Mercedes Rodríguez, Diana Valle y María Dolores Fernós.
Así lo manifestaron la abogada María Dolores Fernós, la doctora en trabajo social Diana Valle y la psicóloga social Mercedes Rodríguez en el panel titulado “A 25 años: ¿de qué sirve la Ley 54?”, celebrado el pasado 21 de agosto por el Instituto del Género y la Educación de Avanzada (IGEA) para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la aprobación de la ley.
Fernós, quien fue la primera en dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres tras la creación de esa dependencia en el 2001, explicó que a partir de 1990 se comenzó a documentar la cantidad de mujeres asesinadas en el País. De 1990 a 1999 se registró un promedio de 31.4 muertes. Para el 2009, el promedio de muertes disminuyó a 22.7.
No obstante, el trío de feministas reconoció que el trabajo de las organizaciones que asisten a las sobrevivientes de violencia, así como las campañas educativas trasmitidas en los medios de comunicación ha contribuido también a la baja en asesinatos y a que las afectadas se decidan a buscar ayuda.
Por su parte, Valle destacó que la Ley 54 ha jugado un rol significativo para que las sobrevivientes puedan apalabrar las injusticias y el dolor que han sentido, ya que “la violencia doméstica no es legítima, es un crimen”. En esto coincidió Rodríguez, quien aseguró que el lenguaje de la ley es lo que plasmaron las mujeres abusadas al momento de su redacción. Añadió que otra contribución de ese mandato ha sido sentar una pauta ética y moral al amenazar el pensamiento machista y patriarcal.
Las panelistas también recordaron las objeciones que enfrentó la aprobación de la ley. De acuerdo con Rodríguez, el artículo que más problemas afrontó fue el Artículo 3.5 de Agresión Sexual Conyugal. Este tipifica como delito incurrir en una relación sexual no consentida con el cónyuge o ex cónyuge, o con la persona con quien cohabite o haya cohabitado, o con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual o con quien haya procreado un hijo o hija.
Explicó la psicóloga social que los senadores y representantes objetaban legislar el asunto porque su visión respondía a la cultura patriarcal. Añadió la licenciada Fernós que esto también se debía a que el Código Civil de aquella época le permitía al hombre violar a su esposa o compañera, más le prohibía hacerlo con otra mujer que le fuera “ajena”.
Las expertas cuestionaron, además, las intervenciones indebidas que en ocasiones realizan policías, abogados y jueces para lograr que la víctima regrese con su agresor, aunque pongan en riesgo su seguridad. La doctora Valle puso como ejemplo el caso de un abogado que citó a una mujer y a su agresor en su oficina con el fin de que continuaran su relación de pareja. “Se ha tratado de dar la impresión de que la ley es para proteger a la familia. Lo correcto es que es para proteger a las víctimas”, aseveró.
A preguntas de la moderadora del panel, la abogada y directora de Proyecto Matria, Amárilis Pagán, sobre cómo evalúan la implantación de la Ley 54, Valle opinó que la ley necesita fortalecerse porque muchas veces a las mujeres querellantes no se les cree.
Como cuestión de hecho, las panelistas mencionaron el Proyecto de la Cámara 2016 radicado por el representante popular Carlos Vargas Ferrer para enmendar la Ley 54 a los fines de que toda declaración vertida por las víctimas de violencia doméstica se haga bajo juramento. En el proyecto, se le advierte a la persona querellante que declarar o alegar falsamente teniendo conocimiento de su falsedad incurriría en un delito menos grave exponiéndose a multas entre $1,000 y $5,000.
El Movimiento Amplio de Mujeres ya se ha expresado en contra de esta medida por entender que parte de la premisa de que las mujeres mienten al someter las querellas y de que su palabra es insuficiente para probar los casos. También hay que recordar que, en ocasiones, las víctimas retiran las querellas por miedo, presiones de familiares o porque quieren darle una segunda oportunidad a su pareja.
Esta no es la primera vez que se intenta aprobar una enmienda que resulta punitiva para la víctima. La abogada Fernós rememoró que cuando se discutía la aprobación de la Ley 54 hubo una propuesta en el hemiciclo para tipificar como delito grave retirar una denuncia por violencia doméstica. La entonces representante penepé Zaida “Cucusa” Hernández declaró que con esa enmienda “las mujeres no querían la ley”. Las presentes en las gradas se unieron al reclamo de Hernández y la enmienda fue derrotada.
Sobre el trabajo que falta por hacer, la doctora Valle subrayó la importancia de educar a los niños y niñas desde temprano en asuntos de derechos humanos y equidad de género. Opinó que si ellos y ellas son capaces de aprender a defender el medio ambiente, también pueden aprender a respetar a las personas sin importar su raza, orientación sexual o condición socioeconómica. “Los niños y niñas me dan esperanza”, afirmó Valle.
Rodríguez también se mostró esperanzada. “El patriarcado está dando sus últimos aleteos”, sostuvo convencida.
