[dc]H[/dc]e dicho antes que el desarrollo económico de un país no puede ser impulsado mediante el empobrecimiento de sus trabajadores y trabajadoras. La inmediata y nefasta consecuencia de la aprobación de una ley, como la propuesta de “transformación y flexibilidad laboral en Puerto Rico” será el despojo de derechos históricos a miles de trabajadores y trabajadoras que ya sufren el impacto de una crisis fiscal-económica que no crearon; y si le añadimos las determinaciones de la Junta de Control Fiscal que con sus acciones arbitrarias y regresivas agravarán el bolsillo y la calidad de vida de todos los puertorriqueños, particularmente la casi extinta clase media y trabajadora.
La propuesta “reforma laboral” del “nuevo” Gobierno contiene aspectos indignos al ser humano trabajador y nos retrotrae de golpe y porrazo al Siglo 19. Entre las disposiciones de dicha Ley subrayamos las siguientes: sustituye por “en un día calendario”, el periodo de 24 horas consecutivas para el cálculo de las horas extras, eliminando para todos los efectos prácticos las horas extras diarias; permite turnos de más de 5 horas de trabajo sin ingerir alimentos; elimina el pago de horas extras los domingos y días feriados; liberaliza las leyes laborales; se “coloniza” la interpretación de las leyes laborales con leyes y decisiones federales; destruye el concepto de despido constructivo; reduce brutalmente la indemnización por despido injustificado; reduce las cuantías en reclamaciones de daños por discrimen, hostigamiento sexual y represalias, así como el término de reserva de empleo a trabajadores lesionados; invierte el peso de la prueba en los casos de despido en contra del empleado; flexibiliza el concepto de contratista independiente de forma tal que se pueda utilizar para que la persona no tenga prácticamente derechos como empleado.
Pero el afán de privilegiar a los sectores económicamente poderosos y allanarse a las políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal no se limita a lo anterior. Como si todo lo antes descrito fuera poco, la ley propuesta se ensaña contra los jóvenes que van a entrar a la fuerza laboral, aumentando el periodo probatorio de 3 meses a 1 año y 6 meses, bajando en un 67 % el bono de navidad y reduciendo también sustancialmente las licencias de vacaciones y días por enfermedad. Con su discurso proclaman ser aliados de nuestros jóvenes pero imposibilitan su desarrollo y potencial con acciones como esta, que probablemente forzarán a otros miles de jóvenes puertorriqueños a emigrar en su etapa más productiva.
Con la propuesta Reforma Laboral, el país y los trabajadores nos enfrentamos a un “paquetazo neoliberal” diseñado a la medida de la Junta de Control Fiscal que con la excusa de hacernos más competitivos resultará en un país más pobre, con menos calidad de vida y que fomenta la expatriación de su nueva generación de trabajadores y trabajadoras. Llegó el momento, de enfrentar esta desacertada política pública antes que sea demasiado tarde.
* Publicado originalmente en Metropr.com, reproducido aquí con la autorización del autor.
