A las calles la lucha contra el gasoducto
A pesar de los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y civiles, y de las comunidades que se verían afectadas por la llamada Vía Verde, quienes han presentado durante casi un año reclamos y evidencia científica del daño ambiental que causaría, el gasoducto sigue su marcha sin intención de detenerse, según el mensaje de situación del país del gobernador Luis Fortuño la pasada semana.
La oposición al proyecto, que se ha llevado por la vía legal y de la opinión pública sin cambios en la postura gubernamental, se reanudará en las calles con diversas manifestaciones que comenzaron el viernes con un piquete frente a las oficinas centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y continúan este sábado con la “Gran Marcha en Concentración Contra el Gasoducto del Norte” que se llevará a cabo en Arecibo, partiendo a las 2:00 pm de la Carr. #862 en el Barrio Cercadillo hasta llegar al parque de pelota Juan Figueroa.
“Nos vamos a ir a las calles, hemos ido por los pasos de una sociedad democrática, hemos hecho las evaluaciones científicas, hemos presentado toda documentación que dice que el proyecto no es viable, que las agencias federales coinciden. Si no hacen caso tendremos entonces que hacer lo que hacen todos los pueblos que tienen dignidad y se respetan a sí, defienden sus recursos naturales, su vida y su gente,” expresó el ingeniero Alexis Massol, Director de Casa Pueblo, para luego referirse a ejemplos de desovediencia civil. La Comisión Científica y Técnica de Casa Pueblo presentó cuatro informes que revelan inconsistencias documentadas en el diseño y manejo de la llamada “Vía Verde”.
Por su parte el Dr. Arturo Massol Deyá, de la Junta de Casa Pueblo, divulgó esta semana en conferencia de prensa una movida que apunta a corrupción por parte del gobierno de Puerto Rico en relación al proyecto de Vía Verde. Dijo que el gobernador Luis Fortuño declaró una “emergencia energética” mediante ley para poder escapar al debido proceso de permisología, subasta y competencia justa, de un proyecto que claramente no cuenta con el aval de los afectados y de las agencias federales. “Tenía la respuesta a una “emergencia energética” antes de haberla decretado,” dijo Massol. “Este gobierno no nos puede decir que meses antes de decretarse una emergencia, encarga el diseño de un tubo de 92 de millas como única solución de la emergencia futura,” explicó Massol Deyá.
Normalmente la declaración de una emergencia energética va de la mano de un huracán o algún fenómeno natural que obligaría a acelerar el proceso de algún proyecto por el bien mayor, explicaron los integrantes de Casa Pueblo. En este caso, desde junio de 2010, previo al decreto de la “emergencia”, se comenzó un proceso de medición y los pasos preliminares para el proceso de expropiación de decenas de vecinos que viven a lo largo de la alineación del gasoducto, un factor humano que no se ha divulgado, pero que sí está presente en una investigación que está haciendo actualmente Casa Pueblo.
Con el endoso de ambas cámaras legislativas, el pasado miércoles se extendió la vigencia de la “emergencia ambiental” decretada en julio de 2010. Dicha extensión envuelve al gobierno de Puerto Rico en el esquema de corrupción pues fue hecha de manera retroactiva para poder justificar una firma de más 700 mil dólares a Ray Engineers luego de que la fecha límite de la “emergencia energética” expirara el pasado 19 de enero. Esta empresa, según Casa Pueblo, tuvo acceso privilegiado a información sobre el propuesto gasoducto.
Fueron varios los beneficiados con esta movida, entre ellos, la compañía Ray Engineers, que se agenció un contrato de nueve millones de dólares. Ray Chacón, presidente de Ray Engineers, fue miembro de la Junta de la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) hasta octubre pasado y era al momento de la otrorgación del contrato miembro de la junta del Banco de Desarrollo Económico (BDE). La empresa tiene contratos millonarios con la Administración de Vivienda Pública, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Edificios Públicos.
Al menos 22 millones de dólares fueron otorgados meses antes de la declaración de “emergencia” en julio de 2010 para preparar el montaje, según la evidencia mostrada por Casa Pueblo. Compañías que ofrecen servicios técnicos de ingeniería, publicidad y consultoría ambiental fueron las beneficiadas de la repartición de un bizcocho repartido por la AEE. Entre las empresas beneficiadas, y que mantienen contratos relacionados con Vía Verde, están Ray Engineers con casi $10 millones, Ballori y Farré con cerca $4 millones, New Star Acquisitions Group con $500 mil para tareas de expropiación de familias, UNIPRO con $6 millones para el manejo del proyecto y representación de la AEE durante la fase de construcción y Asesores Ambientales y Educativos con $2 millones. Esta última entidad, del consultor ambiental Yousev García, es una corporación registrada como una sin fines de lucro. La AEE ha mantenido bajo secretividad el monto parcial y total de todos los contratos relacionados con el gasoducto, inclusive para la prensa, que lo ha solicitado en múltiples ocasiones.
La presencia de una intensa campaña mediática millonaria y engañosa, que incluye anuncios en televisión y radio y decenas de billboards en las carreteras del país, deja claramente plasmado el empeño de impulsar este proyecto, más allá de sus consecuencias, según divulgara hace una semana Prensa Comunitaria. Se detalló en la conferencia de prensa que Ballori & Farré contrató a la esposa de Edward Zayas, director de prensa del gobernador, para el desarrollo de los trabajos de Vía Verde en la agencia publicitaria.
Alexis Massol, director de la entidad comunitaria de Adjuntas galardonado en 2002 con el Premio Goldman por su gesta ambiental, dijo que “estamos en un punto del gasoducto que es inverosímil, pues está probado y fue reconocido por la propia Eco-Eléctrica que no existe la capacidad instalada para suplirle al tubo el gas necesario para las unidades generatrices en el norte”.
Según Massol Deyá, “cualquier otorgación de contratos adicionales será ha sabiendas y con conocimiento de hechos; es un acto de irresponsabilidad con el pueblo de Puerto Rico. Podrá ser y habrá sido legalizado por la orden de crisis energética, pero sigue siendo inmoral y sigue siendo un acto de corrupción pública”.
“En este país no hay fondos para manejar el Departamento de Salud, ni mantener el Instituto de Cultura, que es el alma de este pueblo, ni hay fondos para atender la Universidad de Puerto Rico, pero sí hay fondos para macanear a los estudiantes de la UPR, hay fondos para malversarlos en una Vía Verde. Lo hemos dicho y seguiremos repitiendo, por Puerto Rico no pasará el gasoducto y no es que queremos enfrentarnos, queremos ir por las vías democráticas, pero ante la antidemocracia tenemos un pueblo unido,” manifestó efusivamente al culminar la conferencia de prensa Alexis Massol.