Un proyecto perjudicial para las comunidades

Una lectura seria del propuesto Proyecto de la Cámara Núm. 6 (para crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico) que se ve este jueves en vista pública nos lleva a concluir que la mayoría de los argumentos que pretenden justificar su aprobación ya están claramente definidos en la Ley #1, del 2001. Cuando se analiza lo que ya está legislado, la propuesta se queda corta porque solamente busca crear un super fondo para “poder repartir más chavitos a las comunidades” como me indicara el designado Coordinador General.

La asignación de fondos públicos debe tener el propósito fundamental de proveer las herramientas que hagan posible un desarrollo autogestor basado en la identificación de las necesidades de la comunidad, como se enfatiza en la Ley 1 de 2001. Es para proveer la capacitación y el adiestramiento de los líderes e identificar nichos de desarrollo empresarial que contribuyan a generar actividad económica que reduzca el desempleo, integre a las madres jefas de familia, a los y las jóvenes, en fin, los sectores productivos de la comunidad.   

El P. de la C. Núm. 6 constituye un disloque de las estrategias y la política pública para enfrentar la situación de pobreza que viven miles de familias que rondan el 46% de la población del país. Esa política pública ya está contenida en la Ley Número 1 de 2001 que crea la Oficina para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión. En el proyecto hay sugerencias novedosas, como integrar recursos económicos dispersos en varias agencias y que de todas formas se invierten en las comunidades. Si fuera cierto todo lo que pretende el P. de la C. Núm. 6, ¿por qué razón éstas propuestas no son incorporadas mediante enmiendas a la Ley #1?

Muchas de las propuestas contenidas en el proyecto nos hacen concluir que el mismo no es bueno para las comunidades. Resaltemos algunas. Se elimina el Consejo Asesor de Comunidades Especiales, organismo presidido por el gobernador, representantes de agencias públicas, alcaldes, líderes comunitarios y el sector privado responsables de establecer los procesos de implantación y seguimiento a la política pública sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Elimina, además, el mecanismo de consulta a las comunidades especiales cuando haya una intención de una expropiación forzosa, que surge de la enmienda #232 lograda con el sudor comunitario y el apoyo unánime y bipartita en Cámara y Senado. El proyecto quita también el espacio ganado por las juntas comunitarias mediante la participación en la evaluación y desarrollo de la política pública. También, la Junta de Directores actual compuesta de 11 miembros se sustituye por una nueva Junta compuesta de 7 miembros. Finalmente, y no menos importante, se excluye a los trabajadores de la OCE de la Ley de Personal del Servicio Público lo que podría significar eliminar derechos y beneficios adquiridos. ¡Los quieren a botar a todos y todas!

Por otro lado, la reasignación de fondos federales provenientes de los programas Community Development Block Grant (CDBG) Y Community Service Block Grant (CSBG), administrados actualmente por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) y ADFAN del Departamento de la Familia, levanta serios cuestionamientos sobre su adjudicación y administración, así como el impacto que pueda tener en los municipios más pobres y las organizaciones sin fines de lucro.  Es desvestir un santo para vestir otro. Además, esta reasignación de fondos fomentará la competencia de los sectores de base de fe, las ong y las comunidades, que no son la misma cosa y según este proyecto optarían por los mismos fondos.

El primer intento por eliminar la Ley #1 vino del mismo Partido Popular Democrático, bajo la administración Acevedo Vilá. Luego ha habido intentos de los dos partidos por eliminar el programa, reducirle presupuesto, despedir empleados o restarle visibilidad a los sectores en desventaja.

Nos corresponde al liderato comunitario exigir nuestra participación en el proceso deliberativo y decisional de esta medida. Atender de manera efectiva las condiciones de desigualdad social y económica que nos conducen a la pobreza requiere del desarrollo de estrategias que incorporen a los sectores más amplios de nuestras comunidades.