De la gentrificación, la crisis y otros demonios

Elizabeth Brockway

El término gentrificación no es de recién descubrimiento, éste fue creado por la socióloga británica Ruth Glass a mediados de la década de 1960 para hacer referencia a un proceso social de transformación en la ciudad de Londres, donde muchos de los barrios tradicionalmente obreros fueron invadidos por la clase media. Según Glass, una vez que ese fenómeno comienza en una zona se expande rápidamente hasta que la mayoría de los habitantes originales son desplazados y la composición social del barrio cambia radicalmente. Se trata de un proceso social cada vez más actual, propio de la producción urbana en las sociedades capitalistas que trae como consecuencia un desplazamiento de las comunidades pobres para hacerle espacio a inversionistas de mayores recursos económicos orillando a esas comunidades a desaparecer.

Este recambio poblacional no se da de un día para otro ni solo, tampoco se anuncia o comercializa. Son cambios que se van materializando con el paso del tiempo con la complicidad del Estado, de algunos políticos y peor aún, de la dejadez e ignorancia generalizada de un país como el nuestro: cansado de lidiar con políticas públicas improvisadas y pseudo-líderes que, lejos de trabajar por el bien común, velan por sus propios intereses.

Entre los procesos que intervienen en ese recambio socioeconómico está la gentrificación simbólica que da inicio a un cambio en las dinámicas urbanas que van degradando del espacio antes de comenzar el proceso inmobiliario. De manera simultánea se materializa con ella una gentrificación de orden comercial, que afecta directamente a los pequeños y medianos comerciantes de los centros urbanos como, por ejemplo, la practica de eliminar actividades mediante procesos de reclasificación de usos de suelo o políticas de desarrollo económico local, hasta favorecer el uso de espacios urbanos determinados e incentivar a grandes empresas de forma más dadivosa que a los pequeños y medianos comerciantes.

Entre los detonantes está el desarrollo local organizado a partir de la perspectiva de planificación urbana por entes municipales o estatales ya sea mediante actos de expropiación forzosa o el desplazamiento de comunidades enteras. Agréguele a eso un mercado determinado por los intereses económicos de sectores de inversión y cambios dramáticos en las protecciones laborales.

Otro indicador es la pérdida poblacional. En Puerto Rico, según datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, del 2005 al 2015 la migración hacia los Estados Unidos se ha sostenido. Del 2005 al 2009 un promedio de 144,000 emigraron y se quedaron fuera de Puerto Rico. El movimiento del 2006 fue mayor y coincidente con el alegado “inicio de nuestra recesión económica”. En los años subsiguientes la tasa de emigración aumentó de un .08% en el 2010 a un 1.8% en el 2015 siendo ése el año en que se registró una migración histórica comparable con el Gran Éxodo de 1945-1960. Emigración que especulo debió haber incrementado luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre del año pasado, cuando el país quedó infraestructuralmente en las peores condiciones de su historia. Como parte de ese proceso de migración, muchos propietarios vendieron o abandonaron sus casas: las que tienen hipoteca, quedaron al arbitrio de sus bancos para ejecución y subasta pública o judicial; y las propiedades saldas, que quedaron en abandono y terminaron por convertirse en estorbos públicos. Considerando el retorno de algunos de los que emigraron, es muy probable que una inmensa mayoría venga a ocupar propiedad en concepto de alquiler, en zonas donde los alquileres sean más bajos o por Sección 8, o con familiares dada la crisis en el mercado laboral.

Aunque no puedo hablar de un cambio poblacional nítido, significativo y radical, ello no impide que la migración incremente de materializarse la eliminación de la Ley 80 y otros beneficios laborales que convertirían la mano de obra en Puerto Rico en la más barata y fácil de disponer de ella con el employment at will jurisdiction en el que nos quieren convertir. Agreguémosle a lo anterior el alza en la ola criminal y la violencia no solo en las calles sino entre ciudadanos y la policía, así como la incapacidad de la sombrilla de seguridad en mantenernos seguros.

Por su parte, el rol del Estado en los procesos de gentrificación se denota cuando actúa en beneficio del capital privado inmobiliario y financiero asumiendo el rol de “socio tonto”, asegurando que la estructura pública se ponga a merced de los grandes capitalistas. En ese sentido, las transformaciones espaciales son monopolizadas por el Estado, elaborando esquemas de alianzas público-privadas (entre las que se encuentran las famosas Chárter) con el único objetivo de absorber el riesgo de sus intervenciones gestando el urbanismo empresarial. El Estado pasa de ser un proveedor de bienes y servicios para poblaciones marginadas y de escasos recursos a un socio facilitador del capitalista explotador.

Si bien es cierto que el paso del Huracán María supone un incremento en la inversión de fondos federales en la isla y un supuesto respiro dentro de la crisis, no es menos cierto que los cambios que el país ha sufrido desde hace aproximadamente dos décadas promueven el éxodo de la clase media trabajadora y el aparcamiento de inversionistas. Súmele a ello la intención del partido en el poder de convertirnos en un territorio parecido a Hawái, con un deber de pagar contribuciones federales sin mayores beneficios que los actuales.

¿A dónde quiero llegar? A que el Estado y nuestros políticos, usando la excusa de la crisis y mediante procesos de gentrificación han ido poco a poco convirtiendo a Puerto Rico en un país donde eventualmente prevalecerán solo dos clases sociales marcadas, con propiedades ridículamente asequibles al capital inversionista quien, a su vez, podrá disponer de una mano de obra at will, sin protecciones ni beneficios. Juzgue usted.