La Universidad del Estado

[dc]E[/dc]l principal centro docente del país fue secuestrado vilmente por el gobierno del Partido Nuevo Progresista y permanece aún bajo su cautiverio. Aunque sería un gesto encomiable que sus actuales gerentes renunciaran a sus puestos voluntariamente y sin mayores dilaciones, la Universidad de Puerto Rico es tal vez el último bastión político que sobrevive a la derrota electoral, y sabida la codicia de poder que los caracterizó por años, vale sospechar que no tengan intenciones de soltar sus riendas de buena fe. El proyecto político del PNP fue abiertamente dirigido a desmantelar la Universidad del Estado para favorecer intereses corporativos privados, incluyendo a las principales instituciones que han hecho de la educación universitaria uno de los negocios más lucrativos de la Isla. El cierre masivo de ofrecimientos académicos, la congelación de plazas, prohibición de contrataciones y consecuente despido de profesores universitarios no tiene sus raíces en la supuesta crisis económica sino en la malversación de fondos públicos y despilfarro de recursos institucionales para favorecer contratos privados y, vergonzosamente, satisfacer la demanda de los amigos personales que ostentan todavía posiciones de poder gerencial en la institución…

El nuevo gobierno tiene en sus manos la posibilidad de hacer la gran diferencia, ordenando una pesquisa urgente sobre los trasiegos administrativos de los gerentes designados por el gobierno saliente, muchos nombrados a puestos de confianza política, no por sus méritos profesionales sino por sus juramentos de lealtad incondicional al proyecto del partido y sus favorecidos económicamente. Negligencias, corrupciones y fraudes se cultivan aún bajo el esquema administrativo vigente. Al mismo tiempo, el nuevo Gobierno, Senado y Legislatura, debieran rehacer las comisiones a cargo de propiciar una reforma cualitativa en la Ley Universitaria, que propicie la condiciones para establecer un gobierno institucional autónomo y comprometido con los principios fundamentales que debieran regir la educación pública superior, la calidad de la enseñanza, la viabilidad de investigaciones con fines de utilidad social y no para privilegiar exclusivamente las lógicas del mercado.

La Universidad de Puerto Rico no debe seguir pensándose como un negocio privativo de intereses mezquinos, sin conciencia social e insensible ante los males que aquejan nuestra sociedad. La Universidad del Estado no es una casa de estudios abstraídos de la realidad social, ni refugio de intelectuales egoístas y estreñidos anímicamente; tampoco es una gran fábrica de peones asalariados o de algunos profesionales privilegiados. Es un centro desde donde a la libertad de pensamiento debe irle aparejada la conciencia social y su potencia transformadora, el ofrecimiento de proyectos y soluciones a problemas sociales concretos, viables y ejecutables en lo inmediato o con suficiente prontitud.

La democratización de la Universidad de Puerto Rico en una necesidad urgente que debiera ocupar con prioridad la atención del nuevo Gobierno. Sepa que cuenta con la disposición de los principales recursos intelectuales del país, de profesores y estudiantes así como de egresados y ciudadanos de primer orden, comprometidos con el progreso y bienestar colectivo de la nación puertorriqueña y su sistema educativo. La reforma universitaria se trata de un compromiso moral con el pueblo y requiere de una genuina voluntad política para hacerlo valer. Valga este escrito como emplazamiento al nuevo Gobierno…