En enero de 2014 el “tribunal supremo” de Puerto Rico ventiló el caso Braun versus el Estado Libre Asociado, impugnando la constitucionalidad de la Ley Núm. 162 del 24 de diciembre de 2013. Esta ley imponía el recorte de las pensiones de todos los empleados públicos como parte de la “emergencia fiscal” que enfrentaba el gobierno, incluyendo los miembros de la judicatura. Curiosamente, este caso coincidió con la primera difusión televisada de una vista del tribunal supremo. Dicha vista reveló una cara de los jueces del supremo que nunca habíamos visto y que en esta semana hemos vuelto a ver en el vergonzoso episodio de cabildeo de la presidenta del tribunal; en esta ocasión mendigando a escondidas un aumento salarial para la judicatura. Este artículo que analiza la vista televisada entonces fue publicado por el periódico de la UPR, Diálogo, en el número de febrero-marzo de 2014, pp. 8-9. Los argumentos presentados hace cinco años sobre la mezquindad y prepotencia de la “alta judicatura” continúan vigentes y merecen ser traídos como contexto al debate presente. Se reproduce el texto íntegro.
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Hoy es un día histórico para Puerto Rico, pues es la primera vez que el Tribunal Supremo permite la transmisión en vivo de todas las incidencias de una vista oral.
–Federico Hernández Denton
Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico
La vista
Como cuestión de uso y costumbre, en el alto tribunal se les concede a los abogados en litigio un tiempo fijo para presentar sus argumentos. Sólo se les interrumpe para aclarar dudas o asuntos de doctrina legal. Pocas veces, señalan mis amigos y colegas abogados, se enfrascan los jueces en debate con los postulantes y muchas menos revelan sus posturas.
La vista resultó ser ciertamente histórica, pues no sólo se televisó por primera vez una vista del Tribunal Supremo, sino que se convirtió en un espectáculo digno de nuestra kakistocracia (el gobierno de los peores). La parcialidad se hizo evidente en el trato diferencial a los postulantes. Al abogado de los jueces demandantes—un ex juez precisamente—se le trató con la deferencia correspondiente. Mientras tanto, a la Procuradora General se le interrumpió repetidamente y se hicieron comentarios poco dignos de la “alta curia”. Según uno de los reportajes de prensa, el juez que menos prudente fue, refiriéndose a la legislatura, dijo: “O sea que en la prisa por legislar para irse ‘sine die’ antes de la Misa de Gallo, se les olvidó enmendar el título”. Más tarde, cuando la procuradora fijó la posición del Departamento de Justicia diciendo que, “No podemos aceptar una interpretación amplia de la Constitución como plantean los demandantes”, el imprudente magistrado declaró “Y entonces para qué estamos aquí”.
Sin abundar en los detalles, el espectáculo televisado confirmó varias de las tendencias que venimos observando en las últimas décadas y que resultan en la deslegitimación de las tres ramas de gobierno: (1) el ascenso de una kakistocracia, (2) la erosión de las instituciones (mala gobernanza), (3) el uso del estado para garantizar intereses pecuniarios. Al descorrerse el velo del “lugar santísimo” de la judicatura, tristemente no fuimos testigos de la democratización del proceso judicial. Por el contrario, vimos a magistrados desenmascarados afirmando sus privilegios y “maltratando” dentro de la etiqueta judicial, a quienes se les opusieran: legisladores que tienen prisa para irse a la Misa de Gallo o la “muchachita” procuradora general.
Crisis de legitimidad – Crisis de poder
Lo que puso de manifiesto esta primera transmisión de la vista del tribunal supremo (en minúsculas de aquí en adelante) es que la crisis política y la depresión económica que atravesamos han agudizado el conflicto político. El conflicto comienza a manifestarse como una lucha de clases. No se trata de la lucha de clases en el sentido marxista clásico, sino que presenciamos un episodio de la lucha entre los que tienen y los que no (los “haves” y los “have not” como dicen los ingleses). Los jueces se comportaron como el ejecutivo y la legislatura: se usa un estilo populista y demagógico (se traen las cámaras) para disfrazar agendas y cuando esto no resulta se usa el “mollero” para imponer los intereses de la kakistocracia. La crisis ha hecho que la lucha de clases postmoderna se infiltre a las propias clases dominantes. La cuestión se convierte entonces en quien es más forzudo dentro del bloque en el poder. Las máscaras y la civilidad quedan a un lado.
Para la sociología política la definición clásica de poder es: la capacidad de imponer la voluntad contra la resistencia. La ciencia política norteamericana ofrece una definición más simple: la capacidad de determinar a quien le toca qué y cuanto de los bienes sociales y las riquezas de una sociedad. Pero la manera de ejercer el poder es matizada por variables como el uso de la fuerza, la persuasión, la dominación y el consentimiento, entre otras. El poder ejercido legítimamente descansa sobre el binomio persuasión / consentimiento. Mientras que el poder ilegítimo se asocia con el binomio coerción / dominación; siendo estos polos en un continuo de formas de ejercer el poder.
Estamos ante una crisis de legitimidad y, por tanto, una crisis de poder. En las últimas dos décadas la corrupción pública y la mala gobernanza han erosionado la credibilidad y legitimidad de la clase política. La mayoría de los puertorriqueños piensa que los políticos son corruptos. Por otra parte, al contrastar las políticas de ajuste fiscal de los últimos dos gobiernos la percepción es que la diferencia reside en que unos la implementan mediante la fuerza y otros mediante el engaño. Si bien la fuerza aumenta la resistencia, el engaño—la demagogia—también.
El eje de la lucha política actual es cómo pasarle el costo de la crisis fiscal a las clases trabajadoras al menor costo político posible. Mientras tanto, los altos magistrados, los legisladores, el gobernador y sus asesores de economía, olvidan que fueron precisamente la clase política y la clase empresarial a la que ellos y ellas pertenecen las que nos llevaron a esta debacle. Los sindicatos y organizaciones que representan a los trabajadores se preguntan legítimamente: ¿Por qué no se saca a la luz pública el mal manejo de los fondos de retiro, las irregularidades en el otorgamiento de “pensiones Cadillac” y las transacciones turbias de intermediarios financieros con el dinero de los sistemas de pensiones del gobierno? ¿Por qué no se investigan esos desmanes y se toma acción, revocando pensiones a los beneficiarios de manejos irregulares? ¿Por qué los trabajadores deben llevar otra vez sobre sus hombros la mayor parte de la carga de la reforma fiscal?
Si luego de este espectáculo el tribunal supremo revoca la Ley 162 y no revoca la Ley 160 se habrá rasgado el velo. Como en el caso de Israel, dónde este hecho simbólico presagió la destrucción del Templo y la dispersión del pueblo judío, este puede ser el evento crítico que desate disturbios sociales. El pueblo (uso el vernáculo populista) está cansado de la kakistocracia. [El tribunal aceptó la aplicación prospectiva de la ley, rechazando su aplicación retroactiva. https://h2o.law.harvard.edu/collages/14095] Diálogo, https://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/n__m._247_a__febrero-marz/8
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