El PNP sin norte ni rumbo
No obstante, desde Pierluisi hacia abajo en el Partido Nuevo Progresista (PNP) hay demasiadas personas en negación. Pierluisi busca aumentarle millones a los $5,000 y un piquito que prevé la GAO como fondos federales adicionales en los programas federales que no aplican hoy al ELA territorial. Pero los políticos estadounidenses aclaran que no, que tal programa requiere pareo de fondos por el estado y que el gobierno estatal de Puerto Rico no tendría para sufragar lo que tendría que aportar para recibir esos millones adicionales… Patético, sencilla y humillantemente patético.
Nadie en el PNP parece tener la entereza de reconocer la realidad: que en vez de los $20,000 millones adicionales de los que hablaba Fortuño que vendrían en la estadidad la cosa se redujo realmente a poco más de $5,000 millones adicionales. Peor todavía, porque esos millones adicionales irían a beneficiar a los pobres, a los ciegos y a los impedidos de Puerto Rico, pero no a la generalidad de los ciudadanos y mucho menos al objetivo de desarrollo económico y social en el país, de modo que nuestra economía muestre un nuevo ciclo de crecimiento y que la justicia social para todos vuelva a ser norte de la gestión pública. Si así fuera, si la justicia social fuera central en la gestión gubernamental de nuestros políticos habría políticas públicas redistributivas efectivas de modo que no tuviéramos un coeficiente GINI tan alto como el que tenemos: 53 (mientras más cerca de 100 más desigualdad socio-económica hay en un país). Como base de comparación, hay que tomar en cuenta que el país más desigual de África, Namibia, tiene un coeficiente de alrededor de 70.7 y que entre los países escandinavos, los más igualitarios, Suecia tiene el coeficiente más bajo e igualitario de 23.
Edificio de la GAO en Washington.
Por otro lado, los informes de la GAO dejan en claro que la adición de las contribuciones federales de la estadidad, en estos momentos, muy probablemente haría huir de Puerto Rico a la mayoría de las empresas industriales estadounidenses que todavía operan en el país, ya que en la estadidad no podrían acogerse al código 901 del Código de Rentas Internas que puede aplicarse en el ELA territorial debido a su autonomía fiscal —y podría mantenerse también en el ELA soberano o libre asociación y en la independencia—pero no en la estadidad federada, en la cual el mandato Constitucional es que los impuestos sean uniformes en todos los estados. ¿Más desempleo en lugar de más empleos? ¿Quién en su sano juicio puede apoyar la estadidad federada luego de conocer que ese sería uno de sus resultados?
Se infiere aún más del estudio de la GAO: si para poder acomodar las contribuciones federales de modo tal que no sufran descalabro económico ni muchas familias ni los negocios en Puerto Rico, se reducen las contribuciones estatales, entonces el gobierno estatal de Puerto Rico tendría que reducir dramáticamente sus gastos y servicios al Pueblo, lo cual conllevaría además un despido masivo de empleados públicos sin precedentes. Quiere decir que la Ley 7 de Fortuño fue un bebé de biberón al lado de lo que sería el despido masivo de empleados públicos en la estadidad. ¡Otra vez más desempleo! Nadie puede pretender que un pueblo firme su propio suicidio económico para tener que verse en una eterna dependencia —y en la pobreza— echando por la borda toda posibilidad de desarrollo económico propio. Pero el PNP insiste en la estadidad y sus líderes en la negación de la realidad. ¿Qué rumbo, qué norte, le puede ofrecer al País un partido que se fundó con la meta expresa de conseguir la estadidad federada en un momento en el cual la propia metrópoli, por voz de sus expertos contables, nos dice que tal estatus es imposible por resultar demasiado costoso para Puerto Rico y sus ciudadanos?
Cuando Don Luis Ferré predicaba la estadidad, juraba que para 1990 la economía de Puerto Rico habría crecido ya tanto que el producto bruto de Puerto Rico sería igual al de Mississippi (el estado más pobre) y entonces la estadidad sería cómodamente lograble. Pero… ¿qué nos dicen las estadísticas económicas hoy? Pues que después de más de 6 años de recesión, de producir menos cada año en vez de más, la economía de Puerto Rico ha ampliado su distancia respecto de Mississippi. Según datos de la propia CIA estadounidense en el año 2010 el producto per cápita de Mississippi (ajustado por capacidad de compra paritaria, purchasing power parity ppp, y en dólares internacionales de 2010) fue de $32,700 mientras que el de Puerto Rico bajó a $16,300. En otras palabras, la brecha entre Mississippi y Puerto Rico no se cerró como predecía Don Luis Ferré, sino que se amplió. ¿Puede Puerto Rico asumir los costos económicos de la estadidad en esas condiciones? Pues claro que no. Pero Pierluisi y los demás líderes del PNP prefieren estar en negación y seguir engañando a sus seguidores en lugar de decir la verdad y adoptar un nuevo rumbo viable. En otras palabras, el PNP es hoy por hoy un partido sin norte ni rumbo.
El PPD tampoco muestra tener norte ni rumbo
Delegados del PPD, 1968.
Tan grave como eso es que el partido adversario del PNP en el bipartidismo cerrado de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático (PPD), no se halla en mejores condiciones. Podría estarlo, pero sus líderes no acaban de demostrar tener la estatura política y moral para lograrlo. El PPD arrastra los pies con lentitud para cumplir su promesa de convocar una Asamblea Constitucional de Estatus. Hay varios proyectos sobre la mesa, pero ni se han discutido a fondo ni se ha aprobado un rumbo definitivo. Y en cuanto al estatus político, el PPD está también desprovisto de norte y rumbo. ¿Quién sabe hoy, a ciencia cierta, qué es lo que van a defender los delegados del PPD en la Asamblea Constitucional de Estatus si es que la misma finalmente se convoca y se eligen los delegados? Nadie lo sabe porque el Partido Popular ha sido incapaz de producir un liderato valiente y visionario que agarre el toro por los cuernos y fije un rumbo claro.
El ELA territorial, tal como está, no puede ser su norte ni su rumbo. Ese estatus es precisamente el que ha fracasado y fue rechazado en las urnas por la mayoría de los votantes en la primera pregunta del plebiscito de 2012. No es otra cosa que “un territorio no incorporado de los Estados Unidos” en el cual el supuesto socio que se quedó en 1952 con los poderes internacionales que necesitamos para reimpulsar nuestra economía en el contexto económico globalizado del siglo XXI, ni los utiliza para impulsar el desarrollo económico de nuestro país con un nuevo ciclo de crecimiento económico, ni tampoco los devuelve a nuestro Pueblo. Es evidente que Puerto Rico necesita un proceso de “devolution of powers” como lo llaman en Estados Unidos. Eso es vital hoy con el fin de que nuestro Gobierno tenga los poderes y el reconocimiento internacional como para impulsar desde aquí nuestro desarrollo económico, según nuestros propios intereses y necesidades. Como la mayoría de nuestro Pueblo no ha apoyado la independencia —a la cual tenemos derecho— como el estatus político del futuro, ¿qué realmente nos queda?
Cada vez es más evidente que el único estatus político que puede lograr un consenso entre los puertorriqueños, si se educa bien a la gente sobre las condiciones específicas que se pueden negociar con Estados Unidos, es el ELA soberano o libre asociación soberana que obtuvo 25% del voto en el plebiscito de 2012. Si la estadidad no es viable económicamente, el PNP está en la obligación de buscar otro rumbo. Si el ELA territorial no permite sino que constriñe nuestras posibilidades de desarrollo, el PPD tiene que buscar otro rumbo. De lo contrario, ambos partidos del bipartidismo cerrado sólo existirán para repartir entre su gente los recursos decrecientes del gobierno colonial o territorial, pero no para traer nada constructivo al país. No para dirigir a Puerto Rico hacia un horizonte más promisorio. Y si en el PIP saben que un 90% de los puertorriqueños no votará por la independencia en estos momentos de incertidumbre, pues también debe cambiar de rumbo para promover y facilitar el consenso nacional hacia lo único nuevo que es viable y constructivo: un acuerdo de libre asociación que provea a nuestro gobierno los poderes soberanos que se necesitan sin perder los aspectos positivos que se hayan ganado en la relación económica y política con Estados Unidos de América.
En el Partido Popular Democrático (PPD) ya existe una corriente en la base y entre sus líderes que está convencida de que el camino constructivo hacia el futuro es el del ELA soberano. La mejor prueba de que ese rumbo tiene pueblo está en el 25% de los votos que obtuvo en el plebiscito de 2012, a pesar de que ningún partido político defendió esa fórmula en dicha consulta y que la misma tuvo que estar representada oficialmente por un grupo de la sociedad civil: la Alianza Pro Libre Asociación Soberana (ALAS). Muchos se preguntan cómo y por qué es posible que en Estados Unidos exista un Tea Party en el Partido Republicano, que tiene muchísimo poder político al interior de ese partido, pero que no haya sido posible constituir algo semejante al interior del PPD con el liderato soberanista, máxime cuando el 25% del electorado que favoreció ese rumbo para el Puerto Rico del futuro en el plebiscito de 2012 no fue mucho menor que el 30% que votó en blanco en la segunda pregunta.
¿Qué les pasa a los soberanistas del PPD? ¿Acaso son cobardes? ¿Carecen de “pantalones morales” y políticos? ¿Están demasiado pendientes del protagonismo y de los beneficios económicos que les reporta sentarse en una sillita legislativa para pensar en lo que necesita el país? ¿O serán capaces quizá de sorprendernos favorablemente a todos si eligen un buen número de delegados a la Asamblea Constitucional de Estatus? Lo más interesante de esta coyuntura es que si los soberanistas del PPD dieran un paso al frente y pretendieran marcar el rumbo del PPD hacia la libre asociación soberana (ELA soberano) podrían contar con algo que ya existe: un buen número de ciudadanos comunes y de personas de liderazgo y prestigio que, aunque no militan en el PPD, desde afuera, no harían otra cosa que apuntalar el nuevo rumbo de ese partido (si lo tomaran) y no solamente con sus votos sino también con recursos humanos, intelectuales y económicos. Me refiero no sólo a la existencia de grupos de la sociedad civil como ALAS, sino también a personas de prestigio en el mundo empresarial, profesional, sindical y académico, que los hay.
Alguien podrá decir, no sin alguna razón, que como la política “odia el vacío” si el PPD no retoma su rumbo soberanista y pro justicia social de los años fundacionales, otro grupo o partido ocupará su lugar. No obstante, para que ello ocurra, sin un cambio fundamental en nuestra Constitución ni en las leyes electorales, tendrían que irse a la desbandada ambos partidos: el PPD y el PNP. La realidad es que si sólo uno de ellos se divide, el otro cosecha los beneficios y los votos y gana las elecciones. De la única manera que hay espacio para que un nuevo partido tenga algún tipo de éxito electoral —dentro de nuestro sistema de constricciones constitucionales y legales—es que ambos, el PPD y el PNP, se dividan en el mismo año electoral. Así ocurrió con el triunfo “raspadito” del PPD en el 1940 porque todos los partidos de entonces se dividieron. O con el otro triunfo raspado, el del PNP en 1968, porque el Partido Estadista Republicano y el Partido Popular se dividieron ambos para los comicios de ese año. Si eso no ocurre, la pléyade de partidos políticos noveles que han obtenido permiso de la CEE para conseguir endosos y figurar en la papeleta de 2016 serán todos partidos artificiales, cuya única razón de ser será que unos cuantos líderes figuren en los escenarios de la campaña a base de millones de dólares que el Pueblo de Puerto Rico podría gastar en otras necesidades más prioritarias.
¿Nuevos partidos artificiales y sin norte ni rumbo cierto?
Alguien dirá que para poder tener una democracia con más opciones, bien vale la pena los costos. No es así, sin embargo, porque todos esos partidos quedarían en engaño, en figuras políticas artificiales sin votos suficientes y sin asiento alguno en la Asamblea Legislativa. Es así por dos razones fundamentales: nuestra constitución y las leyes electorales impiden de antemano que cualquiera de esos partidos pueda ganar un escaño por distrito. Razonen bien sobre esto: ¿qué partido nuevo va a ser capaz de obtener en un distrito más votos que el PPD y que el PNP al mismo tiempo? Y si no pueden ganar escaños por distrito, que son la mayoría, ¿qué va a ocurrir con los escaños por acumulación? Pues que como la ley determina que esos escaños son de competición entre todos los partidos, incluyendo al PPD y al PNP, ambos partidos del bipartidismo cerrado habrán de repartirse la mayoría de esos escaños.
Tal vez alguno entre toda esa pléyade de nuevos partidos, probablemente el PIP, podría tener oportunidades reales de elegir un candidato por acumulación. A pesar de todo lo positivo que haya podido aportar la Senadora María de Lourdes Santiago desde su escaño senatorial por acumulación, es muy poco lo que logra un partido que sólo puede lograr un escaño. Y como indica la ley de Duverger, los partidos que quedan sistemáticamente excluidos totalmente de representación legislativa tienden a desaparecer, que es lo que ha ocurrido con la inmensa mayoría de los intentos de crear nuevos partidos bajo las condiciones constitucionales-legales tan restrictivas que existen en Puerto Rico. A ello se unen los esfuerzos de los representantes del PPD y del PNP en la CEE para hacerle lo más difícil posible la inscripción a tales partidos, como se ha visto le está ocurriendo al Partido del Pueblo Trabajador por el rechazo masivo a los endosos que radican en la CEE.
Si absurdo es mantener partidos grandes sin norte ni rumbo, más absurdo todavía es intentar inscribir nuevos partidos sin rumbo cierto. Por ejemplo: ¿Qué razón de ser puede tener el partido PLUS que pretende inscribir Víctor Rodríguez, líder de los camioneros de Puerto Rico, si ya existe otro intento de partido obrero, el PPT? Al pretender inscribir el PLUS Rodríguez nos está diciendo que el PPT no representa adecuadamente a los trabajadores del país. ¿Y qué puede ganar el país con tener dos partidos obreros, uno orientado por un marxismo fuera de época y “recalentao” —una especie de refrito del PSP de la década del 1970— y otro dirigido por un populismo tipo siglo XX? El asunto es que estamos en el siglo XXI, no en el XIX ni en el XX.
A la larga, todo quedará en un protagonismo televisivo para Bernabe y sus colegas—quienes son más universitarios que obreros— y otro para Víctor Rodríguez y sus camioneros, y en unos buenos millones adicionales en gastos del fondo electoral. ¿Qué van a hacer el PPT y el PLUS cuando no ganen ni un escaño en 2016 y queden sin representación legislativa? Pues invernar, al igual que lo ha hecho por dos cuatrienios, con un desparpajo impresionante, Rogelio Figueroa y su partido del coquí. ¿Y cómo es posible que tengamos que tener dos partidos cortados por el mismo molde, el Partido Puertorriqueños Por Puerto Rico (PPR) y el Partido de Acción Civil, pues porque Rogelio Figueroa y Nelson Rosario (ex comisionado electoral del PPR) ya no se llevan juntos en un mismo partido? ¿Debe el Pueblo de Puerto Rico financiar partidos nuevos sin rumbo cierto para alentar protagonismos personales y convertir el fondo electoral en un “bacalao más que repartir”, en un fondo para que grupos de amigos “posen de partido nuevo” y administren millones?
De todos los partidos que aspiran a inscribirse el único que tiene un “rumbo nuevo”, al menos en su nombre, es el Partido de la Democracia Participativa. Eso sí es una ideología diferente, viable y necesaria para que el país haga por trascender la democracia representativa degradada que le sirven los partidos guaretos PPD-PNP. Habrá que ver, sin embargo, qué tipo de proyecto político presentan. Y habrá que ver si sus líderes, provenientes del MUS, tendrían la capacidad para no correr la misma mala suerte electoral que le tocó vivir al MUS.
Un país que ha tenido excelentes propuestas de cambio por parte de grupos civiles como ALAS, del Centro para la Nueva Economía y de académicos de prestigio internacional de las universidades del país: ¿cómo es posible que se dé el lujo de mantener en el centro de su vida pública a dos partidos grandes sin rumbo ni norte? Y no me refiero solo al estatus político. El PPD que está al mando del menguado gobierno interno autónomo de Puerto Rico, pero aunque hace esfuerzos denodados por no sucumbir más en la crisis fiscal, y por crear nuevos empleos, no tiene ningún plan estratégico de desarrollo económico para el país. Y si lo trataran de armar, a cada paso, se van a encontrar con que el marco jurídico del ELA territorial no les permite realmente una transformación económica constructiva para nuestro país. Por fin su gobierno aprobó un plan nacional de uso de terrenos, pero la divulgación sobre esto y la discusión democrática de cómo tal plan se va a convertir en planes concretos de ejecución, al menos hasta el momento, brilla por su ausencia.
El PPD ha intentado tratar mejor a la Universidad de Puerto Rico en comparación con como la trató el PNP. Pero tampoco ha sido capaz de estimular un ejercicio transformador en la universidad pública de modo que ésta no continúe entrampada por las movidas politiqueras de grupitos de intereses personales que desde el interior de la universidad traicionan su autonomía al buscar escalar puestos en los recintos por conexiones políticas en lugar de por los méritos académicos. Si el PPD les sigue el juego a quienes eso hacen, por conveniencias partidistas, pues obviamente no desempeña papel constructivo alguno para elevar nuestra universidad pública hacia lo que debiera ser: un centro académico realmente comprometido con la investigación y la enseñanza y no un nido de “académicos politiqueros” en busca de ventajillas personales.
Puerto Rico necesita un rumbo claro, un nuevo norte, por lo menos en tres áreas de acción colectiva que son fundamentales para nuestra calidad de vida: (1) Un plan estratégico de desarrollo de nuestra economía con planes concretos de ejecución; (2) Una transformación de los servicios de Educación pública y salud, para que lleguen a niveles de calidad mundial y faciliten nuevas conquistas económicas y sociales en el siglo XXI y (3) Un nuevo rumbo en el asunto del estatus político, que como he dicho arriba, está cada vez más comprobado que tiene que ir en pos de la soberanía propia y de una personalidad política internacional para nuestro gobierno, de modo que éste sirva de instrumento para impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestra gente. Y si es una desgracia nacional que ninguno de los dos partidos grandes tenga ni norte ni rumbo en estos asuntos tan fundamentales, más desgraciada es la proliferación de partidos sin norte ni rumbo más allá de la intención protagonista de sus fundadores ni más allá de fundarse para aprovechar el fondo electoral.
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