Desplazamiento en Río Piedras: entre la burocracia y el desamparo

Las calles de Río Piedras se tambalean entre la nostalgia y la indignación. En los rincones de este barrio histórico, el eco de las promesas incumplidas resuena con más fuerza que un bombazo en El Boricua. Los líderes comunitarios, respaldados por la Ley Especial para la Rehabilitación de Río Piedras de 1995, están hartos. Cansados de las buenas intenciones que no se materializan, denuncian un nuevo fracaso de las autoridades municipales para proteger a los residentes frente al cada vez más inminente desplazamiento.

La ordenanza aprobada el 16 de septiembre por la legislatura municipal de San Juan, que dijeron que sería un alivio para el problema de la vivienda asequible, ha sido recibida con escepticismo. Según la presidenta de la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, Jackie García, esta medida es un parche temporal que no toca el verdadero corazón del asunto: «El programa aprobado no atiende de raíz la amenaza diaria que sienten residentes, comerciantes y estudiantes de perder sus casas. En menos de 30 días, pueden verse obligados a mudarse por un aumento del 100% en la renta mensual».

La crítica principal se centra en la desconexión entre las políticas adoptadas y las realidades de la comunidad. Aunque el programa se ampara en la Ley 75 para la rehabilitación de Río Piedras, parece haber olvidado su espíritu. Esta ley establece claramente que el desarrollo del barrio debe ser una empresa conjunta entre el gobierno y la ciudadanía, promoviendo la participación activa de los vecinos en decisiones cruciales. Sin embargo, el proyecto fue discutido y aprobado en cuestión de días, sin que las voces de la comunidad fueran tomadas en cuenta.

Andrea Bauzá, presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, fue tajante al respecto: «Este programa no evita los desahucios ni frena el aumento desmedido de las rentas. Lo que hace es regular el precio de un alquiler por un año, pero ofrece incentivos a los arrendadores por cinco, sin ningún tipo de fiscalización». Es decir, mientras el inquilino sufre el incremento, los propietarios reciben beneficios sin restricciones.

Lo que realmente duele, comenta Bauzá, es que la comunidad ya tenía en sus manos una solución viable: una propuesta de estabilización de renta, fundamentada en estudios exhaustivos que reflejan las condiciones del mercado y la calidad de vida de los residentes. Este proyecto fue discutido con el alcalde Miguel Romero Lugo en octubre de 2023, quien, en ese momento, pareció receptivo. Sin embargo, casi un año después, la propuesta sigue acumulando polvo en algún cajón del ayuntamiento, mientras los desalojos continúan.

Rodolfo Vázquez, representante de la comunidad del Casco Urbano, fue claro en su llamado: «Pedimos al alcalde y a la legislatura que se sienten con nosotros la próxima semana. No podemos seguir esperando. Nuestra propuesta está respaldada por la comunidad y es la única que realmente ataca el problema de raíz».

Mientras las autoridades juegan a la política, las familias de Río Piedras continúan viviendo con la incertidumbre de si mañana seguirán teniendo un techo. Los estudiantes, los comerciantes, los ancianos; todos ellos están a merced de un sistema que, aunque se presenta como la solución, parece estar más interesado en proteger los intereses del mercado inmobiliario que en salvaguardar el futuro de sus ciudadanos.

Río Piedras no es solo un barrio; es un símbolo de resistencia cultural y social. Pero en medio de esta batalla por la supervivencia, el sentimiento general es de desprotección. Y la pregunta en la mente de todos es la misma: ¿Cuánto tiempo más podrán aguantar antes de que el desplazamiento se convierta en una realidad irreversible?