Nuevamente se repite el libreto. Hace ocho años se aprobó la Ley 161 de diciembre de 2009 conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos en Puerto Rico, y entonces como hoy, sus promotores identificaban al sistema de premisos como uno de los responsables principales de la crisis económica, “una piedra enorme en el camino hacia la recuperación”, repetían. Sin embargo, la ley aprobada por la administración de Luis Fortuño, que facilitó los permisos expeditos y le infligió un duro golpe a la participación ciudadana y en la práctica la penalizó ‒cuando se impuso el depósito de una fianza en los tribunales para que los ciudadanos pudieran reclamar la paralización de una acción‒ no produjo crecimiento económico, ni evitó el colapso de la industria de la construcción. “La calentura no está en la sábana” le aplica el refrán popular.
La obsesión con la “’permisología” (disparate que se repite) parecería un síndrome para quienes la memoria y la experiencia es extremadamente corta o sencillamente no existe. Ni la deuda, ni la crisis económica son criatura de los procesos de permisos. Sus causas y razones han sido diagnosticadas en las últimas décadas por innumerables estudios y todos coinciden que la crisis es estructural.
¿Por qué insisten en desmantelar la reglamentación y las políticas públicas que sostienen los procesos de permisos?
Antes de contestar, es preciso dejar establecido que el sistema de permisos es una protección para toda la sociedad, que emana de las políticas públicas recogidas en diversas leyes y en el Artículo VI, sección 19 de la Constitución de Puerto Rico. En su ausencia prevalecería la anarquía en los usos del territorio y se impondría la ley de la selva. Las comunidades y los ciudadanos en general quedarían huérfanos de instrumentos legales para defenderse de aquellas acciones que los afecten o de aportar y mejorar propuestas y proyectos, ya sean del sector privado o del gobierno.
Si de lo que se trata es de mejorar el sistema, modernizarlo y hacerlo más confiable, certero, transparente y participativo, bienvenidas sean las propuestas de reforma. Si las premisas se basan en hacer más eficaz la protección del recurso agua, los bosques, las costas, los corredores ecológicos, las tierras agrícolas, la calidad del aire que respiramos y los sistemas naturales, bienvenidas sean las propuestas de reforma. Sin embargo, aquellos que anuncian y exigen “reformar” los permisos, no piensan así. Esa no es su intención.
Lo cierto es que se puede y se debe mejorar todo el trámite que implica solicitar y evaluar las peticiones de usos y permisos. Pero no puede ser a costa de eliminar las garantías legales que nuestra sociedad ha formulado para impedir poner en riesgo la geografía natural y la calidad de vida de las comunidades y de los ciudadanos en general. Es decir, hay que separar el grano de la paja.
Si el interés genuino es mejorar el sistema, entonces es necesario invertir en tecnología para que, además de facilitar la radicación, se pueda divulgar la información que le permitiría a los proponentes conocer dónde sí y dónde no, antes de incurrir en cualquier gasto o inversión.
Por tanto, es importante un gran esfuerzo de educación dirigido a socializar la información de modo que la gente sepa qué actividades, usos y construcciones se permiten en unos lugares y cuáles en otros. Es necesario invertir en informar y educar sobre las normas, leyes y reglamentos que persiguen el uso planificado y sustentable del territorio. Con frecuencia, ciudadanos y empresas incurren en gastos para llevar a cabo una actividad comercial, industrial o de servicios, entre otras, antes de informarse si en el lugar escogido la zonificación lo permite. Cuando se enfrentan al hecho de que tal actividad no está a tono con la reglamentación, en ocasiones es tarde pues han incurrido en grandes gastos. Pero lo peor es cuando los proponentes conocen de las restricciones e insisten, presionan y utilizan su mollero económico y político para saltar las políticas públicas, todo con el afán del lucro fácil y rápido. Quienes así actúan, hacen mucho ruido, presionan en La Fortaleza, o al alcalde o alcaldesa, y gritan que el sistema “no sirve” y reclaman un daño que es claramente autoinfligido.
También hace falta contratar y reclutar personal técnico e inspectores que aceleren las evaluaciones sin que se afecten la calidad de las mismas. Pero, de nuevo, por ahí no soplan los vientos. En todo caso lo que ha ocurrido en los pasados años es una reducción continua de personal y del presupuesto a las agencias vinculadas al proceso de permiso a la vez que se le exige acelerar su cumplimiento. ¡Es un gran contrasentido!
Y las órdenes ejecutivas (OE-2017-003 y 004) firmadas recientemente por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, lo confirman. En la primera, el Gobernador declara “una emergencia en cuanto a la infraestructura de Puerto Rico” y ordena “la utilización de un proceso expedito, al amparo de la Ley 76-2000, según enmendada, para el desarrollo de proyectos.”
En la segunda, se crea el comité interagencial para proyectos críticos de infraestructura. Se trata de una copia del comité que mandata crear la Ley Promesa en su Título V. Ambas órdenes tienen el propósito de saltar los procesos de planificación y las normativas que brindan mayor certeza en las decisiones que preceden la expedición de permisos, por tanto, no persiguen mejorar el sistema. Es decir, el análisis riguroso, responsable, profesional y científico es secundario, como si los recursos naturales, su comportamiento e imbricación pudieran encajonarse de forma caprichosa en 30 días. ¿Qué clase de visión es ésta?
Entonces lo que se persigue no es mejorar, modernizar y mantener el rigor en la evaluación y otorgación de permisos, sino cercenar la participación pública y ciudadana y dar mano libre a todo proyecto y actividad de construcción que se proponga ante las agencias reguladoras.
Por último, una grave amenaza se cierne sobre el Plan de Uso de Terrenos (PUT) aprobado el año pasado y que significó un paso de avance enorme para la necesaria planificación del País. La presente administración se propone alterar su esencia al plantear que el PUT tiene que modificarse en función de los planes territoriales de los municipios. ¡A planificar por retazos! parece ser la consigna. ¿Dónde queda el enfoque integral, la interpretación de nuestro sistema físico, económico y social como un todo?
