Manifiesto de una noche de verano

Por desagradable que resulte, hay que quitarse el sombrero ante la manera en que el liderato del Partido Popular Democrático ha dirigido buena parte (no toda, felizmente) de la opinión pública, incluyendo la prensa, en la dirección que desea: en la dirección de que se acepten sus propuestas y medidas de austeridad como inevitables y razonables.

A través de ese esfuerzo ha logrado convencer a un sector importante del país de que, primero, el problema fundamental de Puerto Rico es el déficit del presupuesto del gobierno; segundo, la causa del déficit es el gasto público excesivo; tercero, la solución al déficit son recortes presupuestarios; cuarto, detrás del gasto excesivo se encuentran los beneficios y supuestos privilegios de los empleados públicos; quinto, los salarios se deben ajustar a la realidad fiscal; sexto, los trabajadores y organizaciones que no acepten esto colocan sus intereses particulares por encima de los intereses de Puerto Rico; séptimo, las protestas, los paros y las huelgas no resuelven nada y son acciones irresponsables.

Todo esto tiene cierto aire de sentido común, de lógica y de inevitabilidad que a primera vista parece ser irrefutable. Pero basta reflexionar un poco para ver que el empañetado de este sentido común tiene grandes grietas.

Para empezar, el problema fundamental no es la crisis presupuestaria sino la crisis económica, que subyace a la primera. La economía de Puerto Rico no crece hace ocho años. Genera cada vez menos empleos. Desde 1996 se han perdido mitad de los empleos en la manufactura. A esto se añade el mecanismo que el gobierno insiste en esgrimir para tratar, sin éxito, de revivir la economía: la exención contributiva. Crisis económica y política de exención contributiva combinadas: son dos ingredientes sin los cuales no puede entenderse la crisis de las finanzas del Estado. Si el gobierno no cobra impuestos a las más grandes empresas, se priva de recaudos. Si la economía no crece, los recaudos del gobierno caen. Si el gobierno no tiene los recaudos necesarios se endeuda y el endeudamiento tiene un límite, fijado por la confianza de los bonistas. Pero el problema no es que el gobierno sea demasiado grande ni que los empleados públicos sean unos privilegiados, sino que la economía no crece y que la política que se espera la haga crecer priva al gobierno de recursos sin lograr su objetivo. Entonces la solución exige adoptar una nueva política para reactivar la economía, no masacrar el presupuesto público.

Como han señalado diversos economistas, no es cierto que el gobierno de Puerto Rico sea «demasiado grande». En relación a su población es más bien reducido, si se le compara con otros países. El gobierno pesa grandemente en la economía y el empleo no porque sea demasiado grande, no por el supuesto «gigantismo gubernamental», sino por el raquitismo de la economía privada: por la falta de proyecto de los grandes patronos privados, que tanto critican a los trabajadores y a la empresa pública, sin mirarse a sí mismos y su incapacidad de darle dirección y coherencia a la economía de Puerto Rico.

¿Qué efecto tendrá reducir el gasto público, reducir las plazas, los salarios, las aportaciones patronales a planes médicos y de pensiones en una economía con un sector privado deprimido y con una clase empresarial sin proyecto propio? Tendrá el mismo efecto que la ley 7: empobrecer al pueblo trabajador, reducir la actividad económica y profundizar la crisis.

No se trata de un ataque a las uniones o los empleados públicos únicamente. ¿Qué sucederá si el gobierno suspende los aumentos acordados de salario o beneficios, congela plazas, aumenta la carga de trabajo, reduce bonos de Navidad y verano, congela aportaciones a planes médicos o retiro, reduce vacaciones y otras medidas similares? Los patronos privados no van a conceder lo que el gobierno quita. Usarán el ejemplo y el precedente del gobierno para reducir salarios, eliminar bonos y aportaciones, exigir más trabajo por menos paga.

García Padilla está perpetuando la política de Fortuño y el efecto será el mismo: el pueblo se empobrecerá, la crisis económica se agravará y la crisis de presupuesto se profundizará. Y en el futuro se añadirán nuevas medidas contra el pueblo trabajador.

Ese ha sido el resultado en todos los países en que se han implantado las llamadas políticas de austeridad. La idea de una austeridad expansiva es una de varias ideas zombis, como las han llamado varios analistas: ideas que han sido refutadas por la crisis que se desató a partir de 2008 y de las medidas adoptadas por muchos gobiernos desde entonces. A los interesados les recomiendo los libros de Austerity: the History of a Dangerous Idea de Mark Blyth (Oxford University Press, 2013), Zombie Economics. How Dead Ideas Still Walk Among Us de John Quiggin (Princeton University Press, 2010) y Never Let a Serious Crisis Go Waste de Philip Mirowski (London: Verso, 2013)

Esta idea zombi dice, como ha repetido el gobernador en varias ocasiones, que cuadrar el presupuesto genera confianza entre los inversionistas, que esa confianza produce inversiones que, a su vez, promueven la recuperación económica. Todos los experimentos de este tipo, estudiados por Blyth en su libro han tenido el mismo resultado: la austeridad fiscal ahonda la crisis, y profundiza la crisis fiscal, el mismo problema que pretendía solucionar.

En ese sentido, las políticas de austeridad han sido y son un fracaso. ¿Por qué insiste el gobierno en una política tan desastrosa? ¿Por qué afirma que no hay alternativas? La razón es sencilla: los líderes tanto del PPD como del PNP son incapaces de tocar los privilegios de las grandes empresas y las ganancias de los que se enriquecen mientras Puerto Rico se hunde. Hay que recordar que si bien las políticas de austeridad son desastrosas en muchos sentidos, no son un fracaso en todos los sentidos. Son muy efectivas para alcanzar otros objetivos. Su efecto inmediato es aumentar el desempleo (esa fue la consecuencia de la ley 7 y será la consecuencia de la llamada Ley de sustentabilidad fiscal, si se aprueba), presionar los salarios de todos los trabajadores públicos y privados hacia abajo, dejar intocadas o aumentar las ganancias de muchos patronos (no todos: algunos sufren los efectos depresivos de estas medidas), asegurar los pagos a los bonistas, que, en el caso de Puerto Rico se combina con mantener la política de exención contributiva que permite que cada año se escapen del país $35 mil millones en ganancias. En fin, lejos de representar los intereses generales del país, o de Puerto Rico, o lo que el país necesita para salir de crisis, estas medidas corresponden a los intereses de un sector social específico: los privatizadores, los bonistas, las megatiendas y las empresas de alta tecnología y otras que se benefician de la exención contributiva. Los líderes del PPD y del PNP dicen que no hay alternativa a la austeridad porque no están dispuestos a tocar esos intereses. No son capaces de imaginar una sociedad que no esté gobernada por esos intereses. No son capaces de concebir una política económica que no dependa de esos intereses.

Aunque despreciable, la campaña del gobierno y sus repetidores en los medios no deja de ser hábil. Su mecanismo más importante es tomar problemas reales y preocupaciones legítimas y dirigirlos contra sectores del pueblo. El presupuesto está descuadrado, las agencias públicas funcionan mal, el gobierno está arropado de corrupción, hay gente que vive muy bien mientras otros viven inseguridad, carencias y precariedad: todo esto es cierto y lo repudiamos. Pero el gobierno intenta y, es triste decirlo, en muchos casos logra transformar esas preocupaciones legítimas en un apoyo a la reducción del gasto público, como si esa fuera la única forma de cuadrar el presupuesto; en un repudio del empleado público, como si él o ella fuese la causa de las políticas adoptadas por otros; en un argumento a favor de la privatización, como si la lógica de la competencia y la ganancia privada fuese la vía al bienestar social; en un rechazo de los derechos adquiridos por las organizaciones obreras, como si esos fueran privilegios injustos.

Tampoco se trata de un ataque contra el salario y las condiciones de empleo únicamente: se ataca la procuraduría de la mujer, se degradan agencias responsables del ambiente, se atacan las cooperativas, se reduce el presupuesto de la universidad.

Por eso los trabajadores y trabajadoras, mujeres y cooperativistas, ambientalistas y estudiantes tenemos que actuar unidos para detener esta legislación, tenemos que desarrollar nuestro propio programa de reconstrucción económica.

Quien representa los intereses del país no es el gobierno, sino los que resisten sus políticas. Dejar que se dirija nuestra justa rabia contra el empleado público que protesta, contra el sindicato que defiende su convenio es permitir que se nos reclute para defensa de lo que existe, de los que gobiernan, de los que mandan y quieren seguir mandando, de los verdaderos privilegiados que ponen sus intereses por encima de los del país.

No es cierto que no existan alternativas. Hay muchas alternativas. Para verlas, para ponerlas en práctica basta con estar dispuesto a poner los intereses del pueblo por encima de los que maltratan al pueblo. Y también hace falta audacia: hay que entender la magnitud de la crisis y de las medidas que serán necesarias para enfrentarla. Digámoslo en pocas palabras: nuestra país exige un proyecto de reconstrucción económica y social, tan o (si añadimos, como debemos añadir, la dimensión ambiental) más abarcador que los cambios que vivió el país durante Operación Manos a la Obra.

En otros escritos he señalado algunas medidas iniciales. No está de más resumirlas una vez más:

Primero. Una verdadera reforma contributiva. En Puerto Rico existen tanto leyes como decretos de exención contributiva que permiten que grandes empresas operen sin pagar impuestos. De esas medidas se benefician grandes empresas farmacéuticas y megatiendas, entre otras. Esas empresas sacan anualmente de Puerto Rico más de $35 mil millones en ganancias. Se supone que esa política genere empleos. Sin embargo, el desempleo supera el 15% y la tasa de participación laboral es de 40%. Se plantea que poner contribuciones a esas ganancias hará que se vayan. Pero esas empresas ya se están yendo: desde 1996 hemos perdido la mitad de los empleos en la manufactura. El país está en depresión económica desde hace ocho años.

Para reorientar nuestra economía tenemos que recuperar parte de las ganancias que hoy se fugan. Hay que imponer una contribución de 10% a esas ganancias. Hay que exigir que una parte de las ganancias que hoy se fugan se reinviertan en Puerto Rico. Hay que atender el problema de la evasión contributiva y el problema del sobrecobro de servicios y materiales al gobierno.

Puerto Rico está por cuarta vez ante la misma encrucijada: en 1976 la economía de Puerto Rico vivió su primera recesión después de la segunda guerra mundial; en 1996 el gobierno federal inició la eliminación de la llamada sección 936; en 2006 se vivió el primer cierre gubernamental como resultado de la crisis fiscal. Fueron tres momentos en los que se debió reevaluar la política de exención contributiva y reorientar el desarrollo económico del país. Pero se dejó pasar el momento y se insistió en una política cada vez más caduca. ¿Hasta cuándo seguiremos por ese camino?

Segundo. Una moratoria al pago de la deuda. La otra cara de la política de exención contributiva es la falta de recursos para el gobierno. Para cubrir ese déficit el gobierno se ha endeudado hasta más no poder. El servicio de esa deuda exige $3.7 mil millones anualmente. Si la economía es rehén de un puñado de grandes empresas, el gobierno es rehén de los bonistas y las casas acreditadoras. En la actualidad, lo que recuperemos como resultado de un impuesto a las primeras se escaparía como pago de la deuda a los segundos. Por eso la reforma contributiva debe acompañarse de la declaración de una moratoria al pago de la deuda.

Moratoria quiere decir que: no se paga la deuda hasta nuevo aviso; se abre un proceso de renegociación de esa deuda; se arma un censo de los acreedores y se inicia una auditoría sobre cómo y para qué fines se contrajo la deuda y como se usaron los fondos.

En lugar de seguir endeudándose para seguir pagando la deuda el gobierno debe declarar la moratoria y dirigir los fondos retenidos, al igual que las contribuciones ya mencionadas, a la reconstrucción económica necesaria.

Una moratoria puede limitar el acceso a nuevos fondos en el futuro inmediato, pero nos libera de pagar 3.7 mil de millones para el servicio de deuda. Bien usados, esos recursos deben ayudar a empezar a poner nuestra economía sobre nuevas bases, que nos liberen del doble secuestro de la economía y el gobierno por grandes intereses.

Tercero. Un plan de reconstrucción económica. La política económica vigente debe cambiarse por un plan de reconstrucción que, sin descartar la exportación, aumente la producción para el mercado interno; sin descartar la inversión externa, enfatice la iniciativa interna; sin eliminar las empresas privadas aumente el peso del sector público y de las cooperativas. Debe enfatizar la reinversión en Puerto Rico del ingreso que se genera aquí y su redistribución a favor del pueblo trabajador.

Un aspecto importante debe ser la recuperación de la agricultura y la industria de los alimentos. Es lo que Puerto Rico necesita desde el punto de vista comercial, del empleo, del ambiental y de la salud.

Necesitamos un plan para la iniciativa económica interna, cuyos ingresos se reinviertan en Puerto Rico, contribuyan al erario y se distribuyan equitativamente. Este plan debe financiarse con parte de las contribuciones indicadas anteriormente, el dinero retenido como resultado de la moratoria en el pago de la deuda y medidas para reducir el malgasto de fondos y acabar la evasión contributiva.

Cuarto. Una propuesta al gobierno federal. También hay que señalar al gobierno federal que conviene al pueblo de Estados Unidos que Puerto Rico se dote una economía capaz de financiarse a sí misma. Para impulsar estas propuestas debemos buscar nuestros aliados en los movimientos en Estados Unidos que también insisten en que la crisis no la deben pagar los trabajadores ni pobres. Los trabajadores en Puerto Rico y Estados Unidos tenemos los mismos intereses. Necesitamos políticas contributivas y económicas solidarias. Necesitamos un plan de reconstrucción económica que ponga el bienestar social por encima de los intereses privados de unos pocos.

Quinto. Presupuesto y gestión participativa. La reforma contributiva, la moratoria, la lucha contra el malgasto y la corrupción y el plan de reconstrucción económica no son posibles sin la participación activa del pueblo trabajador. El pueblo mismo debe determinar cuáles deben ser las prioridades del presupuesto de los municipios y del gobierno central. Para eso existe el mecanismo del presupuesto participativo en que asambleas deciden cuáles de una serie de áreas deben ser prioritarias y los proyectos más importantes. Luego, delegados junto a técnicos y planificadores elaboran un plan que corresponde a esas preferencias. Es un sistema para el cual ya existen modelos y precedentes, tanto de los aspectos organizativos como técnicos. Es un sistema que fomenta la participación y libera al gobierno de la politiquería a la que ahora está sometido.

Como hemos dicho en otras ocasiones esto conviene a los trabajadores y trabajadoras estadistas, autonomistas e independentistas. Conviene a los puertorriqueños en Puerto Rico y a los que viven en Estados Unidos. Conviene a los trabajadores en Estados Unidos y en Puerto Rico. Crea las condiciones para que podamos dilucidar el problema del status libremente. Ni el PNP ni el PPD asumirán de buena gana estas propuestas. Sus líderes están comprometidos con los grandes intereses. Están comprometidos con Wall Street. Están sometidos a las acreditadoras. Para salir verdaderamente de la crisis, acorde con los intereses de las mayorías trabajadoras y empobrecidas, tenemos que organizarnos. Tenemos que estar en la calle. Y tenemos que buscar nuevas opciones electorales. De lo contrario la medicina que nos administran será cada vez más amarga.