Activos los donantes “independientes” de cara a las elecciones 2016

Se espera que en las elecciones del 2016 entren con fuerza nuevos tipos de recaudaciones políticas con la liberada participación de las corporaciones y entidades privadas en las campañas a favor de partidos y aspirantes.

A semanas de iniciar el año electoral, se han registrado trece comités de acción política y tres comités de gastos independientes: Igualdad Futuro Seguro, Star Pac y Comité Cincuenta y uno o uno. Según confirmó el contralor electoral, Manuel Torres, varias corporaciones han pedido orientación para crear nuevos comités en Puerto Rico. Señaló que “se espera una mayor participación (de corporaciones privadas) para estas elecciones porque se conoce más de las nuevas disposiciones”.

Estudios y expertos plantean que esto podría empeorar el panorama político en Puerto Rico al poner en entredicho el principio democrático de la igualdad del voto.

Un informe publicado este año por el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York se basa en la experiencia vivida por Estados Unidos luego de tres ciclos electorales y concluye que el nuevo esquema legal propende a un incremento en las influencias de los mega-donantes en las decisiones gubernamentales. Puntualiza que en la práctica no se cumple el principio de que dichas campañas sean independientes de la campaña de los candidatos. El resultado concreto ha sido que desde 2010 un grupo de menos de 200 personas y sus cónyuges han financiado casi el 60 por ciento de todo el gasto de los denominados Súper PACs o comités de gastos independientes en Estados Unidos, apunta el informe.

El Tribunal Supremo de EEUU en el caso Citizens United v FEC decidió en 2010 que a las empresas, negocios, bufetes y toda entidad privada, incluyendo a organizaciones y sindicatos, les cobija la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que protege la libertad de expresión, por lo que pueden gastar ilimitadamente durante las campañas políticas a favor o en contra de candidatos.

Tras la decisión judicial de 2010, las corporaciones pueden participar del proceso político de dos formas: creando un comité de fondos segregados para realizar donativos de hasta $2,600 directamente a los aspirantes o partidos políticos; o pueden gastar todo el dinero que quieran ilimitadamente en campañas independientes no coordinadas con los candidatos.

“Permitir que los dueños de las corporaciones y empresas privadas participen en las campañas políticas, distancia el principio de igualdad del voto del ciudadano común; ya que un maestro de escuela o un trabajador no tiene millones para darle a nadie. Se amplía la desigualdad entre el que tiene y el que no. Es un golpe de estado a la democracia”, opinó Héctor Luis Acevedo, catedrático en ciencias políticas de la Universidad Interamericana y profesor de derecho electoral y constitucional de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

¿Campañas no coordinadas?

El estudio publicado en enero por el Brennan Center for Justice concluye que el principio de “no coordinación” de las campañas es una ficción.

De acuerdo al análisis realizado, no solo es ingenuo concluir que estos grupos no trabajan mano a mano con los candidatos para hacer sus campañas; sino que la evidencia demuestra que en muchos casos son los candidatos quienes solicitan los fondos o crean los comités a través de ex ayudantes, colaboradores o familiares.

El estudio demuestra que los políticos solicitan esos donativos con la promesa de favorecer a grupos con medidas de política pública, como fue el caso del Fiscal General de Utah, John Swallow, quien solicitó cientos de miles de dólares en donativos a grupos organizados de prestamistas a cambio de flexibilizar cierta regulación.

Elecciones 2012 en Puerto Rico: Demócratas vs Republicanos

En la Isla, durante el pasado ciclo electoral, varias corporaciones privadas por vez primera participaron como personas jurídicas. Según el contralor electoral, Manuel Torres, fue un proceso de aprendizaje ya que muchos desconocían los alcances de la nueva jurisprudencia y cómo podían donar directamente a candidatos o hacer campañas independientes.

“En las elecciones pasadas tuvimos varios comités de gastos independientes. En este caso, la corporación no se tiene que registrar pero sí la ley requiere una divulgación, de dónde sacó el dinero y tiene que informar la cantidad del gasto”, explicó Torres.

Un análisis de los informes radicados en la Oficina de Contralor Electoral (OCE), revela que de los $2.5 millones que los políticos recibieron de dinero de personas jurídicas- como corporaciones u organizaciones- durante las pasadas elecciones, 99% fue mediante campañas “no coordinadas” a favor de las principales candidaturas, como la gobernación y la alcaldía de San Juan. Los fondos provenían de comités financiados por organizaciones estadounidenses como la Asociación de Gobernadores Republicanos, su contraparte en el Partido Demócrata, y sindicatos como la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales, la SEIU y la Local 32BJ/NY/NJ. Una treintena de negocios, entidades y otras corporaciones privadas crearon comités de fondos segregados para donar (dentro de los límites de ley) un total de $10,661.99 a las campañas en Puerto Rico.

El mayor gasto provino de la Asociación de Gobernadores Republicanos que informó gastos de campaña a favor de la reelección del gobernador Luis Fortuño ascendentes a $1,943,399.16. Por su parte, la Asociación de Gobernadores Demócratas subvencionó el Comité Demócratas apoyando a Alejandro y Obama, el cual hizo campaña por Alejandro García Padilla pagando anuncios por $550,547.47.

Otra candidata que se benefició de campañas independientes fue la entonces candidata a la alcaldía de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Según los informes, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores realizó campaña política por $135,695. El SPT también apoyó políticamente con $7,820 en una campaña independiente a favor del candidato a representante por el Movimiento Unión Soberanista, José E. Rivera Santana.

Al analizar estos informes de las campañas “no coordinadas” realizadas en el 2012 resulta cuestionable la alegada independencia de las mismas. En las que son pagadas por comités creados por organizaciones políticas estadounidenses, hubo participación activa de políticos locales y sus colaboradores. Si se examinan, por ejemplo, las figuras detrás de la campaña de la Asociación de Gobernadores Republicanos a favor de Luis Fortuño se encuentran personas estrechamente relacionadas al candidato. El representante en Puerto Rico durante la campaña republicana fue el bufete McConnell Valdés, donde trabajó Fortuño antes de ser Gobernador. El entonces candidato a reelección concedió contratos millonarios a McConnell Valdés durante su gobierno.

A su vez, documentos oficiales demuestran que McConnell Valdés realizó gestiones como representante en Puerto Rico de la Asociación de Gobernadores Republicanos. El bufete envió cartas a la Oficina de Contralor Electoral solicitando aclarar información sobre requisitos de informes y otros aspectos de la ley electoral para la campaña a favor de la candidatura de Luis Fortuño.

También llaman la atención los nombres de figuras relacionadas al PNP, identificados en los informes a la OCE como donantes de la organización republicana que sufragaba los gastos de la campaña “independiente” a favor del presidente del PNP. Entre estos se encuentra el ex secretario de la gobernación y cabildero Álvaro Cifuentes; el director de campaña y recaudador Andrés Guillemard; De la Cruz & Asociados, agencia de publicidad que hizo la campaña a la gobernación de Fortuño en el 2008; y la empresa Koigc, Corp., agencia de publicidad propiedad de Edwin Miranda, filial de la agencia que le hizo la campaña al comisionado residente Pedro Pierluisi y que obtuvo millonarios contratos en la administración de Luis Fortuño.

Por su parte, el Partido Popular Democrático ha estado vinculado históricamente con el sector demócrata en Estados Unidos. En el caso de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, su vínculo fue estrecho con el liderato sindical desde temprano en su carrera política.

Está por verse si estas organizaciones se activarán nuevamente para hacer campañas a favor de los candidatos tanto en las elecciones generales como en las primarias del próximo año. La facción del aspirante novoprogresista a la gobernación de Ricardo Rosselló ha mostrado presencia de líderes del Partido Republicano, como Ben Carson, quien aspira en las primarias presidenciales y endosó la estadidad hace unas semanas en la asamblea de cierre de la convención de los seguidores de Rosselló.

El Centro de Periodismo Investigativo intentó obtener una respuesta del comisionado residente Pedro Pierluisi en relación a la participación de los gobernadores demócratas en las próximas elecciones, ya que él pertenece al Partido Demócrata y ha sido muy activo en la campañas de esa colectividad. Pierluisi no accedió a nuestra petición de entrevista.

Vamos le apostará a las campañas “independientes”

Recientemente, líderes de diversos sectores del país anunciaron la creación del Movimiento de Concentración Ciudadana (Vamos), un nuevo instrumento político que promete «romper el bipartidismo y el monopolio de los partidos tradicionales».

Según el líder sindical Roberto Pagán, la estrategia es lograr un movimiento social con fuerza electoral para adelantar una nueva forma de gobernar encaminada resolver los problemas de las comunidades y no de “unos pocos con acceso”.

La organización no propondrá candidatos sino que realizará campañas no coordinadas para apoyar a candidatos independientes y de los partidos que se adhieran a los lineamientos programáticos de Vamos.

“Hemos decidido utilizar positivamente el ‘Citizens United’. ¿Por qué las corporaciones y no el pueblo? Nos proponemos registrarnos para realizar campañas independientes por los candidatos que respondan al pueblo y a las comunidades”, aseguró Néstor Duprey.

De acuerdo a Acevedo, aunque en Puerto Rico se ha generalizado la creencia que el financiamiento público es una especie de “mantengo electoral”, la única forma de neutralizar el efecto que puedan tener los inversionistas políticos en las campañas es establecer un sistema de financiamiento público de campañas realista, que mantenga enfocados a los políticos en la búsqueda del voto y no de los grandes donantes.

Sin embargo, para Jorge A. Benítez, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, el Estado puede tomar medidas adicionales para evitar que la ventaja competitiva sea de quien más dinero ponga en los medios. Señaló que en Inglaterra, por ejemplo, se prohíbe publicar datos de encuestas a 30 días de las elecciones para evitar influenciar la opinión pública. Tampoco se permiten mítines en la calle; sino que se deben realizar en espacios cerrados.

“En Puerto Rico cada día más, los sectores adinerados participan menos en el proceso de votación; porque su participación se limita a influenciar con el donativo. Si tomamos el caso de España, el gobierno ha decidió intervenir para establecer espacios equitativos en los medios para todos los candidatos. No se permite comprar más. En las pasadas elecciones, el partido minoritario de izquierda tuvo el mismo espacio que los partidos mayoritarios”, recalcó.

Para Jesús Joel Pérez, vicepresidente de la Junta Asesora del Instituto de Política Pública del Sistema Universitario Ana G. Méndez, el sistema electoral en Puerto Rico permite otras opciones que son viables pero requieren voluntad política de quienes hacen las leyes pero a la vez participan de las campañas. Un buen comienzo, aseguró, es limitar el tiempo de las campañas políticas.

“El problema es que eso lo tienen que aprobar las cámaras legislativas. Solo se logrará con una presión pública. Lo veo muy difícil porque no hay conciencia en el pueblo. La solución a largo plazo está en crear conciencia en la gente que está subiendo”, sostuvo.