¿Puerto Rico, Puerto Pobre o Puerto de Ricos?

Alessandro Gottardo

La epidemia que desde hace algunos años ha encontrado asidero en el cálido y fértil suelo puertorriqueño, la opinionitis tóxica, ha puesto de manifiesto cuánto necesitamos con urgencia profundizar en el análisis de la compleja situación que vive Puerto Rico. Interpretaciones maniqueístas y reduccionistas son la orden del día en el debate sobre cómo llegamos a donde estamos y cómo podremos salir de la crisis económica, fiscal, social y política que nos arropa. No han faltado las acusaciones recíprocas entre azules y rojos sobre quién emitió más deuda pública y fue más negligente, así como competencia entre quienes reclaman haber previsto desde hace años la actual crisis. Tampoco ha faltado quien reparta culpas a diestra y siniestra hacia la clase política en genérico; como si toda fuera igual, como si no existieran diferencias entre los partidos que han gobernado, aunque cada vez sean más sutiles. Pero lo que más me preocupa es que apenas se atisbe a entrelazar los múltiples y diversos procesos que se conjugaron a lo largo de muchos años para estallar ahora. Lo que enfrentamos hoy no es el mero crecimiento de un déficit fiscal; ni siquiera el previsto colapso de un modelo económico; es mucho más, es un intricado amasijo de problemas que no fueron adecuadamente atendidos en el momento en que surgieron, así como de intereses en conflicto. Desenredar el ovillo es imprescindible para trazar nuevas rutas con perspectiva de sostenibilidad.

Nos llegó la hora de la verdad. Las cartas deben ponerse boca arriba sobre la mesa. Se acabó el tiempo de las medias verdades y de la mentira obscena. Abramos el juego y discutamos abiertamente lo que nos pasó y qué es lo que queremos ser como colectivo, si algo. Estamos en un callejón cuya salida no puede ser el suicidio colectivo por indiferencia, inacción o desidia. Si decidimos suicidarnos, hagámoslo, al menos, conscientemente. La autenticidad, la transparencia y el compromiso con otro Puerto Rico nos interpelan. Quien no lo sepa, que se entere; quien no lo asuma, que busque otro lugar para hacer su vida. El famoso “modelo” colapsó; lo sabemos nosotros y el mundo entero; no hay que guardar más las apariencias. Es tiempo de enterrarlo y forjar un nuevo camino, si es que nos proponemos diseñarlo.

Puerto Rico es un país resistente, que ha sobrevivido como ningún otro los embates de un humillante coloniaje dispuesto a quitarnos la dignidad, el idioma y la cultura. A lo largo y ancho del país he encontrado gente dispuesta a encarar el reto y unir voluntades. Asumamos plenamente nuestra libertad para pensar, para discutir, para diferir y para incidir. Esa no pueden arrebatárnosla. Hagámoslo con seriedad, meticulosidad, consistencia, pero sobre todo con cabeza abierta. Con fundamentos, información veraz y rigor científico, pero también con ilusión y creatividad. No se valen más las propuestas de reiterados parches, ni las triviales de quienes solo defienden intereses personales; tampoco las diatribas huecas de la queja cotidiana o la denuncia previsible. ¿Seremos capaces de forjar un Puerto Rico donde quepamos quienes creemos en la justicia, los derechos humanos, la equidad en todas sus dimensiones, la libertad para crear e innovar, la democracia sustantiva, la responsabilidad ciudadana y el bienestar colectivo?  Yo creo firmemente que sí podemos; aunque estoy segura de que no será fácil y que los obstáculos para hacerlo están en nuestro propio contexto y en actitudes de largo arraigo que necesitaremos superar.

La actual crisis multifacética es la primera oportunidad que hemos tenido en mucho tiempo para mirarnos totalmente al desnudo; no le temamos al cuerpo maltrecho que vemos. Tenemos mucho que suturar, sin duda, y tendremos que pedir ayuda. Pero nadie nos tenderá una mano si no comenzamos a trabar las nuestras para construir otra realidad. Así de sencillo y así de complejo.

¿Qué Puerto Rico queremos? 

En los pasados días muchos políticos han llamado a que hagamos causa común por Puerto Rico. Pero, ¿por cuál Puerto Rico? ¿El que sostiene a casi la mitad de la población bajo niveles de pobreza? ¿Aquel donde la corrupción, el amiguismo y las violaciones éticas continúan empañando la gestión pública y domina la estructura de poder político? ¿El Puerto Rico del consumo, del cemento y la cursilería como símbolos de prosperidad? ¿El país segmentado, con calles cerradas, playas privatizadas y casas fastuosas para la élite mundial? ¿El país donde prevalece un nivel de violencia tan alto que miles de jóvenes ni siquiera aspiran a llegar a la mediana edad y otros miles emigran para poder sobrevivir? ¿El país donde no puede haber renovación política porque las estructuras electorales están dominadas por partidos anquilosados que cierran el paso a nuevas iniciativas? ¿El país de la fantasía, que cada cuatro años prometen a los incautos? ¿Es por ese país al que nos convocan a hacer causa común?

Ese no es el Puerto Rico que nos merecemos, ni el que la gran mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas quiere y puede ayudar a construir. Nuestro país está colmado de bellezas naturales como pocos en el mundo; con una biodiversidad envidiable, que recrea y sosiega lo que el ambiente de la calle perturba. Tiene, además, gente talentosa, bien formada, creativa, buena, que no encuentran espacio de desarrollo personal y familiar en la dinámica económica y social de hoy. En relación al tamaño poblacional, tenemos más egresados de universidades que todos los países del mundo excepto Estados Unidos y Canadá. Pero en los últimos años miles de personas  han decidido buscar otro lugar donde hacer su vida. Solo entre 2011 y 2012 unas 50,000 personas se nos fueron. Lamentablemente, la gran mayoría no salió para conocer nuevas  experiencias y formas de vida, sino para buscar trabajo en lo conocido, en lo manido; en los Estados Unidos.

La crisis que estamos viviendo no es de Puerto Rico, tengámoslo claro; es la crisis de una visión de mundo; de una visión errada de los que han dominado las estructuras de poder político y económico en el país. La crisis es de enfoque;  de cómo se traducen en políticas públicas las visiones de quienes advienen al poder político sobre el papel que deben tener el Estado, el mercado y la sociedad civil en los procesos económicos y sociales.

Por más de un siglo -con matices en algunas épocas- hemos vivido bajo la premisa de que es el mercado quien asegura el bienestar de la sociedad y quien mejor distribuye los frutos del crecimiento. Por eso, nos han dicho siempre,  hay que dejarlo libre, sin regular, sin controlar. Gobernante tras gobernante ha sustentado sus políticas en esa visión. La afanosa búsqueda del lucro a través del mercado ha trastocado muchos valores de la sociedad puertorriqueña. Y así nos ha ido: tenemos hoy un monumental endeudamiento personal y público; la gente mata por lograr acceso a recursos para consumir; nuestro nivel de desigualdad social está entre los más altos del mundo y poco importa lo que le pase al 45%  de población que vive bajo el nivel de pobreza. Todo por la primacía del mercado sobre cualquier otro tipo de relación.

Los que adoran el mercado y lo asumen como su norte en la vida tienen propuestas claras para el futuro de Puerto Rico y las han comenzado a instrumentar. Una nueva burguesía intermediaria, que podríamos caracterizar como fuertemente antinacional y con vínculos a la elite financiera mundial que gobierna al mundo, ya tiene planeado y estructurado el cómo se reinventará la Isla del Encanto. Empresarios estadounidenses y sus intermediarios locales han puesto en marcha, frente a nuestras incautas narices, el nuevo proyecto: primero, promover el hundimiento económico de la Isla a través de reiteradas notas de prensa en los principales medios norteamericanos y la degradación del crédito gubernamental por todas las agencias calificadoras, para luego emprender el rescate por capitales “world class”, a fin de convertirnos en una “isla-resort” de acaudalados y poderosos. No es la primera vez que se hace en el mundo; España hoy está viviendo esa misma experiencia de la mano de empresas financieras y bancarias norteamericanas que primero fueron instrumentales en generar la burbuja inmobiliaria, luego en profundizar la crisis de las hipotecas y hoy se lucran comprando masivamente propiedades baratas para esperar el repunte.

Tal vez la verdadera mafia en Puerto Rico no está en los puntos de drogas, sino en quienes impulsan a rajatabla la primacía del mercado y el modelo neoliberal descarnado. Han sido tan exitosos que lograron naturalizar la ideología mercantilista y muchas veces ni nos damos cuenta de cómo la reproducimos en nuestro lenguaje y acciones cotidianas. Los ciudadanos han pasado a ser “consumidores”, los estudiantes “clientes”, la nueva plaza pública es el “shopping”, los deportistas son “talentos o productos de mercado”, los científicos buscan generan “patentes” en vez de conocimientos, los pobres deben convertirse en “empresarios” y a quienes destruyen colinas y montañas para construir urbanizaciones chatas e inconsecuentes se les denomina “desarrolladores”. El mercado se ha convertido en regidor de nuestras vidas, en un montaje teatral lleno de imperfecciones.

Desde hace mucho tiempo, expertos y analistas de los diversos mercados vienen diciendo que estos son cualquier cosa menos perfectos, especialmente los financieros. Con demasiada frecuencia en los mercados se verifica manipulación en la fijación de precios, la práctica de la especulación, las mediaciones producto del proteccionismo, el amiguismo y el clientelismo, el surgimiento de monopolios y oligopolios y la corrupción abierta y desmedida. Por limitaciones de espacio no podremos analizar ahora más ampliamente el tema de la imperfección de los diversos mercados en Puerto Rico, que tiene gran incidencia sobre la multifacética crisis que encaramos, porque queremos centrar la atención en el papel jugado por las agencias de calificación crediticia (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) en la gestación de la actual crisis financiera.

Una revisión de la literatura económica internacional plantea que ha habido tantas dudas del papel de estas agencias en casi todos los países, que se ha generado una oleada de iniciativas dirigidas a regularlas y vigilarlas mejor.

¿Qué hacen las agencias de calificación de crédito?

Las llamadas agencias de calificación de crédito son compañías privadas que emiten opiniones o pronósticos sobre la capacidad de devolución de las deudas que tiene una corporación o un país. Es decir, miden el riesgo que asume el comprador de bonos de que no le paguen; también calibran la evolución de la solvencia del emisor. En la actualidad, las tres principales agencias de calificación crediticia, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, que controlan el 95% del mercado mundial, están en manos de un pequeño grupo de grandes inversores, presentes en dos o las tres agencias a la vez. Estos son mayoritariamente estadounidenses, británicos y, en menor grado, otros europeos.

Para emitir sus informes las agencias toman como referencia datos públicos, así como los datos privados de que disponen cuando trabajan para las compañías que solicitan sus servicios. Por tanto, pueden emitir sus calificaciones bajo pedido o bien de forma libre. Su escala de valoración se construye a partir de dos bloques fundamentales: grado de inversión y grado de especulación. Y en cada segmento de estos hay hasta diez peldaños, que van desde la mejor calificación a la más baja. Así, AAA (Standard & Poor’s y Moody’s) y Aaa (Fitch) representan la máxima calidad de crédito posible, mientras que BB+ (Standard & Poor’s y Moody’s) y Ba1 (Fitch) advierten de una inversión ya especulativa, aunque en el nivel menos expuesto al riesgo de impago. En el caso de Puerto Rico las tres agencias coincidieron en bajar el crédito de posición, o degradarlo, considerando que aumentó el riesgo de cumplimiento. El bajón fue significativo, lo que implica que para tomar nuevos créditos el país tendrá que pagar intereses mucho más altos.

Numerosos expertos en finanzas internacionales han expresado que hay suficiente evidencia que demuestra que el actual modelo de evaluación que usan las agencias de calificación de crédito contiene inherentes conflictos de interés, que pueden haber contribuido a la inflación de calificaciones de bonos previas a una crisis. En Europa se demostró que hubo acciones sistemáticamente sesgadas por parte de las agencias en favor de los emisores más grandes de bonos,1 y en los Estados Unidos el propio sistema de justicia acudió a los tribunales cuestionando algunas de sus prácticas.

Entre 2007 y 2008  en los Estados Unidos las notas o informes de esas agencias sobre algunos productos financieros y sobre la solvencia de bancos estadounidenses supusieron una trampa para millones de inversores, que vieron esfumarse sus ahorros. En el ámbito empresarial, se cerraron las puertas del crédito por la desconfianza que se generó entre las propias entidades financieras, asustadas por la proliferación de balances contaminados con las “hipotecas basura”.2 La crisis llevó a cierres de bancos, a miles de quiebras, a suicidios de altos funcionarios y al descalabro de una gran cantidad de procesos e iniciativas.

Producto de ello, Standard & Poor’s fue demandada en los tribunales por el Departamento de Justica federal en febrero de 2013.  También fue investigada por el Congreso de EE.UU., por las siguientes razones:

1. El rol que la agencia tuvo en generar y profundizar la crisis, ya que previamente había asignado calificaciones infladas a determinados productos financieros.
2. Los conflictos de interés que supuso que, por no tener mecanismos de control y de transparencia adecuados, la agencia estuvo haciendo enormes ganancias durante el boom de la construcción a expensas de los inversionistas que perdieron cuantiosamente tras el colapso de la burbuja inmobiliaria. S&P y las otras agencias habían colaborado en el “empaquetado” de productos financieros que escondían un riesgo superior conjunto al calificado.

Basándose en informaciones y correos electrónicos de analistas y directivos de S&P la demanda de Estados Unidos pretende demostrar que la agencia conocía las consecuencias de sus desmesuradas calificaciones; y que, a pesar de ser consciente de los efectos destructivos de su política, siguió aplicándola para contentar a los emisores y ganar cuotas de mercado. Se acusa a S&P de que, con conocimiento de causa y la intención de inducir a error, concibió y ejecutó un sistema para engañar a los inversores con sus notas de productos financieros derivados de créditos hipotecarios.3

Además de la demanda del gobierno de Estados Unidos, inversores privados también han presentado demandas contra las tres agencias crediticias; otro tanto se ha hecho en varios países europeos. La investigación del Senado de los Estados Unidos comunicó a la Securities and Exchange Commission en septiembre de 2011 que, solo en fondos de pensiones estadounidenses, se habrían perdido decenas de miles de millones de dólares como consecuencia de las masivas devaluaciones de crédito llevadas a cabo por las agencias de calificación. En esa misma comunicación se constata que de los miles de valores respaldados por hipotecas que habían sido calificados por las agencias en 2006 con la máxima calificación (AAA), casi el 90% había sido objeto de degradación entre 2008 y 2010.4

Tras la demanda presentada por Estados Unidos contra Standard & Poor’s, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió la inhabilitación de las agencias calificadoras por el riesgo que ellas mismas suponen a la estabilidad financiera mundial. Europa se movió a tomar medidas de control mucho más severas y a establecer sistemas de vigilancia de sus operaciones. Aún así, el engranaje corporativo del mundo financiero internacional sigue encontrando formas de burlar la nueva normativa.

Además de esos argumentos, podemos añadir otros elementos que nos obligan a reflexionar sobre cuál podría ser el camino a seguir por el gobierno de Puerto Rico frente a las agencias acreditadoras. Señalamos los siguientes:

1. Cuando una misma corporación asume los trabajos de asesoramiento y de calificación de productos, como generalmente hacen las agencias crediticias, suele haber conflicto de intereses.
2. Dado que los dueños de las tres agencias crediticias son casi los mismos, es común encontrar que un informe de una de ellas arrastre o incida en las otras. Esto puede causar problemas serios en caso de las degradaciones, como fue en Puerto Rico recientemente.
3. Las agencias incurren en una contradicción inevitable: cobran de las mismas empresas y los mismos países a los que estudian y califican, lo que disminuye su independencia. Además, suelen estar asociadas con otras empresas que se encargan de adquirir activos cuando los precios de las propiedades han colapsado o cuando suben los intereses de los productos o países degradados en su crédito.
4. Las agencias tienden a ser pro-cíclicas en sus predicciones: cuando la economía va bien son muy positivas, lo que aumenta el optimismo de los inversores. Cuando la economía va mal son extremadamente negativas, lo que hunde el ánimo de los inversores y retroalimenta las crisis.

¿Qué hacer frente al colapso de la economía de Puerto Rico?

Puerto Rico está colapsado económicamente; no queda duda. En recesión desde 2006, con $70 mil millones de deuda, una tasa de desempleo de sobre el 15% y una bajísima participación en la fuerza laboral, no es para menos. Además, debemos añadir el alto nivel de la deuda personal en tarjetas de consumo, préstamos estudiantiles, financiación para la compra de autos, hipotecas, y la persistencia del alto costo de vida, para constatar que la familia promedio está teniendo dificultades serias para llegar a fin de mes.

El desplome del mercado inmobiliario de hace unos años causó y sigue generando una pérdida masiva de riqueza, sobre todo a los sectores medios, y dificulta aún más la recuperación. A ello debemos agregar la caída estrepitosa de los activos de fondos mutuos que se verificó en el 2013 y que significó que las compañías de inversión perdieran sobre $4,000 millones en un año.5  Esa pérdida, a su vez, golpeó a miles de inversionistas, grandes y medianos, que vieron desaparecer sus recursos en un abrir y cerrar de ojos. A todo ello se agregan las dificultades del gobierno de recaudar impuestos, la alta evasión contributiva que persiste, y en las últimas semanas la degradación a nivel de chatarra del crédito gubernamental.

La degradación del crédito limitará severamente las posibilidades de que el gobierno pueda actuar como promotor del crecimiento usando la tradicional y tramposa fórmula de estimular la construcción pública usando préstamos. La estructura productiva del país está muy disminuida y los mercados hasta ahora han sido limitados. Estamos pues frente a un problema complejo, estructural, cuya solución es a largo plazo pero tenemos que comenzar a generarla de inmediato.

En esta coyuntura llueven las propuestas de cómo salir de la crisis. Encontramos quienes abogan por más mercado e inducen a que se privaticen servicios públicos fundamentales como la educación, la transportación, el agua, o la energía eléctrica. El movimiento entre cabilderos que buscan que se legisle la privatización para cobrar buenas comisiones es muy grande. Como expresamos antes, también está en marcha el proceso iniciado en la administración Fortuño y seguido en esta, que busca atraer multimillonarios con una ley de incentivos para el capital extranjero que dispone que quienes se domicilien e inviertan en Puerto Rico prácticamente estarán exentos de contribuciones sobre ingresos o ganancias de capital. Los que han llegado se maravillan de lo que han podido comprar a precios de quemarropa. La reciente columna del empresario Nicholas Prouty lo planteó meridianamente claro: “Nunca ha habido un mejor momento para adquirir activos irreemplazables a estos precios… Mis compañeros inversionistas comparten la fuerte convicción de que una propiedad frente al mar -ubicada en un país con una bandera americana en la sala de los tribunales y un Walgreens en la esquina-, es una apuesta al éxito.”6

Si bien esta estrategia no es tan nueva (desde 1898 hubo propuestas de este tipo y siempre hubo intermediarios locales o “antinacionales” como los llama Quintero),7  ahora podemos observar  el traslado del centro de poder hegemónico colonial de la esfera gubernamental norteamericana a la esfera privada. Ya en los pasillos del Capitolio, así como en otros ámbitos, podemos ver a cabilderos, abogados, financistas, en tareas de abrir espacios para que vengan los acaudalados.  Algunos de estos intermediarios boricuas se hacen llamar a sí mismos “los violáceos” o “purple kids” (el color violeta se forma de la combinación de rojo con azul; al buen entendedor…), y confirman tener su sitio asegurado en ese nuevo país que prometen, dado que han  ganado mucho dinero y prestigio y saben moverse cómodamente entre los extranjeros ricos que están poblando nuestras tierras. Con el progresivo desmantelamiento de la capacidad gubernamental de Puerto Rico debido a la actual crisis, de consolidarse esa estrategia no habrá cortapisas para profundizar el neoliberalismo en nuestro suelo.

Más allá de las privatizaciones y los millonarios

A lo largo de muchos años en Puerto Rico ha ido surgiendo un pensamiento económico alternativo que no ha tenido espacio para demostrar su capacidad de cambiar el curso de la historia del país. Al menos desde la década del setenta un grupo de economistas universitarios vienen sistemática y documentadamente advirtiendo del eventual colapso del modelo económico, ese que ya está con nosotros. Todavía nadie en las esferas gubernamentales –hasta donde he sabido–  los ha convocado para dialogar sobre otras maneras de encarar los problemas que tenemos. Pero es hora de que lo hagamos. Se impone un cambio de paradigma, que concilie crecimiento económico con justicia social, igualdad de oportunidades y superación de la pobreza. Ello es posible, como lo han demostrado muchos países de América Latina en la última década. Solo se necesita voluntad política.

Voluntad para repensar nuestras líneas estratégicas de la reinvención colectiva, que deben estar guiadas por un principio fundamental: el desarrollo humano sostenible. Esto quiere decir colocar a la gente primero, no al mercado ni al capital, y asegurar procesos sustentables en el tiempo. El cambio de paradigma pasa por crear un clima donde se puedan potenciar los talentos y capacidades de todas las personas y por generar oportunidades reales de estudio, capacitación y trabajo. La meta es quebrar la excesiva y prolongada dependencia, tanto de las corporaciones (a través de subsidios, exenciones e incentivos) como de las personas (transferencias monetarias).

Voluntad para plantear firmemente la necesidad de una renegociación de la deuda e incluso para analizar si es pertinente demandar a las tres agencias por las mismas razones de prácticas anti éticas que antes expusimos.

Voluntad para alinear todos los instrumentos, programas y recursos que tiene el gobierno para estimular la creación de empleos en función de las necesidades del país y del aporte que pueden hacer las empresas puertorriqueñas. Una vez identificados claramente los nichos de oportunidad  -en agricultura, manufactura, servicios, comercio, entretenimiento y  turismo- en los cuales Puerto Rico tiene o pudiera tener una ventaja comparativa, podría comenzarse con un programa de asistencia técnica para aquellos negocios que funcionan sin permisos a fin de formalizarlos y consolidarlos. Diversificar los mercados de exportación será imprescindible si queremos realmente hacer una diferencia.

Voluntad para asumir el desafío de la producción para el mercado interno, además del externo, especialmente en el sector agrícola para salvaguardar nuestra seguridad alimentaria.

Voluntad para explorar posibilidades de emprendimientos conjuntos con países latinoamericanos y caribeños con quienes puede haber complementariedades importantes. La inversión extranjera debe ser canalizada hacia áreas donde no haya capital puertorriqueño; deben promoverse empresas de capital mixto.

Voluntad para emprender un programa masivo de creación de cooperativas que puedan aglutinar e impulsar el fragmentado y disperso mundo de las micro y pequeñas empresas, que en un mercado tan abierto como el de Puerto Rico difícilmente sobrevivan.

Voluntad para diseñar una política redistributiva que genere igualdad de oportunidades para todas las personas. Ello debe incluir un sistema contributivo progresivo, justo y razonable. Además, mejorar la recaudación, atajar la evasión -venga de donde venga- y eliminar las exoneraciones que tienen las cerca de 80 empresas más grandes que operan en Puerto Rico con ganancias exorbitantes.

Voluntad para poner en marcha el proceso de discutir y acordar con la sociedad el rediseño del aparato gubernamental y la distribución territorial de la representación política, a fin de salvaguardar una estructura de poder y de funciones adecuado a las dimensiones y población del país, haciéndolo menos costoso, más conciso, eficiente y transparente. Debe instalarse el mérito en todos los procesos de personal en la función pública y asegurar la genuina negociación colectiva, libre de desconfianzas recíprocas.

Voluntad para recortar gastos en el aparato gubernamental sin que ello afecte funciones esenciales. Hacerlo indiscriminadamente con un por ciento fijo es sumamente peligroso porque podría debilitar ámbitos clave de la función pública. Es posible identificar espacios para recortar gastos, como por ejemplo, salir de los costosos arrendamientos de edificios de oficinas y usar las propiedades del gobierno; reducir los altos gastos en cabilderos y consultores, especialmente los norteamericanos; profesionalizar las operaciones del organismo electoral y reducir la nómina partidista en ellos; fusionar agencias con mandatos similares, entre otras.

Voluntad para abrir diálogos multisectoriales a fin de acordar metas, objetivos y estrategias en los ámbitos de seguridad, salud, educación y  política científica y de innovación, que en este momento son absolutamente críticos para el desarrollo del país. Ello es especialmente clave en el ámbito de investigación y generación de energías renovables, dado el alto costo que significa la energía en los procesos de producción.

Voluntad para incorporar sistemáticamente a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los problemas acuciantes del país. La instauración de mecanismos como los presupuestos participativos y la vigilancia social del gasto son claves para lograr más eficiencia y reducir la corrupción. Además, debe conformarse un Fondo Nacional de Desarrollo con operación autónoma y recursos provenientes de los barriles legislativos y otras asignaciones que permitan apoyar iniciativas mediante concursos de organizaciones sociales bona fide.

Estamos en lo que podríamos llamar un momento de “río revuelto”, que puede ser muy interesante si asumimos bien el desafío de abrir y consensuar opciones. En las sugerencias vertidas en las últimas semanas en los medios de comunicación y las redes sociales hay de todo, lo que obligaría a generar criterios para destilar, calibrar y ponderar las propuestas. Personalmente, creo que hay que socializar conocimiento y aprendizajes de nuestra experiencia histórica, así como de otras experiencias internacionales, porque hemos vivido en una burbuja de aislamiento durante más de un siglo. Si no conocemos las opciones que otros países han manejado en situaciones similares, nuestro espacio de imaginar salidas será mucho más restringido. Además, como decía el lúcido joven Manuel Torres Kortright en 80grados hace poco, debemos tomar este momento como uno de “beta permanente”; es decir de mejora continua y de negación de los estados estáticos y de las metas definitivas. El cambio de paradigma requiere pensar fuera de los confines tradicionales; requiere imaginar, experimentar, innovar, evaluar y evolucionar. Auto-convoquémonos a ello.