El modelo de desarrollo del este asiático y sus implicaciones para Puerto Rico

Con el auge de la Teoría de la Dependencia en los 1960s y 1970s, se popularizó en muchos sectores la idea de que en el tercer mundo, en la periferia, el desarrollo económico está obstruido por el sistema capitalista mundial. La solución, entonces, era desarrollo por medio de la planificación socialista. El éxito de modelos del este asiático provocó que se cuestionara esta idea. Para muchos, incluso dentro de la izquierda (ver por ejemplo los escritos del marxista inglés Bill Warren), fue la confirmación de que el capitalismo sí es un motor de desarrollo, e intentar planificación antes de tiempo es lo que verdaderamente obstruirá el mismo. Sin duda alguna, en la abrumadora mayoría de la periferia, el desarrollo prometido por el capital ha permanecido obstruido, y no da indicios de acercarse. Sin embargo, no podemos simplemente descartar el modelo del este asiático como una excepción. Hace falta estudiar cuidadosamente su transcurso, y sus implicaciones para el desarrollo económico, y la lucha social, en Puerto Rico.

El modelo del este asiático

Los casos de Corea de Sur y Taiwán son quizás dos de los más interesantes, con más lecciones, para el caso puertorriqueño. Un punto de partida para la política en Taiwán y Corea del Sur fue la definición de sus problemas en su propio contexto, con especial atención a sus condiciones materiales reales, en lugar de los ideales de la teoría económica. Por otra parte, los encargados de la política pública trataron de abordar estos problemas directamente, en lugar de indirectamente a través de “palancas” económicas. Por ejemplo, en Corea del Sur, Ha Joon-Chang (2006 ,79) explica que la competencia se concibe como un medio para un fin, no como un fin en sí mismo. La conceptualización resultante de la competencia, no solo es muy distinta de la concepción de la economía neoliberal, sino que también permite la formulación de políticas que reconocen que existe la posibilidad de exceso de competencia, de desperdicio, y por ejemplo, permite intervenir directamente en favor de conductas monopolistas cuando se entiende que son beneficiosas para una industria, o el pueblo en general. Del mismo modo, en Taiwán, Robert Wade (1990, 187) señala que los responsables de la política industrial no habían tenido mucho entrenamiento en economía. Los ingenieros y los planificadores tenían más peso en la política que los economistas o los principios económicos. Esta política permitió que se abordara directamente, por ejemplo, deficiencias en la infraestructura de Taiwán, o garantizar economías de escala en los productores nacionales (Wade, 1990,189).

Otro aspecto importante, desde el inicio, fue asegurar la disponibilidad de la cantidad máxima posible de fondos para reinvertir. En adición, no solo debían estar disponibles para el país, sino que se debían invertir productivamente, en lugar de malgastarse por ejemplo en bienes de lujo. En otras palabras, había que aplicar estrictos controles de capital, regulando su entrada y salida, y a su vez restringiendo el consumo de lujo mediante arbitrios, impuestos, o prohibiciones de distintos artículos de lujo. En Corea del Sur, las inversiones de empresas foráneas fueron estrictamente controladas, como se discutirá más adelante con más detalle. Mientras tanto, toda transacción económica que requiriera el uso de moneda foránea tenía que llevarse a cabo a través de los bancos controlados por el gobierno, y había penas severas para los que intentaran participar de fuga de capitales (Chang, 2006, 21). Además, como se ha mencionado, los países del este asiático impusieron altos aranceles, impuestos, y a veces incluso prohibieron la producción nacional o la importación de ciertos productos, si eran considerados como artículos de lujo (Chang, 2006, 24).

Como resultado, Corea del Sur ha tenido una de las cifras más bajas de automóviles per cápita entre todos los países avanzados y en desarrollo en niveles de desarrollo comparables. Corea del Sur también le prohibió a sus ciudadanos llevar a cabo turismo en el extranjero hasta principios de 1980, y continuó controlándolo de allí en adelante. Chang (2006, 28) señala también que al restringir cómo las elites podían disfrutar de su riqueza, el Estado fomentó un sentido de comunidad nacional y de proyecto común. En Taiwán, Wade (1990, 138) también destaca que a lo largo de todo el período de posguerra hasta 1987, el principio básico ha sido que sólo el banco central, y algunos bancos comerciales designados, pueden poseer moneda extranjera, no los ciudadanos o las empresas. Esto le da al gobierno un medio para asegurar que las divisas no se utilizan para fines inadecuados, como la especulación monetaria, las inversiones no productivas en el extranjero, o la importación de artículos restringidos. Similármente, en la década de 1980, los bancos eran prácticamente todos propiedad del gobierno (Wade, 1990, 161).

Chang (2006, 37) señala que al igual que en todas las otras historias de países que llegaron tarde al desarrollo capitalista, la industrialización en el este asiático requirió la protección de las empresas nacionales en industrias nacientes a través de la protección arancelaria, entre otras protecciones. Sin embargo, en Taiwán y Corea del Sur, éstas se han aplicado conjuntamente con otras políticas que dieron lugar a un resultado relativamente más exitoso que otros países en desarrollo que intentaron industrialización por medio de substitución de importaciones. Una de estas políticas fue la integración de una estrategia de promoción de exportaciones junto a los programas de industrias incipientes. Además, y en estrecha relación, el gobierno diseño políticas destinadas a permitir a las empresas explotar economías de escala. Los gobiernos del este asiático controlan directamente la entrada y salida de empresas privadas a las distintas industrias, las escalas mínimas para operar en ellas, y también anima, y en ocasiones obligan, a las empresas a expandirse y producir más allá de las escalas mínimas para lograr eficiencia.

Para lograr este objetivo, el Estado organizó fusiones en industrias con muchos productores con escalas subóptimas, subsidió la modernización de equipos y maquinaria y la investigación y desarrollo (R&D), y difundió información sobre las tecnologías más prácticas a través de organismos públicos y semipúblicos (Chang, 2006, 39). Del mismo modo, Wade (1990, 352) señala que el tamaño de la planta o la empresa requerido para lograr economías de escala suele ser grande en relación con los activos existentes en los países en desarrollo. Por lo tanto, el Estado tiene que ayudar a los productores nacionales a aumentar su volumen de producción hasta el punto en el que puedan competir sin más ayuda. En Taiwán, el Estado ha dependido en mayor medida directamente de las empresas públicas y la investigación pública, en lugar de dirigir al sector privado a llevarlo a cabo. Wade (1990, 179) explica que las empresas públicas son particularmente importantes en los sectores donde la producción es intensiva en capital, donde para lograr eficiencia se requieren volúmenes grandes, y donde los eslabonamientos con otras industrias son altos.

Otro aspecto clave en Corea del Sur y Taiwán fue el control sobre la inversión extranjera. Este aspecto se caracteriza de nuevo por la conceptualización adecuada de los problemas y de las herramientas a nivel nacional. La inversión extranjera no fue vista como un fin en sí misma, sino como una fuente potencial de tecnologías avanzadas. Además de promover la investigación y desarrollo a nivel local, Taiwán y Corea del Sur mantienen un estricto control sobre la inversión extranjera para asegurar la transferencia de tecnologías a sus productores locales. El Estado impuso restricciones a las zonas en las que las empresas transnacionales podían entrar, animó las empresas mixtas, se dio preferencia a los inversores más dispuestos a transferir tecnologías, y requirió que una parte substancial de sus productos se manufacturaran con insumos obtenidos locálmente (Chang, 2006, 45). Wade (1990, 150) señala que Taiwán fue inicialmente menos selectivo sobre la inversión extranjera que Corea del Sur, pero luego se convirtió cada vez más selectivo durante la década de 1970. Taiwán atrajo, pero restringió las empresas extranjeras, favoreciendo siempre el interés nacional por encima de las ganancias de estas. Además, el Estado estuvo activo en la reducción del carácter de enclave de la inversión extranjera. Mediante el uso de estadísticas comerciales, producidas de forma rápida y detallada, el gobierno examinó el flujo de importaciones hacia las industrias dominadas por las multinacionales, identificando qué podría ser fácilmente producido en Taiwán a más o menos el mismo precio, y tomando la iniciativa para encontrar suplidores locales. Como resultado, la mayoría de las industrias con alta concentración de inversión extranjera tienen eslabonamientos con la economía taiwanesa (Wade, 1990, 155-156).

Todas las políticas discutidas hasta ahora están relacionadas con un estricto control del mercado, así como de la clase capitalista en su conjunto . Como se ha mencionado anteriormente, los gobiernos del este asiático conceptualizan la competencia de manera muy diferente del concepto neoliberal. Al centrarse en los problemas de escala, se crearon deliberadamente mercados oligopólicos y monopólicos . Del mismo modo, los gobiernos estaban preocupados por la excesiva competencia y su malgasto de recursos, y estaban dispuestos a permitir (y a veces promovió) colusión cuando se entendió que mejoraría la productividad (Chang, 2006, 41). Con el fin de garantizar el éxito de estas medidas, el Estado debía garantizar también que era capaz de ejercer el poder sobre las corporaciones y disciplinarlas para que siguieran los objetivos de la política industrial.

En Corea del Sur, docenas de empresas que consideraron ineficientes se vieron obligadas a fusiones, ventas y liquidaciones. Además, la amenaza de traslado de líneas de producción, de un conglomerado a otro, permitió al Estado ejercer disciplina, incluso sobre los grupos más económica y políticamente poderosos dentro de la clase capitalista (Chang, 2006, 92-94). Chang (2006 , 95) explica que el Estado surcoreano fue capaz de ejercer este poder, por diversas razones históricas, como el hecho de que la clase terrateniente fue eliminada a través de la reforma agraria desde la Guerra de Corea, mientras que la clase trabajadora y las organizaciones de agricultores fueron aplastadas también durante la política de la Guerra Fría. Sin embargo, también hace hincapié en que este ‘Estado fuerte’ debe entenderse como el resultado de acciones conscientes, movimientos políticos calculados e innovaciones institucionales, tomadas por el régimen militar del general Park Chung Lee (Chang, 2006, 96). Por ejemplo, una de las primeras medidas del régimen fue nacionalizar todos los bancos, y así controlar los flujos financieros de la economía. Además, el gobierno encarceló muchos capitalistas prominentes, acusándolos de acumulación de riqueza por medios ilícitos, tales como el uso de conexiones políticas. Estos capitalistas fueron más tarde puestos en libertad si prometían servir a la nación a través de la empresa; es decir, la construcción de nuevas plantas en las industrias designadas por el gobierno. Chang (2006, 98) concluye que estos golpes políticos dejaron a la comunidad empresarial moralmente como delincuentes, en libertad condicional, y económicamente, como » un tigre de papel,” con poco poder para tomar decisiones sobre la inversión.

Del mismo modo, en Taiwán, el gobierno estuvo muy interesado en evitar que el gran capital pudiera adquirir autonomía suficiente como para influenciar al régimen (Wade, 1990, 270). Por lo tanto, el gobierno aseguró que su capacidad de controlar las importaciones de materias primas, y el crédito bancario, le diera suficiente control sobre la clase capitalista. Wade (1990, 274), añade que el gobierno de Taiwán ha restringido la acumulación de riqueza a través de la propiedad de tierras, negocios financieros, de los bienes raíces, la oficina militar, y la oficina legislativa; y ha ayudado así a canalizar la inversión a actividades productivas. Por otra parte, por limitar estas oportunidades, así como limitar las organizaciones de trabajadores y de empresarios privados, y por privilegiar las empresas públicas y semipúblicas, el gobierno ha asegurado que cuenta con más poder en comparación con los actores económicos que están fuera del Estado (Wade, 1990, 274).

Por último, un elemento clave en la legitimación del Estado, y para garantizar la colaboración de los trabajadores y los capitalistas, es la presencia de un motivo unificador que reúne a la nación en su conjunto. En Corea del Sur y Taiwán, la rivalidad con el comunismo era el tema unificador, incluyendo la reconquista de China en el caso de Taiwán. Similarmente, las reformas agrarias permitieron a estos países obtener relativamente bajos niveles de desigualad, y perpetuar la equidad durante el proceso de industrialización también fomentó esta unidad nacional. Sin embargo, no se debe pasar por alto que cuando el Estado requería colaboración, no dudaba en reprimir a cualquier sector que se opusiera a su política industrial. A modo de resumen, el modelo del este asiático se caracteriza por la regulación del mercado por medio de una abarcadora política industrial, diseñada por un gobierno autoritario, y acompañada de una estricta represión de la clase trabajadora. Si lo que aspiramos de un país va más allá de que éste simplemente tenga una economía saludable, quizás el modelo del este asiático no sea el ideal. Y si la única manera de pasar de la periferia al desarrollo es de este modo, quizás el ala radical de los teóricos de la dependencia tenía razón al señalar que la única manera de desarrollar una nación, sin abandonar nuestros principios democráticos, es por medio del socialismo. No obstante, vale la pena discutir cuán replicable es este modelo en el caso de Puerto Rico.

Wade (1990, 182) señala que los países del este asiático se basaron en la experiencia puertorriqueña en la década de 1950. Irónicamente, Taiwán y Corea del Sur en la actualidad superan a Puerto Rico sustancialmente en la mayoría, y quizás todos, los indicadores económicos y sociales; incluyendo en ingreso nacional per cápita, Gini, y el Índice de Desarrollo Humano. Por lo tanto, dos aspectos distintos deberían abordarse: ¿por qué el modelo de Puerto Rico no funcionó, y de qué manera se podría modificar para replicar el éxito de la experiencia del este asiático?

El fracaso del modelo de Puerto Rico

Bajo la dirección del Partido Popular Democrático (PPD), el proceso de industrialización se inició a principios de 1940 con la creación de la Compañía de Fomento de Puerto Rico. Siendo un territorio colonial, Puerto Rico no tiene la autoridad política para implementar los mecanismos usuales que se usan para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera; y como era de esperar, los empresarios locales no tenían ningún interés en participar en actividades que competirían con sus competidores estadounidenses.

Por lo tanto, el gobierno trató de iniciar la industrialización directamente a través del Estado, a través de las empresas públicas. Las primeras empresas públicas, una fábrica de cristal y botellas, una fábrica de papel y cajas, una fábrica de productos de cerámica y barro, y una fábrica de zapatos, comenzaron a funcionar entre 1945 y 1947. Los capitalistas locales atacaron inmediatamente la iniciativa; y por ejemplo, los periódicos locales y los productores de ron se negaron a comprar los productos de las fábricas de papel y de vidrio (Ayala y Bernabe, 2007, 189) .

La administración colonial no tenía la autoridad legal o el poder político para disciplinar a la clase capitalista nacional si no cooperaba; sin embargo, las tendencias ideológicas dentro del PPD sugieren que incluso si hubiera tenido los medios, no habrían optado por disciplinarlos. En lugar de ello, el partido comenzó a creer que el camino a la industrialización se daría a través de la dependencia de la inversión extranjera, orientada a las exportaciones. En 1947, el gobierno cambió oficialmente su estrategia hacia la promoción de un entorno libre de impuestos para atraer capital extranjero. Mientras que identificar claramente los problemas locales y buscar soluciones directas a ellos caracteriza los casos de Taiwán y Corea del Sur, el caso de Puerto Rico se caracteriza por todo lo contrario. La inversión extranjera fue vista como un fin en sí mismo, y nunca se introdujeron medidas para evitar la creación de enclaves, como sí se hizo en Taiwán. Como resultado, lo que surgió fue un sector industrial caracterizado por pocos eslabonamientos con la economía local, un gobierno con dificultades para la recaudación de impuestos (ya que se evitaba cobrar impuestos al capital foráneo), y los ingresos de la isla siendo gastados en bienes estadounidenses importados.

A finales de la década de 1950, el gobierno reconoció que la mayoría de las empresas que habían sido atraídas con éxito fueron operaciones intensivas en mano de obra, con poca inversión en capital fijo (Ayala y Bernabe, 2007, 191). En la década de 1960, debido a la falta de eslabonamientos, la facilidad con que estas empresas podrían empacar y marcharse, y los continuamente altos niveles de desempleo, el gobierno decidió promover la idea de un complejo petroquímico que incluiría la refinación de petróleo, de fibra sintética y plantas de fertilizantes, y otras industrias satélites, como los plásticos. Sin embargo, los eslabonamientos y las industrias satélites nunca se materializaron, y con la crisis del petróleo de 1973 se estancaron, y eventualmente se desintegraron las operaciones de refinación existentes. Ayala y Bernabe (2007, 199) señalan que el gobierno, encerrado en sus reflejos como un Estado de promoción, procedió a diseñar nuevos incentivos para atraer a una nueva generación de inversiones extranjeras.

En 1976, el PPD presionó con éxito al Congreso de EE.UU. para enmendar el Código de Rentas Internas para permitir que las empresas estadounidenses pudieran transferir sus ganancias a EE.UU libre de impuestos, en cualquier momento. Con la nueva Sección 936, se atrajeron empresas de alta tecnología, intensivas en capital, como empresas farmacéuticas y empresas de electrónica. Sin embargo, al ser intensivas en capital, el desempleo continuó siendo un problema crítico en el país. Además, nunca se crearon eslabonamientos con la economía local, nunca se les requirió que produjeran con una cantidad designada de insumos locales, y nunca se ha buscado sistemáticamente transferir tecnología a productores locales. Las ganancias son repatriadas casi en su totalidad, y lo que en realidad producen en la isla se sobrestima significativamente en las cifras oficiales. El entorno libre de impuestos de la isla lleva a las empresas a participar en lo que se conoce como manipulación o transferencia de precios, transfiriendo ingresos generados en otros lugares a ramas puertorriqueñas. Mucho de lo que se registra como producción en la isla es una transacción en papel, en donde el ingreso se transfiere a Puerto Rico y luego se lleva de vuelta como pago de dividendos a las empresas centrales en EE.UU. (Ayala y Bernabe, 2007, 271).

Con la eliminación de las 936, y según las últimas cifras de la Junta de Planificación, el empleo manufacturero pasó de 167,000 puestos de trabajo en 1996 a 95,000 en 2013; una pérdida de más del 43%. El desempleo ha fluctuado alrededor de su promedio histórico de 15%; sin embargo, la participación laboral se redujo de 47.2 % en 1996 al 41.2% en 2013. El Producto Nacional Bruto real se contrajo de 2006 a 2011, con las últimas cifras preliminares indicando un crecimiento casi nulo de 0.3 % en 2013. Aunque la derogación de la Sección 936, sin duda jugó un papel en la crisis actual, no se debe exagerar de manera que reduzca el papel desempeñado por la falta de una política industrial eficaz desde 1950.

Implicaciones para Puerto Rico

Un obstáculo inicial para replicar la experiencia del este asiático en Puerto Rico es la falta de poder político asociado a ser una colonia. La isla todavía carece de la autoridad política para aplicar las medidas tradicionales de protección de industrias infantes. Por lo tanto, si la isla desease participar en un proceso similar, se requeriría un grado aún mayor de creatividad que en Taiwán o Corea del Sur. Del mismo modo, el gobierno colonial no tiene el poder para ejercer cualquier tipo de disciplina sobre la clase capitalista, tanto a sus representantes locales como extranjeros. Incluso, si el gobierno intentase promover eslabonamientos entre el capital foráneo y la economía local, o arreglos destinados a promover la transferencia de tecnología, carecería de los medios para garantizar o hacer cumplir este proceso. Uno de los métodos principales para disciplinar los capitalistas surcoreanos y taiwaneses fue por medio de la nacionalización de la banca, lo cual sería imposible bajo el ELA.

Sin embargo, hay políticas que se podrían emplear en el marco colonial actual. James Dietz (2003, 106) argumenta que incluso en ausencia de la herramienta de la política arancelaria, un instrumento de política equivalente está disponible en los subsidios. El economista argumenta que préstamos de bajo costo, exenciones contributivas, o asistencia con los costos de capacitación y adquisición de tecnología, todos podrían reducir los costos de producción de los productores locales respecto a los costos de los bienes importados. Además, Dietz (2003, 106) argumenta que la substitución de importaciones ya ha tenido lugar, aunque en grados limitados, en los sectores con «protección natural,» debido a factores tales como los costos de envío, requisitos de inventarios asociados a métodos ‘justo a tiempo,’ productos perecederos, gustos locales, etc. Dietz explica que varios estudios ya apuntan hacia posibles candidatos para la sustitución de importaciones e incluso de promoción de exportaciones.

No obstante, la falta de instrumentos para disciplinar a la clase capitalista todavía podría potencialmente ser un problema. Por esta razón, un enfoque más cercano al de Taiwán, con mayor énfasis en las empresas públicas, podría ser más recomendable en nuestro caso. Sin embargo, la clase capitalista potencialmente podría obstaculizar esto comoquiera, como lo hizo en la década de 1940. Por otra parte, este proceso también se ve obstaculizado por las actuales restricciones fiscales del gobierno, que se agravaron con la degradación del crédito de Puerto Rico a la categoría de chatarra. El Estado tendría que identificar fuentes internas para poder financiar un proceso de desarrollo a través de las empresas estatales.

Varios sectores del país han enfatizado por décadas la cantidad de riquezas que salen hacia EE.UU. todos los años, y sin duda alguna, aumentar los impuestos a las empresas foráneas es una fuente crucial de fondos para nuestro desarrollo. Sin embargo, igual de problemático es que la riqueza que sí se queda en el país, se usa de manera no productiva. Si desglosamos nuestro Producto Nacional Bruto por sector industrial principal, vemos que la mayoría de nuestras riquezas se utilizan en actividades no productivas, como comercio, finanzas, seguros, y bienes raíces. Ninguna de estas actividades crea riqueza, sino que simplemente la hace cambiar de manos. En adición, según un informe de la Oficina del Censo (2011), en 2010 Puerto Rico tenía un índice de desigualdad significativamente alto (un coeficiente Gini de 0.537). En otras palabras, esto colocaría a Puerto Rico entre las naciones más desiguales del mundo, y como el séptimo país de América Latina con mayor desigualdad (Banco Mundial, 2013). Las riquezas disponibles no sólo se utilizan de manera improductiva, sino que también se concentran en las pocas manos de los puertorriqueños más ricos. El gobierno de Puerto Rico podría potencialmente buscar formas de transferir esta riqueza al Estado, a través de los impuestos sobre el consumo de lujo, o sobre aquellos negocios asociados a actividades no productivas.

Por otro lado, las restricciones políticas son probablemente aún más importantes que las limitaciones económicas en el caso de Puerto Rico. Los vaivenes entre gobiernos del PNP y el PPD hacen que las posibilidades de implementar un programa de política industrial a largo plazo sean escasas. En cualquier caso, la ideología neoliberal ha influido enormemente en los dos partidos políticos, por lo que las posibilidades de un proceso de desarrollo, con especial atención a las empresas públicas como en Taiwán, son aun más escasas bajo sus gobiernos. Además, el asunto del status, juega el papel contrario de los temas unificadores en Taiwán y Corea del Sur.

Si bien es cierto, como enfatiza Dietz, que es posible iniciar un proceso de desarrollo dentro del marco actual, a la larga, sin embargo, la independencia no sólo permitirá el empleo de medidas mucho más directas, sino que también nos abre a la oportunidad de participar de manera más eficiente en el comercio Sur-Sur, junto con la integración económica a los países latinoamericanos que se está llevando a cabo a través de instituciones tales como UNASUR y el Banco del Sur. No obstante, los beneficios adicionales de la independencia no implican que no podemos al menos sentar las bases del proceso desde el marco actual. En cualquier caso, se debe tener presente que hay otros elementos a los que deberíamos aspirar, más allá de crecimiento económico. La experiencia histórica alrededor del mundo parece indicar que los pocos países pobres que han logrado crecer a ser “ricos,” ha sido precisamente sacrificando estos otros elementos que deseamos para nuestro futuro. Deberíamos aplicar la lógica del modelo surcoreano y taiwanés incluso más allá de como lo hicieron estos, es decir, también viendo el desarrollo económico como un medio, no un fin. La lección principal quizás debe ser que cualquier proceso de desarrollo, si aspiramos a que consista de desarrollo humano y no solo económico, debe concebirse como el inicio de una larga transición a un nueva organización social, basada en la democracia crítica participativa, y en una producción planificada democráticamente por aquellos que la llevan a cabo, es decir, el pueblo trabajador. El potencial de agitación social que será el resultado de la incapacidad de los gobiernos PPD-PNP para imponer una política industrial clara, podría crear las condiciones políticas para la victoria de un partido alternativo en el mediano plazo, y el inicio de una nueva experiencia de desarrollo más exitosa, que redistribuya las riquezas de usos no productivos a usos productivos, e inicie un proceso de industrialización a través de empresas del pueblo y para el pueblo.

Referencias:

Ayala, C. J., & Bernabe, R. (2007). Puerto Rico in the American century: a history since 1898. Univ of North Carolina Press.

Chang, H. J. (2006). The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future. Zed Books.

Dietz, J. L. (2003). Puerto Rico: Negotiating development and change. Lynne Rienner

U.S. Census Bureau. (2011). Household Income for States: 2009 and 2010. American Community Survey Briefs.

Wade, R. (1990). Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization. Princeton University Press.

World Bank. (2013). Gini Index. In World Development Indicators.