El imaginario prohibicionista y la despenalización de la marihuana
Hace casi diez años publiqué un libro, El espectro criminal,1 en el que abordé desde una perspectiva interdisciplinaria las problemáticas relativas a la ideología prohibicionista y los excesos del derecho penal. Esta obra la inicié mientras completaba estudios doctorales en España, dando continuidad a un proyecto intelectual mucho más abarcador y complejo, iniciado varios años antes.2 Me animaba el deseo de contribuir a los esfuerzos a nivel local e internacional por desmitificar el fenómeno histórico, político y social de la guerra contra las drogas ilegalizadas y alertar sobre las consecuencias psicosociales de la criminalización de sus usuarios. Quise traer a la atención general otra dimensión del “problema” de las drogas, desde una perspectiva más sensible ante la vida humana, más considerada sobre la compleja naturaleza de la vida social, y acorde con los principios jurídico-políticos de los derechos civiles y humanos; en contraste con los discursos oficiales que opacaban e imposibilitaban acercarnos al tema sin temor a represalias y acosos.
Los objetivos que tracé no han variado en lo absoluto, a saber: confrontar los prejuicios culturales sobre los que se asienta la ideología prohibicionista y animar cambios sustanciales en las mentalidades represivas que la celan, la preservan y la perpetúan. Los requerimientos esenciales de esta ambiciosa empresa siguen siendo los mismos: honestidad intelectual, integridad ética y voluntad política. Las conclusiones a las que llegué hace más de diez años también siguen siendo las mismas. He dictado conferencias en universidades y publicado numerosos artículos en los principales medios de información del país, reiterando las denuncias al fracasado proyecto prohibicionista y a la mentalidad represiva que lo anima, promoviendo una mirada alternativa, bien informada y de sesgo humanista a favor de la despenalización. Las leyes van a cambiar paulatinamente, en la medida en que sus hacedores, promotores y celadores, se den cuenta de sus errores y tomen conciencia de sus horrores. Aunque los cambios se materialicen a cuenta gotas, tengo fe en que las irracionalidades del prohibicionismo alguna vez serán cosa del pasado, y acaso objeto de burla y de vergüenza colectiva.
Lamentablemente, la condición colonial ha entorpecido el libre flujo de ideas y discusiones en la Isla. Hemos sido testigos de la fuerza intimidatoria que ha ejercido el gobierno federal estadounidense durante los últimos cuarenta años. Hasta hace relativamente poco tiempo parecía inútil tratar de discutir con seriedad y profundidad este asunto, al menos fuera de algunos circuitos académicos y de ciudadanos activistas de los derechos democráticos, que por lo general se limitaban a protestar las ejecutorias clasistas, elitistas y discriminatorias de la política de mano dura, pero sin entrar de lleno al fenómeno histórico que la posibilitaba: la prohibición. La clase política dominante en el país siempre jugó un papel segundón y por décadas predominó una actitud irreflexiva sobre el tema.
Pero el panorama político ha cambiado y hoy se nos presenta un escenario diferente. El gobierno federal ha autorizado a todas las jurisdicciones bajo su dominio a tratar el asunto de la despenalización de la marihuana de manera autónoma, y cada estado o territorio tiene la potestad jurídica de enmendar sus propias leyes y ajustarlas acorde con su propio entendimiento. Por primera vez en la historia de la prohibición en Puerto Rico el cuerpo legislativo se abre a una discusión honesta sobre el tema, y el gobernador insular, aunque ha expresado reservas, la avala públicamente. Queda en nosotros asumir la responsabilidad “delegada” y procurar cambios sensibles en las leyes insulares, enmendar sus errores y amoldarlas racionalmente a las demandas ciudadanas de justicia social y respeto a los derechos civiles de nuestro tiempo. El proyecto de ley 517 es pertinente en este contexto, donde ignorancias y supersticiones todavía fundamentan gran parte de nuestros códigos legales. La viabilidad de este proyecto está condicionada a que reconozcamos la poderosa injerencia y complicidad de los sectores beneficiarios de la prohibición, dentro y fuera de la ley.
La oposición más sonada no va a contar con representación formal en vistas públicas o en los medios informativos y debemos conformarnos con intuirla. Se trata de los grandes intereses económicos de los narcotraficantes, para quienes el negocio resulta lucrativo precisamente por su ilegalidad. Pero otros sectores de gran influencia en la política pública y que sí tienen voz en foros públicos hacen el juego indirectamente al narcotráfico, y se procuran beneficios económicos de la prohibición y la estigmatización criminal de la ciudadanía usuaria. Destaca la gula lucrativa de un poderoso sector de la industria farmacéutica, sus comerciantes y distribuidores, entre los que se distinguen algunos médicos y psiquiatras, que han expresado oposición al proyecto por temor a perder una parte sustancial de su clientela. Otro poderoso sector que opone resistencia a la despenalización es el de los mercaderes de ilusiones de seguridad; proveedores de tecnologías, armamentos y personal para combatir en una guerra en alzada contra un enemigo imaginario, desentendidos de sus víctimas reales. Pero al margen de la mezquindad de los intereses lucrativos que gravitan en torno a la prohibición, la principal fuerza opositora sigue siendo la ignorancia. La ignorancia produce efectos narcóticos similares a los delirios de la fe religiosa. Cuando ambos registros se combinan y echan raíces profundas en la psiquis humana pueden degenerar en desórdenes mentales con dramáticas consecuencias sociales. La obsesión prohibicionista de la marihuana es ejemplar al respecto, particularmente cuando se proyecta en conductas antisociales, paranoides y neuróticas. En la dimensión cultural, esta relación simbiótica entre la ignorancia y la fe religiosa se traduce en prácticas de violencia estigmatizadora y hostigamiento psicológico. En la dimensión jurídico-penal se agrava la situación de sus víctimas, despreciándose institucionalmente la singularidad existencial del ciudadano, consumidor o comerciante. Los fundamentalistas religiosos creen que la despenalización contradice a Dios3 y militan contra los derechos civiles a favor de los despotismos de su fe. La clase política isleña que comulga con sus credos y padece los mismos trastornos psicológicos, distorsiona la realidad e imagina males donde no los hay.
Los argumentos de algunos “profesionales” de la salud, políticos y funcionarios de Gobierno que defienden la prohibición, están viciados por creencias religiosas; tergiversan la información que circula el mundo; manipulan datos estadísticos; sacan de proporción el alegado problema y exageran la relativa nocividad de sus efectos. Pero, además de considerar las raíces psicológicas de sus prejuicios e imposturas, vale advertir los intereses lucrativos de los beneficiarios de la prohibición y, asimismo, sospechar posibles vínculos con el crimen organizado en el bajo mundo como dentro del protectorado de la ley.
Sabemos que la prohibición -y no el consumo de drogas prohibidas- es matriz de numerosos crímenes y violencias relacionadas al mundo de las drogas. Sin embargo, la propaganda prohibicionista es engañosa. Sus promotores saben que la prohibición favorece al narcotráfico y que potencia corrupciones en niveles sensibles de la vida social y los gobiernos que la administran. Además, es pretexto fraudulento para agigantar el aparato represivo del Estado, drenar al erario público y justificar prácticas invasivas de la vida privada y la intimidad. La legislación prohibicionista desconoce -o aparenta desconocer- su propia historia, los principios básicos de la psicología humana y los factores culturales del consumo de drogas. Este desconocimiento aparente, sostenido con experimentaciones fraudulentas o “evidencia científica” falseada, sigue siendo el fundamento prohibicionista y criminalizador de la ciudadanía usuaria.
Breve historia de la prohibición de la marihuana
La prohibición de la marihuana en los Estados Unidos tiene raíces en la mentalidad que dominó la política pública del gobierno federal durante la prohibición del alcohol en los años 30. Esta mentalidad no se asentaba en conocimientos fácticos sobre la marihuana, sino en creencias falsas e imposturas, inducidas por una moralidad puritana y de sesgo racista y xenofóbico. Para finales de los años 60, un amplio sector de la comunidad médica estadounidense ya había sido embaucado ideológicamente por la propaganda criminalizadora del discurso prohibicionista.
En 1967, la American Medical Association sometió un informe que vinculaba la incidencia delictiva y el auge de conductas antisociales al uso de marihuana entre las poblaciones más empobrecidas de la nación, principalmente entre negros y puertorriqueños.4 Entrada la década de los 70 dominaba la falsa creencia en que la marihuana era una droga adictiva, que deterioraba la personalidad del usuario y que, además, degeneraba progresivamente en severos trastornos psiquiátricos, inducía a conducta criminal y a prácticas sexuales desenfrenadas. Ante este dramático escenario y con el fin de contener sus embates imaginarios se legisló la prohibición tal y como hoy la conocemos.
Los efectos de la campaña de “educación” demonizadora de la marihuana se hizo extensiva a Puerto Rico en 1971, con la aprobación de la ley núm.4 (ley de sustancias controladas). A pesar de la potencia represora e intimidante de la prohibición, durante el último tercio del siglo XX ya se clamaba por tratar el tema con sensatez y se denunciaba la falta de cordura de los promotores de la prohibición y la mano dura. Desde los años 60 se denunciaba que el mayor riesgo que enfrentaba un usuario de marihuana no era ocasionado por la marihuana sino por el sistema legal de la prohibición, que lo estigmatizaba como criminal y/o desajustado emocional, lo perseguía, arrestaba y encarcelaba, sometiendo al penado a crueles daños psicológicos, económicos y sociales.
Desde entonces los usuarios de marihuana han sido sometidos a los tormentos psicológicos de la estigmatización criminal y psiquiátrica, a la traumática experiencia carcelaria y sus consecuentes ramificaciones sobre la vida del penado, afectando su reputación, sus relaciones familiares, académicas, laborales, y violentando los principios más elementales de su dignidad como ser humano. Durante las décadas subsiguientes tanto el gobierno federal como el insular hicieron caso omiso al hecho de que los efectos psicoactivos de la marihuana varían de persona en persona, y ningún estudio proveía datos fehacientes sobre su alegada nocividad y mucho menos sobre la supuesta peligrosidad social de sus usuarios. Previo a la instauración del régimen prohibicionista existían estudios que contrastaban con el discurso oficial y de moda entre los promotores de la prohibición.
Antes de formalizarse la legislación prohibicionista ya se sabía que los efectos de la marihuana, como los de cualquier otra droga psicoactiva, varían de acuerdo a los rasgos de personalidad de cada usuario, a sus características fisiológicas y al mismo tiempo están condicionados por complejos factores sociales. Aunque no era posible generalizar un diagnóstico absoluto sobre los efectos de la marihuana, desde la década de los 70 se ha repetido persistentemente la misma gran farsa ideológica, las agencias de gobierno la han coreado irreflexivamente, e incurrido en costosísimas prácticas represivas para lidiar con un problema criminal imaginario; y la ciudadanía ha financiado sus millonarias campañas propagandísticas, con efectos sociales desensibilizadores y embrutecedores. Al mismo tiempo, muchos profesionales de la salud se han procurado beneficios económicos personales para tratar enfermedades inexistentes. Sus pacientes son referidos por un sistema de justicia que priva de la libertad a los ciudadanos y los sentencia a someterse a programas de “rehabilitación” para tratar una adicción que también es inexistente.
El confinamiento carcelario y la imposición de tratamientos psiquiátricos o programas de “rehabilitación” a los usuarios de marihuana son negocios fraudulentos, perjudiciales para su “clientela” e inservibles y gravosos para la sociedad escamotada. Es de conocimiento general que una misma persona puede fumar marihuana recreativamente y provocar sobre sí diversas sensaciones anímicas y fisiológicas que varían de acuerdo a las condiciones de uso, la dosis, la calidad de la droga, el estado emocional de la persona, sus motivaciones, etc. La campaña prohibicionista, sin embargo, se ha caracterizado por encubrir e ignorar sistemáticamente los factores psicológicos y sociales que inciden de manera diferenciada en cada individuo y que sobre-determinan los efectos psicoactivos del uso de marihuana. La omisión voluntaria de estas variables en el discurso oficial de la prohibición acentúa la sospecha sobre las motivaciones de sus custodios y promotores. De hecho, ningún estudio científico serio -desde la sociología y la psiquiatría a la experimentación psicofarmacológica- puede afirmar de manera categórica que la marihuana afecta de un mismo modo a todos sus consumidores. Sacar de contexto casos aislados e ignorar la complejidad propia de cada existencia singular no solo contradice los principios éticos y metodológicos de la investigación científica, sino que los suplanta por prejuicios morales o mezquindades personales disfrazadas de ciencia.5
A pesar de las reiteradas imposturas que conforman el imaginario prohibicionista y sus campañas publicitarias, no existe registro de casos de violencia asociados directamente al consumo de marihuana. En su lugar, priman las especulaciones viciadas por el discurso prohibicionista, los prejuicios anclados en la ignorancia sobre el tema y los temores irracionales promovidos por su propaganda. Argumentar que la mayor parte de la población confinada en la Isla ha usado la droga alguna vez no valida la racionalidad prohibicionista. Primeramente, porque la mayor parte de la población usuaria no está ni ha sido confinada, y obviamente excede su valor de ejemplaridad. No existe relación de causalidad entre el uso de la marihuana y la conducta delictiva.
El grueso de consumidores de marihuana son personas normales y respetuosas de la ley, aunque evidentemente no de sus excesos, irracionalidades y abusos. Usar testimonios de drogadictos o ex-adictos para refrendar los mitos de la marihuana es una táctica sucia de la propaganda prohibicionista, y exhibe la frivolidad e ignorancia de sus promotores, no la realidad empírica sobre los efectos de la droga. A la misma conclusión podemos llegar con respecto a la ficción ideológica montada por algunos médicos y psiquiatras que alegan que el uso de marihuana degenera invariablemente en desórdenes de personalidad, psicosis o daño cerebral. El conocimiento científico sobre la etiología de estas enfermedades o condiciones médico-psiquiátricas desmiente que la marihuana sea su principal causa o detonante. Aunque existe un extenso registro de pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos o encausados por conductas criminales que han sido usuarios de marihuana, sus casos no pueden generalizarse mecánicamente a toda la población usuaria. Hacerlo es una impostura intelectual y una falta a la ética profesional que se asemeja, más bien, al cálculo maquiavélico de los estafadores. El discurso de la prohibición refrenda y reproduce estos falsos entendidos. La repetición perseverante de los mismos argumentos no puede interpretarse como fundamento de su validez, sino como síntoma de una epidemia de ignorancia generalizada.
Marihuana: demolición de un peligro ilusorio
Pese a todo, la despenalización del consumo de marihuana en la Isla será un hecho en un futuro previsible. Ya se ha demostrado que la propaganda prohibicionista está basada en la especulación, ocultación y manipulación del lenguaje científico y de datos experimentales y estadísticos. Ya se ha demostrado que la marihuana se prohibió para mitigar un problema imaginario, y que no existe relación causal entre su consumo y la criminalidad o la locura. Ya se ha demostrado que, aunque se trata de un “delito sin víctima”, afecta vidas singulares y propicia una cultura de engaños y prejuicios, maltrato y discrimen injustificado. Ya se ha demostrado que la criminalización de sus usuarios ha dejado un saldo inestimable de daños psico/sociales y que la prohibición potencia las condiciones de la violencia criminal, incluyendo la corrupción de funcionarios públicos, judiciales y policiales, así como prácticas de fraude y usura entre profesionales de la salud (médicos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, entre otros).
Ya se ha demostrado que la propaganda mediática de la “guerra contra las drogas” está inspirada, ha sido reciclada y continúa imitando la mentalidad demonizadora de los años 30 en los Estados Unidos, ha contribuido al falseamiento sobre los efectos reales de la marihuana, a la estigmatización prejuiciada e irracional de sus usuarios, y ha promovido la ignorancia como principio de la política pública sobre narcóticos en la Isla. Ya se ha demostrado, en fin, que la ley prohibicionista es contraproducente al bienestar social, a la salud mental y a la dignidad de los usuarios, así como a la seguridad ciudadana en general. Ya han sido desmentidas las retóricas que criminalizan el consumo de marihuana y demonizan a sus usuarios como “peligrosos” a la sociedad. Ya se ha demostrado que no existe registro sobre actos de violencia relacionados a usos recreativos, que ni siquiera se trata de una droga adictiva y que sus posibles efectos nocivos a la salud no se equiparan a los de las drogas legales y de consumo generalizado.
Sabemos que el uso recreativo de la marihuana no causa trastornos psiquiátricos ni induce a conducta criminal y aunque puedan existir casos excepcionales, no representan un problema significativo a escala social. Tampoco el uso de drogas es un problema de la sociedad moderna, de la alegada decadencia de valores o de una suerte de perturbada moralidad, como insisten los fundamentalistas religiosos. El uso de drogas, legales e ilegales, es un derecho de cada persona singular, un derecho sobre sí misma y para sí. Este es el fundamento jurídico de la despenalización, y el Estado debe protegerlo y no entrometerse indebidamente.
Recomendaciones preliminares y alternativas
Puesta en su justa perspectiva, a la luz de la experiencia histórica y del inmenso caudal de conocimientos del que disponemos, la marihuana debe despenalizarse sin más pretextos y dilaciones. No debemos seguir tolerando los daños que ocasiona el modelo prohibicionista al individuo y a la sociedad. En este contexto, aquí y ahora, debemos superar las tentaciones demagógicas de los promotores y beneficiarios de la prohibición. No hacen falta más “estudios”, que a la postre terminarán drenando al erario público y repitiendo lo que ya todos sabemos: que la política prohibicionista ha fracasado, no solo porque ha sido inefectiva su estrategia represivo-punitiva sino, además, porque carece de fundamentos racionales y es contraproducente a la sociedad en conjunto.
No obstante, si al final de estas vistas se derrota el proyecto 517 y se impone la creencia en que es “necesario” invertir recursos en “nuevos estudios”, adviértase que entre líneas se está reconociendo la inefectividad del modelo prohibicionista y admitiéndose la posibilidad de estar equivocados. Se estaría reconociendo que la ley ha sido perjudicial y que sus fundamentos habían sido falseados desde sus inicios. Lo que no sería admisible sería retener intacto el modelo prohibicionista y su enfoque represivo-punitivo durante el tiempo en que se realicen dichos “estudios”. En tal caso, anticipo al cuerpo legislativo varias enmiendas para su consideración:
- Que se establezca un periodo de amnistía general y/o moratoria, de un mínimo de diez años, en que se despenalice el uso de la marihuana y, si se estima pertinente, se establezcan regulaciones legales racionales, similares a las que rigen sobre los usos del alcohol y el tabaco.
- Que se reconozca el poder discrecional a la autoridad médica para recetar marihuana con fines clínicos, y que su potestad al respecto quede sujeta dentro del marco de regulaciones aplicables a cualquier otra droga o tratamiento de enfermedades o condiciones de salud.
- Ante los evidentes o sospechados esquemas de fraude de los beneficiarios de la prohibición: que se establezca una comisión interdisciplinaria, quizá bajo autoridad del Departamento de Salud, que fiscalice críticamente los diagnósticos médico-psiquiátricos que establecen relación de causalidad entre el uso de la marihuana y los trastornos psicológicos de sus pacientes. (Justifico la intervención estatal en el negocio público o privado de la salud mental, principalmente porque muchos casos han sido referidos o forzados a programas de “rehabilitación” por virtud del poder de la ley prohibicionista y la autoridad discrecional de los jueces, y no guardan relación alguna con las propiedades de la droga. Es decir, el juez que dicta sentencia e impone la pena dispuesta por ley, tácitamente diagnostica como enfermo al confinado por posesión de marihuana, y los profesionales de la “rehabilitación” se lucran de ello.)
- Que durante la amnistía general o moratoria se desencarcele incondicionalmente a la población confinada o sometida a rehabilitación por sentencia judicial por uso o posesión de marihuana. Desempolvemos el antiguo principio de justicia que reza que es preferible tener cien delincuentes en libertad que un solo hombre o mujer encarcelado injustamente.
- Que se devuelvan las ayudas económicas a los estudiantes afectados por cargos relacionados a la tenencia de marihuana y, en caso de haber sido expulsados, sean matriculados nuevamente y no se deje constancia de cargos por conducta delictiva en su expediente académico, policial, judicial o laboral.
- Indistintamente de las suertes del proyecto en ciernes, urge concertar a nivel nacional una campaña educativa honesta y bien informada, crítica y desmitificadora, que contrarreste la absurda propaganda de la “guerra contra las drogas” y desmantele, desde sus cimientos, la ideología imperante del modelo prohibicionista, sus prejuicios y temores irracionales.
Iniciativa pedagógica por la despenalización
Cónsono a los cambios en las políticas prohibicionistas a nivel internacional y a los movimientos estadounidenses por la despenalización y la legalización de la marihuana, el P. del S. 517 abona a que en Puerto Rico se atienda con madurez política el asunto. Insisto: la clase política debe abstenerse de sacar de proporción los males relativos a las drogas ilegales, en gran medida imaginados y/o repetidos sin estudiar o pensar profundamente sobre el tema y sus implicaciones. Con el fin de contrarrestar la propaganda prohibicionista y paliar sus embates irracionales y embrutecedores, pienso que es pertinente proveer material didáctico, información objetiva y herramientas intelectuales a la ciudadanía, para que pueda asumir una posición responsable y crítica sobre el tema.
A tales efectos y para contribuir a una formación educativa que fomente la comprensión sensible sobre los efectos psicosociales de la prohibición en Puerto Rico, digitalicé una antología de mis investigaciones, conferencias y publicaciones bajo el título El espectro criminal, y las obsequié íntegras a nuestro cuerpo legislativo, representantes de la Cámara y del Senado, así como a la alta jerarquía del Gobierno insular, incluyendo al Gobernador, a los secretarios de Estado, de Salud y Educación, al superintendente de la Policía y a los jueces del Tribunal Supremo, entre otros.
Pueden leerlo en sus aparatos electrónicos y tienen autorización expresa del autor para imprimirlo y reproducirlo a discreción, compartirlo entre quienes estimen pertinente y socializar los conocimientos que comparto sin traba alguna. Si vamos a hacer la diferencia, la ignorancia y la desidia intelectual no pueden prevalecer sobre nuestras responsabilidades ciudadanas. Debemos procurar instruirnos y estar bien informados para tomar decisiones sabias y pertinentes, para superar prejuicios, rectificar equivocaciones y no repetir los errores del pasado. La clave para hacerlo: honestidad intelectual, integridad ética, voluntad política y un genuino deseo de saber. La ignorancia no es un derecho.
Este texto es una adaptación de la ponencia presentada a la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos, del Senado de Puerto Rico, para las vistas públicas sobre el P. del S. 517; octubre de 2013.
- Gazir Sued, El espectro criminal: reflexiones teóricas, éticas y políticas sobre la imaginería prohibicionista, las alternativas despenalizadoras y el Derecho en el Estado de Ley, Editorial La Grieta, San Juan, 2004. [↩]
- Gazir Sued, Violencias de Ley: reflexiones sobre el imaginario jurídico-penal moderno y el derecho estatal a castigar, Editorial La Grieta, San Juan, 2001. [↩]
- “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, (el cual está) en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por (gran) precio; glorificad, pues, (y traed) a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (1 Corintios 6:19-20 [↩]
- Según cita Greenspoon, Lester M.D., Marihuana Reconsidered, Harvard University Press, Massachusetts, 1971, p.327. [↩]
- No obstante, incluso se ha generalizado a la especie humana los informes de experimentaciones fraudulentas en animales. La obsesión por criminalizar la marihuana tiene por epítome ejemplar la sádica y cruel experimentación invasiva con primates rhesus, como los que se siguen usando en Puerto Rico. Para “demostrar” la alegada nocividad fatal de la marihuana, los “científicos” forzaron a los rhesus a inhalar la droga de manera constante hasta intoxicarlos por sobredosis y matarlos por asfixia. Años más tarde se reveló que fue la falta de oxígeno la causa de muerte cerebral y no alguna propiedad de la marihuana. [↩]