La Junta y la negación

Tienen mucho que estudiar, analizar y actualizar los profesionales y expertos de la conducta humana. El caso es complicado, aunque no somos el único. La historia está llena de ejemplos. Se trata de un comportamiento individual pero sobre todo colectivo. La colonia y la subordinación de una nación sobre otra es más que un sistema económico de explotación y extracción de riquezas, es un entramado de relaciones de dominación política, social, cultural y sicológica. Cuando el dominado (el colonizado) acepta su condición y la interpreta como buena y hasta normal, el régimen de dominación ha logrado un gran éxito. Mientras, negar la condición colonial, incluso relegarla y llegar a afirmar que no es “lo principal”, es parte del dominio ideológico que con tanto deseo procura el colonizador. La negación se convierte en comportamiento y en una gran aberración y distorsión de la realidad.

Es continua, en paquetes, como la física del comportamiento de la luz (fotones). Por décadas, muchos se creyeron el fetiche del “ela”, sin embargo, una vez desvestido por los mismos que lo crearon, la negación no ha desaparecido para aquellos que se convirtieron en sus mercaderes y más devotos monjes. Ni la imposición de una Junta Imperial y despótica los estremece. La indignación no les brota, mucho menos la vergüenza. Navegan en un barco de papel, un día lanzan declaraciones que parecieran un episodio de sanación, para al otro día rogar y clamar por la piedad del amo. La negación se manifiesta en el liderato político tradicional del País como el único lenguaje que le dicta su creatividad atrofiada. No tienen respuestas, no se atreven, tienen miedo a salir del confinamiento porque se enajenaron de la realidad y creyeron que eso era todo lo que existía o, peor, “lo mejor de dos mundos”.

¡Ni hablar del debate electoral! Escuchar y ver programas donde entrevistan a candidatos sobre sus propuestas ‒de estos ser electos‒ es otra muestra patética de negación. Con la imposición de la Junta Imperial es muy poco lo que se puede proponer, mucho menos prometer. La mayoría de los políticos con aspiraciones electorales siguen sin reconocer, algunos por pura conveniencia, que en los próximos cinco años -al menos- gobernarán siete personas nombrados por el presidente de otro país, la mayoría desconocidos, no residentes, ni puertorriqueños. La única pregunta válida a los candidatos es si van a colaborar con la agenda de destrucción que trae la Junta o la van a desobedecer y a combatir. No hay términos medios. Es muy sencillo, el principal obstáculo a cualquier programa de desarrollo económico para Puerto Rico es la propia Junta Imperial.

Pero no solo los políticos de los dos partidos estadistas de Puerto Rico exhiben tal conducta, la patología se riega a otros sectores. La Ley “Pobreza”, llamada engañosamente “PROMESA”, tiene también en la negación a algunas personas dentro del sector privado empresarial. Están “esperanzados” con la supuesta posibilidad de medidas de desarrollo económico que surjan del “Congressional Task Force on Economic Growth in Puerto Rico”. Sobre este comité, conviene insistir y dejar claro que la Ley “Pobreza” no dispone que sus recomendaciones deban ser acogidas por la Junta o por el Congreso. Es sencillamente un Comité para hacer nuevamente un análisis de la crisis económica de Puerto Rico. En otras palabras, será otro estudio que se sumará a los dos que hizo la Reserva Federal, al de Ann Krueger, al de KPMG, y a tantos otros de una extensa bibliografía ya redundante. Todos ellos contienen una larga lista de recomendaciones y, posiblemente, todos fueron enviados al Congreso. Sí, ahora, otro estudio más tiene contento a algunos empresarios y consultores. Esa es la ruta que mantendrá maniatados a los que se embarquen en ella.

Nuevamente la negación lleva, a quienes le profesan “fe” al Task Force, a divorciarse de la realidad y olvidar la discusión y el contexto político que sirvió de escenario a la aprobación en el Congreso de la Ley Pobreza. Conviene refrescar la memoria. En el debate hubo dos asuntos o principios que fueron la base de la legislación: (1) cero erogación de fondos del Tesoro de Estados Unidos para atender la crisis fiscal de Puerto Rico y, (2) que no hubiera rescate financiero. Sobre todo, los congresistas republicanos fueron enfáticos y consecuentes en insistir en ambos asuntos. Por eso, la ley no contiene ninguna medida de desarrollo económico y ningún paquete de “ayuda” financiera, como sí la tuvieron las juntas que se legislaron para las ciudades de Washington y Nueva York. Es pertinente recordar las siguientes expresiones del presidente de la Cámara Paul Ryan: “…a largo plazo este proyecto protege a los contribuyentes estadounidenses de un rescate financiero” (El Nuevo Día, 13 de abril de 2016). Por su parte, los coautores de la Ley, Rob Bishop, presidente del Comité de Recursos Naturales, y el congresista Sean Duffy, expresaron con clara elocuencia lo siguiente: “ni 10 centavos del dinero de los contribuyentes estadounidenses se dirigirá a pagar la deuda de Puerto Rico” (El Nuevo Día, 23 de mayo de 2016). Esas fueron las expresiones más generosas del lado republicano, quienes, no olvidemos, se aseguraron que 4 de los 7 miembros de la Junta Imperial serán republicanos. Es decir, es una Junta a imagen y semejanza de la religión republicana.

Tampoco se debe olvidar que el llamado Task Force fue una especie de dulce que los republicanos necesitaban ofrecerles a los demócratas para poder sumar sus votos a la legislación y que los demócratas también necesitaban para justificar su apoyo a la Ley Pobreza ante la presión que estaban recibiendo de la diáspora puertorriqueña y sus aliados en Estados Unidos, en pleno proceso primarista.

Puede haber sentido de culpa en quienes prefieren destacar la importancia del Task Force, por no haberse opuesto con vehemencia a la imposición de una Junta que es un insulto a la dignidad del País. Pero hay también quienes piensan que pueden sacar algún beneficio individual, para su grupito, algún contrato, algún nombramiento, no importa que ello implique colaborar con siete procónsules cuyo principal mandato es pagarle a los acreedores, a los fondos buitres y reventar al País.