El Lcdo. Osvaldo Burgos conversa con el equipo del CPI. Erika Rodríguez / CPI
“El CPI sigue en su búsqueda de información sobre las personas y organizaciones que influyen en los procesos de la negociación de la deuda e insiste en la transparencia que amerita este proceso y que es reclamada por el país. Si se pide sacrificio a los ciudadanos y se habla de recortes de servicios, lo menos que podemos esperar del gobierno es que se hagan públicos los detalles sobre este proceso y saber con quiénes se negocia”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva de la organización.
La primera solicitud se trata de una carta y las propuestas, términos y condiciones que le hizo el denominado Ad Hoc Group al gobierno de Puerto Rico, según trascendió en medios de comunicación el pasado 24 de junio. El Ad Hoc Group es un ente que aglutina empresas de fondos de cobertura y fondos buitre que poseen deuda del gobierno de Puerto Rico. La jueza había establecido que la solicitud se tornó académica debido a que el gobierno entregó la carta. Sin embargo, la información requerida sobre términos y condiciones del Ad Hoc Group no fue entregada, por lo que el CPI le solicitó a Navas que reconsidere su decisión.
La segunda petición en la cual piden reconsideración es la lista de integrantes del Ad Hoc Group que se ha estado reuniendo e intercambiando documentos con funcionarios del gobierno de García Padilla. El CPI indica que “de la información y argumentos del E.L.A. se desprende que la parte promovida ha estado al menos por un año negociando con el denominado Comité Ad Hoc Group por lo que no puede alegar que no tiene información de quiénes se trata… Se trata de información pública que obra en poder de las co-demandadas y sobre la cual tienen el deber ministerial de ponerla a disposición de la parte peticionaria».
Expone además la moción que el gobierno pretende obtener ventaja de la falta de transparencia en la gestión gubernamental para alegar que las solicitudes del CPI son vagas e imprecisas.
Tanto el E.L.A. como el BGF y su Presidenta presentan sus argumentos basándose en una premisa errónea sobre lo que significa el acceso a la información, se afirma en la moción. «Las co-demandadas parten del supuesto equivocado de que si la información solicitada no consta en documento público, no tiene el Estado o sus agencias e instrumentalidades el deber de proveer la información», indica el documento.
En relación a las otras peticiones de información llevadas al tribunal por el CPI, según fuera solicitado por la Jueza Navas, la organización radicó otra moción el pasado viernes a los efectos de realizar una exposición más definida en cuanto a otro requerimiento de información hecho al Banco Gubernamental de Fomento sobre la identidad de los fondos de cobertura presentes en Puerto Rico y la cantidad de deuda que poseen. El CPI limitó su petición a «la identidad de las compañías de Fondos de Cobertura que adquirieron bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el mercado primario en la que se entiende que ha sido la única emisión que se hiciera a principios del año 2014, así como la cantidad de bonos que posee cada una de las referidas compañías».
Sobre el Centro Periodismo Investigativo
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