuyas fallas se hacen sentir cada vez que el clima decide recordar quién manda. Se denuncia una política ambiental anacrónica, basada en un paradigma hidráulico del siglo XX que ignora la restauración ecológica, las soluciones basadas en la naturaleza y —fundamental para cualquier proyecto justo— la inteligencia acumulada de las comunidades riopedrenses.
En otras palabras: el Estado trató al río como si fuese propiedad suya, cuando es un sujeto vivo de la ciudad.
El proyecto de canalización: una vieja receta para un problema nuevo
El proyecto afectaría de forma directa barrios como Jardín Botánico Norte, Villa Nevárez, Jardines Metropolitanos, University Gardens, Reparto Metropolitano y Puerto Nuevo. La mayoría de estas comunidades, según los datos citados por la asamblea, están clasificadas como desventajadas o vulnerables. Esta palabra —“desventajadas”— es el eufemismo elegante para decir lo que la colonia no admite: que hay comunidades a las que se les exige aguantar más de lo que reciben.
Y lo más escandaloso: todo el diseño ha ocurrido sin participación comunitaria real. Ni el EIS de 1984 ni las fases posteriores contemplaron un proceso formal, libre e informado. Es decir, se tomó una decisión sobre el territorio sin quienes viven en él. Historia vieja en Puerto Rico.
Una idea de justicia que nace del río y no del Estado
La asamblea aprobó un pronunciamiento contundente que, leído con atención, es un manifiesto decolonial sobre el territorio. Las comunidades exigen:
- La paralización inmediata del proyecto,
- Un nuevo proceso de evaluación ambiental bajo NEPA,
- Participación ciudadana vinculante desde el inicio,
- Protección absoluta contra desplazamientos y expropiaciones,
- Un estudio profundo del sistema pluvial con uso responsable de fondos federales,
- Criterios claros para priorizar soluciones basadas en la naturaleza,
- Y la creación de la Reserva Natural del Río Piedras, que conectaría hidrológicamente la montaña de Caimito con el estuario de la Bahía de San Juan.
Esta última demanda es crucial: es una propuesta de país. Convertir la cuenca en reserva es asumir que el río es infraestructura viva, que su restauración es adaptación climática y que San Juan no puede seguir tratándolo como un drenaje industrial.
El significado político de la resolución
El documento, leído desde la óptica histórica, marca un giro: es la primera vez en décadas que las comunidades de la cuenca articulan una postura unificada, jurídica y políticamente sólida, contra el aparato de ingeniería federal y la complicidad administrativa local.
Pero su significado más profundo es otro: reclama el derecho a decidir sobre el territorio. En un país donde las grandes decisiones ambientales se toman fuera —ya sea en Washington, o en oficinas técnicas desconectadas del terreno— la asamblea se afirma como sujeto político. No piden permiso: notifican.
El cierre del documento confirma esa madurez política: si en 45 días no ocurre lo solicitado, las comunidades autorizan la radicación de un pleito en el Tribunal del ELA.
En otras palabras:No es una súplica. Es una advertencia real.
El río como frontera moral
Lo que está en juego no es solo un cauce; es un modelo de ciudad. Canalizar el río es apostar al hormigón en un siglo donde la ciencia —y la experiencia— indican lo contrario. Defenderlo, en cambio, es proteger una relación histórica con el territorio y con la memoria urbana de Río Piedras.
La asamblea ha dicho lo que el Estado no se atreve a nombrar:que la justicia ambiental no se decreta desde arriba,que la participación no es un trámite,que la comunidad no es un obstáculo técnico,y que el río —este río— es el límite moral de un modelo de gobierno incapaz de escucharlo.
La resolución no resuelve el problema del agua, pero sí resuelve algo igual de importante: quién tiene la autoridad para imaginar el futuro del río. Y esta vez, las comunidades dejaron claro que esa autoridad vuelve a sus manos.
