Para restaurar la confianza y la credibilidad

La instalación del nuevo gobierno en Puerto Rico ha traído un hálito de aire fresco y de esperanza a la ciudadanía. El oneroso legado de la administración de Luis Fortuño había sumido a Puerto Rico no sólo en una crisis económica, sino en un profundo deterioro ético, en un estado de temor e impotencia y cosechaba una creciente desconfianza en la clase política y sus instituciones. Si bien la victoria del Partido Popular no fue una contundente -estadísticamente hablando-  el hecho de haber alcanzado mayoría en Cámara y Senado, así como haber ganado San Juan y buena parte de las alcaldías del país, generaron euforia en todos los sectores que vivían angustiados por los desmanes del gobierno saliente. La metáfora de un nuevo amanecer se instaló cómodamente y dominó el espíritu de la Navidad y el inicio del 2013 en Puerto Rico. La, para muchos, sorpresiva victoria de Carmen Yulín Cruz Soto frente al  arbitrario, impune y arrogante alcalde de la capital Jorge Santini, permitió que afloraran los sueños de una ciudad más vivible, más real y segura. Asimismo, la mayoría de los nombramientos del nuevo Gobernador apuntan a que reclamos ciudadanos de muchos años puedan encontrar un terreno fértil para crecer.

Todo ello ha permitido recuperar la ilusión, pero ha generado expectativas que  subestiman los problemas complejos y profundos que vienen estrangulando a la economía y a la política puertorriqueña por muchos años. Salir del atolladero requerirá mucho más que buena voluntad y discursos de avivamiento. Requerirá comenzar a hacer las cosas de otra manera, buscando un proceso de diálogo y de concertación que nos permita llegar a acuerdos básicos -fundamentales- en la sociedad, sobre los cuales construir una ruta de salida a la multifacética crisis  que vivimos hoy. Recuperar la alegría y la ilusión no es poca cosa, pero no es suficiente.

Tomemos la situación económica del país, que se acerca mucho a una quiebra generalizada. Llevamos años de estancamiento económico o de crecimiento exiguo, con  niveles de endeudamiento personal y público llegando a su límite. El cierre de empresas ha sido una constante en las últimas décadas y nuestra estructura productiva está prácticamente desmantelada, lo que ha llevado a altísimos niveles de desempleo y de dependencia de fondos federales, generando procesos de fragmentación personal, frustración y depresión colectiva. Puerto Rico es hoy una sociedad gravemente enferma, que ha llegado a niveles alarmantes de violencia  y a una alta incidencia criminal. Con esa estructura, y sin la falta de oxígeno que el trabajo digno provee, hemos quebrado los sistemas de retiro y puesto enormes presiones sobre el sistema de salud, que no logra atender las necesidades evidentes. Para colmo, el sistema educativo está colapsado, a pesar de los cuantiosos recursos que recibe tanto del presupuesto de Puerto Rico como de fondos federales y a pesar de los esfuerzos del magisterio que siempre ha estado comprometido con la buena gestión. La corrupción de sus altos funcionarios ha minado la educación pública, generando pésimos modelos para toda la sociedad. Finalmente, y  a contracorriente del resto del mundo, los niveles de pobreza de Puerto Rico han aumentado significativamente y se acercan a los del pasado, con más del 45% de nuestra población en esa condición. Además, lejos de reducirse, la desigualdad social ha seguido en aumento, demarcando mundos que cada día son más disímiles. Puerto Rico, el otrora modelo de desarrollo para el mundo, es hoy un ejemplo de involución económica y social. El cuadro no es halagador,  ni será fácil encontrar salidas idóneas.

Por otro lado, debemos reconocer que el país está profundamente dividido ideológica y políticamente, lo que no ayuda al proceso de reconstrucción profunda que debe hacerse porque las consideraciones electorales siempre estarán presentes al formular las políticas públicas. Un bipartidismo anquilosado se ha entronizado en nuestro quehacer político, y cada cuatro años se reinventa la rueda, copiando la cultura cañera de tumba y quema, en vez de apostar a la de la construcción bloque sobre bloque. Aún cuando los cambios de gobierno hayan sido del mismo partido se verifica la tendencia perniciosa a distanciarse de lo que se hizo antes y a cambiar los cuadros claves de la gestión de gobierno. La improvisación, la toma de atajos para resolver problemas de larga data que requieren estrategias complejas y multidimensionales, y la retórica del cambio, han caracterizado la administración pública desde hace años. Hoy, de nuevo, apostamos a que esta vez sí será diferente, pero ¿podrá serlo?

El gobierno de Alejando García Padilla podría llegar a impulsar en algunos cambios radicales que necesitarían hacerse,  pero siempre estará pensando en sus repercusiones electorales, dado el estrecho margen de victoria con que ganó. Si bien hay alegría con la mayoría de las designaciones del Gabinete, muchos ya se están preguntando cuánto tiempo durarán éstos en sus cargos, dadas las contradicciones que pronto comenzarán a florecer. Para que esta vez pueda ser diferente, hay que hacer las cosas en forma diferente.

La experiencia latinoamericana desde el inicio del nuevo milenio puede aportar algunas claves en el tema de construir políticas diferentes para obtener resultados diferentes. De entrada,  vale la pena señalar el alejamiento que la mayoría de los países hizo del modelo económico neoliberal.  En la década del noventa del pasado milenio la región había seguido fielmente todas y cada una de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, dominados entonces por la visión de Washington de cómo debía organizarse una economía capitalista. El desastre fue monumental y muy parecido a lo que vive Puerto Rico hoy. Economías colapsadas, procesos de desmantelamiento de los aparatos estatales, endeudamiento infernal y pagos por intereses que se comían el producto bruto interno, pobreza generalizada, altas tasas de desempleo y precariedad en todos los ámbitos de la vida, excepto para los sectores muy adinerados. La llegada al poder de gobiernos de corte progresista entre 1998 y la fecha, comenzó a cambiar esa realidad.

Las medidas de cambio de modelo de la región estuvieron predicadas en varios elementos fundamentales, a saber: i) colocar la reducción de la pobreza y la desigualdad social al centro de todas las políticas públicas; ii) apostar a la reconstrucción de la capacidad productiva y la diversificar la producción; iii) generar puestos de trabajo dignos, decentes, con beneficios sociales y responsabilidades contributivas; iv) tender puentes entre el quehacer científico-tecnológico y el desarrollo de las estrategias económicas; v) diversificar los mercados; vi) incorporar la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la concertación social como instrumentos para generar confianza, credibilidad y transparencia en la gestión pública, a fin de recomponer el tejido social; y vii) fortalecer la integración regional a través de proyectos colaborativos para el desarrollo de infraestructura, el comercio intra regional y los intercambios educativos y culturales.

Esa estrategia integral, multifacética,  ha dado muy buenos resultados. En la última década América Latina pudo estabilizar sus economías, fortalecer los procesos democráticos y generar fuerza regional,  logrando una nueva inserción en la economía mundial. Los informes de organismos internacionales, así como revistas muy reconocidas (The Economist, por ejemplo) coinciden en señalar el cambio tan notable que se verifica en la región. Hoy en casi todos los países de la región las perspectivas de crecimiento económico para los próximos años superan la media mundial. Tal vez es hora de que Puerto Rico comience a mirar más al Sur para extraer lecciones de lo que allí se hace.  Después de todo, a la región le va mucho mejor que a Europa o Estados Unidos….

Los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno son formidables. Yo quisiera que lo hagan bien, porque a todos nos irá mejor. Hay gente seria, capaz, al frente de la mayoría de las agencias y programas. La Legislatura se renovó parcialmente y está presionada por la población a hacer una reforma de sí misma. Hay alcaldes nuevos, que podrían hacer una diferencia en su pueblo. Pero para ello, hay que hacer todo de otra manera.

Atrás deben quedar los amiguismos en el reclutamiento de personal y abocarnos a un verdadero proceso de selección de funcionarios sobre la base del mérito. Atrás deben quedar los jugosos contratos a corporaciones fantasmas que han chupado recursos de nuestro presupuesto y del federal, sin resultados ni fiscalización. Habiendo docenas de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico que están comprometidas con la salud, la educación, las comunidades y los derechos humanos, es hora de que éstas pasen a tener un lugar más protagónico en el diseño e instrumentación de políticas diferentes, que puedan abrir nuevos horizontes.

Atrás deben quedar las reformas apresuradas y simplistas, cuando los problemas son tan graves. Hablo, por ejemplo, de una necesaria reforma política-electoral, que permita reincorporar a ese casi 40% del electorado que ha dejado de interesarse por el proceso de selección de nuestros gobernantes. Una reforma que tendría que incorporar las nuevas tecnologías en el proceso de votación y de escrutinio, que tendría que rever la inscripción de nuevos partidos y candidatos, la posibilidad de hacer alianzas formales entre organizaciones políticas, la representación proporcional en la Legislatura y la composición y forma de operar de este cuerpo. Esa reforma necesita de mucho diálogo, posiblemente facilitado por personas u organismos externos a la endogamia boricua. Necesita de concertación entre partidos, organizaciones y ciudadanía y sin ella no será aceptable ni sostenible.

Hablo también de la necesaria profunda reforma legislativa –una promesa de campaña, basada, a mi juicio, en una discusión superficial de lo que debe hacerse. Reconociendo su urgencia,  me resulta inaceptable que acabemos aceptando medidas parciales para recortar gastos (que debe hacerse), pero que dejemos de lado los asuntos verdaderamente fundamentales que están relacionados con el propio proceso de legislar con calidad jurídica y con eficiencia. Necesitamos un debate franco, ponderado e informado, sobre la forma que debe tener esa legislatura y volver a preguntarnos si realmente el tamaño de Puerto Rico y su densidad poblacional ameritan dos cámaras.

En el derecho constitucional comparado se verifica que existe una amplia gama de países tanto con legislaturas unicamerales como bicamerales. Pero la tendencia mayoritaria va inclinándose a Unicameralidad. Haciendo una revisión del ámbito internacional, encontramos que los sistemas democráticos más eficientes tienen una sola Cámara y economías prósperas. De hecho,  la mayoría de los países más desarrollados del mundo tienen sistemas unicamerales. Por ejemplo,  Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, Irlanda, Austria, Singapur, Corea,  Israel, Escocia y Nueva Zelanda.  También tienen una sola Cámara los cantones de Suiza, las provincias de Canadá y China, Taiwán, Portugal, Croacia, Grecia, Sri Lanka, Turquía, Perú, Ecuador y Venezuela.  Siendo esto así, ¿por qué olvidamos tan rápidamente lo que fue un consenso ciudadano que llevó a que votáramos favorablemente por la unicameralidad en 2010?

Hay un palpable sentido de alegría y esperanza en Puerto Rico hoy.  Vuelvo a insistir en que para que ello se convierta en un proceso de restauración de la confianza y la credibilidad hay que hacer las cosas de otra manera, con instrumentos que tenemos a la mano, como lo son la participación ciudadana y la concertación social.  Ello no se da por combustión espontánea; hay que generar los espacios para que la gente participe responsablemente en los ámbitos en que puede hacer aportes y para identificar las contrapartes que en cada caso deberían interactuar hasta concertar acuerdos en función del bien público.  Un clima de participación ciudadana basado en la capacidad, el mérito y la transparencia podría favorecer el reforzamiento institucional del país, incrementar las posibilidades de una gobernabilidad democrática progresiva y adelantar el desarrollo humano sostenible. Lograr crear ese clima requerirá políticas específicas y cambios en la forma de tomar decisiones.  En Puerto Rico, los gobernantes siempre han tendido  al voluntarismo; es decir, a demostrar que son líderes imponiendo sus visiones de cómo hacer las cosas. Ello nos ha llevado a un fracaso tras otro.  Tenemos que cambiar ese accionar.

Lograr una participación fluida y real de la ciudadanía en los procesos económicos, políticos y sociales  es imprescindible para poner en marcha la construcción de un nuevo Puerto Rico.  No es fácil hacerlo,  pero estamos en una coyuntura irreversible. Si la historia continua sin un quiebre decisivo,  estaremos enterrando las posibilidades de ser, de hacer, de sentir como Puerto Rico.  Presionemos para que se abran espacios y aprovechémoslos.