P. de la C. 1018 o el arte de legislar la mentira

En Puerto Rico no sólo se protege el derecho a ejercer la religión como se quiera. También se protegen las iglesias, se protege a los oficiales de dichas iglesias y a sus instituciones. Además, se protegen las finanzas, algunas millonarias, de las instituciones religiosas con generosas exenciones contributivas aún cuando muchas de estas instituciones funcionan como negocios que agresivamente buscan lucro y ganancias. Los miembros de algunas iglesias son bienvenidos a toda hora en la Legislatura, se les da derecho a opinar y se le da peso a su opinión en legislación, en nombramientos de gabinete, en la delineación de política pública y como política pública se impone la oración al Dios Cristiano en múltiples instancias y actividades oficiales de Gobierno. La influencia de la religión es tal que es difícil incluso acusar y lograr la convicción y/o encarcelamiento de pastores, ministros, curas y demás que traicionan la confianza de sus feligreses ya sea robando dinero de la iglesia o abusando sexualmente de menores. La legitimidad de las personas que se amparan en las instituciones religiosas es tal que la impunidad les acompaña muy de cerca.

La estrategia legislativa que se utiliza hoy en día es la misma que se utiliza hace años para engañar al pueblo. La Legislatura promete que el proyecto hará lo contrario de la verdadera intención del mismo. Si vas a contaminar una comunidad o hacer daño al ambiente entonces llamas al proyecto “verde” o llamas al contaminante “limpio”. Así se trató de engañar a Puerto Rico con “la vía verde” cuando en realidad el proyecto amenazaba varios ecosistemas importantes y lo único verde eran los billetes que contratistas privados se echarían al bolsillo. También se describe la tecnología que utiliza “carbón limpio” para dar la impresión de que el método no es uno tóxico o dañino a nuestro ambiente. Esto aún cuando sabemos que de los 3 combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural el carbón es el más sucio. La orden Ejecutiva de Fortuño eliminando la reserva del corredor ecológico del Noreste llamando a su proyecto “gran reserva del Noreste” titulo demagógico porque realmente desarrollaría hoteles innecesarios a costa de una reducción significante de la actual reserva ecológica.

El mismo truco se utilizó con el P. de la C. 1018, mal llamado “Ley para la protección de la Libertad Religiosa”, cuando realmente es un proyecto para hacer inútiles o desechables las reivindicaciones que han conseguido las comunidades LGBTQ en Puerto Rico. El proyecto no debería llamarse Ley para la protección, sino ley para la impunidad de las instituciones religiosas ya que las mismas lo que buscan es eximirse de las mismas leyes que se aprueban para garantizar la plena participación de ciudadanas y ciudadanos en el día a día del país sin temor a que se les persiga, discrimine y excluya de la vida social en el país.

El Proyecto para la impunidad utiliza el ejemplo de los objetores de conciencia durante la guerra de Vietnam. Sin embargo, hay otros ejemplos más puntuales. Yo propongo que el proyecto sea evaluado a la luz de los esfuerzos de los racistas (incluyendo muchísimas iglesias cristianas confederadas) en Estados Unidos para rechazar y socavar los derechos de las comunidades negras una vez se hizo ilegal la esclavitud, la segregación, el matrimonio inter-racial, el voto de los negros, el derecho a tener propiedad, el derecho a acusar a una persona blanca, el derecho a trabajar y recibir paga igual. Todas esas batallas, en las que participaron muchísimas iglesias cristianas del sur de USA en contra de los negros.

Los racistas nunca dejaron de discriminar, atacar y menoscabar los derechos reconocidos a las poblaciones negras. Las cortes nunca pusieron fin al racismo y discriminación por completo. La determinación de esos cristianos a odiar a aquellas y aquellos diferentes no tiene límites legales o racionales. De la misma manera, en Puerto Rico, algunas iglesias rehúsan aceptar los avances en derechos civiles. Cuando la impunidad se ve amenazada entonces reclaman las protecciones que ellos mismos niegan a otros sectores en el mismo país. ¡Que arrogancia!

Algunas personas preocupadas por las comunidades LGBTQ y conociendo la sed de venganza y retribución de algunas iglesias Cristianas en Puerto Rico contra estas comunidades han sugerido una enmienda al proyecto que especifique que el mismo no se utilizará contra estas comunidades. Esta sugerencia no atiende el defecto máximo de este proyecto y es el efecto de la impunidad y la imposibilidad de predecir a quién se le puede hacer daño con el mismo. A continuación hago sugerencias de posibles desenlaces que no sólo afectan a las comunidades LGBTQ sino a otras comunidades del país.

1. Bajo esta ley se podría pedir de nuevo que se exima de licencia a las escuelas religiosas, abriendo las puertas a que se enseñe de nuevo que la tierra es plana, que el ambiente no está en peligro y que la mujer debe ser obediente al hombre.
2. Se podría abrir las puertas a que de plano se descarte todo estudio científico haciendo común la ignorancia, el miedo, la desinformación y todos esos males que mantienen a un país atrasado, rezagado entre sus pares.
3. Bajo esta ley se pudiera negar servicios o cuidados a mujeres que hayan tenido abortos, adúlteras, madres solteras, hijos o hijas de madres solteras, mujeres divorciadas, hijas e hijos de padres divorciados, etcétera.
4. En un país donde tantos centros de ayuda y albergue a mujeres victimas de violencia doméstica las condiciones para dar estos servicios pudieran excluir a las poblaciones que más los necesitan.
5. Seguros médicos (que ya se niegan, por ejemplo a proveer métodos anticonceptivos, pudieran negarse también a atender casos de gonorrea, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.
6. Algunas iglesias que creen que insisten en negar la equidad e insisten en que el hombre es cabeza del hogar se pueden negar a cumplir con la Ley 54 en perjuicio de la persona maltratada.
7. El matrimonio con niñas menores, que algunas iglesias Cristianas promueven o al menos se hacen de la vista larga, pudiera institucionalizarse en perjuicio de cientos de niñas menores.

En fin, en momentos en que en Puerto Rico hay hambre, miles de hogares no tienen techos ni luz o agua. En una crisis de administración que ha mantenido cientos de escuelas cerradas y donde la oferta de empleos y trabajo remunerado sigue disminuyendo. En un país a punto de entrar a un disimulado bloqueo económico gracias a la reforma fiscal en Estados Unidos y con una deuda sin auditar de billones de dólares, la Legislatura escoge, sin vistas públicas y en secreto dar paso a este tipo de proyecto que no une sino que por el contrario divide al pueblo de Puerto Rico, enfrentando a unos(as) contra otros(as) y fomentando el abuso, discrimen y violencia al que algunas iglesias nos tienen ya acostumbrados. Lo único sensato que queda por hacer es exigir al gobernador de Puerto Rico que lo vete.

* Este artículo fue publicado originalmente en Claridad y se reproduce aquí con el permiso del autor.