Crisis y perspectivas en economía de Puerto Rico/2010

Caricatura de Kike Estrada

A medida que discurre esta etapa de la historia en que nos encontramos, queda cada vez menos duda de que se trata de un período crucial para la humanidad. En los Estados Unidos, eje de la economía del planeta, las consecuencias políticas, económicas y sociales de la crisis y los ajustes efectuados para mitigarla, han creado un cuadro de incertidumbre y polarización económica, política y social. Las recientes primarias del partido republicano y el panorama general de la política a escasos días de las elecciones congresionales, reflejan el gran descontento con la situación imperante que, paradójicamente, encuentra expresión en un populismo radical y conservador que preocupa a los mismos republicanos, y que plantea la posibilidad concreta de que regresen al poder los principales artífices de las políticas responsables de la debacle económica, financiera y social global no trascendida aún.

Introducción

Cada día que pasa la información sobre el desempeño económico de los Estados Unidos y otras potencias nos enfrenta a un verdadero enigma. Recordemos que poco hace que, cuando se creía estabilizada la situación financiera mundial, estalló la crisis de las finanzas públicas griega, española, irlandesa, portuguesa y, en menor grado, la italiana. Una mirada detenida a los titulares de la prensa financiera muestra en un mismo día la existencia de tendencias opuestas en las señales de la economía internacional y sus interpretaciones. La racha de alzas y bajas son síntomas de la volatilidad de los mercados financieros que reflejan la reacción de un público inversionista que, ante los vaivenes de la economía no puede superar la incertidumbre y responde instintiva y emocionalmente ante lo que claramente es un problema sistémico, complejo y de larga duración.

Aunque la caída abismal en la que se encontraba la economía norteamericana a principios de 2009, perdiendo sobre 700,000 empleos mensuales, se ha detenido y comenzado a revertirse gradual y lentamente, la situación de decenas de millones de norteamericanos continúa deteriorándose. La Oficina del Censo acaba de publicar los datos sobre ingreso, pobreza y cobertura médica en los Estados Unidos. Los resultados, aunque alarmantes, eran de esperar. La crisis ha lanzado a millones de residentes de ese país al desempleo y la pobreza, aumentando dramáticamente también el número que carece de cobertura médica.

Entre diciembre de 2007, cuando comenzó la recesión, y diciembre de 2010 el número de personas desempleadas aumentó de 7.7 millones a 15.3 millones. Para agosto del año en curso la cifra había descendido a 14.9 millones. Sin embargo, este modesto descenso en el total de personas oficialmente desempleadas no toma en consideración a un grupo considerable de personas cuya condición laboral dista de ser la deseada.

Hablamos de los descorazonados, los marginalmente vinculados a la fuerza laboral y las personas empleadas a tiempo parcial que desean empleo a tiempo completo. Este conjunto aumentó de 6.4 millones en diciembre 2007 a 12.2 millones en diciembre 2008 y a 12.3 millones en agosto 2010. La tasa de desempleo y subutilización laboral combinadas refleja aumentos de 8.8% en Diciembre 2007 a 13.7% en diciembre 2008, a 17.3% en diciembre 2009 y un descenso a 16.7% durante agosto 2010.

Con la crisis el número de residentes de los Estados Unidos viviendo en la pobreza aumentó de 39.8 millones a 43.6 millones entre 2008 y 2009. La tasa de pobreza para 2009 (14.3%) es la mayor desde 1994. En el caso de una familia de cuatro, la pobreza es tener ingreso antes del pago de contribuciones menor de $22,000. Igual tendencia se refleja en el número de personas sin cobertura médica, el cual aumentó de 46.3% a 50.7% de la población estadounidense. El mayor aumento porcentual en la pobreza lo sufrió la población de origen hispano (+2.1%), seguidos por blancos y negros (+1.1%) en ambos casos. Por lugar de nacimiento, los nacidos en el extranjero que no son ciudadanos norteamericanos sufrieron el aumento mayor en la pobreza (+1.8%). Sin embargo, tanto los nacidos en USA como los nacidos en el exterior experimentaron el mismo aumento en el número de personas sin cobertura (1.3%). En cierta medida la crisis agravó tendencias existentes en la economía norteamericana. La mediana de ingreso familiar, a precios de 2009, descendió de $52,388 a $ 51,965 entre 1999 y 2007.  Una reducción de .8% en ocho años. Con la crisis descendió a $49,777 en 2009 una reducción de 4.2% en dos años.

Al ritmo estimado de recuperación, a los Estados Unidos le tomará por lo menos cinco años volver a los niveles de empleo previos a la crisis (Congressional Budget Office, 2010). Uno de los factores centrales a la crisis, el desplome del mercado inmobiliario, causó y sigue provocando, una pérdida masiva de riqueza lo que en gran medida explica el lento ritmo de la recuperación. Mucho del crecimiento anterior a la crisis fue impulsado por gastos de consumo sostenidos mediante la refinanciación de propiedades y la deuda en sus múltiples dimensiones: tarjetas, préstamos estudiantiles, financiación para la compra de autos, etc. El proceso de ejecución de hipotecas continua y el valor de las propiedades refleja una lenta recuperación.

La gran crisis de 2008-2010 lanzó nueve millones de seres humanos a la pobreza en América Latina y el Caribe durante el 2009 solamente. La OIT y el FMI (Julio de 2010) estiman en 230 millones el número de desempleados en el mundo, un aumento de 30 millones respecto a 2007 cuando comenzó la crisis. La destrucción de riqueza y la movilización de recursos para paliar la crisis, han sido enormes y continúan. En su edición del 3 de mayo de 2010, el periódico El País informa:

Los recursos movilizados para hacer frente a la crisis financiera superan el 25% del PIB en los pases desarrollados, según se desprende de los informes confidenciales elaborados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea.

Tratemos por un momento de imaginar lo que hubiera ocurrido con la economía mundial sin ese titánico esfuerzo de colaboración para evitar lo peor como el realizado por los G 20. En los USA ARRA, TARP y otros programas pesan fuertemente sobre la situación fiscal norteamericana y son, paradójicamente, motivo para la rebeldía populista conservadora contra los demócratas. Tratemos también de imaginar como Jumping Castle hubiese sido un mundo mejor ordenado, sin las dos guerras norteamericanas en Iraq y Afganistán que cuestan más de un trillón a esta fecha, en el que no hubiera ocurrido la crisis y todos esos recursos se hubiesen utilizados para combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible.

La Economía de Puerto Rico

Foto por Waldemar Alcobas

La economía de Puerto Rico entró en su segunda fase de recesión y crisis fiscal de los últimos treinta y seis años en 2006. Para enmendar la situación la administración de Luis Fortuño ha puesto en marcha un plan con doble objetivo: efectuar el ajuste estructural en las finanzas del gobierno y lanzar la economía por la senda del crecimiento (Lara 2009). Todo esto mediante la reducción del gasto público, imponiendo nuevas contribuciones, por medio de la privatización  (APP) y reducción del tamaño del gobierno, la liberalización de los permisos, la modificación de la ley de cierre, la propuesta reforma contributiva, la reforma laboral y la restructuración de los sistemas de retiro del sector público, especialmente maestros y gobierno central.

Hasta el momento, el éxito de la estrategia luce cada vez más remoto. Contrario a lo prometido, esta política ha intensificado la crisis económica, sin perspectiva de crecimiento elevado y sostenido en los escenarios de corto y mediano plazo. Peor aún, el ajuste neoliberal y neoconservador en proceso aleja del futuro previsible la posibilidad de un desarrollo económico y social justo, sostenible y democrático.

Lo que sí resulta claro es que el paso doble del Plan Fortuño realmente es algo más complejo, pues el efecto neto más importante de toda la restructuración económica que ocurre en Puerto Rico es la redistribución masiva de riqueza hacia los sectores estratégicamente posicionados para beneficiarse de la misma, los menos.

Estructura legislativa del Plan Fortuño

En el núcleo de este plan económico encontramos un conjunto de leyes aprobadas durante el pasado año y otras cuya aprobación será muy pronto:

• ·La leyes Núm. 1 y Núm. 2 de 15 de enero de 2009, que le permitieron al Gobierno ampliar la financiación disponible respaldado por el IVU, asignando a COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), a la mitad (2.75%) del 5.5% correspondiente al Gobierno central; y enmendar la ley de reforma fiscal de 2006 para permitir la utilización de la emisión de deuda para sufragar gastos operacionales gubernamentales.

• ·La Ley Núm. 7 de 9 marzo de 2009, Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico, que obliga a la reducción por $2,000 millones del gasto público. Esta ley es el motor de los despidos gubernamentales, de las nuevas contribuciones y, en parte, de la crisis universitaria.

• ·La Ley Núm. 9 de 9 de marzo de 2009, o Ley del Programa de Estímulo Criollo, la cual asigna $500 millones para estimular, principalmente, al sector privado de la construcción.

• ·La Ley Núm. 29 del 8 de junio de 2009, o Ley de Alianzas Público Privadas.

• ·La Ley Núm. 143 de 17 de noviembre de 2009, que enmienda la Ley Núm. 1 de 1 de diciembre de 1989, Ley para Regular las Operaciones de Establecimientos Comerciales, mejor conocida como la Ley de Cierre.

• ·La Ley Núm. 161 de 1 de diciembre de 2009, Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos.

Como señalara anteriormente, además de estas leyes, quedan pendientes una segunda fase de reestructuración de operaciones gubernamentales cuyo modelo fue elaborado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPAPR) en junio de 2008 (la primera vino y continuará con los recortes de presupuesto), una reforma laboral, una reforma contributiva, una reestructuración de los sistemas de retiro del sector público y una mal llamada reforma energética.

La reforma laboral buscará revivir la propuesta de la “semana comprimida”, mediante la reducción de la semana laboral de cuarenta horas en cuatro días laborales, la que retará el pago de tiempo extra luego de la octava hora diaria (Iniciativa pendiente desde mediados de la década de los noventa). Esta reforma denota la filosofía de armonizar el Código Laboral de Puerto Rico con el de los Estados Unidos, lo que resultaría en una mayor pérdida de derechos adquiridos, seguridad y estabilidad laboral.

Armonizar es término clave, dado que mucha de la política económica y social de este gobierno se elabora en función de la percepción de cómo funcionaría un estado de la unión norteamericana, en este caso, uno extremadamente pobre y conservador. Para tener idea de por dónde parece encaminarse esta reforma, recientemente El Nuevo Día reseñó al titular de la AAA sobre la situación de los 5,000 empleados de la agencia de cara a una APP. Según el funcionario en la AAA la “permanencia ya no existe”, no habrá aumentos salariales, los beneficios marginales y la jornada laboral podrían reducirse y habrá mayor rigidez para ascender dentro de la AAA.  En el contexto del mercado laboral puertorriqueño la reforma laboral, como mucha de las políticas aplicadas y que faltan por aplicar, contribuirá al progresivo deterioro de las condiciones de existencia de la llamada clase media.

La reforma contributiva «progresiva y propulsora del crecimiento económico» propuesta, que proveerá alivios contributivos a razón de $1,200 millones anuales durante seis años, para un total de $7,200 millones es un verdadero asalto a la razón económica y social. Asumiendo que el financiamiento de la misma sea viable y sostenible, cabe preguntar ¿cuál fue la necesidad de los ajustes impulsados por la ley #7, con las casi 20,000 cesantías del sector público, los recortes de presupuestos en las agencias que prestan servicios y todo el daño asociado por el efecto multiplicador y las expectativas negativas que impactan todavía el sector privado y toda la economía? Con la experiencia del limitado efecto estimulador que representaron las inyecciones de fondos FEMA de $1,375 millones durante 1998-99, los $1,200 millones del estímulo fiscal del presidente Bush inyectados en la economía del país durante los meses de junio-julio 2008 y el limitado efecto de los fondos ARRA, por consistir, en gran medida, de asignaciones directas a las personas para gastos, ¿cómo es posible pensar que alivios anuales de $1,200 durante seis, años harán crecer una economía con elevado nivel de endeudamiento y falta de correspondencia entre la producción doméstica y el consumo interno.

¿Cómo es posible hablar de reforma progresiva cuando los escenarios provistos en el propio mensaje del gobernador demuestran que el asalariado que gana $15,000 o la enfermera con ingreso de $20,000 anuales reciban beneficios acumulativos de $6,045 y $8,015 respectivamente al cabo de seis años, cuando una familia de dos proveedores con un dependiente e ingresos anuales de $100,000, cinco veces superior a la mediana de ingreso familiar de $18,314 en Puerto Rico para 2009, recibirá un total de $38,846 en alivios contributivos durante los seis años? ¿En qué cabeza cabe que reducirles las tasas contributivas a las empresas impulsará el crecimiento, cuando la historia económica de los últimos sesenta años ha dejado claramente que esa estrategia no funciona? ¿Quién le cree a las empresas que se quejan de pagar las tasas contributivas  más altas del mundo cuando deducen 92% de su ingreso bruto como costos operacionales y tributan solo sobre el restante 8%?

Tan reciente como el 10 de agosto Moody’s reclasificó los bonos del gobierno de Puerto Rico de una perspectiva estable a negativa por la situación de los sistemas de retiro del gobierno central, con una deficiencia actuarial de $17,000 millones. Si, en efecto, existen recursos identificados y disponibles para los $7,200 millones en alivios contributivos, ¿acaso no convendría mejor invertirlos en nuestros sistemas de retiro, salud, educación, seguridad, transporte colectivo y restauración ambiental? En fin para el desarrollo. ¿Acaso, una oportunidad de vida y desempeño productivo para toda persona apta no luce mejor que un peso en el bolsillo para gasto o pago de deudas? Celebrar la disponibilidad futura de unas monedas adicionales en el bolsillo, representa un acto de sarcasmo mayor cuando aun permanecen frescas en la memoria las escenas de trauma y frustración de miles de personas cesanteadas, a punto de perderlo todo, lanzadas a la pobreza por una política de ajuste fiscal que ahora resulta a todas luces acto cruel y carente de justificación alguna. Finalmente ¿cuán viable resulta una reforma contributiva con alivios de $1,200 millones anuales cuando el presupuesto vigente tiene partidas no recurrentes en sus fuentes de ingreso, incluyendo $1,000 millones obtenidos mediante la emisión de deuda de COFINA? ¿Se quedarán cruzadas de brazos las multinacionales afectadas por el nuevo arbitrio contra sus ventas? ¿Impugnarán la legalidad del mismo? ¿Alterarán la logística global de sus transacciones para evitar el nuevo gravamen? Cuando el gravamen expire en 2016 ¿de dónde saldrá el financiamiento para la reforma?

Las acciones correspondientes para atender la delicada situación actuarial de los sistemas de retiro no están aún definidas, habiendo sido propuesta, puesta en marcha y detenida la fusión administrativa de los sistemas central y de maestros. Desde la década de los noventa ha quedado latente, pero no declarada, la intención de privatizarlos y transformarlos de sistemas de beneficios definidos a sistemas de aportaciones definidas, como ilustra el caso del Sistema de Retiro en el 2000. En este último, que aplica a los servidores públicos de gobierno central contratados a partir de 2000, existe aportación laboral más no patronal y lo que le toque a la persona al momento del retiro dependerá exclusivamente del rendimiento de la cartera de inversión en la que se invirtieron las aportaciones. De esta forma el estado reniega de la responsabilidad social de asegurarle al empleado una estabilidad de ingreso durante sus años dorados.

Por último y no menos importante queda la situación de las fuentes y el costo de la energía en Puerto Rico. La queja continua de los empresarios sobre el alto costo del kilo vatio hora no se justifica. Comparar a Puerto Rico con los Estados Unidos continental es equivalente a comparar chinas con botellas. Si se compara con Hawai o Alaska, que al igual que Puerto Rico tienen en común no ser zonas contiguas continentales, vemos como ambas jurisdicciones tienen costos relativamente altos, especialmente Hawai que es comparable a Puerto Rico. Para quienes insisten en el gasoducto sólo basta recordar dos siglas CAPECO y CORCO. Ambas son ejemplo de la desacertada política energética seguida en Puerto Rico, el grave daño ambiental, la evasión contributiva y la pérdida de valiosos recursos. Como señala el destacado artista Rafael Trelles (2009) las ruinas de CORCO permanecen como «monumentos al fracaso» de la política energética e industrial aplicada en el país durante los último sesenta años. No existe razón alguna para pensar un futuro distinto para el caso de la irónicamente llamada «vía verde».

Indicadores de la economía de Puerto Rico

Contrario a los escenarios de crecimiento económico optimistas a principios de 2009, cuando el gobernador anunciaba que la economía crecería para 2010, la economía de Puerto Rico prosigue por la senda de la gran recesión. Durante el Año Fiscal 2009 la contracción continuó con un crecimiento de negativo 3.7%. Dato de dudosa veracidad pues en julio de 2009 la Junta de Planificación (JP) tenía una proyección de negativo 4.8% para el año que entonces concluía. Esto quizás ayude a entender la salida poco comentada del director de la División de Planificación Económica y Social de la JP, encargada de los pronósticos de crecimiento económico, entre otras cosas.

Para el Año Fiscal 2010, que concluyó en junio pasado, contrario al crecimiento de .4% que aseguran las proyecciones de la JP, la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist augura una contracción mayor con negativo 5.8%, que dejaría a la economía de Puerto Rico sola por encima de Haití en materia de crecimiento económico en el hemisferio. Recientemente, la prensa daba el parte de la caída en el índice de actividad económica durante el mes de julio. El cual, luego de un espurio repunte de tres meses, lleva dos de descensos consecutivos. El último, el de julio, reflejó la caída mensual más pronunciada desde que comenzó la crisis en 2006.

En el plano fiscal el descenso también continúa. Aunque los recaudos del AF 2010 cerraron levemente superiores a los de 2009 ($17.5 millones más para ser exactos) los dos primeros meses del año fiscal 2011, Julio y Agosto, reflejan una caída en los recaudos de $209 millones,  -18.4%, comparado con los mismos meses hace un año. Entre AF 2007 y AF 2010 el Fondo General ha perdido $1,171 millones de ingresos netos como consecuencia de la gran recesión, nuevas leyes de exenciones contributivas y la asignación de la mitad de los recaudos del IVU correspondientes al gobierno central al servicio de la deuda de COFINA.

La retórica oficial que reclama “haber salvado el crédito de Puerto Rico” se derrumba aceleradamente. En primer lugar, la reclasificación positiva de los bonos del ELA fue resultado de la acción legal exitosa de California y Connecticut, contra las agencias clasificadoras que discriminaban contra los bonos emitidos por el sector público. En segundo lugar, el pasado 10 de agosto Moody’s cambió la perspectiva de los bonos del ELA, unos $29,000 millones de estable a negativa, por la situación actuarial de los sistemas de retiro, especialmente gobierno central y maestros.

El mercado laboral exhibe tendencias alarmantes como consecuencia de la crisis y la política de ajuste neoliberal que le agrava. Entre AF 2006 a AF 2010 se han perdido 107,300 empleos en la economía de Puerto Rico, reducción equivalente al 10.2% del total. De todos estos años el peor, hasta ahora, ha sido AF 2010, con una pérdida de 49,900, equivalente a 46.5% del total. La reducción ha sido mayor en el sector privado en donde se perdieron 85,500. En el sector público la pérdida ha sido de 21,700, de los cuales 14,500 ó el 66.8%, desaparecieron durante el año fiscal 2010 como resultado del ataque frontal contra el servicio público lanzado por esta administración.

La tasa de desempleo oficial, que actualmente ronda casi el 17% no capta la verdadera dimensión del drama del desempleo en la economía de Puerto Rico. La realidad es que decenas de miles de desempleados y desempleadas han abandonado la fuerza laboral. Estadísticamente no cuentan para el cálculo de la tasa de desempleo. Si enfocamos el asunto desde lo que representa la tasa de empleo, el por ciento de la población apta para trabajar que trabaja, el drama sale a la luz. De 42.5% en el Año Fiscal 2006 ésta ha descendido a 35.7% en el 2010. Es decir, en 2006 de cada 100 personas aptas 42.5 trabajaban y en 2010 solo 35.7 lo hacían. Para cerrar esta reflexión cabe señalar que el desempleo es la variable más importante determinante de la desigualdad. A mayor desempleo mayor desigualdad en la distribución del ingreso por el descenso en los salarios nominales y reales que ocasiona el exceso de oferta laboral. El grave problema del desempleo es la causa principal para la abarcadora condición de pobreza que sufre 45% de la población y que la política neoliberal del gobierno Fortuño esta acentuando.

Lecciones históricas de la economía mundial

Los problemas fundamentales que llevaron a la economía norteamericana y mundial a la crisis de la cual apenas emergen no han sido corregidos aún, como lo demostró la reciente crisis de las finanzas públicas en varios países de la zona euro. Y es que aunque se han dado pasos hacia la reforma Bouncy Castle For Sale financiera todavía el sistema carece de los controles correspondientes. Para agravar el panorama una oleada conservadora fiscal amenaza con reducir el gasto público justo cuando la economía mundial más lo necesita. El peor enemigo del capitalismo es el capitalismo mismo: la falta de regulación y control estatal lo dejan a merced de fuerzas autodestructivas inherentes a su condición, que arrastran al mundo, una y otra vez, hacia la catástrofe económica, social y ambiental. Peor aun, la crisis, lejos de convertirse en disuasivo contra las políticas neoliberales que la engendraron, ha servido para intensificar la restructuración neoliberal que prosigue su curso hacia los sistemas de retiro, los mercados laborales y el tamaño del estado, en economías claves del sistema mundial.

Para entender la vocación autodestructiva del sistema de libre mercado basta comparar el desempeño económico en la época dorada de la economía mundial capitalista durante la posguerra —desde 1947 a 1973— con su desempeño desde 1974 al presente. Dicha época dorada todavía se mantiene como la de mayor crecimiento económico registrado en la historia de la humanidad. Los artífices de la política económica y financiera internacional de la posguerra, plasmada en la conferencia de Bretton Woods (1944), vivieron a grandes rasgos el periodo de 1914 a 1945, descrito por el gran historiador Eric Hobsbawm en The Age of Extremes (1994) como la Guerra de los Treinta y un Años. Misma que comprende desde la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, el fiasco de la reconstrucción europea, la hiperinflación alemana, el fascismo, la Gran Depresión, hasta la Segunda Guerra Mundial con el inicio del terror nuclear.

Los artífices de Bretton Woods, incluyendo a John M. Keynes, claramente entendieron que el capitalismo necesitaba de un marco regulador bien definido y estricto a escala mundial, que solamente podían proveer los estados nacionales en un estrecho marco de cooperación; hecho que se acentuó posteriormente con el advenimiento de la Guerra Fría. La combinación de elementos de la social democracia, la planificación central y del libre mercado fueron factores determinantes de la época dorada de la economía mundial capitalista (Hobsbawm), y propiciaron un crecimiento económico acelerado, restringiendo la vocación autodestructiva del capitalismo del libre mercado sin controles.

El advenimiento de la globalización neoliberal como resultado de la pérdida de controles sobre el capital financiero luego del colapso de Bretton Woods (1971 a 1973), desencadenó nuevamente ese potencial autodestructivo, preparando el camino para una sucesión de crisis económicas y financieras cada vez más severas.

Luego de la crisis del sector de la alta tecnología (2000-2001) y bajo la mirada complaciente de la nueva administración Bush y del Congreso, el capital se replegó hacia el sector inmobiliario. Con la crisis de 2001, la Reserva Federal realizó una gran expansión monetaria y se otorgaron las rebajas contributivas regresivas de 2001 y 2003. En la visión de Alan Greenspan y Ben Benanke, la función de la banca central no es la de intervenir para evitar la expansión de una burbuja financiera. Para Greenspan lo contrario significaba apostar contra el mercado, algo impensable. Ambos entendían que la banca central entraría en acción luego de reventada la burbuja para limpiar el reguero.

La falta de regulación propició que la “ingeniería financiera” norteamericana convirtiera la deuda de todo tipo y nivel de riesgo en colateral vendiéndoles al resto del mundo $27 trillones en instrumentos financieros, muchos de ellos tóxicos, entre 2000 y 2008. Al caer Lehman Brothers en septiembre de 2008, la tormenta financiera norteamericana arrastró la economía mundial hacia el abismo. A esta fecha,  la fragilidad del sistema financiero sigue siendo el principal riego sistémico para la economía mundial.

La política económica neoliberal y las operaciones irrestrictas del capital financiero engendraron así un monstruo de varias cabezas que amenaza la todavía frágil economía mundial. Aún antes de la gran crisis de 2008-2010 era evidente que la receta ortodoxa de más gasto militar, menos contribuciones, menos regulación y menos gobierno no funcionaba. La recuperación, luego de la recesión de 2001, quedó como la de menor creación de empleos registrada hasta el momento por lo que se le ha llamado The Jobless Recovery, acompañada por el estancamiento en los ingresos de las familias norteamericanas trabajadoras y clase media trabajadoras.

Irónicamente, ninguna presidencia con una política neoliberal ha logrado balancear el presupuesto y generar superávit. Solo la presidencia de Bill Clinton, qe aumentó las contribuciones, logró, por primera vez en cuarenta años, cuadrar el presupuesto del Gobierno federal y generar un superávit igual a 2.4% del PIB ($236 billones) en el año 2000 (destinado a fortalecer los sistemas de seguridad social). Durante la presidencia de Clinton se produjo la más larga expansión de la economía norteamericana en el período pos Segunda Guerra Mundial y el nivel más bajo de desempleo, 4.2%, desde 1969. Sin embargo, fue desde esa presidencia que se tomaron medidas, como la derogación de la ley de regulación financiera de la era de la Gran Depresión, la ley Glass Steagal, que abonaron el terreno para el colapso de 2008.

Hasta el momento, el legado fiscal de la crisis del capitalismo neoliberal en los Estados Unidos y sus dos guerras, es un déficit de presupuesto igual al 9.9% del PIB ($1.5 trillones). La deuda nacional norteamericana aumentó de $5.6 trillones en 2000 a $10 trillones en 2008 y $13.7 trillones en 2010.

Además del deteriorado nivel de vida de la población y el sombrío futuro para la economía y sociedad norteamericana, los excesos del capitalismo neoliberal se han dejado sentir con el peor desastre ambiental de la historia de los Estados Unidos: el derrame petrolero en el golfo de México. ¿Cuánta calamidad será necesaria para aceptar que la teoría y la política económica neoliberal, basadas en el culto al libre mercado, están fundamentalmente equivocadas y corren contrarias a los mejores intereses de la humanidad?

En Puerto Rico, ¿luz al final del túnel?

La contestación a esta pregunta se acerca cada vez más a una negativa. El 2010 es el último año de los fondos ARRA. El cuadro fiscal estadounidense, unido a la tenaz oposición a mayor gasto público y la posible pérdida de control de los demócratas sobre el congreso, dificultarán otra iniciativa de igual magnitud próximamente. Mientras, la economía norteamericana se debate entre la recuperación y la doble caída, Puerto Rico aparenta haber perdido la oportunidad de un arranque sincronizado con ésta (Lara 2009). Peor aún, el Gobierno de Puerto Rico está cercano al límite en sus posibilidades de financiación mediante emisión de deuda —sin afectar su maltrecha clasificación crediticia— lo que limita su capacidad para aplicar la política fiscal pro crecimiento.

La deuda pública bruta (Gobierno Central, Corporaciones Públicas y Municipios) alcanzó preliminarmente para 2009 el 84% del Producto Nacional Bruto, nivel superior al existente cuando se desató la primera crisis fiscal a principios de los setenta. La mitad de los recaudos del IVU ($550 millones de los $1, 091,826 en Año Fiscal 2010) se asignan prioritariamente al servicio de la deuda de COFINA, que ascienden a $14,700 millones. El monto del servicio de la deuda emitida en este renglón, hasta el momento, crecerá a razón de 4% anual según los acuerdos suscritos, irrespectivo a los recaudos del IVU. La alta clasificación crediticia relativa de los bonos de COFINA proviene de la garantía de que su servicio está ligado a el crecimiento en los gastos de consumo y no del crecimiento económico y , de ser necesario, la totalidad de esos recaudos podrían destinarse a cumplir con el servicio de esta deuda.

Mientras los recaudos de Hacienda continúan en picada, los correspondientes al IVU representan mucho menos de lo esperado ($275 millones por el lado de las ventas) debido a la evasión, problema generalizado en nuestro sistema contributivo, y que evidencia la falta de voluntad política para enfrentar correctamente el grave problema fiscal por el lado de los ingresos. Tampoco existe estrategia para cobrar los $3,600 millones en deuda contributiva.

El Absurdo de la Política de Ajuste Neoliberal

Es un reto para la imaginación entender cómo se pudieron tomar $1,000 millones prestados para liquidar los beneficios de las 30,000 personas que potencialmente planean despedir del Gobierno, a la vez que se pretende reducir el gasto público en $2,000 millones. El informe de Standard & Poor’s de finales de 2008 le advertía al Gobierno entrante que, dada la importancia del sector público en la economía del País, no debía recortar el gasto público hasta que el sector privado comenzara a crear empleos, pues ello agravaría el problema de la recesión y los recaudos. Hasta la fecha sólo se ha recortado el gasto en $1,200 millones y, a pesar del grave deterioro económico, la administración Fortuño no ha dado señales de haber desistido de efectuar $800 millones de recortes adicionales, para llegar a los $2,000 millones prometidos a los bonistas.

Consciente de este malabarismo de alto riesgo, la administración corrió a contratar expertos para elaborar un documento que recogiera lo que sería su estrategia de desarrollo: el Modelo Estratégico para la Nueva Economía (septiembre de 2009), que irá a acompañar documentos similares de distintas administraciones en los anaqueles de las bibliotecas (las que sobrevivan esta debacle) en el reino del olvido.

La visión generalmente aceptada de desarrollo económico y social en las economías relativamente maduras supone el aumento de la productividad, la riqueza, el nivel de ingreso, la equidad y calidad de vida de la población. Hablar de desarrollo y crecimiento en el contexto actual de la política económica del Plan Fortuño, equivale a tratar de construir un edificio a la vez que se destruye su zapata. La suma de la legislación antes discutida apunta hacia una de las redistribuciones de riquezas más abarcadoras y regresivas efectuadas en la historia moderna del País, y evidencia el objetivo de restablecer condiciones de explotación absolutas sobre la fuerza laboral y los recursos, promoviendo mayor desigualdad, polarización y conflicto social. Como reestructuración neoliberal, el alcance del Plan Fortuño sobrepasa el de administraciones anteriores como la de Pedro Roselló, que promovió la privatización, la desreglamentación y una fuerte inversión en infraestructura y que, aunque implantada en años de crecimiento económico, fue incapaz de evitar que la economía de Puerto Rico entrara en fase de desaceleración desde el 1998, levemente interrumpida por las inyecciones de fondos a raíz del huracán George. Si aquella política no propició crecimiento sostenido, ¿qué puede lograrse con su réplica potenciada en el panorama actual?

El consenso a escala global reconoce que las consecuencias de las políticas neoliberales y su terapia de shock, donde sean aplicadas, son nefastas para la ciudadanía, especialmente para los sectores pobres y asalariados, las capas medias, los pequeños y medianos negocios y el medioambiente. En Puerto Rico esta ofensiva se lanza a partir de la consigna del “gigantismo gubernamental”, conclusión errónea al analizarse el tamaño del Gobierno desde cualquier ángulo, ya sea en relación al tamaño de la economía, la poblacional o la carga fiscal.

El Plan Fortuño procura intensificar el modelo de socialización de costos y privatización del beneficio, sobre el que descansa nuestra economía desde los orígenes de Operación Manos a la Obra, llevándolo a su extremo neoliberal al eliminar mecanismos mitigadores de desigualdad vía el desmantelamiento del sistema de administración y prestación de servicios públicos. Este curso continúa aunque quiebre la economía, arroje al País a una mayor dependencia de los fondos federales, se fuerce una mayor emigración de gente laboriosa, talentosa y educada, y se someta al resto a condiciones laborales de precariedad.

Vemos con esta iniciativa el enorme costo del ajuste que imponen el gran capital y sus aliados. Exigen y obtienen exenciones contributivas, subsidios de toda índole, liberalización de sus operaciones, entrega del patrimonio público, menor protección laboral y ambiental, un sistema contributivo cada vez más regresivo, bajo la amenaza de cierre y reubicación en localidades menos costosas. Así desangran las arcas públicas, intensificando la crisis fiscal y la incapacidad de crecimiento económico mediante el gasto público, pavimentando el camino para el desmantelamiento progresivo del sector público y el avance de la privatización mediante la crisis fiscal autoinfligida. Mientras esto ocurre, la situación de miles de familias en Puerto Rico continúa en franco deterioro. El por ciento de la población viviendo en la pobreza, que antes de estallar la crisis se situaba en 44.8% (Censo 2009) debe ir en aumento ante la pérdida masiva de empleos en los últimos cuatro años. Si la situación en la economía norteamericana es alarmante, con un por ciento de pobreza de 14.3 % y una mediana de ingreso familiar de $49,777, imaginemos las consecuencias de la crisis y los ajustes neoliberales en marcha en Puerto Rico, con tres veces la pobreza de los USA y una mediana de ingreso de $18,401.

Paralelo a esta reestructuración, avanzan el discurso y las políticas neoconservadoras de mano dura, represión de disidencia y la desarticulación de visiones y proyectos orientados a la transparencia, la crítica y las alternativas: Colegio de Abogados, G-8, Comunidades Especiales, Instituto de Cultura, Movimiento Obrero, UPR, Procuradurías, WIPR, Instituto de Estadísticas, derechos reproductivos entre otros. La lección es clara: neoliberalismo y neoconservadurismo son caras de la misma moneda.

Conclusión

Es importante comprender que los procesos económicos y sociales puestos en marcha, en Puerto Rico y escala mundial, no son el devenir de leyes ciegas y objetivas del mercado, sino el producto de las acciones de seres humanos que representan intereses de grupos privilegiados con una ideología o visión de mundo según la cual su prosperidad es sinónimo de la prosperidad de todos. Estamos, muy probablemente, ante la ofensiva más abarcadora y profunda de la reestructuración neoliberal y neoconservadora que, con intermitencia, viene efectuándose desde la década del setenta, cuando se publicó el Informe del Comité Tobin (1975).

La crisis mundial amenaza con erosionar el alcance logrado en la reivindicación de reclamos de justicia social enmarcados en el crecimiento del estado benefactor, una de las largas marchas hacia el progreso durante el siglo XX. Cabe señalar cómo en Europa, países baluartes de la social democracia como Alemania, Francia y España se mueven en dirección de la reducción de beneficios y protecciones para sus respectivas clases trabajadoras. La xenofobia y el fascismo cobran fuerza en este alterado cuadro económico y social mundial. La crisis, aparentemente, lejos de servir para ayudar a enterrar la obsoleta ideología neoliberal, le ha fortalecido. Más cercano a Puerto Rico, los cambios que se avecinan en Cuba, ponen en jaque lo que queda del antiguo modelo socialista soviético en el Caribe y el hemisferio.  Esta renovada embestida neoliberal es algo lógico si de algo nos sirve la historia. A lo largo de muchos siglos de experiencia hemos visto como todo proceso de reforma genera la contra reforma y como toda revolución engendra dialécticamente la contrarrevolución.

El colapso del antiguo modelo del mal llamado socialismo soviético, desde finales de la década de los 1980 y ahora en Cuba, no borran las graves injusticias y la barbarie de los sistemas económicos y sociales que anteponen el lucro desmedido al bienestar común. La crisis ha mostrado fehacientemente, que la acumulación salvaje de riqueza impuesta por el capitalismo neoliberal, falto de controles y restricciones, resulta nefasta para la humanidad. Hoy más que nunca, y a pesar del cuadro adverso que esta realidad así entendida nos plantea, no estamos solos en la búsqueda de la justicia, la democracia y el bien común.

El reclamo mayor de lo que deberían ser derechos ciudadanos básicos e inalienables a la altura del siglo veintiuno: el empleo pleno, decente y seguro, un lugar adecuado para vivir, acceso al mejor sistema de salud posible, educación vitalicia y de excelencia para todos, más tiempo libre y un retiro con dignidad, seguirán vivos mientras exista humanidad.

Puerto Rico cuenta con las condiciones necesarias para comenzar a enmendar la crisis sin necesidad de recurrir a políticas extremas, regresivas y punitivas. Sin embargo, la resistencia que enfrentan las numerosas propuestas viables presentadas por diversos grupos para solucionar la crisis, demuestra que no estamos ante una falta de iluminación intelectual, sino ante una instancia de asalto a la razón, entendida desde la perspectiva del bien común. Tenemos un problema fundamentalmente político, de relaciones de poder. La opción de una salida consensuada continúa a la mano. Así se hizo al finalizar el terrible período de 1914 a 1945 en la economía mundial, así lo están haciendo pueblos hermanos latinoamericanos y así puede lograrse para Puerto Rico en la segunda década del siglo xxi.