Discrimen contra abogadas: ¿gajes del oficio?

Recientemente tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a los jueces y juezas de nuestro Tribunal Supremo dirigir la vista sobre la constitucionalidad de la ley que enmendó la fórmula del plan de retiro de la judicatura. De lo que aconteció en la vista se ha hablado y discutido mucho. Entre las múltiples reacciones, tuvo especial relevancia el rechazo popular al trato recibido por la Procuradora General, Lcda. Margarita Mercado Echegaray, quien argumentó a favor de la constitucionalidad de la ley. He leído en las redes sociales comentarios de personas que compararon el trato con el bullying; otras se quejaron de que no la dejaran hablar; y otras la felicitaron por haberse mantenido firme ante el claro ataque, a veces a coro, a sus argumentos. Los más condescendientes la felicitaron por ganarse la simpatía de la gente. Agradezco que, por primera vez, las personas hayan tenido la oportunidad de ver ciertas dinámicas de género que lamentablemente, al día de hoy, campean por su respeto en las salas de nuestros tribunales y que, a pesar de ciertos esfuerzos legítimos no han desaparecido.

Lo primero que quiero destacar es una realidad ineludible: las mujeres vamos en avanzada dentro de la profesión legal. No solo cada día son más las mujeres que deciden estudiar Derecho, sino que ya no es extraño que clientes y clientas nos prefieran para representarles. Además, las abogadas talentosas se destacan y se ganan el respeto de sus pares, jueces y juezas. Yo misma he tenido la fortuna de encontrar muchas así en mi camino profesional. Pero eso no quita que aún persista un ambiente discriminatorio contras las abogadas que, no obstante nuestros talentos y capacidades, nos impone una carga más onerosa al ejercer la profesión legal en comparación con nuestros pares varones.

La Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico tuvo la dicha de organizar el 1er Encuentro de Mujeres Estudiantes de Derecho. Allí, estudiantes y abogadas egresadas de las tres escuelas de Derecho del país, intercambiamos experiencias como integrantes de la profesión legal. Básicamente todas estuvimos de acuerdo en que, en algún momento de nuestras carreras, habíamos recibido trato discriminatorio, tanto de profesores como de pares.

De hecho, cuando algunas de las estudiantes comenzaron a reclutar a otras de sus compañeras para sus organizaciones de estudiantes mujeres, algunas fueron víctimas de una campaña de odio de estudiantes varones que utilizaron las redes sociales para burlarse sistemáticamente de ellas. Allí las estudiantes entendieron que mientras mejor organizadas estén, más herramientas tendrán para lidiar con las burlas y los obstáculos por razón de su género.

En ese contexto, no es cualquier cosa que las personas que vieron la vista sintieran que la Lcda. Mercado Echegaray había sido víctima de bullying. De hecho, el reconocido profesor constitucionalista Carlos Ramos llamó la atención en un programa de televisión, a que mientras al abogado de la parte demandante se le permitió realizar una larga exposición introductoria de casi quince minutos, a la Procuradora apenas se le permitió presentarse cuando ya estaba siendo bombardeada por preguntas. Hay quien ha dicho que situaciones así son gajes del oficio, que no es raro que los jueces te increpen con preguntas y que si quieres este oficio tienes que tener el cuero duro. Todo eso podría ser cierto. Pero nada de eso justifica ni valida un trato discriminatorio. En cualquier tribunal de instancia, y ante una situación similar, la abogada hubiera tenido la oportunidad de solicitar tiempo igual para exponer sus planteamientos y, por mi experiencia, esa oportunidad se le hubiera otorgado. Así, la Procuradora se vio obligada a hilvanar sus argumentos de manera fragmentada y algo atropellada; y a resistir una invitación reiterada, al menos en tres ocasiones, a allanarse a la posición de la otra parte. Ello, por supuesto, a pesar del “cariño” que le profesó en plena vista uno de los jueces del Tribunal. No obstante, la Procuradora mantuvo un temple que me hizo sentir verdaderamente orgullosa.

Me preocupa el mensaje que se pudo haber enviado a las personas que integramos la profesión legal, en especial, a los y las estudiantes de Derecho, pues a pesar de los esfuerzos, todavía nos queda un largo trecho hacia la equidad en la profesión legal.

He sido testigo de situaciones extremadamente problemáticas: un abogado dueño de bufete que, a pesar de desconocer los detalles de cierto caso, manda a callar a su abogada empleada, en pleno juicio, a pesar de ser ella quien conocía el caso de rabo a cabo; gritos amenazantes en medio de una deposición y conducta condescendiente hacia abogadas o referencias a su físico. Problemáticos resultan también los acercamientos sexuales no deseados o cuando se hace referencia al atractivo físico de una compañera abogada.

Sé que no solo las mujeres abogadas hemos experimentado gritos en una deposición. De hecho, a cada rato, podemos ver cómo dos abogados se enfrascan en una pelea de gallos en plenas vistas. Mi planteamiento va más allá. Por demasiado tiempo hemos validado maneras machistas de practicar el Derecho y algunos se han convencido de que la manera más efectiva de adelantar los derechos de sus clientes y clientas es a través del atropello, de los gritos, el desdén y la degradación de la otra parte. Esta visión patriarcal de la profesión atraviesa tanto a abogados como a abogadas.

Estoy segura de que las abogadas que comenzaron sus carreras desde muy jóvenes sabrán a lo que me refiero cuando hablo del trato condescendiente de parte de colegas. Se nos ha dicho “nena”, “mi amor”, “cariño”; se nos ha tocado en el hombro para supuestamente convencernos de que estamos equivocadas, y si nos exasperamos, somos histéricas o inmaduras. Una vez, harta de recibir instrucciones sobre el manejo de cierto caso, le pedí al abogado de la otra parte que me indicara dónde en las Reglas de Procedimiento Civil se indicaba que yo era su empleada. Otra compañera recibió la instrucción expresa de preparar cierto documento, pues según el abogado de la otra parte, a ella le sobraba el tiempo que a él le faltaba; otra compañera me contó que, al terminar de argumentar su posición recibió el comentario de un abogado a los efectos de que era excitante ver a “mujeres fogosas”. Hay quien piensa que ciertos tratos provienen de una generación que no estaba tan consciente sobre los asuntos de género. Pero, lamentablemente, he visto actitudes similares de parte de abogados muy jóvenes que tratan distinto a sus pares mujeres y se comportan con más deferencia hacia sus pares hombres. Reproducen en sus actitudes lo peor de nuestra profesión. En otra ocasión, luego de argumentar de manera vehemente a favor de mi cliente, una abogada, sí, abogada, me indicó que lo mejor era que no me presentara tan agresiva ante el juez, que eso a él no le estaba gustando, ello a pesar de que el otro abogado se había mostrado sumamente altanero en todas las vistas del caso. Lo que para mí era vehemencia, para ella era una agresividad que me ponía en desventaja.

Así, el mismo mensaje sobre la visión estereotipada de lo que debe ser una mujer -abogada o no- nos llega por distintas vías. En efecto, la supuesta agresividad –en vez de vehemencia o contundencia- nos es vedada. Es por eso que hay compañeras que recurren a lo contrario, a lo que por ahí se dice, a reír las gracias o hacerse la loca. Y así todas y todos somos cómplices de un sistema discriminatorio que, para algunas mujeres, es nefasto. Estoy convencida de que si las cosas fueran diferentes serían mucho menos las abogadas que dirían que “no les gusta” el litigio.

Durante una de las asambleas recientes del Colegio de Abogados y Abogadas, la Comisión de la Mujer auspició un seminario de educación jurídica en el que expusimos cómo el trato discriminatorio de parte de abogados y abogadas podía constituir faltas éticas en el ejercicio de la profesión legal. Recientemente me enteré con alegría de que en el Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico –precisamente a instancias del Colegio- se incluye como conducta impropia incurrir en discrimen por razón de raza, color, nacimiento, origen o condición socio-económica, ideas políticas o religiosas, condición física o impedimento, edad, género u orientación sexual, respecto a clientes, litigantes, testigos, miembros de la judicatura, abogados y abogadas de las demás partes, jurados y personal del tribunal, durante el transcurso de un proceso judicial o administrativo.

Sin embargo, es sumamente importante destacar que el discrimen debe ser interpretado en términos amplios para incluir aquellos actos sutiles, condescendientes, que tienen efectos nocivos contra las abogadas y el sano devenir de los procesos judiciales. Esto que expongo no es nuevo.

Basta con revisar lo que, desde 1995, está debidamente documentado por la propia Rama Judicial. El informe sobre “El discrimen por razón de género en los tribunales” del país se dedicó todo un capítulo a la interacción entre hombres y mujeres en los tribunales. Entre sus hallazgos, incluyó:

La interacción cotidiana en los tribunales está marcada por actitudes sexistas que pasan inadvertidas o no se cuestionan y que operan por norma general contra las mujeres. Estas asumen múltiples formas: tuteo y trato informal, uso de palabras de encariñamiento, uso particular de ciertas formas lingüísticas, lenguaje no verbal, expresiones y bromas sexistas, y piropos, entre otras.

Se da trata de voces cargadas afectivamente que no se utilizan con la misma frecuencia aplicada a varones, menos aún en los tribunales, y que esconden muchas veces actitudes de condescendencia y visiones negativas respecto a la capacidad intelectual de las mujeres o que dan refuerzo a estereotipos sexistas que operan en contra de ellas.1

Las escuelas de Derecho tienen una obligación de tener una política antidiscriminatoria y ejercerla y enseñar a sus estudiantes que el discrimen viola la ética en la profesión. Eso significa que los llamados boys’ clubs -que excluyen a profesoras y que luego se reproducen en la práctica de la profesión- deben ser desterrados de las escuelas. También los decanos y decanas de las escuelas de Derecho deben incentivar con cursos y actividades extracurriculares para que el estudiantado pueda asumir una perspectiva de género tanto en sus estudios como en la profesión.

Por nuestra parte, las abogadas tenemos como obligación la solidaridad entre nosotras; evitar convertirnos en reproductoras de ciertos patrones discriminatorios que solo tienen el potencial de lacerar nuestras posibilidades. Colaborar con las estudiantes y abogadas jóvenes. No mostrar complicidad con prácticas machistas, ni seguirle el juego. Los compañeros varones deben tomar conciencia de sus privilegios y negarse a hacerse eco de chistes sexistas, acercamientos sexuales no deseados, trato condescendiente hacia las abogadas y, en términos generales, dar un trato distinto a un o a una colega según sea su género.

Finalmente, recae sobre los funcionarios y funcionarias del Tribunal, incluyendo aquellos que componen a nuestro Tribunal Supremo, demostrar que en los tribunales no hay espacio para un trato discriminatorio; que el respeto hacia la humanidad de cada cual es requisito fundamental para un sano devenir de los procesos judiciales. En estos tiempos, toda oportunidad cuenta. Ninguna se puede desaprovechar. El discrimen no se puede despachar como meros gajes del oficio.