La deuda y la violencia machista estructural

El pasado 16 de enero cientos de personas se dieron cita, durante todo el día, frente al tribunal federal, para mostrar su completo rechazo al acuerdo de COFINA. La manifestación, impulsada por el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, es una de muchas que se estarán convocando en los próximos meses para luchar en contra de una deuda que, desde el punto de vista de la Colectiva Feminista en Construcción, es ilegal, ilegítima e insostenible. Es ilegal porque se contrajo bajo un proceso de amenaza de colapso de los servicios públicos, es ilegítima porque pretende servir los intereses de los acreedores por encima de los intereses del pueblo de Puerto Rico y es insostenible por el costo social que conlleva el “pago” de esta. Sin embargo, si bien en los pasados años hemos estado discutiendo sobre las políticas de austeridad impuestas para pagar la deuda, se nos olvida sobre qué grupos de personas recaen y recaerán las medidas de austeridad y los recortes.

Los procesos de “crisis” y la implicación de pagar una deuda de la cual no somos responsables, mediante la imposición de medidas de austeridad en nuestras economías, nos toca de forma más profunda a las mujeres, las trans, las trabajadoras, las mujeres que sustentan a su familia y las inmigrantes. Esto se debe a la estructura social, política y económica que se organiza sistemáticamente sobre cuerpos sexuados y racializados. La sistemática precarización de nuestras vidas se puede observar si evaluamos los trabajos y condiciones que se nos imponen en la sociedad:

• El trabajo doméstico y de cuidados es convenientemente invisible para un sistema económico mercantil. Los gobiernos se han beneficiado de esta situación ya que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado ha sostenido la vida por siglos de forma gratuita y sin consecuencias económicas para el Estado y las mujeres aún tenemos que soportar dobles y triples jornadas si tenemos un trabajo asalariado. Esto sin contar con que hoy en día los trabajos de cuidado “remunerados” se siguen llevando a cabo por mujeres pobres y racializadas y sin derecho a ningún beneficio.
• Las profesiones tradicionalmente ocupadas por las mujeres, labores de cuidado (enfermeras) o educativas (maestras), son menos valoradas económicamente y son precarizadas por un sistema que considera estas profesiones una extensión del rol de trabajo reproductivo.
• En pleno siglo XXI se sigue perpetuando la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
• La imposición de la maternidad es una forma de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. No es casualidad que sea justo en estos momentos en que el gobierno quiere deshacerse de trabajadorxs para “supuestamente” ahorrar dinero y poder abonar a la deuda, que traten de pasar el PS 950, cuyo propósito principal es obstaculizar el derecho a terminar un embarazo.
• Se proyecta la reducción del PAN en un país donde una gran parte de las familias de Puerto Rico  viven bajo el nivel de pobreza y están sustentadas por mujeres.

Todos estos elementos demuestran que cuando hablamos de violencia machista no solo nos referimos a la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de sus parejas, ya sea esta psicológica, verbal o física. Esa violencia es el producto de una violencia machista que se ejerce sistemáticamente sobre las mujeres pobres con todas las medidas de austeridad impulsadas por el sector privado y ejecutadas por el gobierno.

Hablar de violencia machista no es solo hablar de las órdenes de ley 54, es también hablar de los recortes en el PAN, porque afectan principalmente a jefas de familia; es hablar del cierre de escuelas, porque más del 75% del magisterio son mujeres; es hablar de los despidos en el sector público, porque la mayor parte son mujeres; entre otras medidas.

Por eso, es necesario hacer un análisis político y económico distinto desde la perspectiva del feminismo negro y popular, que tome en consideración la organización social impuesta por el capitalismo racial y patriarcal. Un análisis que reconozca que no todas las personas que vivimos en Puerto Rico tienen los mismos privilegios y, por lo tanto, para garantizar una vida digna para todxs, debemos asegurar una vida digna a las poblaciones más vulnerabilizadas por este sistema. De la misma forma, debemos dirigir nuestra lucha al bienestar de todos los seres vivos del planeta y romper de una vez y por todas con un sistema enraizado en la opresión. Por tales motivos, desde La Colectiva Feminista en Construcción proponemos:

— Impulsar y promover la consigna “No la debemos, no la pagaremos”.

— Hacer una campaña a nivel nacional que explique por qué el pueblo de Puerto Rico, y en particular los sectores más empobrecidos, no debemos pagar una deuda que no creamos.

— Exigir que se realice una auditoría sobre la deuda pública de Puerto Rico para desenmascarar y nombrar a lxs responsables que por décadas han incrementado la deuda con procesos antidemocráticos y corruptos.

— Demandar que lxs culpables de esta crisis asuman la debida responsabilidad que les corresponde.

El pasado mes de diciembre se celebró la Jornada Latinoamericana y Caribeña contra las deudas ilegítimas, donde pudimos conocer las experiencias de lucha de diversos países de América Latina, el Caribe y Europa en contra del pago de deudas ilegales y odiosas. De esos foros y conversatorios quedó clara la urgencia de crear en Puerto Rico un movimiento amplio, diverso y radical, que luche en contra del pago de una deuda ilegal, colonial, racista y patriarcal.

 

Referencia:

Boletín de la Colectiva Feminista en Construcción. “No la debemos, no la pagamos”.