A pedir la reforma universitaria

Para Ernesto Laclau, importante filósofo político argentino, la unidad mínima de análisis social es la demanda (2008, 24) y no el individuo. Esta propuesta, que contraviene tanto la atomización del mundo social defendida por el liberalismo político desde sus inicios, como la preexistencia de actores políticos colectivos como el pueblo o la clase, reta igualmente los análisis sociales que se hacen desde el ‘sentido común’. Para entender la dimensión política de un momento, Laclau nos invita a buscar las demandas que existen o están cuajándose en el tablero de lo social, los modos en los que son atendidas o soslayadas y los discursos que las articulan.
Su teoría sobre los procesos de cambio social puede resumirse muy brevemente. Laclau los clasifica de acuerdo a uno de dos escenarios. En el primero, las instituciones gubernamentales son capaces de atender cada demanda ante sí de un modo diferenciado, con lo cual, el orden institucional se fortalece. Las demandas que encuentran este destino Laclau las denomina demandas democráticas articuladas por una lógica diferencial. Si, por el contrario, las demandas son ignoradas o permanecen insatisfechas, el orden institucional corre peligro. En este segundo escenario, si existe un discurso capaz de articular una buena parte de las las demandas ignoradas como ‘equivalentes en su insatisfacción’ ante el orden que las soslaya, nos encontraríamos en una situación dominada por una lógica equivalencial. Las demandas articuladas de este modo son denominadas por Laclau demandas populares y el pueblo, como actor político, es su resultado. Para Laclau, el pueblo no es un actor político preexistente sino el precipitado de cierta lógica en la articulación de las demandas. El pueblo es el resultado de un momento de lucha en el que imperan las demandas populares y la lógica de las equivalencias entre ellas. Por eso afirma que no hay tarea más apremiante para una política radical que la construcción del pueblo como agente de lucha (2008).
Ahora bien, puesto que la demanda es Jumping Castle un eslabón tan importante en la propuesta política de Laclau permítanme examinar por un momento cómo este las caracteriza. Para Laclau, la demanda tiene comienzos humildes. Se trata de un mero pedido que se encamina a quien entendemos puede satisfacerlo institucionalmente. Solo cuando no lo es, puede el pedido volverse exigencia. Para Laclau, la exigencia es una demanda hecha ante la institución pero desde fuera de ella. Solo los pedidos son intrainstitucionales. Cuando un pedido no es atendido es expulsado de la lógica interna de la institución y tiene que sobrevivir en la intemperie institucional. Es en esa intemperie que se cuecen las posibilidades de poner en crisis todo el orden político.
Hay un pequeño detalle en la explicación de Laclau sobre la demanda que conviene resaltar. Ninguna demanda surge –ni como pedido y mucho menos como exigencia– si los demandantes no están convencidos, por una parte, de merecer atención y, por otra, de la viabilidad social de que se satisfaga su petición. Laclau expresa la escalada del pedido a la exigencia de un modo más categórico. Para Laclau, el pedido «se transforma en una exigencia en la medida en que la gente se percibe a sí misma como detentora de derechos que no son reconocidos.» (2008, 25). Ahora bien, y este es un detalle que parece escapar la atención de Laclau, para que una demanda llegue a ser tal, necesita un humus cultural del cual nutrirse. Las demandas no son escozores que brotan y que cada quien busca cómo resolverlos. La demanda ante el poder institucional requiere de un permiso que se dan a sí mismos los demandantes y del reconocimiento de un orden institucional donde su satisfacción sea imaginable. En el permiso que se otorgan los demandantes se encuentra el deseo y la ratificación moral del mismo. En el orden institucional tienen que imaginarse los surcos por donde pueda encausarse la demanda. Sin deseo no hay demanda. Sin un discurso moral que valide y aliente el deseo, y reconozca como merecida la solución imaginada, tampoco. Sin la imaginación que permita redibujar otro orden institucional sobre el ya vigente, menos. Un tema para investigar en otra ocasión es el indagar sobre el impacto que tiene el autoritarismo moral que caracteriza al discurso público en nuestro país sobre lo que a primera vista nos puede parecer anemia política. El autoritarismo moral parecería querer encausar el deseo solo a lo que alimente al capital.
Pero volvamos a las demandas insatisfechas. Cuando una institución deniega un pedido puede ser, precisamente, porque no comparte con los demandantes el mismo imaginario que impulsa al peticionario a presentar como digna su petición: no consideran a los peticionarios merecedores, no validan su deseo o no quieren imaginar un orden institucional distinto al que administran. La constitución de la demanda debe superar todos estos obstáculos y es, sin lugar a dudas, el primer acto en la azarosa cadena de eventos de la reivindicación política.
Laclau recurre con frecuencia a un ejemplo en el cual se oscurecen todos esos elementos necesarios para conjurar la demanda. Suele ilustrar su teoría refiriéndose a un grupo de campesinos inmigrantes que llegan a una ciudad en la que carecen de vivienda. Al no obtenerla de las autoridades municipales, vuelven su pedido una exigencia, constituyéndose en el principio de lo que puede llegar a ser una serie de equivalencias de demandas populares. El ejemplo de Laclau no se detiene en lo que todos los miembros de grupos subalternos sabemos por experiencia propia o por el acceso que hayamos tenido a la historia de nuestras conquistas: cuán largo y escabroso puede ser el trecho que hay que recorrer para meramente enunciar una demanda. Las demandas tienen periodos de gestación muy variables y como los niños muy pobres, muchas veces no cruzan el umbral de los primeros años. Para articular sus demandas, los subordinados tienen que animarse a reconocerse como ‘merecedores’. La subordinación es, entre otras muchas cosas, la ausencia de ese título ante uno mismo y los demás; además de un estado de relativa invisibilidad social y de deseos que por mucho tiempo resultan impronunciables.
Termino trayendo la atención a una demanda que por fin está volviendo a casa: la ansiada derogación de la cuota estudiantil de $800 anuales a raíz de la restitución legislativa de los fondos fiscales que la Ley 7 excluyó del cómputo de la fórmula que otorga a la Universidad de Puerto Rico el 9.6 porciento de las rentas anuales del gobierno. Los gestos que han tenido algunas instancias gubernamentales, como la Legislatura y el Municipio de San Juan, para reconocer a los líderes estudiantiles y atender las demandas del movimiento estudiantil tienen como resultado (sino como propósito) fortalecer un joven gobierno que durante la campaña para la gobernación cometió el error de enajenar las bases de apoyo del movimiento estudiantil. Para usar los términos de Laclau, el gobierno de García Padilla Bouncy Castle For Sale ha convertido la demanda popular que es la derogación de la cuota en una demanda democrática.
Todos sabemos que tendrá éxito y que la cuota tiene sus días contados, a pesar de la contumacia que ha caracterizado a las decisiones de la Junta de Síndicos y del entronizamiento de un estilo administrativo que representa como ‘inapelable’ aquello que por su naturaleza social es optativo. También sabemos que más allá de la cuota hay todo un imaginario que dio origen a esa demanda y que se desplegó con fuerza durante los largos e intensos meses del conflicto. Ese imaginario es el de la participación amplia en la toma de decisiones institucionales. Antes de que los estudiantes expresaran su primer pedido se habían conferido a sí mismos el título de merecedores de la atención institucional. Desdeñadas sus propuestas, volvieron de sus pedidos exigencias, sintiéndose con el derecho de así hacerlo y afrontando las graves consecuencias que les impusieron quienes se los negaban. El eliminar la cuota no va a desactivar el imaginario que propició su actuación, ni a reprimir el deseo que alimentó las demandas estudiantiles. Todo lo contrario. Va a confirmarle a todo el país la potencia de ambos.
En vista de esto, no me parece que la comunidad universitaria deba conformarse con la importantísima restitución de los fondos enajenados ni con la consecuente derogación de la cuota estudiantil. Es hora de exigirle al Estado una reforma universitaria que nos salvaguarde de los males vividos y que coloque a la Universidad en manos de los universitarios, fiscalizada, claro está, por quienes tienen el deber de exigirle que cumpla con su función social. Es hora de abrir ese cauce institucional desdeñado previamente por la Junta de Síndicos de la Licenciada Ygrí Rivera, como la descabellada ‘aspiración al co-gobierno’. La demanda por mayor participación e inclusión institucional ha sobrevivido a la intemperie de muchos gobiernos. Debe recordar éste que la intemperie es el único lugar donde se forman las tormentas perfectas.
Laclau, E. (2008). Debates y combates: por un nuevo horizonte de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.