Universidad y país: reformulando la conversación (parte 1)

Por Rima Brusi, Ricardo Fuentes-Ramírez y Vibeke Betances Lacourt

Receta para la destrucción de la educación pública: traiga a una junta con la autoridad de meterle machete al presupuesto; añada políticos coloniales oportunistas que toman (o aceptan, o ignoran) decisiones sin sentido socio-económico pero de monumental importancia histórica; sume administradores académicos que a veces parecerían no apreciar, o entender, el peso de esos puestos a los que con tantas ganas se aferran; mezcle todo con una conversación nacional donde los errores, los clichés y la prepotencia ocupan el espacio que deberían ocupar el conocimiento y la decisión ponderada.

En la Junta y su aparato abundan los expertos en finanzas, pero escasean los expertos en derechos humanos o bienestar social. En el gobierno abundan los gritones pero escasea la gente que escucha y piensa. En la administración académica abunda la ambición pero escasea la visión de país.

¿Y en la conversación nacional? Allí abundan el “análisis” llanito, el todologismo y el fotuteo en radio, televisión y medios sociales.

Por poner un ejemplo: hace algunos meses, durante la huelga estudiantil del 2021, de repente esa conversación nacional se saturó de declaraciones poniendo en entredicho la importancia de la universidad pública vis a vis una categoría amplia de “privadas”. Una de las citas de mayor circulación fue la aseveración del secretario de desarrollo económico Manuel Cidre, quien dijo lo siguiente:  “Las universidades privadas hoy existen posiblemente con mayor fuerza y relevancia que la universidad pública, no por el hecho de que sean mejores, es por el hecho de que son más ágiles”. El mismo día, un analista radial usó su considerable plataforma para coincidir con otra analista que había dicho (según él), lo siguiente: “..decía que todavía no se han dado cuenta, los estudiantes, [de] que la Yupi ya no es un servicio esencial…Hay 160 universidades…[P]ues, si tu cierras la Yupi, educación superior post-escuela superior, ¡hay 160 ofertas! [sonríe] …Por lo tanto, tú justificar que [la UPR] es esencial, ¡pues NO…!”. Parece que según este señor, para ser esencial (usó, curiosamente, la luz como ejemplo) un servicio público tiene que tener un solo proveedor. Si hay opciones privadas, no es esencial. Y en Puerto Rico, aparentemente, los estudiantes que quieran ir a la universidad tienen 160 opciones.

Esos dos ejemplos no son casos aislados: en esos días apareció gente diciendo cosas muy parecidas en todo tipo de foro. Escuchamos y leímos, una y otra vez, sobre la supuesta “irrelevancia” de la UPR y la relevancia de “las privadas”. Lo decía gente de a pie, protegidos a veces en el anonimato del troleo, y lo repitieron también algunos funcionarios públicos. Tan “irrelevante” y poco “esencial” encuentra a la UPR la contralora, por ejemplo, que se sacó de la manga ideas de política pública tan alocadas como cerrarla y darle los fondos así ahorrados nada menos que a la policía. Y lo dijo sin pachó, a pesar de que el presupuesto de la policía de Puerto Rico ha crecido en tamaño al mismo tiempo que la universidad pública ha perdido recursos, y a pesar de que, en promedio, los estados de ese país, EE. UU., que tanto admiran y tan militarizado está, invierten mucho menos en su fuerza policiaca (menos del 4% de su presupuesto) que en su educación superior pública (más del 9%).

Tampoco son ideas nuevas. Como tantas otras formas de falso “sentido común” y clichés que sirven para que los que tienen mucho dinero hagan más dinero y los que tienen poder se mantengan en el poder, estas ideas sobre la universidad se reciclan regularmente, y por ello y como muchas otras colegas que estudian el tema, escriben, abogan o protestan, cada tanto tenemos que invertir tiempo y esfuerzo en desmentirlas. Además de ser dañinas, superficiales, y en muchos casos, sencillamente erradas, ideas como las que expresan los tres personajes que usamos de ejemplo arriba sirven para darle forma y contenido a nuestra conversación nacional sobre la UPR y al concepto  mismo de “universidad pública”, sus funciones, y sus posibilidades. Y, por su parte, una conversación nacional hecha a la medida del fotuteo sirve para reforzar o justificar el desmantelamiento de nuestra educación pública. Nuestra meta en este ensayo (el primero de una serie) es traer a la mesa algunas herramientas para profundizar esa conversación, empezando por definir conceptos como “importancia/relevancia” y categorías como “pública” o “privada”.

A qué se refería el primer señor citado arriba con la  “fuerza” y “relevancia” de esa categoría de “universidades privadas”, no sabemos. A qué se refiere el otro señor con eso de “servicio esencial”, tampoco estamos seguros, aunque la imprecisión en su uso del término es tal vez comprensible, tomando en cuenta que aunque la letra de la ley PROMESA protege los “servicios esenciales”, estos ni siquiera llegaron a definirse. Lo que sí queda claro es que algunos sectores influyentes en la creación y reproducción de opinión pública quieren reducir la importancia de la universidad pública, y aumentar la importancia de “las privadas” en el imaginario popular, al tiempo que la universidad pública sufre recortes extraordinarios.

  ¿Qué es “relevancia”? ¿Qué es “importancia”?

¿A qué se refiere la gente cuando habla de la “relevancia” o “importancia” de la UPR, o de la educación superior en general? Las palabras y los significados importan, a la hora de tomar decisiones o hacer un análisis mínimamente serio. En general, proponemos aquí pensar en el valor o importancia de una institución (o una categoría de instituciones) en términos de 1) su servicio y valor en la vida de una persona (estudiante) y 2) su rol y contribución al bienestar, la cultura y la economía de un colectivo (región, estado o país).

Estos dos acercamientos no son necesariamente antagónicos, o incompatibles. Pero tampoco son sinónimos, y ambos son importantes. Para un estudiante en particular (llamémosle Paco), el valor de la institución a donde asista depende de muchas cosas, algunas más simples (¿la puedo pagar? ¿tienen los cursos o la carrera que yo quiero?) otras más complejas (¿cuál es la probabilidad de que me gradúe? ¿Cuál será el valor de ese grado en el mercado de empleo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me voy a endeudar?) y, aún otras, lo suficientemente abstractas como para que Paco no las esté tomando en cuenta porque no le pasan por la mente, o porque no se pueden medir (además de los cursos, los créditos y el diploma, ¿qué valor, si alguno, tendrá la experiencia de asistir a esta escuela en mi vida? ¿saldré de ella con destrezas, conocimientos o valores que me ayuden a ser un mejor ciudadano, o un mejor ser humano?). El valor de la institución para un país o región, por su parte, depende también de varias cosas, que pueden variar según el modelo económico y las prioridades del país en cuestión, como por ejemplo: ¿Cuál es el impacto de esta institución en la sociedad, la cultura, la economía? ¿Cuán bien prepara a los estudiantes? ¿Cuán efectiva es utilizando los recursos públicos? ¿Nos ayuda, como país, a reducir la pobreza y la desigualdad, a aumentar nuestra calidad de vida? ¿Provee otros servicios de importancia, además de educar estudiantes? Y así por el estilo.

Los números no bastan, a la hora de pensar en el valor o relevancia de una institución, pero pueden ser útiles. Como estudiante, por ejemplo, Paco puede fijarse en las tasas de graduación y en las de impago de préstamos estudiantiles. Como hacedores de política pública, los políticos podrían fijarse, como Paco, en cifras como tasas de graduación e impago de préstamos, y también en las contribuciones de la institución a la actividad económica del país, en las reválidas de distintas profesiones, o en indicadores como el SMI, o índice de movilidad social, que compara el éxito de instituciones educativas logrando que estudiantes de los sectores más pobres del país o región logren salir de la pobreza.

El SMI^[1] se calculó recientemente para las universidades norteamericanas (Puerto Rico no fue incluido en el estudio) y publicaron la lista de los nombres de las veinte instituciones que obtuvieron las puntuaciones más altas. Las veinte son públicas.

¿De qué estamos hablando, cuando hablamos de “universidad pública” y “universidad privada”?

 Aunque tendemos a dividir las instituciones de educación terciaria (superior) de Puerto Rico en esas dos categorías, es útil e importante pensar en términos de, al menos, tres: públicas, privadas con fines de lucro (for-profit) y privadas sin fines de lucro (non-profit.)

Las universidades públicas en Estados Unidos^[2] y sus territorios, como la UPR, reciben fondos públicos del estado y/o ciudad en que se ubican. Pero su naturaleza “pública” va más allá que el origen de sus fondos: en principio, sus misiones deben estar además alineadas con las necesidades del estado o región, y su presencia debe aportar a sus comunidades. Por lo general, las universidades públicas tienen juntas de gobierno, o su equivalente, cuyo trabajo (se supone) es representar al pueblo (los habitantes de ese estado o ciudad), protegiendo la misión y los recursos de la institución. En Puerto Rico, la mayor parte de las instituciones de educación superior pública son recintos de la UPR^[3]. A nivel de sistema, la UPR ofrece grados asociados, bachilleratos, maestrías, doctorados, y opera además espacios o servicios orientados hacia la comunidad externa, incluyendo estaciones experimentales, red sísmica, museos y hospitales.

Las instituciones privadas for-profit, por su parte, tienen dueños, inversionistas o accionistas que invierten dinero en ese colegio o universidad con la expectativa de generar lucro, ganancias por encima de lo que necesitan para correr la institución. Varían en tamaño y ofrecimientos, desde operaciones pequeñas ofreciendo certificados en ocupaciones dentro de industrias como belleza o mecánica, hasta sistemas con múltiples recintos que ofrecen certificados, grados asociados, bachilleratos, maestrías y doctorados.

Las universidades privadas non-profit  también son diversas, y varían enormemente en tamaño, prestigio, precio, y calidad. Lo que tienen en común, se supone, es que no están diseñadas para lucrar inversionistas, familias o individuos particulares, sino para que todo el ingreso que la institución genera se reinvierta en las operaciones que le permiten cumplir con su misión. A cambio de esa garantía, obtienen importantes exenciones contributivas. Si sus gastos no están alineados con su misión educativa, la universidad privada non-profit se expone, en principio y como cualquier otra entidad en la categoría legal “sin fines de lucro”, al escrutinio del estado. Suelen tener juntas de directores, o su equivalente, que velan porque se cumpla esa misión.

Bueno, hay tres tipos de universidad. ¿Y?

Distinguir entre esos tres tipos de universidad, en lugar de seguir hablando de “pública” vs. “privada” es importante, porque cada categoría enfrenta y ha enfrentado, históricamente, problemas particulares, y para tomar decisiones de política pública (y antes de meterle tijera al sistema público) es importante entender algunos de esos problemas y su relación con la realidad de Puerto Rico.

En el caso de las universidades públicas, dos problemas comunes son 1) la intervención político-partidista en la gobernanza de la institución y 2) la insuficiencia de recursos y las implicaciones que esta tiene sobre todos los elementos de su misión (que usualmente incluye servicio, investigación y educación) y sobre todo sobre el acceso y éxito de los estudiantes que habitan en su región de servicio, especialmente los estudiantes provenientes de los sectores tradicionalmente más desventajados. Nuevamente, existen indicadores que, bien utilizados, nos pueden ayudar a evaluar cómo le va a una universidad en términos de esas tres esferas. Por ejemplo, para pensar en “acceso”, podemos mirar cifras como el porcentaje de estudiantes proveniente de familias de escasos recursos o grupos minoritarios, el costo de estudios (que incluye precio de matrícula, libros, vivienda y demás), y la ubicación de sus recintos (acceso geográfico). Para describir “éxito” podemos fijarnos en números como tasas de graduación (tanto la general como la de estudiantes tradicionalmente desaventajados), reválidas profesionales, y empleo. Para evaluar el impacto de la institución en términos de servicio e investigación, podemos fijarnos por ejemplo en su contribución a otras esferas importantes para el bienestar social (digamos, museos y hospitales abiertos a la comunidad), impacto en la economía, número de patentes, y publicaciones arbitradas.

En el caso de las universidades privadas con fines de lucro (for-profit), el problema más común es la contradicción inherente entre su función principal (maximizar los ingresos de sus dueños o inversionistas) y la calidad de sus servicios. Resulta irónico, pero a pesar de ser “privadas”, la mayor parte (por lo general más del 80%) de los fondos de esas universidades provienen de fondos públicos, especialmente ayudas federales a estudiantes individuales, tales como las becas Pell y ayudas para veteranos. Suelen reclutar y matricular a estudiantes pobres y no-tradicionales (digamos, mayores de 25 años y con hijos), y en un contraste interesante, contratar y pagar altos salarios a sus oficiales ejecutivos (presidentes o CEOs.) Estos últimos le responden a los dueños o inversionistas. Históricamente, muchas han enfrentado problemas éticos y en ocasiones legales debido a prácticas deshonestas de reclutamiento, grados inferiores o inútiles en el mercado, tasas de graduación bajas, y alto endeudamiento estudiantil. El problema de fondo es que para que haya ganancias para los dueños o inversionistas, la institución tiende a invertir más en matricular estudiantes (reclutamiento, mercadeo, etc.) pero menos en educarlos (salarios para profesores, servicios de apoyo académico, etc.). Combinado con la tendencia de reclutar estudiantes con menor preparación o menos tiempo disponible, el problema no es tanto de acceso como de éxito: los estudiantes entran con facilidad pero se gradúan con menos frecuencia, con grados de menor valor, y con más deudas.

Las universidades privadas sin fines de lucro (non-profits) son muy variadas en tamaño, misión, exclusividad, precios y calidad. Harvard, Liberty, y la Pontificia Universidad Católica son todas privadas non-profit, pero son muy distintas entre sí. Algunas son religiosas, otras no, algunas son muy prestigiosas y selectivas, otras no, algunas son muy caras y otras no. Lo único que tienen en común y las define es que reciben exenciones contributivas a cambio de garantizar que, contrario a las for-profits, no utilizará sus recaudos para el lucro sino para invertir en su misión. El problema más relevante para nuestra discusión actual, probablemente, es el hecho de que algunas non-profits, a pesar de su etiqueta, se comportan como for-profits, usando prácticas indebidas de reclutamiento, por ejemplo, o invirtiendo más en mercadeo que en apoyos académicos, o enriqueciendo indebidamente a individuos o familias particulares^[4]. Algunos expertos han llamado a ese fenómeno el “covert for-profit”.

Se les acaba el espacio. ¿De qué van a hablar en la próxima entrega?

Sí, se nos ha terminado el espacio por hoy. En esta primera entrega, discutimos algunas formas de medir y pensar la “importancia” de una institución de educación postsecundaria, y describimos los tres tipos de instituciones que hay en Puerto Rico y Estados Unidos, así como los problemas más comunes asociados a cada una de las tres categorías.

Según el National Center for Education Statistics, en Puerto Rico hay actualmente 135 recintos de educación superior (definida ampliamente, desde certificados hasta doctorados). 67 de ellos son colegios o recintos privados for-profit. En nuestra segunda entrega, nos proponemos usar datos e información pública para describir ese paisaje de manera más detallada, explicar cómo se manifiestan los problemas asociados a cada categoría en algunas instituciones en Puerto Rico, y argumentar que, contrario a lo que dijeron y siguen diciendo algunos, la UPR no solamente es valiosa: es esencial.

Además de las fuentes en los enlaces del texto, aquí hay algunas lecturas recomendadas sobre los temas discutidos arriba:  Sobre educación superior pública, sociedad y economía en Puerto Rico: Alameda y González-Martínez, 2017; Brusi y Godreau, 2021; Reyes, 2021;Santiago-Bartolomei, 2021.  Sobre educación superior privada non-profit y  for-profit en Estados Unidos: Cottom, 2018; Shireman, 2020; The Education Trust, 2010 y 2019.

Esta primera parte fue una colaboración a tres manos junto a:

Vibeke L. Betances Lacourt es profesora dentro del sistema UPR. Sus intereses de investigación se relacionan con la literacidad crítica y la lectura como herramienta ciudadana. Además, estudia la música popular, la literatura puertorriqueña, las teorías descoloniales y los asuntos de género. Ha publicado sus trabajos en diversas revistas académicas y en distintos congresos en Estados Unidos y América Latina.

Ricardo R. Fuentes-Ramírez es Catedrático Auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico-Recinto Universitario de Mayagüez y miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Obtuvo su PhD en Economía en la Universidad de Massachusetts-Amherst con especialización en Economía Política, Desarrollo Económico, y Sistemas Económicos Comparados. Sus áreas de investigación incluyen políticas de desarrollo y cooperativas de trabajo asociado.

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^[1] El SMI no es una medida de valor perfecta (el concepto de movilidad social tiene algunos problemas importantes, cuya discusión va más allá del tema y extensión de esta columna), pero es un buen ejemplo de la relación entre los indicadores que elegimos y el modelo económico y las aspiraciones de un país. Al final del cálculo, las universidades con SMI altos son aquellas que tienden a recibir estudiantes de escasos recursos, los educan y apoyan lo suficientemente como para graduarlos, no los dejan abrumados bajo el peso de deudas impagables, y los preparan para que sean exitosos en el mercado de empleo.

^[2] Usamos aquí a  Estados Unidos como referente, no porque el suyo sea necesariamente el mejor modelo de educación superior, sino porque es el que usó la Junta para justificar los recortes y que usan muchas personas en la conversación cotidiana.

^[3] Otras instituciones públicas son instituciones especializadas, como el Conservatorio de Música o la Escuela de Artes Plásticas, o pertenecen a un municipio particular, como el Colegio Universitario de San Juan. Para efectos de este artículo, al decir “pública”, nos estaremos enfocando en la UPR y sus once recintos.

^[4] Una non-profit típica en Estados Unidos puede ser objeto de escrutinio por parte del IRS si sus salarios ejecutivos exceden los $250,000 anuales.