Marihuana: un mal imaginario

“En el mundo hay demasiados males reales
como para permitirnos aumentarlos con otros imaginarios que,
por demás, terminan siendo causa de nuevos males verdaderos.”
-Arthur Schopenhauer

“La creencia de que nuestras leyes contra drogas
se apoyan sobre bases científicas y racionales
es una de las primeras causas de nuestro problema con drogas.”
-Thomas Szasz

La despenalización del consumo de marihuana en la Isla será un hecho en un futuro previsible. Sin embargo, la historia de su prohibición pertenece al extenso repertorio de aberraciones legales que todavía vician nuestro ordenamiento jurídico y pervierten su sistema de justicia. Ya sea por ignorancia o convicción mal informada, por intereses mezquinos o bien  intencionados, siempre es por razones equivocadas. Sostenida oficialmente en la ocultación y manipulación de datos científicos y estadísticos, la criminalización de sus usuarios ha dejado un saldo inestimable de daños psico/sociales, perjudicando a miles de ciudadanos y proliferando las condiciones de la violencia criminal en la Isla, incluyendo la corrupción de funcionarios públicos, judiciales y policiales.

La propaganda mediática de la “guerra contra las drogas”, sostenida por la misma mentalidad demonizadora de los años 30 en los Estados Unidos e impuesta por decreto prohibicionista por el gobierno federal en los años 70, sigue siendo reproducida sin reservas por los cuerpos legislativos y los gobiernos de Puerto Rico. Esta mentalidad ha contribuido al falseamiento sobre los efectos reales de la marihuana y ha consagrado la ignorancia como principio medular de la política pública aún regente en la Isla. El impacto general ha sido brutalmente nocivo, no solo acrecentando el hacinamiento carcelario por un delito sin víctima, sino, además, estigmatizando a sus víctimas, aprisionadas y/o multadas por una ley (Núm. 4 de 1971) que nada contribuye al bienestar social, la salud, la moral o la seguridad ciudadana. Dentro del teatro judicial, la sentencia de culpabilidad, castigo de multa/aprisionamiento y “rehabilitación” forzada, se imponen solo porque así lo dicta la ley, aunque sus motivos no evocan pruebas veraces sino falsedades producidas para legitimarse a sí misma la prohibición, la autoridad de sus violencias y la crueldad de sus penas.

Pensado con debida seriedad, nadie argumentaría lo contrario. Ya han sido desmentidas las retóricas que criminalizan el consumo de marihuana y demonizan a sus usuarios como “peligrosos” a la sociedad. Además de sus propiedades naturales para tratar enfermedades y achaques, no existe registro sobre actos de violencia relacionados a usos recreativos. Ni siquiera se trata de una droga adictiva y sus posibles efectos nocivos a la salud individual no se aparejan a los de las drogas legales y de consumo generalizado en nuestra sociedad: tabaco, alcohol, azúcar y café, por ejemplo. Asimismo, la potencia de usos alternativos del cannabis a nivel industrial (ropa, papel, medicamentos, etc.) podría beneficiar la economía insular, pero no se considera por tratarse de un recurso natural prohibido y criminalizado. En su lugar imperan negocios lucrativos al margen de la Ley, que generan cuantiosas ganancias para los beneficiarios directos e indirectos de la prohibición. Recuérdese que, por (d)efecto de la mentalidad prohibicionista en Puerto Rico, un policía gana más que un maestro y el costo por aprisionamiento es mayor que la educación universitaria.

Pero no hay que esperar por un cálculo económico de beneficio inmediato, sobre todo porque la racionalidad jurídica que sostiene la prohibición es incongruente con principios democráticos y derechos humanos de primer orden. Destaca, entre ellos, el derecho de cada ciudadano a vivir su propia vida y existencia singular, sin sufrir intromisiones indebidas por parte del Estado de Ley.

A fin de cuentas, la marihuana se prohibió para paliar un problema imaginario: la relación causal entre su consumo y la criminalidad. No obstante, aunque se trata de un “delito sin víctima”, la prohibición afecta a personas reales, daña vidas singulares y propicia una cultura de engaños y prejuicios, maltrato y discrimen injustificado contra consumidores, casuales o habituales.

Tampoco existe fundamento moral para proscribir tajantemente su producción y comercio, tenencia y consumo. Además, la ley de “sustancias controladas”, centrada en un enfoque viciosamente punitivo, entorpece el encargo estatal de atender a drogadictos (legales o ilegales) que necesitan asistencia psicológica y/o médica sin acosos y trabas legales.

Aunque dentro del caudal de problemas psico/sociales relacionados y ocasionados por las mentalidades prohibicionistas, promotoras de la “guerra contra las drogas”, la lucha por la despenalización del consumo de la marihuana pudiera parecer un acto de poca envergadura, lo cierto es que tiene una pertinencia política y psico/social que no debe subestimarse. La posibilidad de convivencia saludable en un Estado democrático de derecho está condicionada por la capacidad y disposición de la ciudadanía en general y de la clase política y jurídica en particular, de comprender que la privacidad de la vida de cada individuo, como parte de su singularidad existencial, es garante fundamental y condición del bien común, y las leyes que la regulan deben protegerla inexcusablemente. Las tendencias despenalizadoras a escala global apuntan sus esfuerzos en esta dirección.

Paralelo a los cambios en las políticas prohibicionistas a nivel internacional y a los movimientos estadounidenses por la despenalización y la legalización de la marihuana, el P. del S. 517, presentado por el senador Pereira (2013), abona a que en Puerto Rico se atienda con madurez política el asunto. Ya veremos. La clase política isleña debe abstenerse de sacar de proporción los males relativos a las drogas ilegales, en gran medida imaginados y/o repetidos sin estudiar o pensar profundamente, quizás por vagancia intelectual o como consecuencia del generalizado síndrome del colonizado, por intereses personales o por la habitual gula electorera.

Urge concertar a nivel nacional una campaña educativa honesta y bien informada, crítica y desmitificadora, que contrarreste la absurda propaganda de la “guerra contra las drogas” y desmantele, desde sus cimientos, la ideología imperante del modelo represivo/punitivo que mueve y sostiene la política prohibicionista en general. La despenalización del consumo de la marihuana es un paso firme en la dirección correcta. El filósofo español, Fernando Savater, hace tiempo subrayó la tarea:

“Las drogas han acompañado a los hombres desde la antigüedad más remota y es absurdo pensar que van a desaparecer en el momento histórico en el que es más fácil producirlas: precisamente lo que hay que hacer es acostumbrarse a convivir con ellas, sin traumas, sin prohibiciones puritanas, sin tentaciones diabólicas y con información responsable. A las llamadas drogas les sobran mecenas, exorcistas, árbitros, curanderos… y les faltan desmitificadores.”1

Así las cosas, el consumo de marihuana será despenalizado. Quizás tardíamente, por imposición del gobierno federal, o prontamente, por las fuerzas políticas/ciudadanas insulares si superan la ignorancia generalizada y favorecen legislar sensible y razonablemente por el bienestar general en la Isla, empezando por reconocer y reivindicar los espacios, prácticas y derechos de intimidad, privacidad y singularidad existencial de cada persona.