[Este es un documento de trabajo participativo. Las personas interesadas en colaborar con la revisión de este documento-propuesta pueden escribir a [email protected]. Oportunamente, decidiremos en colectivo qué metodologías usaremos para hacer de este un ejercicio más ampliamente participativo].
A todxs lxs estudiantes de este movimiento que lucha
por Puerto Rico y su universidad pública.
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El 31 de marzo de 2016, el Movimiento 7 de mayo me invitó a participar en un foro sobre la autonomía en la universidad.[2] Me encomendaron hablar de la autonomía universitaria desde la perspectiva fiscal. La ocasión me dio la oportunidad para compartir un bosquejo de ideas que venía elucubrando hace algún tiempo, en especial, porque laboro en uno de los recintos en donde más se discursa y se reclama la susodicha autonomía.
Dividí mi presentación en cuatro partes relativamente breves: 1) ¿desde dónde hablo?, porque me parece que ni existe una sola comunidad universitaria, ni lxs docentes y lxs estudiantes somos una sola entidad con fines, estrategias y propuestas unívocas; 2) esferas de la autonomía fiscal comunes y menos frecuentes para radicalizar las demandas de autonomía; 3) ejercicios de autonomía fiscal integrados e interdependientes aquí y ahora, porque creo que no hay que esperar a que nada ni nadie confiera la autonomía radical para empezar a gestionarla; y 4) declaración provisional sobre la reciente Declaración del Presidente y lxs rectorxs de la UPR. Comparto una versión de las mismas como primera provocación con el fin de: 1) asumir una posición desde mi gestión como docente en la coyuntura que vivimos (por aquello de empezar a romper con el silencio mayoritario de nuestro sector); 2) sumarme a la conversación-movimiento de lxs estudiantes, quienes están enunciando reclamos y articulando propuestas; y 3) provocar que empecemos a actuar lo que tanto deseamos, si es que lo deseamos tanto.
¿Cuáles considero son las principales, si bien no las únicas, esferas en las que hay que gestionar la autonomía fiscal?
En relación con la Universidad de Puerto Rico, identifico, por lo menos, cinco: 1) instancias gubernamentales (centrales, municipales y partidistas); [3] 2) entidades del gobierno universitario no representativo (Junta de Gobierno y Administración Central); 3) empresas capitalistas e intereses del mercado dominante en general; 4) organismos de subvención externos (gobierno federal, gobierno local y entidades privadas); y 5) organismos acreditadores (dado que varios programas de fondos están atados a los procesos de acreditación). Las discusiones en nuestra universidad, por lo general, se concentran en las primeras dos esferas, ignorando o eclipsando la intromisión perversa de la colonialidad del saber y de los poderes de las últimas tres esferas que limitan ampliamente nuestra autonomía fiscal.
La lucha por la autonomía fiscal radical en la UPR debería tener presente y ampliar el ejercicio de la autonomía en todas las esferas mencionadas. Esta toma y acción de la autonomía fiscal implicaría, sobre todo, el fomento y la defensa del desarrollo académico e investigativo que desborda, supera e, incluso, critica los intereses creados de dichas esferas.
¿Cómo podemos actuar y ejercer la autonomía fiscal cotidianamente en el aquí y el ahora?
En primer lugar, hay que seguir luchando por la ampliación de la autonomía radical frente a las cinco esferas mencionadas. En segundo lugar, es preciso empezar a reproducir en cada una de las actividades de la gestión universitaria y desde las unidades administrativas más minúsculas (centros y departamentos académicos), hasta la presidencia y la junta de gobierno, ejercicios concretos de autonomía fiscal. A continuación, ofrezco algunos ejemplos que no persiguen ser exhaustivos, pero que serían un buen punto de partida. Debemos fortalecer la cultura y la acción universitaria a partir de dos principios: la educación universitaria pública es un derech colectivo (no solo una inversión) y la educación universitaria pública debe tener como imperativo el bien colectivo, en especial el de lxs más vulnerables, marginadxs y desposeídxs de nuestro país.
Sobre estas premisas se deben: 1) multiplicar las esferas decisionales participativas en materia fiscal (tanto estratégica como operacional); 2) elaborar presupuestos participativos a partir de planes estratégicos y elección de prioridades, igualmente, participativos; 3) gestionar transparencia radical en las cuentas de cada unidad administrativa y rendición de cuentas diligente; 4) crear plataforma de transparencia, rendición de cuentas y monitoreo (digital e impresa) accesible para cualquier persona que solicite datos en cualquier momento; y 5) desarrollar protocolo para radicar querellas, investigar irregularidades o faltas a estas premisas y adjudicar ágil y justamente responsabilidades.
Para llevar a cabo estos ejercicios de autonomía no es preciso cambiar la Ley Universitaria ni el Reglamento de la UPR. Tampoco hay que esperar a que se eleve a rango constitucional la educación universitaria pública por el bien de Puerto Rico. Dichas estrategias pueden ser muy deseables –de hecho unas más que otras–, pero no hay que esperar a que se completen para poner en acción lo antes consignado. Invito, especialmente, a mi recinto a que sea punta de lanza en estos ejercicios y demuestre con acciones por qué es tan acertada y pertinente su lucha por mayor autonomía. Más aún, confío que integren en la agenda de trabajo de la causa autonomista las esferas tres, cuatro y cinco que he expuesto previamente y que, usualmente, son ignoradas.
Declaración sobre Declaración
Finalmente, ¿qué declaro sobre la Declaración del Presidente y de lxs rectorxs fechada el 28 de marzo de 2016? Quiero pensar, en nombre de la buena voluntad, que esa declaración es un buen gesto. No dudo que lo sea, en especial para algunxs de lxs firmantes. Sin embargo, tampoco puedo dejar de pensar que es poco convincente y que carece de credibilidad. ¿Por qué no se ha hecho una declaración equivalente al gobierno de turno? ¿Por qué no se ha movilizado a “la comunidad universitaria” y al “resto del pueblo puertorriqueño” para exigirle al gobierno actual que cese en su empecinado malabar de pagar la deuda puertorriqueña y se crezca ante los límites del colonialismo y frente a los pagos leoninos que nos esperan? ¿Por qué no retó y movilizó a la ciudadanía cuando se aprobó la Ley 66 que congeló nuestra fórmula? ¿Por qué no se indignan con lxs administradorxs de esta colonia maltrecha y lanzan fuegos fatuos a una junta que todavía no es, aunque todo parece indicar que será?
Les aseguro que quiero creerles, pero me cuesta. Quiero pensar que la Universidad de Puerto Rico cerrará filas con nuestro país y se convertirá en su insobornable defensora. Quiero pensar que –aun siendo diversxs, con muchas voces y causas–, cuando nuestro país nos convoca, aunamos voluntades y no nos perdemos en mezquindades gregarias.
Me convencen más, por sus acciones, esxs estudiantes que se han levantado con arrojo, generosidad, determinación y ternura. Me inspiran más esas asambleas estudiantiles multitudinarias, esa argumentación lúcida que sostiene sus propuestas y ese empeño por ir más allá de su jardín. Si es cierto lo que enuncia esa declaración, vamos a hacer frente común por la descolonización de Puerto Rico; vamos a ser universitarixs; vamos a construirnos este país bajo premisas radicales de autonomía fiscal y de participación democrática audaz. Vamos a ser tan coherentes como sea posible en nombre de esa autonomía que pregonamos defender. Vamos a serlo.
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Allá para 1989, si mal no recuerdo, cuando terminaba mi bachillerato en Estudios Hispánicos en la Iupi, hice una presentación en el seminario de historia sobre cómo podíamos leer Cien años de soledad en clave de la historiografía cuantitativa. Hoy, a unos cuantos años de aquel atrevimiento, recuerdo mi fascinación por ese junte improbable. Hoy vuelvo a soñar que es posible forjar más autonomía fiscal –y de toda índole– en nuestra universidad y en nuestro país si le damos la palabra a la poesía y a la solidaridad. Vamos a hacerlo.
La solidaridad es la ternura de los pueblos.
Gioconda Belli
[1] Trabajo en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez desde el 1ro de agosto de 1999. Tengo plaza y el máximo rango docente. Soy también egresada de la UPR-Río Piedras, de la New York University y de la University of Iowa. Enseño, investigo y pienso desde el Programa de Literatura Comparada del Departamento de Humanidades. No estoy adscrita a ningún organismo de representación de la docencia, pero estaría dispuesta a considerarlo de nuevo –ya estuve en la APPRUM durante una época– si su primer reclamo es que se gestionen plazas para nuestrxs compañerxs “adjuntxs” y se les garanticen condiciones de trabajo dignas. Tampoco formo parte del grupo de trabajo para la autonomía universitaria en el RUM, aunque reconozco su labor persistente. Estoy comprometida con la autonomía radical que consigno en este texto y no coincido con propuestas que impliquen secesión del sistema UPR o eliminación de unidades.
[2] Entiendo por autonomía la toma de decisiones y la actuación soberana con la conciencia de la intervención interesada de otras entidades. Asimismo, considero autonomía radical universitaria el ejercicio democrático ampliamente participativo y en su máxima expresión.
[3] Esta propuesta parte de la premisa de la educación pública como un bien y un derecho colectivo, por lo que la subvención gubernamental más amplia y decidida está implicada. Esta subvención no debe supeditar ni menoscabar la autonomía administrativa, académica y fiscal de la UPR. La misma debería ser una de las prioridades constitucionales de PR, en lugar del pago de la deuda como ocurre al presente.
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