Nuevas formas de política ambiental y económica

La sabiduría suprema de estos tiempos consiste tal vez en pensar como pesimista, porque la naturaleza de las cosas es cruel y triste, y actuar como el optimista, porque la intervención humana es eficaz para el bienestar social y moral, y el esfuerzo de justicia y de bondad, a pesar de lo que nos figuramos, no se desperdicia nunca.

-Benoît Malon, La moral social

 Crisis (pesimismo) y oportunidad (optimismo)

Vivimos en tiempos de crisis, y no solo económica, que es la más discutida. Se trata de crisis en plural: crisis social, crisis política, crisis ecológica, todas ellas entrelazadas.

La crisis económica se hace evidente en un sistema agotado, obsesionado con el crecimiento económico, el cual, como ha planteado el economista Serge Latouche (a quien debo la cita de Malon), se ha vuelto sinónimo de bienestar.1 Se trata de un modelo sustentado en el consumismo excesivo y en la monetización de cada rincón de nuestras vidas, desde la identidad hasta la naturaleza. En Puerto Rico este pensamiento se manifiesta de muchas formas, incluido el hecho de que los indicadores que utiliza la Junta de Planificación para medir actividad económica –aumento en el consumo de cemento, electricidad y gasolina– se interpretan como signos del progreso del país.

La crisis política se manifiesta desde hace décadas en una clase gobernante tecnócrata, enajenada de la realidad que vive la mayoría de la población, y que cada vez tiende a restringir más los espacios de participación real y efectiva de la ciudadanía. Acciones como la Ley de Permisos de 2009 –y su reforma el año pasado– combinadas con decisiones del Tribunal Supremo, y la criminalización y represión de la protesta, representan un cierre progresivo de las puertas de la justicia –de la democracia– para el sector comunitario y ambiental.2

Estas crisis se complementan con numerosos problemas sociales –creciente desigualdad y una alta  incidencia de desempleo, violencia y problemas de salud mental, entre otros– y una crisis ecológica entre cuyas manifestaciones está la continua degradación de nuestros ecosistemas y los servicios ecológicos que proveen. No hay que ser apocalípticos para afirmar que estos graves problemas atentan contra la sobrevivencia misma de la especie humana.3

Como resultado, se ha generado una creciente pérdida de la legitimidad  del sistema, que es cada vez visto con mayor suspicacia, y una creciente movilización social que propone modelos alternativos de producción, de gobernanza o quehacer político, y de relaciones sociales y con la naturaleza. Es ahí donde encontramos el optimismo.

Alternativas a la crisis desde la base: el Bosque Modelo de Puerto Rico

En Puerto Rico existe una larga tradición de este tipo de luchas; de hecho, son las comunidades las que han liderado en las últimas décadas los esfuerzos por la conservación ambiental y el desarrollo de base comunitaria en el país.5

De esas experiencias surge la propuesta del Bosque Modelo de Puerto Rico (BMPR) y los proyectos legislativos sometidos recientemente para crear oficialmente el BMPR y promover su desarrollo.

El concepto de “bosque modelo” se refiere a un territorio o región donde las personas se organizan y participan para gestionar, de forma colaborativa y consensuada, sus bosques y recursos naturales y promover el desarrollo humano sostenible. La idea surgió en Canadá a principios de los años 90 como una propuesta para ayudar a solucionar conflictos persistentes entre empresas madereras y las comunidades en una región forestal del país. Con el pasar del tiempo el concepto se convirtió en una especie de certificación para regiones forestales a través de todo el mundo, agrupadas en una red internacional (Red Internacional de Bosques Modelo) y redes regionales (en el caso de Puerto Rico, la Red Iberoamericana). Iberoamérica cuenta con 29 bosques modelo en 14 países, cubriendo una superficie de más de 31 millones de hectáreas.

Los bosques modelo se rigen por seis principios:

1. Asociación: un foro neutral de participación voluntaria de distintos sectores de la sociedad, y que usualmente se denomina como Mesa de Diálogo.

2. Paisaje: un enfoque de manejo integrativo de toda una región definida que abarque diversos usos del suelo.

3. Sostenibilidad: una economía local diversificada enmarcada en criterios ecológicos y de equidad social.

4. Gobernanza: una estructura de gobernanza inclusiva, participativa, transparente y responsable, que represente los distintos sectores de la región, promueva la colaboración, y pueda prevenir y manejar conflictos en torno al manejo de recursos naturales.

5. Programa de Actividades: un plan estratégico con un programa amplio de actividades que representen la visión, necesidades, retos y valores en la región.

6. Trabajo en Redes: compromiso con la transferencia de conocimientos y capacidades en los procesos de colaboración.

La propuesta del BMPR –contrario a la gran mayoría de las políticas y proyectos públicos– fue concebida desde la sociedad civil y la autogestión comunitaria, bajo la coordinación de Casa Pueblo de Adjuntas, entidad pionera en la gestión comunitaria de recursos naturales. Casa Pueblo fue agente instrumental en el establecimiento del Bosque del Pueblo en 1996 –el primer bosque estatal creado en cinco décadas–, así como la consecución del  primer acuerdo de co-manejo con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).6

Gracias a la gestión de Casa Pueblo y Agenda Ciudadana, el entonces candidato a gobernador, Alejandro García Padilla, se comprometió a apoyar esta propuesta, y luego de electo, a mediados de 2013 creó un Comité Multisectorial con representación de varias agencias de gobierno y de entidades comunitarias y profesionales para que trabajara en la redacción de un proyecto de ley para crear el BMPR.7

¿Por qué es relevante esta propuesta? Desde mi perspectiva, al adoptar y propulsar los principios establecidos internacionalmente para los bosques modelo, el proyecto del BMPR atiende de forma directa e indirecta muchos de los problemas centrales de la crisis actual.

En primer lugar, el BMPR presenta una nueva estructura de gobernanza más participativa, colaborativa, y deliberativa, que combina el rol del estado y de la sociedad civil en tres pilares entrelazados: (1) una mesa multisectorial o de diálogo, (2) un fideicomiso y (3) una corporación pública. La mesa multisectorial es el corazón de la gobernanza de todo bosque modelo. En esta se juntan una amplia gama de representantes de diversos sectores sociales (el comunitario, el empresarial, el gubernamental) comprometidos con los principios de los bosques modelo, para definir el plan estratégico para la región, y para apoyar la implementación de proyectos que avancen los objetivos de dicho plan. La corporación pública, que se inspiró en la del Proyecto ENLACE del Caño Martin Peña, se vislumbra como una oficina pequeña, con un término fijo de 8 años, enfocada en la gestión de proyectos, la coordinación entre agencias, y el apoyo a proyectos de la sociedad civil. Esta fue la forma de establecer una participación directa del gobierno en el proyecto, y de evitar la fragmentación de la iniciativa en distintas agencias (o peor aún, de que fuera delegada a una sola agencia). A la misma vez, la corporación tendría en su junta de directores representación de la sociedad civil con nombramientos basados en las recomendaciones de la mesa multisectorial. Por su parte, el fideicomiso del BMPR sería una entidad privada pero con fines públicos, la cual contaría con un fondo dotal creado con financiamiento público y privado para asegurar la continuación del apoyo a proyectos una vez concluyan las labores de la corporación.

Este modelo de gobernanza va a la par con las tendencias para el manejo de recursos naturales que gozan de mayor reconocimiento a nivel mundial, y que buscan integrar a las comunidades y otros sectores no-gubernamentales en esta gestión.8 Más importante aún, en un país en donde la participación ciudadana en decisiones gubernamentales ha tendido históricamente a limitarse a elecciones, a rituales administrativos formalistas en donde las decisiones ya han sido tomadas previamente (como es el caso de las vistas públicas), o a procesos judiciales adversativos, esta estructura sienta las bases para una democracia mucho más tangible.

En el ámbito económico, el BMPR propone apoyar el desarrollo y el bienestar de la región con un modelo diferente que se aparta de la obsesión con el crecimiento económico como principal medida de progreso. Este modelo establece la solidaridad, la generación de beneficios a nivel local o comunitario y la sostenibilidad ecológica como ejes rectores, y busca diversificar las actividades productivas de la región apostando a sectores que resultan innovadores para la isla, como el turismo sostenible (ecoturismo, agro-turismo, turismo cultural), la agricultura ecológica, y el desarrollo de tecnologías verdes, como las de energía renovable. Además, se centra en formas de organización cooperativa y de microempresas comunitarias, las cuales nunca han recibido un apoyo sostenido de parte del estado.

Por último, en la dimensión ecológica es importante reiterar que en el BMPR la sostenibilidad es uno de los principios rectores. De ahí que se proponga un nuevo modelo de conservación -que Casa Pueblo ha definido como un “boque con gente”-, basado en la gestión integrada del paisaje. Este acercamiento contrasta con el manejo histórico de las áreas naturales protegidas y las áreas privadas contiguas, que con contadas excepciones ha sido fragmentado (es decir, atendiendo cada área por separado, sin tomar en cuenta las interacciones entre áreas) y centralizado desde el Estado, sin mucha participación de las comunidades aledañas ni los dueños de terrenos.

Para implementar estas propuestas, el BMPR busca combinar incentivos económicos, servidumbres de  conservación, capacitación, educación, e investigación. Los incentivos podrían usarse, por ejemplo, para financiar microempresas de ecoturismo o agricultores que quieran sembrar de forma ecológica. Por otro lado, se contratarían gestores parea ofrecer acompañamiento técnico a estos empresarios y a otras personas interesadas, para así difundir la aplicación de prácticas más sostenibles en los distintos usos del suelo. En el ámbito educativo, Casa Pueblo ya está dando un ejemplo con el proyecto del Bosque Escuela La Olimpia, que utiliza dicho bosque como un espacio educativo, con actividades semanales integradas a los currículos escolares.

Los retos del BMPR

Los retos para la implementación del proyecto del BMPR y de la visión que lo anima son muchos, comenzando por la renuencia de algunos políticos a legislar para formalizar un compromiso gubernamental real con el proyecto y, específicamente, con su financiamiento anual. El proyecto de ley presentado a la legislatura no establece una asignación específica de fondos. La propuesta del Comité fue de $5 millones anuales, de los cuales iría una cantidad para la operación de la corporación pública y una porción para el fideicomiso. Esta asignación representaría una inversión de menos de $13 dólares por cuerda. Sin un apoyo financiero adecuado, el BMPR no contaría con los recursos necesarios para manejar un proyecto de esta magnitud, y el proyecto sería letra muerta. Sabemos que son tiempos de estrechez económica, pero, ¿acaso no se le pagó a la empresa Boston Consulting Group la friolera de 6 millones de dólares en menos de un año para un “estudio sobre planes estratégicos del gobierno y nuevos mercados”, (whatever that means)?

Por otro lado, y como era de esperarse, el proyecto del Bosque Modelo ha sido criticado por la Asociación de Constructores de Hogares, para la cual el BMPR representa un cambio de paradigma del modelo económico basado en el desparrame urbano descontrolado con el que se han enriquecido constructores y contratistas durante más de medio siglo. Sorpresivamente, el Departamento de Agricultura y ciertos gremios agrícolas también han cuestionado el proyecto, aparentemente preocupados por su fomento de la agricultura ecológica; al parecer, aún hay sectores que siguen aferrados a modelos caducos y probadamente fallidos de agricultura industrial, basados en el monocultivo a gran escala y el uso masivo de agro-químicos.

Finalmente, no podemos pecar de ingenuos y pensar que será fácil lograr, a corto plazo, la participación amplia y representativa de los diversos sectores sociales de la región del BMPR, o que estará ausente de conflictos entre  estos sectores, cada cual con distintas visiones, intereses, y valores referentes al uso y conservación de los recursos de la región. La realidad es que la creación y consolidación de muchos de los procesos colaborativos necesarios para el éxito del proyecto se dará, más bien, a mediano y largo plazo. Para ello, habrá que realizar una intensa labor de persuasión, concienciación, generación de capacidades, y manejo de conflictos.

Pero, a pesar de estos retos, tenemos que partir de un reconocimiento de la singular coyuntura en que nos encontramos. Tenemos, por un lado, a un gobernador que de entrada se comprometió con el proyecto (aunque ahora haya que presionar para mantener ese compromiso en la legislatura), y un grupo de jefes de agencia y personal de confianza (en particular en el DRNA, la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo) sumamente capaces, interesados en las posibilidades que brinda el proyecto, y comprometidos con él. Por otro lado, está la iniciativa y liderazgo de Casa Pueblo, en colaboración con otras organizaciones comunitarias ambientales y profesionales, que han logrado crear un frente a favor del Bosque Modelo. Se nos presenta, en fin, una política de ‘otro Puerto Rico posible’, generada desde la base, que amerita el apoyo de todos los sectores progresistas del país, desde los ámbitos de la conservación, la economía, y el trabajo social, hasta los de la investigación, la educación, y la cultura. No desaprovechemos la oportunidad.