La dependencia gubernamental reincide en estas actuaciones. Se trata ahora de $14 millones cuyo paradero es desconocido, alertó la asociación de documentalistas boricuas.
El BGF dice que no tiene la información sobre la deuda que emitió, sino que la debe tener Barclays. Barclays a su vez dice que no divulga esa información, que se debe conseguir en la base de datos de EMMA. Esta última no tiene la información, según comprobó el CPI.
El CPI radicó este lunes una moción de reconsideración ante la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Aileen Navas, en la cual le pide que revise dos de las peticiones de información que ésta había desestimado.
Los demandantes solicitan la totalidad de los documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre la firma UBS Financial Services en Puerto Rico.
Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto.
De la libreta del periodista, un comentario sobre la odisea de lograr acceso a la información sobre inmigración que se supone que ofrezcan las agencias federales en Puerto Rico.