Descolonizando a Puerto Rico, primera parte

1. Introducción.

¿Qué significa descolonizar a Puerto Rico?  Planteo que requiere: (1) poner a la Isla en control de su propio destino y (2) proteger y promover la lengua e idiosincrasia del pueblo puertorriqueño. El primero es necesario para el segundo.

Voy a examinar dos alternativas que cumplan con descolonizar sin la necesidad de separarse de Estados Unidos (EE. UU.), y que voy a llamar la verdadera autonomía y la estadidad puertorriqueña. Es decir, planteo que Puerto Rico podría descolonizarse quedándose asociado con EE. UU.  Pero para ello, la Isla tendría que retener suficiente soberanía para controlar sus propios asuntos y mantener su nacionalidad puertorriqueña intacta. Serían variantes no coloniales de las alternativas existentes: el ELA y la estadidad.

¿Por qué estoy examinando estas posibilidades de descolonizar sin separarnos del país colonial?  Por tres motivos.  Primero, la mayoría del pueblo siempre ha querido mantener alguna relación con EE. UU. Es muy poco probable que el pueblo llegue a favorecer la independencia bajo los escenarios ahora imaginables. Democráticamente, hay que respetar su voluntad. Segundo, hay más puertorriqueños que viven y trabajan ahora en EE. UU. que en la isla, una realidad que ninguna solución del status puede ignorar. Y tercero, me parece un hecho que todo proceso de descolonización va a ser parcial y relativo. Hasta un Puerto Rico independiente seguiría con cierta dependencia de EE. UU., una independencia que algunos ciertamente llamarían neocolonial. Incluso, el estado más poderoso del mundo, EE. UU., se encuentra atado por innumerables leyes, tratados y compromisos constitucionales, internacionales y éticos. Por paradójico que parezca, tanto la verdadera autonomía como la estadidad puertorriqueña pueden ser unos estatus no coloniales en asociación con EE. UU.

¿Qué votantes de la Isla podrían apoyar estas alternativas de estatus ante el Congreso? Todos los que realmente interesan descolonizar: populares, estadistas, los del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Proyecto Dignidad (PD), independientes y hasta independentistas como este servidor.

Cualquiera de estas alternativas sería bien difícil de lograr.  Por un lado, requeriría que los líderes puertorriqueños tanto del sector privado como del público, se unieran en torno al reclamo de la descolonización, y que luego enfrentaran con valentía a EE.UU. Por otro lado, requeriría que EE. UU. reconociera que Puerto Rico sigue como colonia, para luego hacer los cambios legales y administrativos correspondientes para acomodarlo como socio igual.

2. La verdadera autonomía

El proyecto Puerto Rico Status Act de 2021-2022 significó algún progreso hacia la descolonización.  Reemplazaba el ELA, que había figurado en proyectos de plebiscito pasados de 1990, 1998 y 2010, por la libre asociación. Para los promotores del proyecto, este cambio reflejaba el rechazo de un estatus que seguía siendo colonial y su reemplazo con el estatus que se supone que el ELA fuese originalmente, esto es, una asociación libremente escogida y negociada entre las partes.  Por eso, en principio, podría ser un estatus de verdadera autonomía.

Pero este proyecto (y un nuevo e idéntico proyecto, HR 2757 de 2023) de entrada tuvo un defecto práctico: no fue apoyado por los votantes del PPD. No es conveniente hacer caso omiso de los populares en un proyecto serio de estatus.  Los populares siguen ahí y son muchos.  Actualmente es el PPD el que controla la legislatura y la mayoría de los municipios.  Y aunque ya no tiene un proyecto político claro y le falta liderato, el partido sigue encarnando el autonomismo, que ha sido la meta política que ha animado a los Muñoz, padre e hijo, estando muy presente en la política puertorriqueña por más de 100 años, notablemente en los últimos 50 años del siglo pasado. Tan es así que me atrevo a afirmar que el ideal de la autonomía ha sido más parte de las preferencias políticas puertorriqueñas que la independencia o la estadidad. Por eso, en vez de desechar el autonomismo, tal vez hay una versión no colonial que se puede salvar.

Detrás del Puerto Rico Status Act de 2021-2022 han estado los soberanistas, populares hastiados por la pérdida del poco progreso autonómico del ELA, que lograron persuadir a la congresista Nydia Velázquez de eliminarlo como opción. Pienso que asumieron que los votantes populares sin la alternativa del ELA tendrían como ellos que moverse a la libre asociación. Pero eso es poco probable. Este proyecto de ley no fue consultado con los populares ni los tomó en consideración, por lo cual lo consideraron (correctamente) antidemocrático.  Al oponerse al proyecto, resentían ser tildados de “happy colonists”. Sobre todo, temían (correctamente) que la libre asociación no pudiera garantizar la permanencia de la ciudadanía estadounidense para sus descendientes. Tanto para los creyentes en el ELA, como para los estadistas del PNP, la ciudadanía estadounidense significa la seguridad política y económica. Algunos populares podrían moverse a otros partidos como MVC o el PIP, cuyo liderato ya no habla mucho de la independencia, y algunos lo habrán hecho ya. Pero la mayoría de los populares en un plebiscito que excluya el ELA podría verse forzada a escoger entre perder su identidad cultural (la estadidad) o la ciudadanía estadounidense para sus descendientes (la libre asociación), llevándolos con toda probabilidad a abstenerse o incluso votar por la estadidad tradicional.

Sigue la pregunta: ¿Cómo atraer esa masa de populares en una consulta futura para que favorezcan una opción descolonizadora como puede ser la libre asociación? Un requisito sería que los soberanistas dejaran de atacar el ELA y a los populares muñocistas aún creyentes en la posibilidad de la autonomía política. (Algunos ataques de soberanistas se hacen con la vehemencia de un amante rechazado). Pero mucho más importante sería ilustrarles sobre una realidad histórica: en sus principios, el ELA fue concebido precisamente como un estatus de libre asociación, como lo indica su nombre. Vamos a mirar de cerca este hecho histórico poco conocido.

Antonio Fernós ideó el concepto del ELA que luego vendió a Muñoz, entonces presidente del Senado. En 1950, Fernós, el comisionado residente en Washington, sometió el nuevo esquema político al Congreso donde él fue un legislador muy respetado, y encontró cierto ambiente favorable a la idea.  Concibió el ELA “como un cuerpo político soberano, asociado por mutuo consentimiento a los EE. UU. La asociación conllevaría una delegación mutua de derechos y responsabilidades, reconocidos mediante un pacto orgánico bilateral.  Para Fernós, esta sería la forma más apropiada de terminar el estado colonial que la isla padecía”.  Pensaba que, a pesar de carecer de ciertos poderes para tener el máximo de soberanía posible, el ELA podría ir alcanzándolos poco a poco hasta llegar al pleno gobierno propio. [1]

Muñoz adoptó la idea del ELA y colaboró con Fernós en su promoción. Pero llegó a tener una visión muy distinta.  Contrario a Fernós, Muñoz renunció a sus convicciones independentistas de juventud.  Para Muñoz, aunque el ELA fue un avance en autogobierno, seguía siendo parte intrínseca de EE. UU. Tan es así que Muñoz insistió en que el ELA se había formado en unión permanente con EE. UU.  Pero esa insistencia de Muñoz sobre la unión permanente socavó la idea de Fernós de un pacto; en un pacto, las dos partes se asocian libremente, y pueden separarse libremente. Muñoz incluso llegó a recomendar varias “mejoras” al ELA para atarlo aún más al sistema constitucional norteamericano, como el voto presidencial y el pago de impuestos federales, propuestas que confundían a los mismos congresistas que las veían incompatibles con un estatus autonómico. Esta diferencia básica entre sus dos fundadores sobre la naturaleza del ELA forma parte del ADN del PPD, y explica su permanente incapacidad de definir su ideología.

Mi propuesta de la verdadera autonomía elimina esta ambigüedad al basarse en la visión del ELA de Fernós.  Vamos a hacer el ejercicio imaginativo de elaborar sus implicaciones. “Estado libre asociado” significa que la isla de Puerto Rico se ha asociado libremente con EE. UU. mediante un pacto que ata a ambas partes y con todos los poderes necesarios para su autogobierno y desarrollo dentro del sistema federal. En este pacto, Puerto Rico sería soberano, lo que significa que ninguna rama del gobierno de EE. UU.—ejecutivo, congresista, judicial— podría intervenir en sus asuntos internos a menos que fuese acordado de antemano entre las partes. Puerto Rico dejaría de ser un territorio sometido al Congreso por la cláusula territorial. Tendría los poderes que considerara necesarios para su pleno desempeño los cuales habría negociado con EE. UU.

¿Cuáles son esos poderes que faltan? El PPD nunca llegó a especificarlos. Tanto Fernós como Muñoz reconocieron que el nuevo ELA carecía de dientes autonómicos, y pensaron que lo conveniente, dada la relación siempre quisquillosa con el Congreso, sería adquirirlos a través del tiempo. En distintos momentos los populares han discutido una variedad de poderes que quisieran conseguir, entre los cuales son los siguientes:

—libertad de utilizar barcos extranjeros para la transportación para la Isla en vez de la costosa marina mercantil estadounidense (requeriría la revocación de la Ley Jones de 1920, la llamada ley de cabotaje);

—autoridad para negociar tratados comerciales con otras naciones (en 1980, el gobernador Rafael Hernández Colón trató de negociar un acuerdo de exención de impuesto con Japón, pero el entonces secretario de Estado George Schultz lo rechazó tajantemente);

—derecho de pertenecer a organizaciones internacionales;

—derecho de proteger la industria y la agricultura local;

—control sobre la inmigración;

—control sobre leyes laborales;

—derecho de rechazar leyes federales que el gobierno de la Isla determine que son inaplicables o dañinas a los intereses de Puerto Rico.

El ELA nunca ha logrado ninguno de estos poderes. De alcanzarlos, para todos los efectos Puerto Rico se hubiese convertido en un estado independiente. Pero el PPD nunca ha buscado la independencia; lo que estas ideas dispersas demuestran es su deseo de convertir el país en uno realmente autónomo.  Lógicamente, pues, los creyentes en la verdadera autonomía deberían negociar con EE. UU. un nuevo pacto con los poderes que a su juicio colectivo serían necesarios para descolonizar la Isla, esta vez a través de la libre asociación. No sería un paso novel o radical ya que es precisamente lo que Fernós y Muñoz habían pensado hacer hace 80 años al crear el ELA.  Aunque por ahora el PPD carece de liderato fuerte o un proyecto de país certero, tanto los autonomistas dentro como fuera del partido deberían unirse para desarrollar este nuevo proyecto de verdadera autonomía, animándose al recordar la exitosa gesta del PPD de la modernización de la Isla —a pesar de fallar en erradicar la pobreza— durante el siglo pasado.

Claro, como cualquier pacto, este nuevo pacto entre naciones soberanos de lograrse siempre podría disolverse. ¿Podrían los populares y autonomistas destetarse de la visión de Muñoz de una dependencia permanente de EE. UU.? ¿Superar su miedo de que sus descendientes perdiesen la ciudadanía estadounidense? No sabemos. Pero me parece que sería un paso psicológico e ideológico esencial si los populares y los autonomistas, y el país, quieren llegar por fin a una relación madura entre los dos países.  Un PPD con mentalidad renovada y descolonizada podría encabezar el esfuerzo.

Aparte de la verdadera autonomía, otra posibilidad para una relación descolonizada que podría ser aceptable al movimiento autonomista, sería que EE. UU. se convirtiera en un estado multinacional, posibilidad intrigante que discutiré a continuación.

[1] La información en este párrafo y el siguiente sobre las perspectivas distintas sobre el ELA de Fernós y Muñoz se basa en gran medida en Roberto Colón Ocasio, “Antonio Fernós Isern: soberanista y Luis Muñoz Marín: autonomista; divergencias ideológicas y su efecto en el desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.  Ceiba, Año 5 Núm. 2 (Segunda Época), agosto 2005-mayo 2016: 36-43.